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SCP 1854/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
68470-2024-137-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 33 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada con relación a Juan Carlos Taco Espinal, Juez; Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria; Jharet Félix Vela Chambi, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, Luis Alberto Bayon Arequipa, Fiscal de Materia, disponiendo que, si a la fecha no se hubiere efectivizado de forma material la solicitud de verificación domiciliaria impetrada, el Fiscal y el Juez demandados coordinen en el plazo de veinticuatro horas, la emisión, subsanación y ejecución del requerimiento fiscal de dicho actuado ante la FELCC correspondiente. 2º RATIFICAR la llamada de atención dispuesta por el Juez de garantías, en relación a la Secretaria y Auxiliar demandadas, por la retención y dilación en el procesamiento de los memoriales vinculados al derecho a la libertad. 3º Exhortar al Juez demandado, a ejercer un control más riguroso sobre el desempeño de su personal de apoyo, a fin de evitar futuras dilaciones institucionales.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1854/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68470-2024-137-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 12/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 33 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Laura Pamela Chávez Álvarez contra Juan Carlos Taco Espinal, Juez; Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria; Jharet Félix Vela Chambi, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, Luis Alberto Bayon Arequipa, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, mediante memorial presentado el 10 de julio de 2024, cursante de fs. 6 a 8 vta., denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso y a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, se encuentra detenida preventivamente desde el 1 de septiembre de 2023; sin embargo, el 16 de febrero de 2024, se dio curso a la cesación de su detención preventiva con medidas cautelares menos gravosas; posteriormente, a fin de cumplir con la verificación de domicilio, el 24 de junio del mencionado año, solicitó al Fiscal de Materia codemandado, el requerimiento fiscal respectivo; empero, dicha autoridad no emitió respuesta, pese a reiterar la solicitud el 3 de julio del indicado año; ante la falta de respuesta, el 5 de idéntico mes y año, solicitó control jurisdiccional al Juez demandado, que “a la fecha” tampoco tuvo respuesta, solo referencias del personal de apoyo jurisdiccional codemandado, quienes señalan que el expediente hubiese sido remitido ante el Juzgado de Sentencia Penal, sin exhibir algún sello de recepción y menos la providencia que dispuso ese envío, lo que da cuenta que el Juez demandado no providenció su solicitud de control jurisdiccional; por consiguiente, solicita que la prenombrada autoridad, en el día, emita el requerimiento para la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a efectos de la verificación de domicilio donde guardará detención domiciliaria; y, se corran las respectivas notificaciones por el personal de apoyo. El Juez demandado, en audiencia de garantías, manifestó no haber incurrido en la vulneración de ningún derecho fundamental; toda vez que, el memorial de control jurisdiccional presentado por la accionante el 5 de julio de 2024, recién fue puesto en su conocimiento por el personal de apoyo el mismo día de la audiencia tutelar -11 de julio de igual año- por la mañana; inmediatamente, después de tomar conocimiento del escrito, dictó la providencia respectiva ordenando al Fiscal de Materia informar sobre los extremos denunciados en un plazo de veinticuatro horas, diligencia que fue notificada formalmente al Ministerio Público a las 12:33 de ese día. El informe emitido por su Auxiliar, confirmaba que el retraso se debió a una omisión involuntaria del personal subalterno al no pasarle el expediente a despacho; por este motivo, justificó que desconocía la existencia de la petición y que, como medida correctiva, emitió un decreto disponiendo la remisión de antecedentes ante el Consejo de la Magistratura para que se evalúe y sancione administrativamente a la Secretaria y a la Auxiliar por el incumplimiento de sus funciones; con esos argumentos, solicitó denegar la tutela respecto a su persona. La Secretaria codemandada, mediante informe escrito de 11 de julio de 2024, cursante a fs. 27, solicitó el rechazo de la acción de libertad; toda vez que, el cuaderno