Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de marzo de 2023
Deniega la tutela
El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad y el principio de celeridad, toda vez que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito secuestro, el Juez demandado, no remitió la apelación de medidas cautelares ante el Tribunal de Apelación dentro de las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP; por lo que a través de esta acción de defensa solicita que: a) El Juez demandado remita el Testimonio de apelación, más las piezas necesarias en el día; y, b) Se condene en costas y gastos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos y; 2) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0077/2023-S1 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 44155-2022-89-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 118/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56, pronunciada dentro de la acción de libertad presentada por Luis Orlando Rojas Jiménez contra Víctor Javier Coria Mendieta, Juez de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro.
Por memorial presentado el 16 de noviembre de 2021, cursante de fs. 3 a 4 vta., el accionante, manifestó:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona y otras, por la presunta comisión del delito de secuestro, guarda detención preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro, dispuesta por Resolución 293/2021 de 12 de noviembre, emitida por el Juzgado Público de la Niñez y Adolescencia Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, misma que fue apelada al culminar la audiencia, en base al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar -16 de noviembre de 2021- no fue remitida ante el superior en grado, pese a que el día lunes 15 del mismo mes y año, estuvo en el Juzgado donde radica el proceso, con el propósito de cumplir con los recaudos de ley, empero en ventanilla le informaron que la misma se encontraba en despacho para firmar y realizar la foliación respectiva.
Al no haberse cumplido con el mandato del art. 251 del CPP, el Juez demandado incurrió en dilación indebida.
El peticionante de tutela alega como vulnerados el derecho a la libertad y el principio de celeridad, citando al efecto los arts. 122, 73, y 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada y se disponga que: a) El Juez demandado remita el Testimonio de apelación, más las piezas necesarias en el día; y, b) Se condene en costas y gastos.
En la audiencia pública de acción de libertad de 17 de noviembre de 2021, conforme consta en el Acta de audiencia cursante de fs. 49 a 52 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, presente en la audiencia por medio de su defensa técnica, ratificó el memorial de acción de libertad y añadió que: 1) En la audiencia de medidas cautelares de 12 de noviembre de 2021, se determinó su detención preventiva; desde esa fecha hasta el 16 del mismo mes y año no se remitió el recurso de apelación ante el superior en grado; 2) Cuando estuvo a punto de ingresar la acción de libertad en plataforma a horas 12:09 recibió un mensaje del Celular 74130337, pretendiendo hacer las gestiones para la remisión correspondiente; y 3) Sin embargo, aun cuando se hubiere remitido el testimonio de apelación, se configura la acción de libertad innovativa y no resulta ser un óbice para que el Tribunal de garantías pueda conceder la tutela.
Víctor Javier Coria Mendieta, Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata, presentó informe escrito cursante de fs. 18 a 19, en el que manifestó que: i) Para el 15 de noviembre de 2021, ya se tenía preparado el testimonio para la remisión del recurso de apelación; ii) Es evidente que el accionante una vez detenido preventivamente por el presunto delito de secuestro, interpuso el recurso de apelación contra la decisión asumida, pero resulta falso que el Juzgado hubiera incurrido en dilación indebida, pues se debe considerar que la apelación fue interpuesta el viernes 12 de noviembre de 2021 y el día siguiente era sábado 13, y no existe una Sala de turno; iii) Se debe considerar que el Juzgado se encuentra en una provincia, de donde con premura el 16 de de igual mes y año ingresó a plataforma de atención al público a horas 12:14 del mediodía, mucho antes de presentada la acción de libertad, que fue el 16 del referido mes y año a horas 12:18; y, iv) El Juzgador considera que no se vulneró los derechos del imputado y mucho menos ocasionó una dilación indebida como manifiesta el accionante, pues actuó con la premura necesaria, tomando en cuenta que los Juzgados de provincia tienen que batallar aparte de la inexactitudes que nos sindican con la carencia de medios tecnológicos, así como con el traslado hacia la Capital, haciendo notar que se actuó con premura, por lo que pide se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro, mediante Resolución 118/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56, denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) En el presente caso se ha concedido la apelación el 12 de noviembre de 2021, conforme lo determina el art. 251 del CPP la remisión del mismo es en el plazo de veinticuatro horas, y se evidencia que la acción de libertad fue interpuesta el 16 de noviembre de 2021, habiendo recibido en este despacho constitucional a horas 12:18 p.m.; y, b) A fs. 297 del cuaderno de control jurisdiccional se evidencia la remisión del Testimonio de apelación, impetrada por la autoridad demandada, y según el cargo se recepcionó el 16 de noviembre de 2021, a horas 14:14 de donde se llega a la conclusión que en el presente caso de autos habrían desaparecido los elementos fácticos que dieron lugar al planteamiento de la acción de libertad operándose de esa manera la teoría del “derecho” (sic) superado por lo que la obtención de tutela resultaría ser ineficaz e innecesaria, (al respecto citó la SCP 0039/2006 de 11 de enero).
