Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 25 de noviembre de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante, alegó la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de publicidad, legalidad, objetividad, seguridad jurídica, verdad material, transparencia e igualdad de las partes; debido a que: 1) Se reaperturaron las investigaciones, con base en prueba obtenida sin control jurisdiccional, al haberse rechazado anteriormente la denuncia; y, 2) Se dispuso su notificación para la audiencia de consideración de medidas cautelares mediante edicto al no haber sido habido en su domicilio, y al desconocer la reapetura del caso no asistió a la misma; por lo que, la Jueza demandada lo declaró rebelde y ordenó su aprehensión. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 148 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos precedentemente, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1547/2025-S3 Sucre, 25 de noviembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 57135-2023-115-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 01/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 148 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Royer Raúl Mamani Calle en representación sin mandato de Ever Mamani Canaza contra Olivia Caral Ramos, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro; y, Juan Carlos Rocha Rocha, Fiscal del Materia.
Por memorial presentado el 18 de julio de 2023, cursante a fs. 1 y de 46 a 48 vta., el accionante a través de su representante, manifestó lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por Teodoro Apaza Apaza, en su contra y otro, por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, el 15 de marzo de 2023, se emitió una Resolución de rechazo; sin embargo, el 22 de ese mes y año, se realizaron actos investigativos como su citación por cédula y el registro del lugar del hecho, sin contar con control jurisdiccional. El 24 de marzo de 2023, la víctima presentó nuevos elementos probatorios, para considerar la apertura de las investigaciones; actuado procesal que se efectuó el “4” -siendo lo correcto 5-, de abril de ese año. Posteriormente, el 27 de junio de igual año, se emitió imputación formal en su contra y otro, con base en los medios probatorios obtenidos sin control jurisdiccional; por lo que, la Jueza demandada, señaló audiencia de consideración de medidas cautelares para el 29 de ese mes y año; al no haber sido hallado, se dispuso su notificación mediante edictos, sin requerir al Servicio de Registro Cívico (SERECI), ni al Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP), con la finalidad de considerar su domicilio. El 12 de julio de 2023, el coimputado -Basilio Mamani Apaza, su padre-, interpuso incidente de nulidad de imputación formal por defecto absoluto; empero, por Auto Interlocutorio 57/2023 de 13 de ese mes, se convalidaron todos los actuados, declarando improcedente el señalado incidente. Posteriormente, se instaló la audiencia de consideración de medidas cautelares en la que se declaró su rebeldía ordenando se emita mandamiento de aprehensión en su contra; por ello, se encuentra ilegalmente perseguido, con una imputación formal amparada en elementos probatorios obtenidos sin control jurisdiccional.
Denunció la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de publicidad, legalidad, objetividad, seguridad jurídica, verdad material, transparencia e igualdad de las partes, citando al efecto los arts. 115 y 119 de la Constitución Política del Estado; y, 8.1 de la convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión emitido por la Jueza demandada; b) La nulidad de la imputación formal de 27 de junio de 2023, emitida por el Fiscal de Materia codemandado; y, c) La nulidad de los actos investigativos realizados por el investigador asignado al caso, como el registro del lugar de los hechos, la declaración de la víctima y testigos, así como el informe preliminar.
Celebrada la audiencia pública el 19 de julio de 2023, según consta en acta cursante de fs. 135 a 137, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó los argumentos expuestos en la acción de libertad presentada.
