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SCP 0599/2024-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 1 de agosto de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
1 de agosto de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Isidora Jiménez Castro
Expediente
49697-2022-100-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haber planteado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 578/2022 de 2 de agosto, que rechazó la cesación a su detención preventiva, no fue remitida al superior en grado hasta la interposición de la presente acción de defensa, evidenciándose dilación en la remisión ordenada, lo que impide que el Tribunal de apelación resuelva su situación jurídica. En revisión corresponde, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda del departamento de La Paz -constituida en Jueza de garantías-; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Llamar severamente la atención a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer el departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. II.1. Plazo para la remisión de la apelación incidental al tribunal de alzada, prevista en el art. 251 del CPP
  2. II.2. Acción de libertad innovativa

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0599/2024-S3 Sucre, 1 de agosto de 2024 SALA TERCERA Magistrada Relatora: MSc. Isidora Jiménez Castro Acción de libertad Expediente: 49697-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 035/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Yeymmy Catherin Mendoza en representación sin mandato de Juan Carlos Gott Koury contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES RELEVANTES DEL CASO

I.1. Identificación del problema jurídico planteado

Por memorial presentado el 10 de agosto de 2022, cursante de fs. 2 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, vinculado al principio de celeridad, señalando que, dentro el proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de delito de favorecimiento de enriquecimiento ilícito, hace diez días se llevó adelante la audiencia de cesación a su detención preventiva, la misma que fue rechazada por la autoridad hoy accionada, determinación que mereció la interposición del recurso de apelación, acto en el que solicitó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, pese a proporcionar las fotocopias, hojas, CDs y otros requerimientos por el personal del Juzgado, hasta la interposición de la acción de libertad la apelación no fue remitida, razón por la que requirió se le conceda la tutela peticionada y disponga que la autoridad accionada, despache en el plazo de veinticuatro horas los antecedentes al Tribunal ad quem.

I.2. Resolución de la Jueza de garantías

La Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 035/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, denegó la tutela impetrada respecto al Juez accionado; y, concedió en relación al Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del citado departamento, llamándole severamente la atención ante el retraso en la remisión del recurso de apelación incidental formulada por el accionante, exhortándole a actuar con la debida diligencia; fundamentando que: a) Resulta evidente que contra el Auto Interlocutorio 578/2022 de 2 de agosto, el accionante planteó recurso de apelación incidental en el marco del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, b) Por la documental adjunta se evidenció que el Juez accionado firmó el oficio de remisión de la apelación incidental el 3 de agosto de 2022; es decir, dentro del plazo previsto en la citada normativa; empero, la Auxiliar de su dependencia remitió la referida apelación al superior en grado el 11 de similar mes y año, advirtiéndose una dilación injustificada de cinco días, no precisamente de la autoridad judicial accionada sino de parte de la Auxiliar de su dependencia, en tal sentido aplicó el principio iura novit curia que rige también en las acciones de defensa, además de la aplicación de la acción de libertad innovativa a efecto de su determinación.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante Acuerdo Jurisdiccional TCP-AJ-SP-04/2024 de 9 de mayo, se dispuso el adelanto de sorteo, en cumplimiento a dicha determinación la Comisión de Admisión de este Tribunal, sin aguardar el orden cronológico respectivo, procedió al sorteo de la presente causa.

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso vinculado al principio de celeridad; toda vez que, al haber planteado recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 578/2022 de 2 de agosto, que rechazó la cesación a su detención preventiva, no fue remitida al superior en grado hasta la interposición de la presente acción de defensa, evidenciándose dilación en la remisión ordenada, lo que impide que el Tribunal de apelación resuelva su situación jurídica. En revisión corresponde, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II.1. Plazo para la remisión de la apelación incidental al tribunal de alzada, prevista en el art. 251 del CPP

La misma SCP 1093/2023-S3 de 13 de noviembre, refirió: “Al respecto, la SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, precisó que: ‘La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas…’” (las negrillas y el subrayado nos corresponden).

II.2. Acción de libertad innovativa

La SCP 0522/2023-S3 de 31 de mayo, respecto a la acción de libertad innovativa, señaló: “…la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección -libertad personal, vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción-; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efectos de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional; evitando de esta forma, futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales” (las negrillas son nuestras).

