Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 5 de junio de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó lesionados sus derechos al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; toda vez que, ante la interposición de apelación incidental contra la resolución que dispuso el rechazo a la solicitud de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de instancia no remitió al Tribunal de alzada toda la prueba presentada, para su consideración y resolución. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0437/2023-S4 Sucre, 5 de junio de 2023 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: René Yván Espada Navía Acción de libertad Expediente: 45599-2022-92-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gustavo Alfonso Ávila Parada en representación sin mandato de Saúl Datzer Rodríguez contra Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 11 de enero de 2022, cursante de fs. 1; y, 2 a 3; el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido contra Miguel Ángel Verde Vaca Ramos y otros, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, se rechazó la solicitud de imposición de medidas cautelares; circunstancia que, determinó la interposición del recurso de apelación incidental en audiencia; sin embargo, la Jueza de primera instancia –hoy demandada–, remitió el mencionado recurso apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de forma incompleta; es decir, que se limitó a enviar el memorial de solicitud y el acta de audiencia, colocándolo en un estado de indefensión total; toda vez que, el Tribunal de alzada no contó con la documentación cursante en el expediente y que fue considerada en la audiencia cautelar. Actitud que demostró parcialización de la autoridad demandada y la intención de beneficiar a los acusados, provocando retardación de justicia.
El accionante, alegó lesionados sus derechos al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; citando al efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se ordene a la autoridad demandada que en un término no mayor de veinticuatro horas, envíe su expediente original o en su defecto, copias legalizadas de todo lo cursante a la Sala Penal donde radica su apelación incidental.
Celebrada la audiencia virtual el 12 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 22 a 23, presente el accionante a través de su representante sin mandato; así como, Carolina Cuellar Melgar en calidad de tercera interviniente, y ausente la autoridad judicial demandada; se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela, a través de su representante sin mandato en audiencia, ratificó su demanda de acción de libertad, y ampliando la misma, manifestó que: a) El informe brindado por la autoridad demandada es falsa; toda vez que, el 6 de enero de 2022 se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares, dentro del proceso penal seguido contra Miguel Ángel y otras personas (son cuatro los acusados), por el delito de estafa agravada, vulnerando sus derechos al debido proceso, seguridad jurídica, pues habiendo interpuesto apelación incidental en audiencia de medidas cautelares, reclamando que la Jueza demandada quería que se le muestre las pruebas que cursaban en el cuaderno de investigación, pese a que se había identificado el cuerpo y las fojas en las que se encontraban; empero, dicha autoridad pretendía que sean desprendidas del cuaderno procesal y se las presente en su escritorio, ignorando que habían sido presentadas con la debida anticipación; y, b) La Jueza demandada, cometió una serie de ilegalidades en su resolución y de la misma forma envió la apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, de forma incompleta, provocando que el Tribunal de alzada no cuente con ninguna copia para resolver la apelación, demostrando que tiene como fin el de beneficiar a los acusados y dilatar el proceso.
Cinthia Luz Araujo Guerra, Jueza de Sentencia Penal Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito enviado vía WhatsApp, de 12 de enero de 2022, leído en audiencia; señaló que: 1) Por Resolución de 6 de enero de 2022, en aplicación del control jurisdiccional de los actuados del cuaderno procesal correspondiente, rechazó la solicitud de imposición de medidas cautelares formulada por la parte civil, al no concurrir las circunstancias necesarias para fundar los riesgos procesales previstos en los arts. 234 y 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP); determinación que fue objeto de apelación por la parte civil –hoy accionante–; 2) La apelación fue remitida a la Sala Penal para su consideración, mediante oficio de 7 de enero de 2022, alegando en la presente acción tutelar, que la remisión fue incompleta provocando estado de indefensión; 3) En el caso en concreto, se rechazó la solicitud de imposición de medidas cautelares, impetrada por la parte civil, al carecer de pruebas idóneas y pertinentes, conforme exige la norma adjetiva en su art. 231; lo que implica que, no se privó de libertada a ninguna de las partes procesales; por lo que, no se cumple el presupuesto necesario para considera la tutela en la modalidad de pronto despacho; 4) No existe ninguna observación por parte del Tribunal de alzada en el trámite de remisión del cuaderno procesal; por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, con la respectiva imposición de costas al accionante, al ser una acción de libertad reiterada.