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público con CUD 402102032100068, caso 96/21 se tiene ampliación de imputación formal presentada por el Ministerio Público contra Luis Orlando Rojas Jiménez por el delito de secuestro, en la cual el Fiscal solicitó detención preventiva (fs. 29 a 41). II.2. Mediante Auto Interlocutorio Motivado 293/2021 de 12 de noviembre, Víctor Javier Coria Mendieta Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Challapata del departamento de Oruro, dispuso la detención preventiva de Luis Orlando Rojas Jiménez a cumplirse en el Centro Penitenciario de San Pedro de Oruro por el plazo de tres meses computables a partir de la fecha, y señaló audiencia para considerar su situación jurídica para el 11 de febrero de 2022 a horas 14:00 y siguientes. Ordenó se libre mandamiento de apremio, quedando notificadas las partes, anunció que la Resolución es susceptible de apelación, al efecto señaló que la resolución fue dictada a horas 15: 40 del día viernes 12 de noviembre de 2021. La defensa del referido imputado presentó apelación de conformidad con el art. 251 del CPP, para que sea remitido ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; por su parte la defensa de la víctima presentó igualmente recurso de apelación vinculante al plazo, el Juez de la causa tuvo por interpuestos ambos recursos de apelación, dispuso la remisión del testimonio ante el Tribunal de Alzada y ordenó se expidan las fotocopias legalizadas (fs. 42 a 47). II.3. Cursa documental que refiere que el 16 de noviembre de 2021 a horas 12:14 se presentó en Plataforma de Atención al Público e Informaciones, el Testimonio de apelación interpuesta por Luis Orlando Rojas Jiménez (fs. 17). II.4. Del Informe de la Responsable de Plataforma y Servicios judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, se tiene que la apelación remitida de la localidad de Challapata dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Orlando Rojas Jiménez, fue presentada por ventanilla a horas 15:47 p.m. del 16 de noviembre de 2021 (fs. 13).
El accionante, denuncia que se vulneró su derecho a la libertad y el principio de celeridad, toda vez que en el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otros, por la presunta comisión del delito secuestro, el Juez demandado, no remitió la apelación de medidas cautelares ante el Tribunal de Apelación dentro de las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP; por lo que a través de esta acción de defensa solicita que: a) El Juez demandado remita el Testimonio de apelación, más las piezas necesarias en el día; y, b) Se condene en costas y gastos. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, al efecto, se verificará: 1) Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos y; 2) Análisis del caso concreto.
y la dilación en la remisión por falta de provisión de recaudos El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, asumió el siguiente entendimiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: 1) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; 2) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, 3) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:
a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.
b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.
c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.
rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.
Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:
i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas nos pertenecen).
De los antecedentes se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Luis Orlando Rojas Jiménez y otros por el presunto delito de secuestro, el Juez demandado emitió el Auto Interlocutorio 293/2021 de 12 de noviembre, a horas 15:40 del día viernes, por el cual dispuso su detención preventiva, resolución que fue apelada por el imputado en la misma audiencia, concedida la apelación, se ordenó se efectué su remisión dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP. De los datos referidos en Conclusiones II.3 y II.4 se evidencia que el 16 de noviembre de 2021 a horas 12:14 p.m. se presentó el Testimonio de apelación interpuesto por el imputado Luis Orlando Rojas Jiménez, en Plataforma de Atención al Público e Informaciones. Por su parte el Informe de la Responsable de Plataforma y Servicios judiciales del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, refiere con una variante de minutos que la apelación fue remitida de la localidad de Challapata del referido departamento, y presentada por ventanilla a horas 15:47 p.m. del 16 de noviembre de 2021. Asimismo de los antecedentes se tiene que, el proceso se sigue contra el ahora accionante y varias personas. Igualmente cabe tomar en cuenta que el Juzgado se encuentra en Challapata, Capital de la provincia Eduardo Abaroa, aproximadamente a 116 kilómetros de Oruro. Tomando en cuenta los datos descritos precedentemente, así como lo referido por la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional que señala:
(…) es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días (…). Si bien en el caso de autos las circunstancias descritas en la citada jurisprudencia no son exactamente las mismas; sin embargo, las justificaciones que hace el Juez demandado resultan atendibles y ciertas, pues la audiencia en cual fue concedida la apelación fue efectuada el día viernes a horas 15:40, encontrándose de por medio el sábado y domingo; asimismo, el Juzgado se encuentra en una provincia, lo cual dificulta la remisión oportuna de actuados ante el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro debido a la distancia; más aún cuando el proceso es seguido contra varios imputados, circunstancias que razonablemente justifican la remisión de la apelación en el tiempo en que fue presentado por el Juzgador demandado. Por consiguiente la autoridad jurisdiccional demandada, obró conforme a las circunstancias superando los obstáculos que generaron una dilación debidamente justificada, que no infringe los derechos alegados por el accionante, por el contrario pese a la distancia la apelación fue remitida dentro del plazo extraordinario, por lo que corresponde denegar la tutela solicitada.
Finalmente, es pertinente aclarar que la falta de provisión de los recaudos, no se constituye en excusa suficiente para no remitir dentro del plazo previsto por ley el recurso de apelación ante el superior en grado, lo que a su vez no impide que las partes en litigio, conscientes de la necesidad, provean oportunamente los mismos a fin de coadyuvar en la remisión oportuna de sus recursos dentro del marco de la lealtad procesal.
Consecuentemente, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 118/2021 de 17 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0077_2023-S1.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7547e77591abf6718ce2bfbdefa5be48ec7d0fb3f4b76aa00faecf2fa0b303c4
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