de control jurisdiccional nunca fue negado a las partes; además, según lo reportado por la auxiliatura del juzgado, el expediente físico se encontraba prestado para la revisión y remisión de la acusación formal ante el Juzgado de Sentencia, trámite que se vio demorado por observaciones y la falta de cumplimiento de medidas de otros coimputados. La única razón por la que no se exhibe un expediente es cuando los memoriales se encuentran físicamente en el despacho del Juez para ser valorados y providenciados, siendo de pleno conocimiento de los profesionales abogados que todas las solicitudes deben ser ingresadas formalmente a través de la plataforma de atención ciudadana y no de forma directa en secretaría, concluyendo que su actuación no restringió el derecho a la defensa de la accionante. El Fiscal de Materia codemandado, en audiencia de garantías, informó que admitió la recepción del memorial de 24 de junio de 2024 y justificó que fue decretado con un “se tiene presente” debido a que inicialmente no se percató con precisión de lo requerido, ante la reiteración del 3 de julio de ese año, emitió un nuevo decreto el 4 de igual mes y año, disponiendo que se extienda el requerimiento correspondiente, actuado que no fue recogido oportunamente por la madre de la accionante; así también, existió un error de taipeo al dirigir el mandamiento al Director de la FELCC de El Alto en lugar de La Paz, pero se coordinó con la familiar para enmendarlo y entregárselo rectificado en el transcurso de esa misma tarde, atribuyendo la demora a la excesiva carga laboral, cruce de audiencias y acumulación de documentos en su despacho; por lo que, solicitó denegar la tutela, argumentando que los extremos ya habían sido subsanados y remitidos al juez de control jurisdiccional. El Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 12/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 33 a 38, concedió la tutela solicitada bajo los efectos de la acción de libertad innovativa respecto al Fiscal, Secretaria y Auxiliar demandados, llamándoles la atención por la dilación en la tramitación de la solicitud de la accionante; y, exhortándoles a cumplir con la debida diligencia dentro del marco de sus funciones, que en caso de verificarse reiteradas actuaciones -debe entenderse similares- se remitirá antecedentes a las instancias correspondientes para su procesamiento; y, denegó en relación al Juez demandado, toda vez que no incurrió en ninguna actuación dilatoria. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las

acciones de libertad La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la accionante denuncia que, habiendo obtenido el beneficio de cesación a la detención preventiva el 16 de febrero de 2024, requirió de las autoridades demandadas, la emisión material y efectiva de los requerimientos correspondientes para la verificación de su domicilio, a fin de hacer efectiva la cesación de su detención preventiva, encontrando trabas y omisiones tanto en el Ministerio Público como en el Órgano Judicial. En relación a la dilación denunciada contra el Fiscal codemandado, en principio, corresponde señalar que el derecho a la libertad física consagrado en el art. 23.I de la Norma Suprema, posee una protección reforzada que exige al Ministerio Público la obligación de actuar con la debida diligencia y el principio de celeridad cuando su intervención condiciona la ejecución de una orden de libertad. En ese marco, el Fiscal codemandado admitió que, ante el memorial de la accionante de 24 de junio de 2024, dictó un decreto limitativo de “se tiene presente” debido a que “no se percató con precisión” de lo solicitado; al respecto, emitir decretos evasivos que posterguen de forma innecesaria la concreción de una medida sustitutiva ya concedida por un juez, configura una dilación arbitraria; adicionalmente, el error inexcusable de consignar una jurisdicción equivocada en el requerimiento materializado -FELCC de El Alto en lugar de La Paz- el 4 de julio de 2024, mantuvo el estado de privación de libertad de la accionante de forma injustificada; ahora bien, argumentar una excesiva carga laboral o el cruce de audiencias no constituye un justificativo constitucional válido para conculcar el derecho a la libertad; por lo que, resulta aplicable los entendimientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; toda vez que, se evidencia una lesión efectiva al derecho a la libertad y al principio de celeridad que rige las actuaciones del Ministerio Público. En esa línea, el art. 