Carolina Cuellar Melgar, parte denunciante dentro del proceso penal referido, en audiencia de acción de libertad, con el uso de la palabra, manifestó que: i) Durante el desarrollo del juicio, sufrió constantes agresiones, insultos y amenazas por los sindicados, y advirtió que la autoridad demandada está parcializada a favor de éstos; ii) Existe un peligro inminente, por ello se pidió medidas que puedan asegurar y velar por el bienestar y la seguridad de las víctimas; y, iii) La vida de las víctimas se encuentra en peligro; y pese a ello, la Jueza demandada no remitió al Tribunal de alzada, las pruebas presentadas que no quiso valorar, dejándoles en total indefensión, dilatando el proceso y favoreciendo a los acusados y poniendo en riesgo la vida de los denunciantes; por lo que, corresponde conceder la tutela.
El Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 12 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 24 a 25 vta., denegó la tutela impetrada, decisión asumida conforme a los siguientes argumentos: a) Sobre la base de un análisis integral, sistemático, objetivo, en función a la sana crítica y la verdad material, se tiene que el accionante, como parte civil dentro del proceso penal que sigue por el delito de estafa agravada, denuncia la vulneración de sus derechos de acceso a la justicia; toda vez que, la autoridad demandada no habría remitido toda la documentación necesaria para sustentar su apelación ante el Tribunal de alzada, ocasionándole perjuicio y retardación de justicia; b) Del informe emitido por la autoridad demandada y de lo expuesto por el abogado del impetrante de tutela en representación sin mandato, éste estaría constituido como parte civil y denunciante dentro del proceso penal, no encontrándose afectada por esta razón su libertad personal; por lo que no cumpliría con ninguno de los tres supuestos de procedencia de la acción de libertad; es decir, que no se observa que el accionante esté privado ilegal o indebidamente privado de libertad, ni existe una persecución ilegal o indebida en su contra; ni un procesamiento ilegal o indebido iniciado en su contra; mucho menos se observa que se encuentre en riesgo su vida o integridad física; pudiendo en todo caso acudir a instancias superiores para hacer valer su derecho a una justicia pronta y oportuna; c) La SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley y solo agotó éstos se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de acción de amparo constitucional que como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; y, d) La acción de libertad en su modalidad de pronto despacho, tiene por objeto la protección del debido proceso de actos que lesionan derechos fundamentales y garantías constitucionales del procesado, buscando acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, por lo que sin entrar a resolver en el fondo no siendo procedente la acción interpuesta; sin costas por ser excusable a la parte accionante.
Del análisis del expediente se advierte que no se adjuntó documentación alguna.
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó lesionados sus derechos al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; toda vez que, ante la interposición de apelación incidental contra la resolución que dispuso el rechazo a la solicitud de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de instancia no remitió al Tribunal de alzada toda la prueba presentada, para su consideración y resolución. En consecuencia, corresponde analizar, en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre esta temática de connotación procesal constitucional, la SCP 0010/2021-S3 de 10 de febrero, citando a su vez el entendimiento contenido en la SCP 0139/2015-S3 de 19 de febrero, que establece el alcance y presupuestos de activación del debido proceso vía acción de libertad concluyó que: «Del contenido del art. 125 de la CPE, se puede sintetizar que la acción de libertad se constituye en una acción de defensa oportuna y eficaz que tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, a favor de toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, procesada o privada de su libertad personal. Así, a través de la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se precisaron las condiciones en las que se viabiliza su tutela, indicando lo siguiente: “…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal”.
Con relación al procesamiento indebido, la jurisprudencia constitucional fue uniforme, al señalar que la vía idónea para su impugnación es la acción de amparo constitucional; sin embargo, cuando se demuestre que esas vulneraciones afectaron directamente al derecho a la libertad física o libertad de locomoción del accionante, dicha protección se verá materializada a través de la acción de libertad, en aquellos casos en los cuales -se reitera- el procesamiento indebido constituye la causa directa que originó la restricción o supresión del derecho a la libertad y además hubiese existido absoluto estado de indefensión.
