Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 14 de marzo de 2025
Deniega la tutela
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la autoridad accionada vulneró sus derechos de acceso a la justicia y celeridad, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho traslativa o innovativa; toda vez que, el accionado no realiza la reasignación del investigador desde el 10 de agosto de 2022, negándose emitir el requerimiento fiscal, provocando dilación y obstaculizando su pretensión, afectando su derecho a la libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0096/2025-S4 Sucre, 14 de marzo de 2025 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 50174-2022-101-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 020/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Ramiro Uriarte Ortiz y Pamela Rosse Mary Figueroa Selaez en representación sin mandato de Luis Guillermo Loza Rocha contra Wilson Víctor Medrano Patti, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 30 de agosto de 2022, cursante de fs. 6 a 10 vta., el accionante a través de su representante sin mandato expresó lo siguiente:
Se encuentra detenido preventivamente y en audiencia de medidas cautelares realizada el 3 de junio de 2022, en el Juzgado Público de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, quedó pendiente diferentes actos investigativos, empero, al existir informe en el cuaderno de investigaciones que el investigador asignado al caso, desde el 1 de agosto había sido removido; por lo que, el 10 del mismo mes y año, solicitó al Fiscal asignado, requiera la reasignación de otro investigador, solicitud que fue respondida el 11 de igual mes y año, indicando que se requiera al Jefe de la División de Corrupción Pública, acudió a esta jefatura donde el Fiscal “Boris”, negó realizar la reasignación, aduciendo que el investigador seria el mismo, dando órdenes que no se atienda su solicitud, con ese antecedente, tomó contacto telefónico con el investigador Juan Carlos Daza Zenteno, el cual indicó que ya no es investigador asignado al caso, confinando el informe, dejándole en estado de indefensión, al no contar con un investigador asignado a su caso, las investigaciones no se pueden llevar a cabo, dilatando el proceso y vulnerando su derecho de acceso a la justicia, el principio de celeridad, conforme el art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce la modalidad de acción de libertad traslativa o de pronto despacho e innovativa.
Señaló como lesionados, el derecho de acceso a la justicia y el principio de celeridad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitó se conceda la tutela; y, en consecuencia, ordenar: que se remita el correspondiente requerimiento de reasignación de investigador y sea con todas las formalidades de ley.
Celebrada la audiencia pública virtual, el 30 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 13 a 14 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, en audiencia virtual ratificó in extenso los argumentos contenidos en la demanda tutelar y aclaró que el 24 de agosto de 2022, se solicitó al Fiscal dar curso el requerimiento, de la mejor manera; sin embargo, éste no supo atender, negándose coordinar con ellos.
Wilson Víctor Medrano Patti en audiencia, manifestó ser evidente que está a cargo de la investigación Fiscal de Materia de los delitos por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes receptación en delito de corrupción, seguido a denuncia de la Dirección General de Migración, contra el accionante y de otros, en audiencia de medidas cautelares se dispuso detención preventiva que fue modificada por la autoridad jurisdiccional a cargo del Juzgado Anticorrupción Tercero de El Alto, quien dispuso medida cautelar menos gravosa de detención domiciliaria. Añadió, que se recibió informe de Juan Carlos Daza Zenteno, investigador del caso, el cual indica que desde el 1 de agosto de 2022, se produjo su cambio y para no perjudicar se solicite al Fiscal para que reasigne otro investigador, por lo que mediante decreto de 2 de igual mes y año, se dispuso verificar si en el cuaderno de investigaciones cursaba algún memorando de cambio de destino; no obstante, esa omisión, el 11 de agosto, se dispuso reasignar y el requerimiento al Jefe de Conducción Publica.
Los profesionales que patrocinan al accionante, no se apersonaron al despacho fiscal para gestionar las fotocopias y su entrega, a fin de viabilizar, de oficio y con recursos propios, se ha remitido el requerimiento a efecto que procedan a la asignación de investigador, por lo que solicita se deniegue la tutela.
El Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, mediante la Resolución 020/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., denegó la tutela impetrada, con los siguientes fundamentos: a) El presupuesto para que proceda la demanda tutelar no se cumple en este caso, considerando que la acción de libertad es el mecanismo idóneo para garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, privada de libertad o que considere que su vida o integridad física está en peligro; b) El Tribunal de garantías verifica que no existe vinculación alguna entre la omisión denunciada con los derechos a la vida, a la libertad del accionante; c) Tampoco se tiene la concurrencia del estado de indefensión absoluta, puesto que el impetrante de tutela, conforme se tiene en antecedentes se encuentra participando activamente dentro del proceso penal seguido en su contra, extremo que se advierte de lo alegado en la audiencia, además de no haber agotado el recurso intra procesal; y, d) Al no cumplirse con los presupuestos concurrentes que permiten tutelar en esta vía las lesiones al debido proceso denunciados, corresponde denegar la tutela impetrada dejando establecido que el impetrante debe activar los medios recursivos previstos por la norma procesal penal dentro de la jurisdicción ordinaria conforme el art. 306 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta fotocopia simple de Registro Público de Abogado de José Ramito Uriarte Ortiz con Matrícula del Registro Público de la Abogacía (RPA): 4835116JRUO, emitido el 12 de agosto de 2021 (fs. 2). II.2. Cursa Informe de 31 de julio de 2022, emitido por Juan Carlos Daza Zenteno, Investigador asignado al caso, dirigido a Rolando Espinoza Alarcón, Jefe de la División Económicos Financieros; por el cual, hace conocer que su persona fue puesto a dispersión del Comandante General de la Policía Boliviana, y con la finalidad de no perjudicar las investigaciones solicitó representar al Ministerio Publico reasignar a otro y continúen con las investigaciones, notifiquen a los testigos Luis Alberto Osinaga García, Enrique Vidal Poma y otros, notificaciones que son devueltas y reprograme el nuevo investigador (fs. 3).
II.3. Mediante copia de memorial enviado por ciudadanía digital el 10 de agosto de 2022; por el cual, se solicitó al Fiscal de Materia la reasignación de investigador al caso (fs. 4). II.4. Por Decreto de 11 de agosto de 2022, emitido por Wilson Víctor Medrano Patti Fiscal de Materia -ahora accionado-; por el cual, requirió al Jefe de la División Corrupción Publica, proceda a la reasignación de investigador policial, autoridad que deberá informar respecto a las diligencias del caso (fs. 5).
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia que la autoridad accionada vulneró sus derechos de acceso a la justicia y celeridad, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho traslativa o innovativa; toda vez que, el accionado no realiza la reasignación del investigador desde el 10 de agosto de 2022, negándose emitir el requerimiento fiscal, provocando dilación y obstaculizando su pretensión, afectando su derecho a la libertad. En revisión, corresponde verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.
Sobre este tema la SCP 0233/2018-S3 de 11 de mayo, reiterando invocó la SCP 0148/2015-S2 de 23 de febrero, establece que: “La acción de libertad instituida por el art. 125 de la CPE, tiene por finalidad la protección de los derechos a la vida y la libertad cuando la persona creyera estar ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de su libertad, o considere que su vida está en peligro. Norma constitucional concordante con el art. 46 del CPCo, el cual establece que el objeto de esta acción extraordinaria es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de estos derechos, en los casos en que sean suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
Es así, que a través de la SCP 0537/2013 de 8 de mayo, con base en las SSCC 0011/2010-R y 0880/2011-R, estableció que: ‘La acción de libertad, es una acción jurisdiccional de defensa que tiene por finalidad proteger y/o restablecer el derecho a la libertad física o humana, y también el derecho a la vida, si es que se halla en peligro a raíz de la supresión o restricción a la libertad personal, sea disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma, motivo por el cual se constituye en una acción tutelar preventiva, correctiva y reparadora de trascendental importancia que garantiza como su nombre lo indica, la libertad, derecho consagrado por los arts. 22 y 23.I de la CPE’.
En ese entendido, la Constitución Política del Estado Plurinacional, es más amplia en cuanto a su ámbito de protección, pues se extiende al derecho a la vida, la libertad física o personal, el debido proceso, en lo que se refiere al procesamiento indebido y la libertad de locomoción, ésta última dada la íntima relación que existe con el derecho a la libertad física, según la interpretación extensiva realizada por la SC 0023/2010-R de 13 de abril.
Ahora bien, con relación a los alcances de protección que brinda la actual acción de libertad, la SC 0199/2010-R de 24 de mayo, reiterando lo previsto por la SC 0160/2005-R, de 23 de febrero, aclaró sus alcances en el siguiente sentido: ‘No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente 5 acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida’.
Por lo tanto la acción de libertad, es un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad”.
Acorde al régimen establecido en la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, respecto a la naturaleza jurídica de la acción de libertad, la SCP 0528/2012 de 9 de julio, establece que: “El art. 125 de la CPE, establece la acción de libertad como un medio de defensa oportuno y eficaz, cuyo objeto está dirigido a proteger los derechos a la vida, a la libertad física y de locomoción, cuando aquélla a consecuencia de la restricción a la libertad sea puesta en peligro, o en los casos en que la persona se encuentre ilegalmente perseguida, indebidamente procesada o privada de libertad. Respecto a su finalidad, esta acción está destinada a guardar la tutela a la vida, restablecer las formalidades legales, ordenar el cese de la persecución indebida o en su caso restituir el derecho a la libertad.
