Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 249/2024 de 16 de octubre, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, por la dilación indebida en la que incurrieron los demandados, sin disponer nada al ya haberse remitido el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo cumplan con la máxima celeridad los trámites de los privados de libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1852/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68456-2024-137-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 249/2024 de 16 de octubre, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcial Huarina Segales contra Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad física, a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y al principio de celeridad procesal; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 30 de septiembre de 2024, se presentó acusación formal, sin que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad se haya remitido al Juzgado de Sentencia Penal correspondiente; actuar que ocasiona dilación y retardación de justicia. En ese contexto, solicita que en el día se envíe y sortee su causa ante el Juzgado de Sentencia Penal, y se remitan antecedentes al Consejo de la Magistratura y al Ministerio Público.
Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, por informe escrito presentado el 15 de octubre de 2024, cursante a fs. 7 y vta., refirió que la obligación material de remitir las acusaciones fiscales y los cuadernos de control judicial recae de forma exclusiva sobre el personal subalterno y de secretaría, careciendo de responsabilidad directa en dicho trámite. Luego de la presentación del requerimiento conclusivo fiscal bajo el procedimiento inmediato, decretó la providencia ordenando de forma expresa que por secretaría se procediera al sorteo previo y remisión formal del caso ante el Juzgado de Sentencia Penal en cumplimiento del art. 393 ter numeral 4 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El impetrante de tutela mantuvo una postura pasiva; puesto que, su defensa jamás presentó ningún memorial previo ante su despacho reclamando o haciendo conocer la supuesta falta de remisión de los antecedentes antes de activar de forma directa la vía constitucional. La causa ya fue formalmente remitida y recepcionada el 15 de octubre de 2024, a horas 9:15, por el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz. Por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada. Safir Campero Roca, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 15 de octubre de 2024, cursante a fs. 10, ratificó los extremos informados por la autoridad jurisdiccional y manifestó que la remisión del cuaderno de control jurisdiccional se ejecutó en estricta observancia de los plazos el 14 de igual mes y año, para la correspondiente revisión ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del citado departamento; sin embargo, el personal de dicho Juzgado retuvo el cuaderno bajo el argumento de que debían realizar un control previo, instruyendo retornar al día siguiente. En consecuencia, al no existir observaciones, fue recepcionado el 15 de octubre del precitado año. La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 249/2024 de 16 de octubre, cursante de fs. 14 a 16, concedió la tutela impetrada, porque se incumplieron los plazos legales, existió una demora injustificada de más de trece días relacionada con una persona privada de libertad, y las autoridades judiciales ahora demandadas no realizaron el debido control del trámite, vulnerando el derecho a la libertad y el principio de celeridad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
acciones de libertad La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). (las negrillas son añadidas)…»
El accionante denuncia que, tras la presentación de la acusación formal en su contra dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, los demandados omitieron remitir el cuaderno de control jurisdiccional ante el respectivo Juzgado de Sentencia Penal dentro del plazo de veinticuatro horas exigido por la ley adjetiva penal, superando las setenta y dos horas de retraso. Esta dilación indebida impidió la materialización y efectivización de la detención domiciliaria concedida previamente a su favor por la Sala Penal Primera. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dentro las modalidades que cuenta la acción de libertad, existe la traslativa o de pronto despacho, cuya premisa busca acelerar trámites judiciales o administrativos a efectos de evitar dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que tenga comprometida su libertad. De los antecedentes contenidos en el expediente constitucional, se corrobora que, la remisión formal y recepción del cuaderno procesal por parte del Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, recién se consolidó el 15 de octubre de 2024, a horas 9:15; pese que, a decir del solicitante de tutela, ante la presentación de la acusación formal por el Ministerio Público, habría presentado sus pruebas de descargo el 10 del mismo mes y año, a objeto de esa remisión. Esto demuestra de manera inequívoca que existió un periodo prolongado de inactividad procesal por más de veinticuatro horas, configurándose una dilación indebida lesiva del principio de celeridad procesal vinculado directamente al derecho a la libertad física del impetrante de tutela. Al respecto, el Juez demandado pretendió eludir su responsabilidad alegando que la obligación material de traslado de expedientes recae con exclusividad sobre el personal subalterno; no obstante, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional ha sido uniforme al establecer que el Juez es el director funcional del proceso y el máximo responsable del control jurisdiccional de los plazos, pesando sobre su autoridad un deber insoslayable de supervisión y control constante sobre las labores de su personal de apoyo, máximo si se encuentra de por medio la libertad de un ciudadano. Por ende, no es jurídicamente válido pretender trasladar la responsabilidad de la mora al personal subalterno de su dependencia. Por otra parte, la Secretaria codemandada, justificó la dilación indicando que el expediente fue remitido al Juzgado de destino el 14 de octubre de 2024, pero que el personal de dicha repartición retuvo el cuaderno para realizar una verificación previa, postergando la recepción hasta el día siguiente; empero, estas contingencias administrativas no constituyen bajo ninguna circunstancia una justificación legal válida ni una causa de fuerza mayor que excuse la postergación del ejercicio de los derechos fundamentales de una persona detenida preventivamente; más aún, cuando el expediente se encontraba estancado desde el jueves 10 de octubre de 2024; lo cual, hace aplicable el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. En consecuencia, se tiene acreditado plenamente que los demandados incurrieron en una dilación indebida que postergó de forma arbitraria la remisión del cuaderno procesal, impidiendo al justiciable concretar el beneficio de su detención domiciliaria. Ahora bien, el cuaderno de control jurisdiccional fue recepcionado ante el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, el 15 de octubre de 2024 a las 9:15 (fs. 6 y vta.); es decir, con anterioridad a la presentación de esta acción de defensa ocurrida a las 10:23 del mismo día-; aspecto que, de todas formas, no desvirtúa el hecho de que, si se produjo la dilación en la remisión, desde el 10 del indicado mes y año. Ante este escenario, resulta imperativa la aplicación de la acción de libertad innovativa, configurada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 249/2024 de 16 de octubre, cursante de fs. 14 a 16, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, por la dilación indebida en la que incurrieron los demandados, sin disponer nada al ya haberse remitido el cuaderno procesal al Juzgado de Sentencia Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Javier Rolando Chaca Quina, Juez; y, Safir Campero Roca, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Primero de El Alto del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo cumplan con la máxima celeridad los trámites de los privados de libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1852_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 688948c9ee50b3501946c142c90e91d8918b7f574df41725a1661fec1ea48a1f
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