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SCP 1851/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
68449-2024-137-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 2 de octubre de 2024, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad en su modalidad de pronto despacho, en los mismos términos dispuesto por la Jueza de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente.; y, la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para el control por la vía disciplinaria correspondiente de la existencia o no de responsabilidad disciplinaria en las actuaciones de los Jueces ahora demandados y del personal subalterno, respecto a la dilación del proceso y la emisión de las actas de suspensión observadas. 2º DENEGAR la remisión de antecedentes al Ministerio Público, al no advertirse los elementos constitutivos de tipos penales dolosos.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1851/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68449-2024-137-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución de 2 de octubre de 2024, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jeber Adrián Ríos Angulo en representación sin mandato de Cristian Ríos Angulo contra Juan Pablo Olmos Tapia, Santa Cruz Arias Gutiérrez; y, Hugo Celso Fernández Peñaranda, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, mediante memorial presentado el 28 de octubre de 2024, cursante de fs. 10 a 13, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo, el 27 de agosto del indicado año, luego de tres años, siete meses y tres días de su detención preventiva, solicitó cesación de la misma, ante el Tribunal de Sentencia Penal ahora demandado; la cual, fue señalada para el 9 de septiembre de ese año; empero, ésta no se llevó a cabo, apareciendo luego una ilegal acta de suspensión y reprogramación del actuado para el 20 de idéntico mes y año, que tampoco se instaló. Debido a ello, el 26 del referido mes y año, reiteró su pedido de cesación de su detención preventiva; empero, el Presidente del aludido Tribunal, mediante decreto del siguiente día, dispuso “Estese al acta de suspensión y reprogramación”; el cual, no existía al no haberse instalado el acto; no obstante, “aparece” una en la cual se fijó la audiencia para el 7 de octubre del citado año, que de igual forma no se instaló, sin que curse acta alguna; por lo que, el 16 de igual mes y año presentó solicitud de copias del expediente, siendo ese más su respectivo decreto, el último actuado cursante en el expediente. En ese sentido, solicita se disponga que en el plazo fatal de veinticuatro horas se señale audiencia de cesación de su detención preventiva; además, se remitan antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de la Magistratura, a fin de determinar las responsabilidades penal y disciplinaria.

Juan Pablo Olmos Tapia, Santa Cruz Arias Gutiérrez; y, Hugo Celso Fernández Peñaranda, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Montero del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante a fs. 25 y vta., manifestaron que conforme a las modificaciones introducidas al Código de Procedimiento Penal por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, el único funcionario autorizado para la realización de las diligencias de notificaciones es la Secretaria quien tiene el usuario del Sistema de Registro Judicial (SIREJ) y debe generarlas por el sistema para que luego la Gestora de Procesos pueda diligenciarlas, siendo una función específica conforme el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, en concordancia con el art. 56 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, por la recargada carga procesal del Tribunal, la Secretaria presentó un informe escrito al que se remiten sobre los óbices que tuvo que cumplir con su obligación. Sobre las actas de suspensión, no existió acto doloso; por cuanto, todos los días se las realiza con el mismo formato para reprogramar las audiencias que no pudieron instalarse por falta de notificaciones y a fin de convocar a un nuevo actuado de oficio y así poder atender a las dos mil setecientas causas en movimiento. En ese mérito, pidieron se deniegue la tutela impetrada. La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 2 de octubre de 2024, cursante de fs. 47 a 51, concedió en parte la tutela solicitada, disponiendo que los Jueces ahora demandados garanticen la instalación y sustanciación de la audiencia de cesación de la detención preventiva señalada para el día 5 de noviembre de 2024; y, denegó en relación a la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público; respecto a la remisión de antecedentes a la instancia disciplinaria, dispuso que se acuda directamente; y, exhortó a no incurrir en lo futuro en dilaciones injustificadas que vulneren derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, a cumplir sus funciones con celeridad; bajo el fundamento que, corroboró que los demandados incurrieron en dilación al momento de señalar las audiencias que exceden superabundantemente los plazos descritos por el art. 239 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Suspensión de audiencias cautelares y plazo de su señalamiento

