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SCP 1849/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
68126-2024-137-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 20.II de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 225/2024 de 19 de mayo, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de acuerdo con los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que el Fiscal de Materia demandado, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo, emita el requerimiento fiscal dirigido al IDIF para la realización de la valoración médica solicitada; siempre y cuando, por el transcurso del tiempo, dicha diligencia no se hubiere efectivizado o la situación jurídica del accionante hubiera modificado. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho a la vida, con base en los argumentos sustentados en la presente resolución.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1849/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 68126-2024-137-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 225/2024 de 19 de mayo, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Karina Flores Ticona en representación sin mandato de Estanislao Flores Mamani contra Rubén Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad conexo a la vida; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas Ley 1008, la autoridad demandada rehúsa sus solicitudes de 13, 14, 15 y 16 de mayo de 2024, en las cuales requiere la emisión e interoperabilidad de requerimientos para el IDIF a efectos de que un médico forense evalúe su estado de salud; la omisión de dicho requerimiento, le impide contar con un informe médico, psicológico y social para acreditar su delicado estado de salud, elementos indispensables para solicitar la cesación de la detención preventiva, la hospitalización domiciliaria y las salidas médicas; por lo descrito, solicita que se conceda la tutela y se ordene emitir en el día el requerimiento fiscal e interoperar inmediatamente al IDIF para la valoración médico-legal, psicológica y social. Rubén Ramiro Cadena Quispe, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que dio oportuna respuesta a los petitorios de la parte accionante mediante los decretos correspondientes; disponiendo, no haber lugar a lo impetrado en el marco de sus atribuciones de dirección funcional de la investigación por el art. 279 del CPP y atendiendo a la naturaleza del ilícito perseguido bajo la Ley 1008; asimismo, aseveró que el accionante no acreditó de manera idónea ni documental la existencia de un riesgo inminente a su vida o un deterioro grave en su salud que viabilice la tutela constitucional, haciendo notar además que con carácter previo se celebró una audiencia de acción de libertad por idénticos supuestos fácticos.

El Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías; por Resolución 225/2024 de 19 de mayo, cursante de fs. 52 a 54, denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: a) La aplicación del principio de subsidiariedad excepcional, debido a que el accionante no impugnó en la vía ordinaria penal el Decreto de 15 de abril de 2024, emitido por el control jurisdiccional ni el Decreto de fecha ya mencionada, emitido por el Fiscal de Materia, los cuales dieron respuesta a sus solicitudes de salud, sin que se haya acreditado un riesgo inminente a la vida o salud que eximiera agotar dicha vía; y, b) La prohibición de activar una acción de libertad sobre otra; toda vez que, al haberse tramitado el día anterior una previa acción de defensa con idéntico objeto e identidad de partes, no correspondía interponer una nueva acción para intentar hacer cumplir o revisar disposiciones que ya fueron denegadas por la autoridad de garantías que resolvió la primera. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRAMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas). celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia que; el Fiscal de Materia demandado negó la emisión del requerimiento para que el médico forense del IDIF verifique su estado de salud, elemento probatorio necesario para enervar los riesgos procesales e intentar la modificación de su condición cautelar; aspecto que, le impide solicitar la cesación de su detención preventiva. De la revisión de los antecedentes que sirven de base para la resolución del presente objeto procesal, se tienen como piezas principales el memorial de 14 de mayo de 2024; por el cual, el accionante solicitó al fiscal asignado diversos requerimientos, pidiendo en su otrosí primero se requiera al IDIF para la valoración de su estado de salud (fs. 2 a 3); el Decreto de 15 de mayo de dicho año emitido por el Fiscal de Materia, ordenando adecuar la solicitud al procedimiento y aclare la pertinencia de lo peticionado (fs. 4); el memorial de igual fecha; mediante el cual, el accionante reiteró la emisión de tal requerimiento al IDIF, argumentando la necesidad de justificar salidas médicas, un incidente de hospitalización domiciliaria y su cesación a la detención preventiva (fs. 5 a 6); el Decreto de similar día, que ordenó requerir al Director del Centro Penitenciario de San Pedro para que el médico de dicho recinto efectúe la valoración médica (fs. 7); y el memorial de 16 de mayo de la referida gestión, por el cual el accionante reiteró que la evaluación médica sea realizada por el IDIF (fs. 8 a 9). Al respecto, este Tribunal, a través de la jurisprudencia consignada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; estableció que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho constituye el mecanismo procesal idóneo para acelerar trámites judiciales o administrativos vinculados a personas privadas de libertad; por lo que, toda autoridad o servidor público que conozca de estas solicitudes se encuentra obligado a actuar dentro de los plazos legales y con la mayor diligencia posible, evitando dilaciones indebidas que restrinjan el derecho a la libertad; en el caso específico del Ministerio Público, la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril determina que la persecución penal debe ejercerse bajo los principios de legalidad, objetividad y celeridad; estando obligado a emitir con celeridad los requerimientos de documentación o actuados necesarios para el ejercicio del derecho a la defensa y el resguardo de la libertad, garantizando así el acceso efectivo a la justicia. En ese contexto; se evidencia, que no existía causal objetiva ni razonable que justificara la negativa del Fiscal de Materia demandado a dar curso directo a la solicitud de valoración médica por parte del IDIF presentada por el accionante, con la finalidad de fundamentar una futura petición de cesación de la detención preventiva; por el contrario, tanto la negativa inicial como la posterior derivación al médico del Centro Penitenciario de San Pedro -profesional que carece de la especialidad y capacidad técnica que caracteriza al IDIF para la elaboración de informes médico-legales con la rigurosidad requerida en solicitudes cautelares- constituyeron respuestas meramente dilatorias que impidieron a la parte accionante obtener un elemento de prueba idóneo para plantear oportunamente la revisión de su situación jurídica ante la autoridad jurisdiccional competente. En consecuencia, se concluye que carecía de fundamento legal la denegatoria de emisión del requerimiento al IDIF; por el contrario, las constantes evasivas del Fiscal de Materia generaron una dilación indebida que obstaculizó la posibilidad del accionante de solicitar la modificación de su situación jurídica, lesionando así sus derechos a la libertad y al debido proceso, en directa concordancia con el principio de celeridad, razón por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración del derecho a la vida, al margen de que la parte accionante no acreditó documentalmente dicha contingencia, tampoco se advierte de qué manera este derecho hubiese sido lesionado por la autoridad demandada, motivo por el cual corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este extremo. En consecuencia, el Juez de Garantías, al denegar la tutela actuó de forma parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 20.II de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 225/2024 de 19 de mayo, cursante de fs. 52 a 54, pronunciada por el Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en juez de garantías; y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, de acuerdo con los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; disponiendo que el Fiscal de Materia demandado, en el plazo de veinticuatro horas de notificado con el presente fallo, emita el requerimiento fiscal dirigido al IDIF para la realización de la valoración médica solicitada; siempre y cuando, por el transcurso del tiempo, dicha diligencia no se hubiere efectivizado o la situación jurídica del accionante hubiera modificado. 2° DENEGAR la tutela solicitada con relación al derecho a la vida, con base en los argumentos sustentados en la presente resolución. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1849_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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