Esta garantía jurisdiccional no se constituye en un medio alternativo o paralelo de la jurisdicción común, de modo que no tiene la finalidad de suplir las deficiencias e inoperancias de otras instancias que comprometan tales derechos, siendo su objetivo primordial la de brindar una protección inmediata y efectiva al derecho a la vida y a la libertad física y de locomoción, en aquellos casos en que sean ilegal o indebidamente restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión debido a las acciones u omisiones de servidores públicos o particulares”.
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostiene que: “…la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Por su parte, la SCP 0196/2017-S2 de 13 de marzo, efectuando un análisis respecto a esta modalidad de la acción de libertad, realizó el siguiente entendimiento: “…no será necesario exigir ningún otro requisito adicional para su procedencia, menos el estado absoluto de indefensión, al margen que el principio de celeridad procesal forme parte del debido proceso, puesto que de ser así implicaría pedirle al accionante cumpla una situación jurídica materialmente imposible, tomando en cuenta que el accionante al estar efectuando trámites judiciales o administrativos relacionados a su privación de libertad, nunca podrá estar en estado absoluto de indefensión, situación por la cual corresponderá hacer abstracción de esta situación, en los casos que se denuncien dilaciones o demoras injustificadas en trámites relacionados directa o indirectamente a la privación de libertad.
Se entenderá que un acto dilatorio tendrá vinculación directa con el derecho a la libertad, cuando la demora prolongue por sí misma la privación de libertad de una persona, como sucedería en el caso de la Policía Boliviana, cuando no remita al aprehendido dentro los plazos legales ante la autoridad competente; el Ministerio Público de igual manera no envíe dentro los plazos legales al detenido ante el juez cautelar o cuando la autoridad jurisdiccional teniendo que resolver la privación de libertad de una persona, no la hiciera o la dilatara ilegal o indebidamente; entre otros, casos similares” (énfasis añadido).
Procede respecto a solicitudes vinculadas al derecho a la libertad y su relación con el principio de celeridad
Al respecto la SCP 0557/2020-S2 de 21 de octubre, estableció que: “Dentro de la tipología de la acción de libertad, se identifica la traslativa o de pronto despacho, desarrollada por la jurisprudencia constitucional emitida por el antes denominado Tribunal Constitucional, como el medio procesal idóneo para las partes tendente a lograr la aceleración de los trámites judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de dilaciones indebidas en restricción del principio de celeridad y en consecuencia, del derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de la persona privada de este derecho; todo ello en consideración de la obligación que constriñe a las autoridades sean éstas judiciales o administrativas, de aplicar y concretizar los valores y principios constitucionales insertos en la Norma Suprema.
En ese marco, la presente garantía constitucional, se viabiliza a fin de precautelar los derechos que tutela, para así evitar y reparar conductas que incurren en demora en desmedro de las personas cuya libertad está privada; las que a su vez, lesionan el principio de celeridad; cuestiones que deben ser consideradas por toda autoridad que conozca pedidos vinculados a la libertad física y de locomoción, otorgándoles la debida celeridad e impulso para su efectivización; tomando en cuenta que, el art. 178.I de la Ley Fundamental, prevé: ‘La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos’.
A su vez, el art. 180.I del texto constitucional, establece que: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igual de las partes ante el juez”; determinando el art. 115.II de la CPE, por su parte, la obligación del Estado de garantizar: ‘…el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones’.
De las normas constitucionales glosadas, se establece claramente que, los administradores de justicia y otros en el ámbito de sus funciones, están obligados a evitar retardaciones o dilaciones indebidas, ilegales e innecesarias, en desmedro del derecho a la libertad física y de locomoción, en aquéllos casos en los que estén vinculados al mismo, más aún considerando que por lógica, las personas que intervienen en un proceso, esperan la pronta definición de su situación jurídica -sea en caso de la imposición de medidas cautelares, apelaciones, efectivización de la libertad, peticiones de cesación de la detención preventiva, o cualquier solicitud relacionada con la libertad-.
(…)
En ese sentido, dispuesto en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero. Debiendo resaltar, por ende, que, para la procedencia de este tipo de acción de libertad, la resolución de solicitudes cuya dilación es denunciada debe estar relacionada con la libertad; caso contrario, no existiendo la vinculación señalada, la falta de celeridad en su consideración debe ser demandada vía acción de amparo constitucional, previo agotamiento de los medios intra procesales de reclamo regulados a dicho efecto”.
