Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2024 de 8 de octubre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder en parte la tutela solicitada, por la dilación en la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada, bajo el ámbito de tutela de la acción de libertad innovativa, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Denegar la tutela impetrada, en relación a la supuesta persecución ilegal e indebida, emergente de la emisión de mandamiento de aprehensión, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3° Exhortar a Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, a que, en lo sucesivo, tramite y cumpla con la máxima celeridad la remisión de los recursos de apelación incidental de los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1856/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68575-2024-138-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 24/2024 de 8 de octubre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Estela Arias de Carrasco contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz.
La accionante, a través de memorial presentado el 7 de octubre de 2024, cursante a fs. 1 y 3 a 6 vta., denuncia la lesión de su derecho a la libertad personal y de “circulación” -se entiende de locomoción-, en su condición de persona de la tercera edad; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el supuesto ilícito de abuso sexual, se dispuso su detención preventiva el 24 de septiembre de 2024, determinación contra la que interpuso recurso de apelación incidental, sin que, hasta la fecha de presentación de la acción tutelar, se hubieran remitido actuados al Tribunal de alzada; emitiendo además, orden de aprehensión en su contra, al día siguiente de planteado el indicado recurso; por lo cual, solicita se deje sin efecto la indicada orden de aprehensión. Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 8 de octubre de 2024, cursante a fs. 11 y vta., solicitó se deniegue la tutela, puesto que la remisión de obrados a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ya se habría efectuado de acuerdo al informe de la Secretaria de ese despacho, que adjuntó. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 24/2024 de 8 de octubre, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela solicitada, bajo el fundamento de que no es atribución de la autoridad demandada la remisión del legajo de apelaciones, sino de la secretaria; y, el mandamiento de detención dispuesto al emerger de una resolución jurisdiccional, no vulnera ningún derecho. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas:
«…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»
La accionante denuncia, por una parte, la demora en la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada; y, por otra la emisión del mandamiento de aprehensión en su contra. De acuerdo con los argumentos expuestos por la impetrante de tutela, así como del informe prestado por la parte demandada y los antecedentes aparejados al expediente, se tiene que, dentro del proceso penal instaurado el 9 de agosto de 2023, la prenombrada y su hijo, fueron denunciados por la presunta comisión del delito de abuso sexual; proceso en el cual, por Resolución 552/2024 de 24 septiembre se le impuso la medida extrema de detención preventiva por cuarenta y cinco días; decisión contra la cual, en el mismo acto, interpuso recurso de apelación incidental, formalizando la impugnación por escrito presentado al día siguiente; empero, y pese a que se proporcionaron los recaudos para la remisión del cuaderno de apelación, el mismo no fue remitido al Tribunal superior; asimismo, se advierte de obrados que, mediante Oficio de 8 de octubre de 2024, con cargo de recepción de 9 del mismo mes y año a horas 08:40, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el expediente original del referido caso en apelación de la Resolución 552/2024, sobre consideración de medidas cautelares (fs. 9 y vta.); ello, corroborado por la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz (fs. 10); y, en relación a la emisión del mandamiento de aprehensión por parte del Juez demandado, del contenido de la Resolución de garantías, se tiene que el mismo fue emitido como efecto de la imposición de medida de detención preventiva y en el marco de lo decidido en la precitada Resolución 552/2024 (fs. 14). Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos; así como, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, el mismo, debe ser remitido por el Juez de la causa al superior en grado, dentro del plazo legal de veinticuatro horas, establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), sin que la falta de provisión de recaudos pueda configurar una causa para justificar dilación alguna, debido a que uno de los principios que rige la administración de justicia es el de gratuidad, que impide la no realización del acto procesal bajo el pretexto de no haberse proporcionado los medios económicos para su ejecución. En el caso objeto de análisis, se advierte que la impetrante de tutela, el 24 de septiembre de 2024 planteó oralmente recurso de apelación incidental contra la Resolución 552/2024 que le impuso la medida de detención preventiva, impugnación que fue formalizada por escrito al día siguiente; recurso que, recién el 9 de octubre del indicado año, fue remitido ante el Tribunal de alzada; de ahí, se corrobora que, existe una innegable demora de quince días en el envío del recurso mencionado; término que supera con abundancia el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP a dicho efecto, resultando en consecuencia ser evidente la dilación indebida denunciada con incidencia en el derecho a la libertad de la solicitante de tutela y por ende, conducente la concesión de tutela impetrada; es pertinente resaltar, que la dilación advertida no sólo incide en los derechos de la imputada, quien es una persona adulta mayor, sino, también tiene implicancia en los derechos de la víctima de violencia sexual de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, deber que tampoco fue observado, no obstante de tratarse de un caso de abuso sexual, que exige que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad; en ese sentido, incumbía al demandado actuar con la debida diligencia en la celeridad de sus actuaciones; si bien el recurso de apelación extrañado fue remitido al Tribunal de alzada, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, sí existió y fue provocada por la autoridad judicial demandada, siendo aplicable lo explicitado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En lo referente a la existencia de una supuesta persecución ilegal e indebida, emergente de la emisión de mandamiento de aprehensión, debe tenerse presente que dicha orden formó parte de la Resolución 552/2024 a efectos del cumplimiento efectivo de la medida impuesta, y que, al haberse impugnado dicha determinación, la referida orden de aprehensión será igualmente compulsada por el Tribunal de apelación, no corresponde a la justicia constitucional pronunciamiento alguno, por la activación simultánea de jurisdicciones, con el fin de evitar la posibilidad de generar resoluciones contradictorias que provoquen inseguridad jurídica; razón por la cual, corresponde denegar la tutela solicitada, con aclaración de que no se ingresó al examen de fondo de esta problemática. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 24/2024 de 8 de octubre, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° Conceder en parte la tutela solicitada, por la dilación en la remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada, bajo el ámbito de tutela de la acción de libertad innovativa, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Denegar la tutela impetrada, en relación a la supuesta persecución ilegal e indebida, emergente de la emisión de mandamiento de aprehensión, conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 3° Exhortar a Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, a que, en lo sucesivo, tramite y cumpla con la máxima celeridad la remisión de los recursos de apelación incidental de los privados de libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1856_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 3400f76012ce498bf9a829c28b7a7e22a80d364d711c89b8fc5be4974b39ad61
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