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SCP 0413/2023-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 30 de mayo de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
30 de mayo de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano
Expediente
45374-2022-91-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué se discutió

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumentando que Vladimir Hugo Mamani Quispe, funcionario de la Policía Boliviana, como investigador asignado a su proceso penal, no remitió hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar los discos compactos que contenían grabaciones de las cámaras de seguridad para que se realice su desdoblamiento, a través de los profesionales del IITCUP, prueba que requiere para desvirtuar la probabilidad de autoría. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 20 enero, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0413/2023-S2 Sucre, 30 de mayo de 2023 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano Acción de libertad Expediente: 45374-2022-91-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 02/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Daniela Sanabria Rojas en representación sin mandato de Jorge Daniel Condori Machaca contra Vladimir Hugo Mamani Quispe, funcionario policial.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de enero de 2022, cursante a fs. 1; y, 12 a 14 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, habiendo la Fiscal de Materia, asignada al caso dispuesto el desdoblamiento de los videos contenidos en los discos compactos remitidos por la dirección de seguridad “BOL 110”, en ese sentido el investigador asignado al caso -ahora demandado- el 18 de enero de 2022, recogió dicho material de la oficina de la representante del ente Fiscal, sin remitirlos hasta la fecha al Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), demostrando retardación de justicia argumentando una serie de pretextos que van desde encontrarse ocupado tomando declaraciones, hasta citarles a horas en que sus oficinas están cerradas rehusándose a remitir los mencionados soportes audiovisuales para su tratamiento e introducción en la investigación, que le serán útiles para desvirtuar el riesgo procesal de probabilidad de autoría, establecida en la imputación formal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionado su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, señalando al efecto los arts. 108.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela; y en consecuencia, ordenar: a) Al funcionario demandado para que en el plazo de veinticuatro horas remita tanto el requerimiento Fiscal, así como los discos compactos ante las oficinas de la IITCUP para que se efectúe el desdoblamiento de imágenes dispuesto por la representante Fiscal; b) Efectúe todas las notificaciones señaladas por la autoridad Fiscal dentro del proceso CUD201103052100207 a la parte denunciante; c) Se remitan antecedentes ante la autoridad competente de la Policía Boliviana, -Dirección General de Investigación Policial Interna-, por las faltas cometidas por el demandado; y, d) Remitir antecedentes del demandado al Ministerio Público por adecuar su conducta al ilícito de incumplimiento de deberes.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 20 de enero de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 19 a 22, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Vladimir Hugo Mamani Quispe, Funcionario Policial, en audiencia solicitó se rechace la tutela peticionada, argumentando que: 1) Como investigador asignado al caso se cumplieron con todas la diligencias investigativas que fueron emitidas por la Fiscal; 2) Se debe tener presente que la libertad impetrada por el accionante, no reúne los parámetros establecidos por el art. 125 de la CPE; y, 3) Como brazo operativo del Ministerio Público, no vulneró en ningún momento el debido proceso, tampoco privó de su libertad al imputado -hoy accionante-, ni puso en peligro su vida y no realiza persecución indebida en su contra.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 02/2022 de 20 de enero, cursante de fs. 23 a 24 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: i) Todos los supuestos actos ilegales denunciados en audiencia, en cumplimiento de la jurisprudencia constitucional deben ser puestos de manera inmediata ante el -Juez de Instrucción- que tiene a su cargo el control jurisdiccional, habida cuenta que las actuaciones del Ministerio Público como los de la Policía Boliviana, están sometidos al control jurisdiccional, conforme prevé el art. 54.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), no pudiendo el Juez de garantías, soslayar las atribuciones del juez de instrucción penal; ii) El impetrante de tutela, a través de su representante aduce que la investigación fue abierta de manera irregular y que sus actos no se adecuan al tipo penal, aspectos que hacen a una defensa de fondo que deberán ser evaluados en su momento y etapa correspondiente; y, iii) La presente acción de libertad no es viable y tampoco se ajusta al art. 125 de la CPE. En vía de aclaración y enmienda la abogada de la parte accionante, con relación al número de la Resolución emitida; y, sobre la independencia de funciones determinado en el art. 279 del CPP, con referencia al principio de subsidiariedad. El Juez de garantías, declaró mantenerse firme la Resolución pronunciada a la solicitud de aclaración y complementación, porque consideró que en ningún momento se hizo mención al art. 279 del CPP, abordando la independencia de funciones, sino que al momento de pronunciar la Resolución 02/2022, se dispuso que el Ministerio Público y la Policía Boliviana, se encuentran sujetos al control del Juez de Instrucción Penal, aspecto dispuesto en la -SCP 0793/2021-S2- entre otras (fs. 24 y vta.).