Ingresando al análisis del caso, se constata que la parte accionante centra su demanda manifestando que, la autoridad accionada vulneró sus derechos de acceso a la justicia y celeridad, constituidos como elementos del debido proceso, que si bien no lo indica expresamente, se entiende así, bajo la modalidad de acción de libertad de pronto despacho traslativa o innovativa; toda vez que, no realizó la reasignación del investigador desde el 10 de agosto de 2022, negándose emitir requerimiento fiscal, provocando dilación y obstaculizando su pretensión, afectando su derecho a la libertad, dentro del proceso penal instaurada a denuncia de la Dirección General de Migración en su contra por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, receptación en delito de corrupción y de otros, señala también que se encuentra con medidas sustitutivas y la falta de investigador en su caso impide realizar actos de investigación para poder desvirtuar la probabilidad de autoría del hecho denunciado. Del examen de los antecedentes procesales, se tiene que el 31 de julio de 2022, Juan Carlos Daza Zenteno Investigador asignado al caso, cursó informe, haciendo conocer que su persona fue puesto a disposición del Comandante General de la Policía Boliviana, con la finalidad de no perjudicar las investigaciones solicita representar al Ministerio Público la reasignación a otro y continúen con las investigaciones, reprogramando las notificaciones a los testigos, conforme consta en Conclusiones II.2 del presente fallo constitucional; en ese entendido la parte accionante, mediante memorial presentado el 10 de agosto de 2022, solicitó al Fiscal de Materia la reasignación de otro investigador, mismo que fue atendido por decreto de 11 de agosto;
por el cual, se requirió al Jefe de la División Corrupción Publica, proceda a la reasignación de investigador policial, autoridad que deberá informar respecto a las diligencias del caso, conforme se tiene descrito en Conclusiones II.4 y II.5 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Ahora bien, durante la audiencia pública, Wilson Víctor Medrano Patti Fiscal de Materia ahora accionado, indicó estar a cargo del caso de la investigación, por los delitos de uso de influencias, incumplimiento de deberes, receptación de delitos de corrupción, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, contra el ahora accionante, y al haber informado el investigador que, fue cambiado, se tomó contacto vía telefónica con éste, el cual indicó que su proceso disciplinario habría sido declarado improcedente; por lo que, retornaría a sus funciones, en ese entendido, se dispuso de oficio sacar fotocopias cubrir con recursos propios y remitir el cuaderno de investigaciones el 29 de agosto de 2022.
En ese contexto, considerando que las autoridades judiciales o administrativas, están obligadas de aplicar los valores y principios constitucionales previstos en la Constitución Política del Estado, es pertinente reflexionar lo descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, respecto a la modalidad o característica de acción de libertad de pronto despacho o traslativa, medio procesal idóneo en virtud del cual las partes pueden lograr la celeridad de los procesos sean éstos judiciales o administrativos en caso de constatar la existencia de actos dilatorios indebidos que directamente lesionen el principio de celeridad, por tanto vulneren el derecho a la libertad cuando se advierta retardación en la solución de la situación jurídica de las personas privadas de libertad, siendo que el impetrante de tutela, está detenido preventivamente, activó la acción de libertad establecido en el art. 125 de la CPE, considerado como un mecanismo de defensa constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo y reparador, instituido para la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales referentes a la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos o procesamientos ilegales e indebidos por parte de los servidores públicos o de personas particulares; así como a la vida, cuando ésta se encuentra afectada o amenazada por la restricción o supresión de la libertad, en este caso, el peticionante de tutela no ha denunciado lesión alguna comprendida dentro del marco del art. 125 de la CPE; también consta en obrados y de la propia prueba presentada por el accionante, descrita en Conclusiones II.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que efectivamente el Fiscal de Materia, ahora accionado, el 11 de agosto de 2022, mediante un decreto, dispuso se requiera al Jefe de la División Corrupción Púbica, a efecto que se proceda a la reasignación de investigador policial y que este informe respecto a las diligencias investigativas pendientes, dentro del caso, actuaciones que no imparten la lesión a derechos que tutela la acción de libertad, no advirtiéndose un nexo directo, ni aun indirecto con su derecho a la libertad o a su derecho a la libre locomoción un procesamiento ilegal o indebido o se encuentre ilegalmente perseguido o corra peligro su vida el problema que denuncia no es atendible vía acción de libertad, consecuentemente no se advierte la existencia de vinculación alguna entre la supuesta falta de reasignación de investigador que afecte la libertad del accionante o lesión alguna a los derechos denunciados.
Por lo que, corresponde denegar la tutela impetrada, aclarando que el impetrante de tutela, no agotó los recursos intra procesales dentro de la jurisdicción ordinaria, conforme establece el art. 306 del CPP, y activar los medios recursivos previstos por la norma procesal penal. En ese entendido, esta Sala comparte el análisis jurídico efectuado por el Tribunal de garantías que realizo una valoración de los presupuestos de esta acción tutelar. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 020/2022 de 30 de agosto, cursante de fs. 15 a 17 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
MSc. Isidora Jiménez Castro
MAGISTRADA
René Yván Espada Navía
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0096_2025-S4.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): 89d938ee9493e05af5f4044cd5c8b6cc766b5f2086bbe9ec8032ad102e21e8a1
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