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SCP 1842/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67977-2024-136-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 14 de agosto de 2024, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad judicial demandada dé curso y efectúe la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante, si es que, hasta la fecha, su situación jurídica no hubiere sido considerada o modificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  3. III.3. Sobre la competencia del control jurisdiccional ante la presentación de la acusación formal
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1842/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67977-2024-136-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 18 de 14 de agosto de 2024, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Pedro Ríos Chavarría contra Uby Saúl Suarez Sánchez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, por memorial presentado el 13 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 3 y vta., denuncia la lesión de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el 8 de agosto de 2024, solicitó audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva; sin embargo, hasta la presentación de esta acción tutelar la misma no fue fijada; por lo descrito, solicita se conceda la tutela y se ordene el señalamiento de audiencia. Uby Saúl Suarez Sánchez, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoctavo de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe de 14 de agosto de 2024, cursante a fs. 9, refirió que el expediente se encuentra con acusación formal por procedimiento inmediato por delitos en flagrancia que ya fue sorteado el 12 de agosto de 2024 y remitido al día siguiente ante el “Juzgado de Sentencia Violencia Anticorrupcion Segundo”; por lo que, corresponde a dicha autoridad considerar la solicitud del accionante. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 18 de 14 de agosto de 2024, cursante de fs. 14 a 16 vta., denegó la tutela solicitada, con el fundamento que el expediente no radica en el juzgado del demandado, que al haber sido remitido, el competente para resolver cualquier circunstancia dentro del proceso sería el “Juzgado Anticorrupción y Violencia hacia las Mujeres Segundo del mismo departamento”. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas).

III.2. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, se ha pronunciado el siguiente entendimiento:

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

III.3. Sobre la competencia del control jurisdiccional ante la presentación de la acusación formal

La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:

Toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia que su solicitud de audiencia de cesación a la detención preventiva, presentada el 8 de agosto de 2024, no fue señalada hasta la interposición de la acción tutelar. De los antecedentes del presente fallo constitucional, se tiene el memorial presentado el 8 de agosto de 2024 -según timbre electrónico-por el cual el impetrante de tutela, solicitó audiencia de cesación a la detención preventiva (fs. 2 y vta.); asimismo, considerando el informe de la autoridad demandada, se puede establecer que el proceso fue remitido el 13 de agosto de 2023 al Juzgado de Sentencia con acusación. A partir de lo descrito, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se establece que es obligación de toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tramitarla con la mayor celeridad posible o, cuando menos, dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. Es así que, en el caso concreto, el accionante formuló su solicitud de cesación con carácter previo a la remisión de la causa, por lo que era responsabilidad del Juez demandado señalar audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas conforme lo previsto en el art. 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP), conservando además la competencia para llevar a cabo el verificativo, incluso cuando la acusación formal hubiera sido presentada, hasta que, conforme a lo razonado en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo, el Tribunal de Sentencia radique la causa; extremo que, si bien fue alegado por el ahora demandado, no fue acreditado documentalmente. En estas circunstancias, queda evidenciado que, la autoridad jurisdiccional que ostenta la legitimación pasiva en esta demanda constitucional, al omitir el señalamiento de audiencia impetrado cuando aún se encontraba en su poder el cuaderno procesal; toda vez que, el control del proceso y sus emergencias aun continuaban bajo su competencia, el Juez demandado obró de manera contraria, que ocasionó una dilación de cinco días en la consideración de la situación jurídica del accionante, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que determina que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza, lesionando además el principio de celeridad procesal, íntimamente vinculado al derecho al debido proceso; razón por la cual, corresponde, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de Garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 18 de 14 de agosto de 2024, cursante de fs. 14 a 16 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, disponiendo que la autoridad judicial demandada dé curso y efectúe la audiencia de cesación a la detención preventiva del accionante, si es que, hasta la fecha, su situación jurídica no hubiere sido considerada o modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1842_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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