Olivia Caral Ramos, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro, a través de informe escrito presentado el 19 de julio de 2023, cursante de fs. 75 a 76, solicitando se deniegue la tutela, manifestó que: 1) El proceso penal seguido contra el accionante se encuentra radicado en su despacho; el 29 de junio de 2023, se llevó a cabo la audiencia de consideración de medidas cautelares contra los imputados, quienes no estaban a derecho, pues no fueron notificados; en consecuencia, se dispuso su notificación mediante edictos ya que se desconocía su domicilio real y otros datos complementarios, no siendo factible recurrir al SERECI y al REJAP, debido a que esas instancias no otorgan información con la simple referencia del nombre, porque previenen homónimos, requiriendo para ello, información complementaria al tenor de su reglamento interno; 2) El coimputado Basilio Mamani Apaza, interpuso incidente de nulidad de imputación formal por defecto absoluto, que fue resuelto por Auto Interlocutorio 57/2023, declarándolo infundado, y al no haberse interpuesto recurso de apelación incidental, correspondía continuar con los actos programados; 3) En ese antecedente, se desarrolló la audiencia de consideración de medidas cautelares, previa verificación de la notificación al accionante, y ante su incomparecencia sin justificativo alguno, se lo declaró rebelde mediante Auto Interlocutorio 58/2023 de 13 de julio, siendo diferida la señalada audiencia. Se debe precisar que el solicitante de tutela no se apersonó al proceso pese a su notificación; y, 4) La acción de libertad de pronto despacho, en esencia, busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; ahora bien, si el impetrante de tutela no se apersonó al proceso con la finalidad de plantear mecanismos de defensa, no existe demora ni dilación alguna, haciendo inviable esta acción tutelar. Asimismo, si el nombrado considera que se encuentra ilegalmente perseguido, corresponde en la vía de control jurisdiccional al tenor de lo previsto en el art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), acudir al juez ordinario y agotar los mecanismos intraprocesales con la finalidad de salvaguardar su derechos; aspecto que no ocurre en el caso de autos. Juan Carlos Rocha Rocha, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 19 de julio de 2023, cursante a fs. 73 y vta., manifestó que: i) Previamente a acudir a la vía constitucional, el accionante debió solicitar control jurisdiccional; por lo que, no se agotaron los mecanismos intraprocesales para plantear la acción de libertad, considerando además, que no se encuentra indebida o ilegalmente perseguido y no se lesionó su derecho al debido proceso; ii) Desde que se presentó la denuncia al Ministerio Público, se comunicó el inicio de las investigaciones el 1 de enero del citado año; posteriormente, el 17 de marzo de igual año, se presentó una Resolución fundamentada de rechazo que no fue ejecutoriada y el 22 del indicado mes y año, el investigador asignado al caso realizó el registro del lugar del hecho, en cumplimiento a las tareas que se asignó al principio de la investigación; y, iii) Ante la citación de los denunciados, estos no se presentaron a declarar; el 27 de marzo del referido mes y año, la víctima solicitó la reapertura del caso, y el 5 de abril del mencionado año, se dio lugar a lo requerido. El peticionante de tutela, fue citado en su domicilio real, pero hizo caso omiso al llamado de su autoridad, tampoco acudió ante la Jueza ahora demandada; por ello, se emitió el mandamiento de aprehensión por haber sido declarado rebelde.
El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 01/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 148 vta., “admitió” la tutela solicitada, dejando sin efecto los actuados realizados en el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Curahuara de Carangas del citado departamento, solo con relación al accionante, hasta la providencia de 6 de abril de 2023; exhortando a los demandados a cumplir con el debido proceso, conforme a la normativa procesal penal, debiendo el Fiscal de Materia codemandado, hacer conocer el domicilio del nombrado, a la autoridad jurisdiccional a los efectos que correspondan; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: a) De la revisión de los antecedentes, no consta notificación de forma personal al accionante con la reapertura del proceso, en consecuencia, se encuentra en absoluto estado de indefensión lo que involucra su derecho a la libertad, siendo que en su contra se tiene emitido un mandamiento de aprehensión; b) De acuerdo al informe que se adjunta a “fs. 10”, el investigador asignado al caso, refirió que, al momento de practicar la notificación al solicitante de tutela, la madre de este le mencionó que se encontraba en el cuartel; por lo que, al no tener conocimiento del proceso, no activó ningún mecanismo de defensa; además, al tener el Fiscal de Materia codemandado conocimiento del domicilio real del peticionante de tutela, no lo consignó en la imputación formal; advertida de aquello, la Jueza demandada, dispuso su notificación mediante edictos, imposibilitando impetrar control jurisdiccional con relación a la vulneración de sus derechos ante el desconocimiento de la reapertura del proceso; y, c) Con relación a que no existió control jurisdiccional a efectos de la realización de la notificación para la declaración informativa del accionante, y al registro del lugar del hecho, al existir control jurisdiccional a partir del 4 de abril del antedicho año; deberá acudir a la Jueza de la causa a efectos de denunciar vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.
De la revisión y análisis de los antecedentes que cursan en el expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Por memorial de 24 de marzo de 2023, Teodoro Apaza Apaza, solicitó reapertura del proceso penal seguido contra el accionante y otro por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, al existir nuevos elementos (fs. 110). Petición que fue atendida por el Fiscal de Materia codemandado, comunicando a la Jueza demandada, la reapertura de las investigaciones el 5 de abril de igual año (fs. 109 vta.).