Al respecto, la doctrina desarrollada por el entonces Tribunal Constitucional, estableció que la protección otorgada por la ahora llamada acción de libertad, cuando se refiere al debido proceso, no abarca a todas las formas que puede ser vulnerado; sino, queda reservada para aquellos entornos que conciernen directamente al derecho a la libertad física y de locomoción; caso contrario, deberá ser tutelado mediante la acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios idóneos dentro de la jurisdicción ordinaria donde se tramita la causa.
En ese orden, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, que contiene los entendimientos asumidos en la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, precisó lo siguiente: “‘…en los procesos instaurados de acuerdo al ordenamiento jurídico boliviano, en el sentido del orden constitucional, las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Un entendimiento contrario, determinaría que los jueces y tribunales de hábeas corpus, y el propio Tribunal Constitucional, asuman una atribución que el orden constitucional no les otorga, posibilitando que toda reclamación por supuestas lesiones al debido proceso por quien se encuentre privado de libertad, prospere a través del recurso de hábeas corpus, desnaturalizando la actuación de los jueces y tribunales ordinarios, que son los que tienen competencia, primariamente, para ejercer el control del proceso, y sólo si la infracción no es reparada se abre la tutela constitucional'.
(…) para que la garantía de la libertad personal o de locomoción pueda ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido deben presentarse, en forma concurrente, los siguientes presupuestos: a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad”» (las negrillas nos corresponden).
El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, alegó lesionados sus derechos al debido proceso; a la defensa; y, a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita y sin dilaciones; toda vez que, ante la interposición de apelación incidental contra la Resolución de 6 de enero de 2022, que dispuso el rechazo a la solicitud de aplicación de medidas cautelares, la Jueza de Sentencia Décimo Segunda del departamento de Santa Cruz –hoy demandada–, no remitió al Tribunal de alzada toda la prueba presentada, para su consideración y resolución, limitándose a enviar el memorial de solicitud y el acta de audiencia de medida cautelar; demostrando parcialidad a favor de la parte acusada y provocando dilación indebida.
Identificado como se tiene el reclamo constitucional que motivó la interposición de esta acción tutelar, en consideración al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde remarcar que la acción de libertad, por su naturaleza jurídica y alcance de tutela, tiene por finalidad el resguardo y protección de derechos como son la vida y la libertad tanto física como de locomoción, en favor de toda persona“…a) Cuando considere que su vida está en peligro; b) Que es ilegalmente perseguida; c) Que es indebidamente procesada; y, d) O 'privada de libertad personal.
Ahora bien, de acuerdo a los entendimientos asumidos por la uniforme jurisprudencia constitucional descrita en el Fundamento Jurídico citado precedentemente, el procesamiento indebido invocado en una acción de libertad, no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino solo a aquellos supuestos en los que de forma concurrente presenten los siguientes presupuestos: i) Que el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; y, ii) Debe existir absoluto estado de indefensión; es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad.
Efectuado el análisis del caso concreto, corresponde señalar que no se cumplen los referidos presupuestos; puesto que, del argumento efectuado por el accionante en su demanda constitucional, éste manifiesta que en virtud a una solicitud de aplicación de medidas cautelares que fue rechazada por la Jueza de instancia, interpuso su recurso de apelación incidental; es decir que, dentro del proceso penal ostenta la calidad de denunciante y parte civil; consecuentemente, este Tribunal no evidencia, que la irregularidad del debido proceso alegada se encuentre de modo alguno vinculada a la libertad del solicitante de tutela, pues la remisión incompleta de la prueba a la apelación planteada, es un aspecto que responde estrictamente a un tema de carácter procesal, del cual no se advierte tenga directa incidencia con la actual situación jurídica del accionante, ni que lo coloque en estado de indefensión máxime si se considera que justamente en uso de su legítimo derecho como víctima se encuentra interponiendo los recursos procesales el de apelación incidental; concluyéndose que, no se cumplen los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional citada que permitan a ingresar a resolver el fondo de lo denunciado.
Por lo expuesto, al no cumplirse con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, corresponde denegar la tutela solicitada sin ingresar al análisis de fondo de la problemática expuesta.
En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 12 de enero de 2022, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el el Tribunal de Sentencia Penal Sexto del departamento de Santa Cruz; y en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0437_2023-S4.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7596de210bc58a1a4cc00b444e705615c3eb242c54290211082a4dd61391973f
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