III. CASO CONCRETO

Identificado el problema jurídico planteado, los hechos denunciados y su ratificación en audiencia de acción de libertad, la ausencia de informe de la autoridad judicial accionada, como los antecedentes cursantes en el expediente constitucional; se tiene que, dentro el proceso penal por la presunta comisión del delito de favorecimiento de enriquecimiento ilícito que sigue el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, en audiencia de consideración de cesación a la detención preventiva de 2 de agosto de 2022, el Juez accionado dictó el Auto Interlocutorio 578/2022 de igual data, rechazando la petición del accionante, lo que mereció que éste, haciendo uso de su derecho a la impugnación, interponga el recurso de apelación incidental contra la referida Resolución, acto en el cual la autoridad hoy accionada, dispuso la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas (fs. 8 y vta.). Ahora bien, de la documental adjunta a fs. 9 y vta., se observa el oficio de remisión de antecedentes de apelación incidental de 3 de agosto de 2022, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 20142603, dirigida a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, firmado por la autoridad judicial hoy accionada y recepcionada por la referida Sala el 11 del mismo mes y año a horas 8:40, consignando que la remisión fue realizada por el Auxiliar del Juzgado, lo que evidencia que la apelación reclamada por el accionante fue despachada incluso con posterioridad a la interposición y admisión de la acción de libertad, en el entendido que fue interpuesta el 10 de igual mes y año a horas 11:55 (fs. 1). En ese sentido, si bien es evidente que la autoridad hoy accionada firmó el oficio de remisión de apelación ante la referida Sala Penal Tercera dentro del plazo legal, se materializó con ocho días de demora, cuando el art. 251 del CPP modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, textualmente establece: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad …”, lo que de acuerdo a la documental adjunta se evidencia que no ocurrió, ya que el legajo de apelación fue remitido al día siguiente de la citación de la autoridad judicial accionada, conforme se precisa del formulario de citación con la acción tutelar al accionado, el 10 de agosto de 2022 a horas 13:15 (fs.6), aspectos que dan a entender a esta Sala, que únicamente se materializó la remisión ordenada en virtud al planteamiento de la acción de defensa y no en cumplimiento a la norma penal invocada; y, si bien la obligación corresponde a un funcionario de apoyo judicial; empero, conforme a las disposiciones de la Ley del Órgano Judicial, quien ejerce la autoridad jurisdiccional es el Juez, quien está en la obligación de supervisar que sus funcionarios de apoyo judicial, cumplan a cabalidad con sus disposiciones, en las formas y los plazos previsto por ley, teniendo la potestad sancionadora a través de conminatorias, llamadas de atención y de remisión de antecedentes ante la instancia disciplinaria conforme a la norma referida y al Acuerdo 20/2018 de 27 de febrero del Consejo de la Magistratura.

Conforme a estos aspectos, es que se concluye en la evidente vulneración de los derechos del accionante; toda vez que, la no remisión oportuna de la apelación incidental ante el Tribunal de alzada, impidiendo que éste conozca los antecedentes y resuelva la situación jurídica del peticionante de tutela quien de acuerdo a lo vertido en la demanda tutelar, se encuentra privado de su libertad aproximadamente cinco años, provocó una dilación injustificada al sobrepasar el plazo de las veinticuatro horas que determina la referida disposición normativa. Asimismo, teniéndose presente que la remisión del legajo de apelación fue efectivizada, pero con posterioridad al planteamiento de esta acción tutelar, conforme al Fundamento Jurídico II.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional instituye los alcances de la acción de libertad bajo su modalidad innovativa como mecanismo de defensa tutelar, que no sólo busca la protección de los derechos del accionante, aún así, habiendo cesado las lesiones a los citados derechos, tiene por finalidad que en un futuro, la ilegalidad en la que incurrió la autoridad accionada, no se reitere. Otras consideraciones

La Jueza de garantías en la Resolución 035/2022 de 11 de agosto, resolvió denegar la tutela respecto al Juez accionado por considerar que la dilación en la remisión del legajo de la apelación incidental fue provocada por la Auxiliar dependiente de la prenombrada autoridad jurisdiccional; sin embargo, conforme la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, establece que: “…a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales precedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…”. (las negrillas nos corresponden), entendimiento reiterado en la SCP 0475/2019-S3 de 26 de agosto, entre otras. Consecuentemente, del informe oral evacuado por el Juez accionado en audiencia de acción de libertad, no se tiene por evidente que hubiera atribuido a la Auxiliar de su dependencia dilación alguna; por el contrario trató de justificar el retraso en la remisión de la apelación con el argumento que la parte solicitante de tutela no hubiera proporcionado los recaudos necesarios para la remisión al superior en grado, razón por la que no es coherente afirmar que la responsabilidad recae sobre la mencionada Auxiliar -más aún si no fue demandada en la presente acción de defensa-; toda vez que, es la autoridad jurisdiccional accionada quien en su calidad de contralor de derechos y garantías constitucionales, debió verificar y asegurar que todos los actuados procesales se lleven a cabo dentro de los marcos legales, quedando por establecido su legitimación pasiva en la presente demanda tutelar, y no sobre la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, al no tener constancia efectiva en antecedentes que hubiera incurrido en algún tipo de dilación u omisión en la remisión del legajo de apelación incidental como determinó la Jueza de garantías; considerando además que la referida funcionaria de apoyo judicial no se constituyó como demandada en esta acción tutelar. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela solicitada con relación a la autoridad judicial accionada y conceder contra la Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 035/2022 de 11 de agosto, cursante de fs. 11 a 13, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimosegunda del departamento de La Paz -constituida en Jueza de garantías-; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad innovativa, conforme a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Llamar severamente la atención a Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer el departamento de La Paz, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en el presente fallo Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

MSc. Isidora Jiménez Castro

MAGISTRADA

Dr. Petronilo Flores Condori

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0599_2024-S3.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 3075bc0819aa3057233ce133a478f12cb74cce7acabf8d3173a33b6df901111b

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