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V.80/2021 de 18 de septiembre contra Jorge Daniel Condori Machaca -ahora accionante-solicitando al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de turno de la Capital del departamento de La Paz, su detención preventiva (fs. 2 a 6 vta.).

II.2. Por Requerimiento Fiscal de 14 de enero de 2022, firmado por Gisella Karitina Flores Tapia, disponiendo se realice el desdoblamiento de imágenes y determine aspectos inherentes a la investigación, requerimiento que fue recogido por el investigador asignado al caso el 18 del mismo mes y año (fs. 11 y vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumentando que Vladimir Hugo Mamani Quispe, funcionario de la Policía Boliviana, como investigador asignado a su proceso penal, no remitió hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar los discos compactos que contenían grabaciones de las cámaras de seguridad para que se realice su desdoblamiento, a través de los profesionales del IITCUP, prueba que requiere para desvirtuar la probabilidad de autoría. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad en su modalidad de traslativa o de pronto despacho

Al respecto, la SCP 0002/2016-S2 de 18 de enero, señala que: “…la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene por objeto precautelar aquellos supuestos en los que existe una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Dicho de otro modo, el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo, en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”. Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realiza el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad. Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (las negrillas y subrayado nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante por medio de su representante denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, argumentando que Vladimir Hugo Mamani Quispe, funcionario de la Policía Boliviana, como investigador asignado a su proceso penal, no remitió hasta la fecha de interposición de la presente acción tutelar los discos compactos que contenían grabaciones de las cámaras de seguridad para que se realice su desdoblamiento, a través de los profesionales del IITCUP, prueba necesaria para que desvirtué la probabilidad de autoría. Al presente de la documental aparejada según Resolución de Imputación Formal L.C.CH.V.80/2021 de 18 de septiembre contra Jorge Daniel Condori Machaca -hoy demandante de tutela- (Conclusión II.1), así mismo, cursa requerimiento Fiscal de 14 de enero de 2022, firmado por Gisella Karitina Flores Tapia, disponiendo se realice el desdoblamiento de imágenes y determine aspectos inherentes a la investigación, documental que fue recogida por el investigador asignado al caso el 18 del mismo mes y año, información que será útil a momento de desvirtuar el riesgo procesal de probabilidad de autoría (Conclusión II.2).

Sobre el derecho al debido proceso en su vertiente de celeridad, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dispone se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, desarrollo que no se ve reflejado en el actuar del demandado, porque como se tiene de la prueba aportada el requerimiento Fiscal para la remisión de los discos compactos fue recogida el 18 de enero de 2022, dicha petición no establece un plazo para que ese actuado sea diligenciado por el ahora demandado y debe entenderse que este necesito realizarse dentro de un plazo razonable, al presente se tiene que entre el recojo del material de prueba y la interposición de la presente acción tutelar transcurrieron menos de cuarenta y ocho horas, aspecto que no se encuentra fuera del plazo razonable, por ende no existe una dilación indebida debidamente comprobada por parte de Vladimir Hugo Mamani Quispe, funcionario de la Policía Boliviana -ahora demandado-, en su calidad de investigador asignado el proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, debiendo en consecuencia denegar la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela, aunque con diferente razonamiento actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 02/2022 de 20 enero, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Carlos Alberto Calderón Medrano

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Brigida Celia Vargas Barañado

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0413_2023-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2f759cc6b80eb25a63352ba31cf90a259ed053ea054143f9be52308aaaa4fdf7

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