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SCP 1861/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
68720-2024-138-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/24 de 24 de octubre de 2024, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo incólume la disposición asumida por la Jueza de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Celeridad en la efectivización del arraigo
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1861/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68720-2024-138-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 30/24 de 24 de octubre de 2024, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Durán Severiche en representación sin mandato de Marcelo Rodrigo Ramírez Colque contra Luis Felipe Oliva Villarroel, Director de Migración; y, Aracely Cardozo Mendoza, Encargada de Inspectoría ambos de la Dirección General de Migración.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, denunció la lesión del debido proceso y sus derechos a la libertad y a la defensa; así como, a los principios de seguridad jurídica e igualdad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas; en audiencia de 8 de octubre de 2024, se dispuso la cesación de su detención preventiva con medidas sustitutivas, entre ellas el arraigo; sin embargo, pese a haber iniciado el trámite administrativo el 16 de igual mes y año, los ahora demandados hasta la presentación de esta acción tutelar, no cumplieron con la orden judicial, al no emitir oportunamente la certificación correspondiente, dilatando de manera indebida la posibilidad de que acceda efectivamente a su libertad. Por lo descrito, solicitó se conceda la tutela impetrada y se emita en el día su arraigo. Luis Felipe Oliva Villarroel, Director de Migración; y, Aracely Cardozo Mendoza, Encargada de Inspectoría, ambos de la Dirección General de Migración, en audiencia de garantías, a través de su abogado, refirieron que el mandamiento de arraigo contra el ahora impetrante de tutela fue cumplido por la Dirección General de Migración y registrado en sus sistemas, por lo que no existe relación directa entre la falta de emisión de una certificación y la supuesta privación ilegal de libertad del solicitante de tutela; además, dicha certificación no es requisito para obtener la libertad y la presente demanda tutelar carece de legitimación pasiva; pues, no se demostró participación de la institución en la vulneración alegada. Asimismo, el accionante no agotó las instancias ordinarias de control jurisdiccional, lo que constituye causal de improcedencia. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 30/24 de 24 de octubre de 2024, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en el plazo de veinticuatro horas, se otorgue el certificado de arraigo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En cuanto a la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, ampliando la clasificación doctrinal del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad identificando, además al efectuada por la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, realizó la clasificación al hábeas corpus: “1) Restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad; 2) Instructivo, que procede cuando el derecho a la libertad se encuentra vinculado al derecho a la vida; y, 3) Traslativo o de pronto despacho, a través del cual se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad”; entendida esta última como el mecanismo idóneo cuando se busca: “…acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”

(SCP 0011/2014 de 3 de enero [el resaltado es nuestro]).

III.2. Celeridad en la efectivización del arraigo

La SC 0226/2005-R de 16 de marzo, estableció al respecto que: “…la orden de arraigo emitida por el Juez cautelar a favor del representado del recurrente, fue entregada al Servicio Departamental de Migración de Santa Cruz, el 8 de diciembre de 2004. El 10 del mismo mes, se solicitó la extensión del certificado respectivo. El 13 de diciembre se procesó tal arraigo en Oficinas Centrales de Migración de La Paz, pudiendo recoger el certificado correspondiente el 14 de diciembre de 2004, fecha en la que interpuso el amparo constitucional, constatándose que desde la presentación del mandamiento de arraigo el 8 de diciembre de 2004, hasta que el certificado respectivo esté listo para ser entregado al interesado que fue el 14 del mismo mes y año, transcurrieron seis días. Por lo expresado, si bien la efectivización de una orden de arraigo está sujeta a un trámite previo regulado por el DS 24423, éste debe ser realizado en el menor tiempo posible, de manera que, una vez practicado el arraigo en el Registro Nacional, el plazo para expedir el correspondiente certificado de arraigo no debe exceder de las veinticuatro horas, por depender del mismo la materialización de la libertad física de la persona interesada” (el resaltado es nuestro).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denunció que los ahora demandados no emitieron el certificado de arraigo, dilatando de manera indebida la posibilidad de que acceda a su libertad. De los antecedentes del presente fallo constitucional consta el Mandamiento de Arraigo de 9 de octubre de 2024, emitido por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, ordenando al Director Departamental de Migración el arraigo del impetrante de tutela (fs. 1); asimismo, cursa el formulario de registro de trámite de 16 de octubre de 2024, que acredita el ingreso de la documentación ante la Dirección General de Migración para su registro (fs. 4 a 6); empero, no se advierte la emisión del documento requerido. Conforme al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objeto acelerar trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la situación jurídica de una persona privada de libertad; en armonía con lo anterior, el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, establece que, una vez registrado el arraigo, la expedición del certificado no debe exceder de veinticuatro horas, pues de él depende la materialización efectiva de la libertad física del interesado. En este contexto, se advierte que desde el registro de arraigo hasta la interposición de la presente acción tutelar, transcurrió una semana sin que los demandados emitieran la certificación correspondiente; y, si bien en su informe refieren que el registro ya se habría realizado, dicho extremo no suple al documento requerido, cuya existencia no ha sido objetivamente demostrada, evidenciándose así una dilación indebida que supera el establecido plazo de veinticuatro horas que vulnera el principio de celeridad, como elemento del debido proceso vinculado al derecho a la libertad del accionante; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/24 de 24 de octubre de 2024, cursante de fs. 61 vta. a 65 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, manteniendo incólume la disposición asumida por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1861_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.

Huella digital del PDF (SHA-256): 58abe5f1c13feb7809ee142f347109c1f3ee693db6818350e1eab06cbdd0561c

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