Sobre el particular, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido). Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. En ese contexto, en el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, se ha pronunciado el siguiente entendimiento:

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

III.2. Análisis del caso concreto

En el presente caso, el accionante denuncia que, los Jueces ahora demandados, vulneraron el derecho a la libertad al dilatar indebidamente la celebración de la audiencia de cesación a la detención preventiva, bajo argumentos de carga procesal y fallas en las notificaciones del sistema SIREJ. De la compulsa de los antecedentes contenidos en el expediente, se establece que el impetrante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva el 27 de agosto de 2024 (fs. 4), luego de cumplir más de tres años y siete meses de detención. A partir de dicha solicitud, el Tribunal demandado activó varias dilaciones encadenadas; toda vez que, la audiencia fijada para el 9 de septiembre de igual año, no se instaló, reprogramándose para el 20 de ese mes y año, que tampoco se llevó a cabo. Ante la reiteración del pedido por el solicitante de tutela, el 26 de idéntico mes y año, el referido Tribunal dictó un decreto remitiéndose a un acta de suspensión -inexistente en físico en ese momento-, fijando una nueva fecha recién para el 7 de octubre del citado año; la cual, tampoco se instaló. Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad; asimismo, quedó sentado en el mismo apartado que, ante la suspensión de una audiencia, el plazo de reprogramación debe ser cumplido estrictamente por los administradores de justicia en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 113.II y 239 del CPP; es decir, fijando nuevo verificativo en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles a dicho efecto; esto en razón a que, toda solicitud vinculada a medidas cautelares, deben tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del derecho a la libertad de locomoción. Ahora bien, en el caso analizado los Jueces demandados pretenden justificar la parálisis del trámite en los argumentos de la carga procesal (dos mil setecientas causas) y que la responsabilidad del SIREJ y las notificaciones recae exclusivamente en la Secretaria y la Gestora de Procesos; al respecto, la excesiva carga procesal o las deficiencias administrativas o informáticas de los funcionarios subalternos no son óbices válidos ni justificativos legítimos para vulnerar los derechos fundamentales, siendo el Juez o Tribunal, como director del proceso, quien tiene la obligación de controlar y reorientar el trámite oportuno, exigiendo los informes pertinentes en el día y aplicando los correctivos necesarios para no trasladar la ineficiencia del aparato estatal al privado de libertad. En ese contexto, no solamente se inobservó el plazo de cuarenta y ocho horas para señalar audiencia para su resolución, sino que, la aparición de actas de suspensión, sin la debida instalación formal de las audiencias denota una vulneración flagrante al debido proceso en su vertiente de certidumbre judicial; puesto que, emitir decretos ordenando se esté a lo dispuesto en actuados que no se ejecutaron materialmente desprotege al justiciable y consolida una dilación arbitraria. Por consiguiente, al no haberse impreso la diligencia debida que exige el precedente determinado en el Fundamento Jurídico anterior y lo establecido en el art. 239 del CPP, en los actos procesales necesarios para materializar la solicitud planteada por el impetrante de tutela, este Tribunal encuentra ciertas las denuncias formuladas por el accionante y consecuentemente, corresponde conceder la tutela impetrada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada por la lesión al principio de celeridad; y, denegar con relación a la remisión de antecedentes ante el Ministerio Público e instancia disciplinaria; obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución de 2 de octubre de 2024, cursante de fs. 47 a 51, pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al derecho a la libertad en su modalidad de pronto despacho, en los mismos términos dispuesto por la Jueza de garantías, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos precedentemente.; y, la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, para el control por la vía disciplinaria correspondiente de la existencia o no de responsabilidad disciplinaria en las actuaciones de los Jueces ahora demandados y del personal subalterno, respecto a la dilación del proceso y la emisión de las actas de suspensión observadas. 2º DENEGAR la remisión de antecedentes al Ministerio Público, al no advertirse los elementos constitutivos de tipos penales dolosos. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1851_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

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