Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2024 de 7 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, en los mismos términos dispositivos que los establecidos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1865/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68754-2024-138-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2024 de 7 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Rolando Antiñapa Quispe contra Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 6 de noviembre de 2024, cursante de fs. 2 a 3 vta., denuncia la lesión de su derecho a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 2 de octubre de 2024, se llevó a cabo su audiencia de apelación de medidas cautelares; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, la resolución no fue transcrita, lo que impide la devolución del expediente al juzgado de origen; por lo descrito, solicita se conceda la tutela y se ordene la transcripción de la resolución y su devolución. Carlos Antonio Fiorilo Cruz, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, no presentó informe escrito y tampoco asistió a la audiencia de garantías, pese a su legal citación cursante a fs. 8. Mayda Cyntia Zenteno Aruquipa, Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, habiendo sido notificada con la acción de libertad sin haber sido formalmente demandada, a través de informe presentado el 7 de noviembre de 2024, cursante a fs. 12 y vta., refirió que la audiencia de apelación de medidas cautelares se realizó el 2 de octubre de 2024, dictándose oralmente el Auto de Vista 687/2024, el cual ya se encuentra transcrito y adjunto al acta correspondiente; en dicho acto procesal, no estuvieron presentes la parte querellante ni el Ministerio Público; por lo que, conforme al art. 125 del Código de Procedimiento Penal (CPP), el plazo para complementación o enmienda corre desde la notificación a los ausentes, función que corresponde al Oficial de Diligencias; en ese entendido, no se vulneró derechos ni garantías constitucionales del accionante; razón por la cual, la acción de libertad carece de fundamento. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 30/2024 de 7 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada, en el día de su notificación, cumpla con la remisión del expediente al juzgado de origen, al evidenciar una dilación indebida vinculada a la libertad al no devolver la apelación, aun con la presentación de esta acción tutelar; toda vez que, esta omisión perjudica al accionante a presentar solicitudes vinculadas a su libertad ante la autoridad de primera instancia. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
El accionante, denuncia que el Vocal demandado, no obstante que el 2 de octubre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares, hasta la interposición de la acción tutelar, el Auto de Vista no fue transcrito y consecuentemente, no se devolvió el expediente al juzgado de origen. En ese contexto, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad; y, con referencia a la devolución de los actuados de apelación de parte del Tribunal de alzada al juzgado de origen, se estableció un plazo máximo de veinticuatro horas, tras conocer un recurso de apelación de medidas cautelares. En el caso concreto, se corrobora que la audiencia de apelación se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024 (fs. 9); sin embargo, hasta la presentación de la presente acción tutelar, -6 de noviembre de 2024-, no existe constancia de que el expediente hubiera sido devuelto al juzgado de origen; sobre el particular, si bien la Secretaria de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz informó que, ante la ausencia del Ministerio Público y del querellante, debía otorgarse un plazo para que pudieran solicitar complementación o enmienda; tal explicación, no justifica la dilación superior a un mes, pues las notificaciones deben practicarse dentro de las veinticuatro horas de dictada la resolución, y el plazo para solicitar complementación es semejante. Corresponde aclarar que la responsabilidad de la devolución del legajo de apelación al juzgado de origen, no puede ser atribuida exclusivamente al personal subalterno, sino que esta también corresponde al Vocal demandado, quien, como director de su despacho, le asiste el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los actos ordenados se ejecuten dentro de los plazos legales, especialmente cuando se trata de personas detenidas; toda vez que, se encuentra en amenaza el derecho a la libertad de una persona; lo cual, no observó ni aun con la interposición de la presente acción tutelar. Por lo expuesto, al evidenciarse que la devolución del expediente no se efectuó dentro de un plazo considerable y que, hasta el 7 de noviembre de 2024, en que se resolvió esta acción tutelar, no existe constancia de su remisión, advirtiéndose una vulneración al principio de celeridad procesal, directamente vinculado al derecho a la libertad del accionante; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2024 de 7 de noviembre, cursante de fs. 15 a 16, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional, en los mismos términos dispositivos que los establecidos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1865_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): e0b83cdf594e7f9de79b8998148432e3777745c8ffb8ea4dc8f38708e08e0bce
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