Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada, exhortándose a las ahora demandadas que, en el futuro, eviten incurrir en acciones dilatorias que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales, con mayor razón en aquellos casos vinculados al derecho a la libertad.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1833/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67876-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 23/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 y vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Franz Flores Lero, en representación sin mandato de Jorge Javier Mancilla Calle, contra Silvia Maritza Portugal Espinoza y Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuichi, Vocal y Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial de 23 de agosto de 2024, cursante de fs. 3 a 5 y vta., el accionante, a través de su representante, denunció la lesión a su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el Fiscal de Materia, el 30 de julio del mismo año, le imputó formalmente y en mérito a aquello, el Juez de la causa, por Resolución 275/2024 de 31 de igual data, dispuso su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; determinación que, recurrió en apelación, recayendo la misma en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; en la que, la Vocal ahora demandada, en audiencia de 12 de agosto de igual año, por Auto de Vista, enervó los riesgos procesales contemplados por el art. 234 numerales 4 y 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP); no obstante, desde esa fecha por once días, no se realizó la devolución del citado Auto de Vista al Juzgado de origen; hecho que, le impidió plantear una cesación a la detención preventiva. Por lo que, solicitó que la autoridad ahora demandada, restituya el orden de las formalidades y remita el referido Auto de Vista ante el Juez de instancia. Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 23 de agosto de 2024, cursante a fs. 10; manifestó que, cumplió con la emisión del Auto de Vista 621/2024 de 12 de agosto, conforme al art. 251 del CPP; empero, el reclamo debió dirigirse al sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, por ello carece de legitimación pasiva; solicitando que, se deniegue la tutela impetrada. Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuichi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 23 de agosto de 2024, cursante a fs. 10 vta.; señaló que, los antecedentes ya fueron devueltos al Juzgado de origen; por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada. La Jueza de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 23/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 y 15 vta., concedió la tutela solicitada de forma parcial, respecto a la Secretaria -ahora demandada-, exhortando a cumplir sus funciones de manera oportuna y respecto a la Vocal, deberá ejercer el control respectivo. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente: [E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
El accionante denuncia que el Auto de Vista 621/2024 de 12 de agosto, no fue devuelto al Juzgado de origen por once días; hecho que, le impidió solicitar la cesación a la detención preventiva. En el presente caso, se evidencia la existencia del oficio suscrito por la Secretaria -ahora demandada-, con cargo de recepción de 23 de agosto de 2024, a horas 10:12, por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimo Primero, de La Paz; por el cual, se realizó la devolución obrados. Este Tribunal ha sido claro en sus reiterados fallos que, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que, se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos; así como, una vez resuelto el recurso de apelación, en el plazo de tres días, se deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución al Juzgado de origen, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. En tal sentido, conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 de este fallo constitucional, cuando el acto lesivo ha cesado, como puede ocurrir con el supuesto en el que, se haya cumplido con la devolución del legajo de apelación al Juzgado de origen, aunque de forma tardía, a efecto de determinar la responsabilidad de las autoridades o los servidores públicos cuya conducta sea contraria al orden constitucional, corresponde pronunciarse en el fondo de la problemática planteada; para así, evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales. a) Con relación a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-; según lo manifestado por el solicitante de tutela y lo informado por la autoridad mencionada, el 12 de agosto de 2024, se desarrolló la audiencia de apelación incidental de medida cautelar, en la que se emitió el Auto de Vista 621/2024 de la misma fecha, que enervó los riesgos procesales previstos por el art. 234, numerales 4 y 6 del CPP; sin embargo, el mismo no se habría devuelto al Juzgado de origen; sobre el particular, si bien la Vocal ahora demandada en su informe escrito, cursante a fs. 10; señaló que, en la presente acción de defensa carece de legitimación pasiva, porque ya habría cumplido con la emisión del citado Auto de Vista; empero, conforme a la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, a la demandada, como autoridad revestida de jurisdicción, le asiste la facultad de realizar el seguimiento a las labores del personal de apoyo judicial; toda vez que, de no cumplirse las disposiciones emitidas, también asume la responsabilidad por ser la autoridad que tiene a su cargo la Sala; en ese contexto, el argumento expuesto por la Vocal ahora demandada, no puede ser asumido por este Tribunal; tomando en cuenta que, adoptó una actitud pasiva que ocasionó que el referido Auto de Vista y los antecedentes, no sean devueltos dentro de los plazos al Juzgado de instancia, contribuyendo a la dilación indebida, máxime si se encuentra de por medio el derecho a la libertad física del accionante; y, b) Con relación a Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuichi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-; si bien dentro del expediente constitucional, a fs. 11, cursa el Oficio con cargo de recepción de 23 de agosto de 2024, a horas 10:12, por el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimo Primero de La Paz; por el cual, la ahora demandada cumplió con la devolución de obrados al citado Juzgado, empero, se puede advertir que, dicho envío lo realizó después de los once días, desde la emisión del Auto de Vista 621/2024 de 12 del mismo mes y año, cuando conforme a la jurisprudencia glosada en este fallo constitucional, se debió efectivizar en el plazo de veinticuatro horas; actuar dilatorio con el cual, incumplió con sus funciones asignadas por el art. 94 núm. 15 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), respecto al cumplimiento de las comisiones encomendadas por la autoridad jurisdiccional; en ese contexto, al ser evidente la dilación indebida en la devolución de obrados al Juzgado de origen, corresponde conceder la tutela impetrada.
Pese a lo anterior y siendo que, el petitorio del solicitante de tutela ya fue satisfecho, habrá de exhortarse a las ahora demandadas que, en lo futuro, eviten incurrir en acciones u omisiones que ocasionen lesión a derechos fundamentales y garantías constitucionales. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 23/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 14 a 15 y vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarta de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada, exhortándose a las ahora demandadas que, en el futuro, eviten incurrir en acciones dilatorias que lesionen derechos fundamentales y garantías constitucionales, con mayor razón en aquellos casos vinculados al derecho a la libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1833_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 82ecf885497a9534bfadc66fd34c64b35ad12c609fb2f3e7d71af2704005cff9
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