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ha determinado que el Juez de Instrucción Penal, en su condición de juez de control jurisdiccional, es el llamado por ley a controlar la actuación del Ministerio Público, y en ese rol, frenar de manera oportuna los excesos u omisiones en los que pueda incurrir; en el presente caso, ante el silencio fiscal, la impetrante de tutela acudió ante el Juez demandado el 5 de julio de 2024, solicitando el control de garantías; empero, dicha petición recién fue providenciada el 11 de ese mes y año; es decir, el mismo día de la audiencia de la presente acción de defensa. Si bien el Juez demandado argumentó que desconocía la existencia del memorial debido a que el personal subalterno incurrió en una "omisión involuntaria" al no pasar el expediente a despacho, este Tribunal ratifica que la dirección del proceso y el control de los plazos procesales recae de forma última sobre la autoridad jurisdiccional; en ese contexto, aunque adoptó las medidas correctivas posteriores al remitir antecedentes ante el Consejo de la Magistratura en contra de su personal de apoyo, la lesión al derecho a la libertad bajo la modalidad de pronto despacho ya se había consumado materialmente, al haber permanecido la solicitud desatendida durante seis días calendario; por consiguiente, se evidencia una lesión efectiva a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en su vertiente de celeridad. Respecto a la Secretaria y Auxiliar codemandados, sus informes reflejan una preocupante desatención de los deberes de apoyo jurisdiccional; por cuanto, la Secretaria justificó la falta de exhibición del expediente manifestando que esa situación puede ocurrir cuando el mismo se encuentra en despacho de la autoridad jurisdiccional; no obstante, el propio informe del Auxiliar y la providencia sancionatoria del Juez de 11 de julio de 2024 (fs. 15 y 20), demuestran de manera incontrovertible que el personal subalterno retuvo de forma indebida el memorial de la accionante presentado el 5 de julio de 2024, omitiendo su remisión inmediata a despacho, la alegada carga laboral y el error involuntario informado, no facultan al personal de apoyo a paralizar las peticiones relativas a la libertad de un detenido, esta conducta omisiva del personal subalterno interrumpió de forma directa la gestión procesal de la atención a la solicitud de la solicitante de tutela, traduciéndose en una afectación material del debido proceso en conexidad con la libertad física. De todo lo anterior, se evidencia que la accionante permaneció detenida desde el 16 de febrero de 2024; por cuanto, las trabas impuestas por el Fiscal al emitir requerimientos defectuosos y la demora judicial en controlarlo, postergaron materialmente la efectivización de la verificación domiciliaria para el cumplimiento de las medidas cautelares personales dispuestas; por consiguiente, su salida del recinto penitenciario; de ahí se constata una vulneración flagrante al principio de celeridad; toda vez que, la solicitud de verificación domiciliaria no fue atendido por casi un mes -del 24 de junio al 11 de julio de 2024-entre errores de taipeo y memoriales retenidos por el personal subalterno sin control de jurisdiccional; razón por la cual, corresponde conceder la tutela bajo la modalidad de la acción de libertad traslativa. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 12/2024 de 11 de julio, cursante de fs. 33 a 38, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en todo la tutela solicitada con relación a Juan Carlos Taco Espinal, Juez; Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria; Jharet Félix Vela Chambi, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, Luis Alberto Bayon Arequipa, Fiscal de Materia, disponiendo que, si a la fecha no se hubiere efectivizado de forma material la solicitud de verificación domiciliaria impetrada, el Fiscal y el Juez demandados coordinen en el plazo de veinticuatro horas, la emisión, subsanación y ejecución del requerimiento fiscal de dicho actuado ante la FELCC correspondiente. 2º RATIFICAR la llamada de atención dispuesta por el Juez de garantías, en relación a la Secretaria y Auxiliar demandadas, por la retención y dilación en el procesamiento de los memoriales vinculados al derecho a la libertad. 3º Exhortar al Juez demandado, a ejercer un control más riguroso sobre el desempeño de su personal de apoyo, a fin de evitar futuras dilaciones institucionales. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1854_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5b7272dd167b6c7c18df32599e17045bbb82c4842c644df11ec6c8b5234d6d5a

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