II.2. A través de memorial presentado el 27 de junio de 2023, el Fiscal de Materia codemandado, formuló imputación formal contra el accionante y otro (fs. 117). II.3. Mediante memorial presentado el 12 de julio de 2023, Basilio Mamani Apaza -coimputado-, planteó incidente de nulidad de imputación formal por defecto absoluto, alegando que, entre otras cosas, se efectuó la citación por cédula de este y de su hijo Ever Mamani Canaza -peticionante de tutela- (fs. 119 a 122). Incidente rechazado por Auto Interlocutorio 57/2023 de 13 de igual mes y año (fs. 123 y vta.). II.4. Por Auto Interlocutorio 58/2023 de 13 de julio, la Jueza demandada, declaró rebelde al impetrante de tutela, ante su incomparecencia a la audiencia de consideración de medidas cautelares, disponiendo su aprehensión (fs. 126). A tal efecto, se emitió el Mandamiento de aprehensión 10/202 de la misma fecha (fs. 127).
El accionante a través de su representante, alegó la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de publicidad, legalidad, objetividad, seguridad jurídica, verdad material, transparencia e igualdad de las partes; debido a que: 1) Se reaperturaron las investigaciones, con base en prueba obtenida sin control jurisdiccional, al haberse rechazado anteriormente la denuncia; y, 2) Se dispuso su notificación para la audiencia de consideración de medidas cautelares mediante edicto al no haber sido habido en su domicilio, y al desconocer la reapetura del caso no asistió a la misma; por lo que, la Jueza demandada lo declaró rebelde y ordenó su aprehensión. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia emitida por este Tribunal de manera reiterativa, estableció los casos en los que es aplicable el principio de subsidiariedad de manera excepcional en las acciones de libertad, así, la SCP 0163/2025-S3 de 31 de marzo, haciendo alusión a la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, determinó que: “Los supuestos de excepcionalidad, ya han sido definidos por este Tribunal, tanto en esta gestión como en las anteriores, así, unificando o integrando estos entendimientos se tiene que: La SC 0008/2010-R de 6 de abril, recogió, moduló y complementó el entendimiento sentado en la SC 160/2005-R de 23 de febrero, y en lo pertinente señaló que: ‘I. (…), en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. (…) IV. En mérito a este entendimiento, se aclara que las subreglas que sobre la base de la sentencia 0160/2005-R se desarrollaron a través de la SC 0181/2005-R y muchas otras más, deben ser reconducidas a la modulación realizada en la presente Sentencia’ (…) ‘…se puede colegir que la norma procesal penal, prevé de manera expresa mecanismos eficientes para precautelar derechos fundamentales durante la etapa preparatoria, siendo el juez de instrucción el encargado de conocer y resolver los incidentes planteados por las partes cuando éstas consideren que como consecuencia de una actividad procesal defectuosa se estarían vulnerando derechos fundamentales. Asimismo, durante la etapa de juicio, también el tribunal de sentencia tiene el rol de garantizar derechos fundamentales que podrían ser quebrantados por una actividad procesal defectuosa’. En el mismo sentido la SC 0969/2005-R de 18 de agosto, que a su vez citó a las SSCC 1933/2004-R, 799/2004-R, y 865/2003-R, luego de citar los arts. 54 inc. 1), 279, 289 y 298 in fine del CPP, refiriéndose al juez cautelar concluyó que: ‘…toda persona relacionada a una investigación, que considere la existencia de una acción u omisión que vulnera sus derechos y garantías, debe acudir ante esa autoridad’” (las negrillas son añadidas).
Sobre este tópico de connotación procesal, la SCP 0267/2018-S2 de 25 de junio, determinó que: “…la reclamación vía acción de libertad contra una declaratoria de rebeldía exige el cumplimiento de la subsidiariedad excepcional, a través de la comparecencia del rebelde ante el Juez de la causa, bajo los siguientes términos: ‘Conforme a lo anotado, queda claro que antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la rebeldía, existe la posibilidad que el rebelde pueda presentarse voluntariamente ante la autoridad judicial que lo declaró rebelde; justificando en su caso, la ausencia al actuado judicial convocado, siendo este, el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto la orden de aprehensión y las otras disposiciones dictadas; aclarando que incluso, a pesar de haberse presentado algún tipo de justificativo con carácter previo a la declaratoria de rebeldía, igualmente el imputado deberá posteriormente acudir ante el juez o tribunal, para solicitar se deje sin efecto la misma y todas las ordenes dispuestas, independientemente que la autoridad judicial no haya considerado valederas las razones de su incomparecencia; pues solo agotada la presentación voluntaria, recién será viable recurrir a la acción de libertad, solicitando se deje sin efecto la rebeldía y el mandamiento de aprehensión; es decir, cuando estas medidas persistan, a pesar de la presentación voluntaria del imputado o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto’” (las negrillas son añadidas).
