Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2024 de 17 de octubre, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la evidente lesión al derecho al debido proceso vinculado a la libertad y al principio de celeridad conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Verónica Gómez Laura, Auxiliar, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en lo sucesivo tramiten con celeridad y diligencia la devolución de los recursos de apelación al Juzgado de origen, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1862/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68732-2024-138-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2024 de 17 de octubre, cursante de fs. 10 a 11 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Kevin Alberto Rodríguez Araujo contra Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Verónica Gómez Laura, Auxiliar, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, denuncia la lesión del debido proceso y su derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 2 de octubre de 2024, se desarrolló su audiencia de apelación de medidas cautelares, donde se confirmó su detención preventiva; sin embargo, desde esa fecha, hasta la presentación de esta acción tutelar, el expediente no fue devuelto al Juzgado de origen, dejándole en total estado de indefensión. Por lo descrito, solicita, se conceda la tutela impetrada y en el día se devuelva el cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen. Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Verónica Gómez Laura, Auxiliar, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito de 17 de octubre de 2024, cursante a fs. 7, refirieron que la carga en su Sala es excesiva; empero, se hace lo posible por cumplir los plazos; así, de la revisión del caso demandado, se tiene que el expediente fue devuelto el 16 de octubre de 2024. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 26/2024 de 17 de octubre, cursante de fs. 10 a 11, denegó la tutela impetrada, bajo el fundamento que el legajo de apelación ya fue devuelto al Juzgado de origen; por lo que, operaría la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que, en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»
El accionante denuncia que el Secretario y Auxiliar ahora demandados, no obstante que el 2 de octubre de 2024, se llevó a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares; no devolvieron los antecedentes del recurso de apelación al Juzgado de origen hasta la interposición de la acción de libertad. En ese contexto, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, con referencia a la devolución de los actuados de apelación de parte del Tribunal de alzada al Juzgado de origen, se estableció un plazo máximo de veinticuatro horas. En el caso concreto, se constata que la devolución del expediente al Juzgado de origen, recién se efectivizó el 16 de octubre de 2024 (fs. 8 y vta.); aspecto que, fue corroborado por las demandadas en su informe de 17 del mismo mes y año; es decir, dos semanas después de dictado el Auto de Vista, demostrando así que se incumplió el plazo legal de veinticuatro horas para efectuar dicha devolución.
En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso; toda vez que, se evidencia que, independientemente de que se haya cumplido con la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, ocurrió después a dos semanas de la audiencia de apelación, generando la lesión al derecho a la libertad por negligencia e inobservancia de la norma por parte de los funcionarios ahora demandados.
En ese contexto, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad innovativa permite a la justicia constitucional tutelar la vida, la libertad física y de locomoción frente a las acciones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión dichos derechos, aun cuando hubieran cesado o desaparecido con la finalidad de evitar que, en lo sucesivo, se reiteren esas conductas reñidas con el orden constitucional. Razón por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de tutela de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 26/2024 de 17 de octubre, cursante de fs. 10 a 11, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por la evidente lesión al derecho al debido proceso vinculado a la libertad y al principio de celeridad conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. 2° Exhortar a Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario; y, Verónica Gómez Laura, Auxiliar, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a que en lo sucesivo tramiten con celeridad y diligencia la devolución de los recursos de apelación al Juzgado de origen, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1862_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8ca158433ad6929d5ea647f91ef742e171447636786bc2d38f84b102f03efa4d
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