Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 23 de marzo de 2023
Deniega la tutela
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, puesto que la Vocal ahora accionada desde el 8 de noviembre de 2021, no señaló audiencia de consideración de su recurso de apelación incidental, dilatando de forma ilegal el trámite del referido recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAL-SCIII 17/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0064/2023-S3 Sucre, 23 de marzo de 2023 SALA TERCERA Magistrado Relator: Dr. Petronilo Flores Condori Acción de libertad Expediente: 44119-2021-89-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAL-SCIII 17/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fabricio Elioth Flores Márquez en representación sin mandato de Primitivo Atila Muñoz contra Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
El accionante a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 11 de noviembre de 2021, cursante de fs. 2 a 4 vta., manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto y sancionado por el art. 272 bis del Código Penal (CP), la Jueza de Partido Mixto de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba le negó la cesación de su detención preventiva, determinación que apeló; por lo que a través del Auto de Vista de 26 de octubre de 2021 la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, conminó a la referida Jueza para que emita nueva “resolución” acorde a los parámetros establecidos en la audiencia de aplicación de medidas cautelares; sin embargo, la citada Jueza por Auto de 5 de noviembre de 2021, no cumplió con esa determinación y nuevamente negó la cesación de su detención preventiva, lo que motivó la interposición del recurso de apelación incidental, mismo que radicó el 8 de noviembre de 2021 en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, pero a pesar que transcurrió tres días no existe a la fecha -entiéndase a la presentación de esta acción de libertad- señalamiento de audiencia, por lo tanto existe una dilación ilegal porque no se estaría tramitando el señalado recurso de apelación con celeridad y cuando fue a averiguar se le informó que debido a la carga procesal se señalaría fuera del margen razonable sentado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, dejándolo en incertidumbre al continuar con detención preventiva.
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, citando al efecto los arts. 22 y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y, en consecuencia: a) Se señale día y hora de audiencia en el plazo razonable, para la resolución de su recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto de 5 de noviembre de 2021; y, b) Se condene a la reparación de daños y perjuicios
Celebrada la audiencia virtual el 12 de noviembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 51 a 52 vta, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad y ampliándolo manifestó que: 1) Conforme a la SCP “0213/2014” ratificado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, “0142/2018-S2”, “143/2018-S3” y “006/2019” la presente acción de defensa se fundamenta en la acción de libertad innovativa, ya que de antecedentes se puede evidenciar que la Vocal ahora accionada les notificó con el señalamiento de audiencia del recurso de apelación incidental, por lo que con base en la lealtad procesal y la buena fe, su audiencia se desarrolló en el transcurso de la mañana de ese día; no obstante, aquello no significa que no se hubiera vulnerado su derecho al debido proceso; 2) El art. 405 con relación al art. 406 del Código de Procedimiento Penal (CPP) modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece que cuando las partes procesales interponen un recurso de apelación incidental, es obligación del Juez de la causa remitir el mismo en el plazo de veinticuatro horas y las Salas una vez radicada la causa, dentro de las veinticuatro horas deben notificar con el señalamiento de audiencia, aspecto que no ocurrió en el presente caso, siendo que una vez radicada su causa por la Vocal hoy accionada, su audiencia no fue señalada dentro de las veinticuatro horas, conforme establece la normativa penal; y, 3) De acuerdo al informe de la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se indicó que la audiencia se señalaría en una semana, en razón a que únicamente contarían con un Vocal, extremo que motivó a que se presente esta acción tutelar.
Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe presentado el 12 de noviembre de 2021, cursante a fs. 47 y vta. así como en audiencia, manifestó que: i) Su Sala cuenta con acefalia de una de sus vocalías desde hace un año y once meses y pese a los reiterados reclamos no fue atendida, siendo la única titular que va soportando toda la carga procesal, situación que se agravó en octubre -de 2021- por la baja médica de la Secretaria de dicha Sala por el lapso de veinticinco días, extremos que no impiden que se le remitan apelaciones de medidas cautelares, incidentales y restringidas, consultas de excusas tanto de juzgados de capital como de provincias, constituyéndose inhumano poder resolver los mismos en los plazos establecidos por la norma, pero hace lo necesario para que el señalamiento de audiencias no sean muy lejanos; y, ii) Emitió el Auto de Vista en esa fecha -12 de noviembre de 2021- con la que fueron notificadas las partes, por lo que no existe motivo para que se interpongan recursos extraordinarios.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución RAL-SCIII 17/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56 vta., denegó la tutela solicitada; bajo los siguientes fundamentos: a) La audiencia de consideración de medidas cautelares se materializó el 5 de noviembre de 2021, actuado en el que el accionante interpuso recurso de apelación incidental, habiéndose dispuesto la remisión de antecedentes en el plazo de veinticuatro horas, pero recién fue remitido el 8 de ese mes y año, casi al finalizar la jornada laboral, es así que la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, realizó el señalamiento de audiencia el día siguiente de recibida la causa, el 9 del citado mes y año, señalando día y hora de audiencia de consideración del recurso de apelación incidental, para el 12 de igual mes y año a las 8:10 horas encontrándose las partes legalmente notificadas la cual se llevó adelante, existiendo por ello sustracción de materia u objeto procesal; es decir, que desaparecieron los supuestos del hecho denunciado a través de la acción de libertad, la cual era la falta de señalamiento de audiencia y notificación con el señalamiento de audiencia; b) Si bien el accionante solicita la aplicación de la acción de libertad innovativa; sin embargo, se tiene que la audiencia fue señalada dentro del plazo de veinticuatro horas y se materializó en un tiempo razonable, conforme establece la jurisprudencia constitucional, que señala que en casos justificados la audiencia puede celebrarse dentro de los cinco días siguientes de recibidas las actuaciones; c) La Vocal ahora accionada tiene una acefalía desde hace dos años atrás y que la Secretaria de dicha Sala se encontraba con baja médica por veinticinco días, datos que justifican la realización de la audiencia en la referida fecha, por ello no procede la acción de libertad innovativa; y, d) El hecho que no se le hubiera notificado con el señalamiento de audiencia, se constituye en un aspecto formal que no subyace a lo material. En vía de complementación y enmienda el accionante a través de su representante sin mandato, solicitó a la Sala Constitucional se le explique, si la “Secretaria” señaló audiencia para el 8 de noviembre de 2021 cumpliendo lo establecido por el art. 406 del CPP, pero bajo el principio de verdad material, si eso fuera así, porque de forma posterior a la presentación de esta acción de libertad recién se les puso en conocimiento dicho señalamiento, y en base al análisis realizado se establezca la aplicación de la acción de libertad innovativa. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba emitió el Auto de esa misma fecha, rechazando el pedido del accionante, manifestando que: 1) Debido a que esa Sala Constitucional no hizo referencia al art. 406 del CPP, sino al art. 251 del CPP que hace a las apelaciones de medidas cautelares concretamente, por lo que al no ser parte de la Resolución el art. 406 del referido Código, no puede ser sujeto de explicación; 2) Sobre el hecho que se le hubiera notificado con el decreto de señalamiento de audiencia fuera de las veinticuatro horas, en aplicación a la verdad material, se efectuó la verificación de dicho señalamiento, concluyendo con la materialización dentro del plazo razonable establecido por la Ley y la jurisprudencia constitucional; y, 3) No existe concepto obscuro, error material y omisión que amerite una explicación.