El accionante a través de su representante, alegó la lesión de su derecho al debido proceso y de los principios de publicidad, legalidad, objetividad, seguridad jurídica, verdad material, transparencia e igualdad de las partes; debido a que: i) Se reaperturaron las investigaciones, con base en prueba obtenida sin control jurisdiccional, al haberse rechazado anteriormente la denuncia; y, ii) Se dispuso su notificación para la audiencia de consideración de medidas cautelares mediante edicto al no haber sido habido en su domicilio, y al desconocer la reapetura del caso no asistió a la misma; por lo que, la Jueza demandada lo declaró rebelde y ordenó su aprehensión. Identificado el objeto procesal de esta acción tutelar, es menester, por didáctica argumentativa, resolver por separado los puntos precedentemente señalados, a fin de emitir un fallo claro que responda a ambas problemáticas. En ese sentido, en cuanto al punto i), referente a la reapertura de las investigaciones con base en prueba obtenida sin control jurisdiccional, se tiene que, en virtud a la solicitud de la víctima, se reaperturó el proceso penal iniciado contra el accionante por la presunta comisión del delito de lesiones graves y leves, dándose aviso a la Jueza demandada de la misma, y emitiéndose posteriormente, la imputación formal, en la que se solicitó la aplicación de medidas cautelares (Conclusiones II.1 y II.2). En mérito a los antecedentes descritos, no se advierte que una vez conocida la reapertura de la causa penal, el solicitante de tutela haya acudido a la Jueza demandada, denunciando todos los supuestos actos lesivos que se plasmaron en esta acción tutelar, tal como lo hizo su padre al interponer un incidente de nulidad de imputación formal por defecto absoluto (Conclusión II.3); es decir que, previamente a acudir a la jurisdicción constitucional, el nombrado debió poner a conocimiento de la Jueza demandada, que se encuentra a cargo del control jurisdiccional, todas las actuaciones del Ministerio Público, que consideraba lesivas a sus derechos y garantías, a través del incidente de actividad procesal defectuosa que, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, es el mecanismo idóneo de defensa expreso, efectivo y oportuno para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso penal, que debe ser agotado antes de acudir a la tutela constitucional. En esa línea de análisis, al no haber recurrido al mencionado incidente de actividad procesal defectuosa al momento de conocer las supuestas irregularidades en las que hubiera incurrido el Ministerio Público, en la reapertura de las investigaciones, el accionante inobservó la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, que exige a quien acude a la justicia constitucional, activar previamente los mecanismos intraprocesales que son rápidos y efectivos, con la finalidad de proteger y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos y garantías; consecuentemente, sobre esta problemática, corresponde denegar la tutela, sin ingresar al análisis de fondo. Ahora bien, respecto al punto ii), el peticionante de tutela, alegó que al haber sido notificado vía edictos con la programación de la audiencia de consideración de medidas cautelares, desconocía de la misma, así como de la reapertura del proceso, lo que provocó su declaratoria de rebeldía y la consiguiente emisión del mandamiento de aprehensión en su contra (Conclusión II.4). En ese marco, cabe hacer alusión a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.1 de este fallo constitucional, que establece que, antes de la ejecución del mandamiento de aprehensión dispuesto como efecto de la declaratoria de rebeldía, el rebelde tiene la posibilidad de presentarse voluntariamente ante el juez, con la finalidad de justificar su ausencia o de purgar la rebeldía, siendo ese el mecanismo procesal idóneo para dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, teniendo viabilidad la acción de libertad, únicamente si persisten las medidas dispuestas, pese a haberse presentado ante el juez. Lo referido supra tiene estricta relación con lo previsto por el art. 91 del CPP, que en cuanto a la comparecencia del rebelde, establece que: “Cuando el rebelde comparezca o sea puesto a disposición de la autoridad que lo requiera, el proceso continuará su trámite dejándose sin efecto las órdenes dispuestas a efectos de su comparecencia y manteniendo las medidas cautelares de carácter real.
El imputado o su fiador pagará las costas de su rebeldía. Si justifica que no concurrió debido a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía será revocada y no habrá lugar a la ejecución de la fianza” (las negrillas nos corresponden). Consecuentemente, la pretensión del accionante de dejar sin efecto la declaratoria de rebeldía y el mandamiento de aprehensión, no es viable a través de la acción de libertad; puesto que, en el marco de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, y en observancia del citado art. 91 del CPP, el impetrante de tutela previamente debe comparecer ante la Jueza de control jurisdiccional con la finalidad de purgar su rebeldía, como medio idóneo para garantizar su derecho a la libertad, para posteriormente acudir a la vía constitucional, en caso persistir la vulneración de sus derechos; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 01/2023 de 19 de julio, cursante de fs. 138 a 148 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos precedentemente, con la aclaración de no haber ingresado al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1547_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 745ab4a0eb49bdc2f4931b352cb5c10891d82db19b5f109b2345a90caddce5b2
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