Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/24 de 1 de noviembre de 2024, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1863/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68733-2024-138-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 20/24 de 1 de noviembre de 2024, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pierre Yestin Castillo Gonzales en representación sin mandato de Álvaro Ángel Castañeda Roa contra Alberto Zeballos Flores, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
La parte accionante, denuncia la lesión del debido proceso; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el 29 de agosto de 2024, el Fiscal de Materia hizo conocer al Fiscal ahora demandado la resolución de Rechazo de denuncia; sin embargo, transcurrieron veinte días sin que el mismo “saque la resolución que corresponde” (sic). Por lo descrito, solicita se conceda la tutela impetrada y que el Fiscal Departamental emita la respectiva resolución. Alberto Zeballos Flores, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito, presentado el 31 de octubre de 2024, cursante de fs. 11 a 13 vta., refirió que la resolución fiscal de rechazo ya fue notificada a las partes y conforme al art. 305 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP) -Ley 260 de 11 de Julio de 2012-, no corresponde al Fiscal Departamental ingresar al fondo de análisis de dicha resolución. La acción presentada carece de los presupuestos de procedencia de la acción de libertad, y cualquier reclamo sobre el debido proceso debe ser planteado ante la jurisdicción ordinaria. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 20/24 de 1 de noviembre de 2024, cursante de fs. 16 a 18, denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento que el impetrante de tutela no se encuentra bajo ningún tipo de restricción de su libertad; por lo cual, no existe riesgo alguno a ese derecho.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio refiriéndose al alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando el solicitante de tutela no se encuentra privado de libertad, señaló siguiente:
De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
De los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió resolución de rechazo de denuncia, la cual, fue remitida ante el Fiscal Departamental de Santa Cruz -ahora demandado-, quien desde el 29 de agosto de 2024, hasta la interposición de la presente acción tutelar ocurrida el 31 de octubre del mismo año, no emitió ningún pronunciamiento. Conforme al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa de pronto despacho no procede respecto de denuncias relacionadas con dilación procesal cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad. En ese marco, no obstante que el impetrante de tutela, cuestiona dilación en el pronunciamiento del demandado ante la resolución de rechazo de denuncia puesta en su conocimiento; empero, tal situación no incide de manera directa en su libertad; puesto que, no se encontraba privado de su libertad a momento de activar su acción de defensa; por consecuencia, al no existir una afectación directa a ese derecho, corresponde denegar la tutela impetrada; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema jurídico planteado. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/24 de 1 de noviembre de 2024, cursante de fs. 16 a 18, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1863_2026-S1.pdf · páginas 1 a 3.
Huella digital del PDF (SHA-256): f93d48424aac64fbb1fab35ace07fbfb7fc83d86aca21b91f92c55e2508600d3
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