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa en Acta de audiencia de cumplimiento de Auto de Vista de 5 de noviembre de 2021 celebrada por la Jueza de Partido Mixto de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, la defensa técnica de Primitivo Atila Muñoz -ahora accionante- conforme el art. 251 del CPP planteó recurso de apelación incidental contra el Auto de la misma fecha y solicitó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, disponiendo la Jueza de la causa mediante Auto de complementación de la citada fecha, la remisión del “cuadernillo procesal” ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (fs. 29 a 32 vta.). II.2. Mediante Oficio de 8 de noviembre de 2021 se remitió antecedentes del recurso de apelación incidental planteado por el accionante ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 34). II.3. A través del decreto de 9 de noviembre de 2021 se señaló audiencia para “Vista y Resolución” del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, para el 12 de noviembre de 2021 (fs. 35 y vta.). Notificándose con dicho señalamiento de audiencia al accionante el 11 de noviembre de 2021 a las 14:07 horas, mediante WhatsApp a su abogado Fabricio Elioth Flores Márquez (fs. 36). II.4. Cursa Acta de audiencia pública de vista y resolución de apelación de medida cautelar de 12 de noviembre de 2021 celebrada por Mirtha Mabel Montaño Torrico, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora accionada- (fs. 37 a 41 vta.).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, puesto que la Vocal ahora accionada desde el 8 de noviembre de 2021, no señaló audiencia de consideración de su recurso de apelación incidental, dilatando de forma ilegal el trámite del referido recurso. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP modificado por la Ley 1173, conforme el siguiente texto: “(APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son nuestras). La SCP 0435/2015-S3 de 17 de abril, estableció que: “La Constitución Política del Estado en su art 180.II, garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; por lo que, dentro de un proceso judicial, una de las partes que no esté de acuerdo con una resolución emitida por el administrador de justicia o considere que la misma vulnera sus derechos o en alguna medida atenta contra sus intereses, tiene derecho a que dicha resolución sea revisada por un tribunal superior, en un plazo razonable y de forma oportuna; y éste determine si efectivamente el administrador de justicia obró correctamente. Para el recurso de apelación incidental de medidas cautelares, de forma específica el art. 251 del CPP, establece que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas, y una vez interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro horas, debiendo resolver el Tribunal de alzada en el plazo de setenta y dos horas. En relación al plazo otorgado para la remisión de los antecedentes ante el Tribunal de alzada, una vez interpuesto el recurso de apelación incidental contra la resolución que imponga medidas cautelares” (las negrillas son nuestras). Así también la SCP 0571/2012 de 20 de julio, sostuvo que: “…el trámite del recurso de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es sumario, pues una vez interpuesto, el cuaderno procesal correspondiente debe ser remitido ante la Sala Penal de turno de la entonces Corte Superior de Justicia en el término perentorio de veinticuatro horas, siendo obligación del Tribunal de alzada, resolver la apelación en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones; constituyéndose este recurso en un medio idóneo, eficaz e inmediato de defensa previsto por el procedimiento penal que permite a las partes reclamar las lesiones a sus derechos, posibilitando que el Tribunal ad quem en grado, corrija los errores en los que hubiera incurrido el juez o tribunal a quo y que motivaron el recurso de alzada, obligando dicha norma procesal, que el Juez, remita la apelación planteada dentro de las veinticuatro horas de presentada. En tal sentido, el trámite de concesión, remisión y resolución del recurso de apelación contra las resoluciones que determinen, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, debe ser inmediato y de ninguna manera, ser objeto de dilaciones indebidas que demoren la pronta definición de la situación jurídica del imputado, debiendo en consecuencia, respetarse los plazos perentorios establecidos por la norma adjetiva penal señalada, pues las dilaciones indebidas en que pudieran incurrir los juzgadores o el personal de apoyo jurisdiccional, vulneraría el derecho a la libertad” (el resaltado es nuestro).
La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que:“…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: '…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas nos corresponden).
La accionante a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento de celeridad, puesto que la Vocal ahora accionada desde el 8 de noviembre de 2021, no señaló audiencia de consideración de su recurso de apelación incidental, dilatando de forma ilegal el trámite del referido recurso. De la revisión de antecedentes se establece que en Acta de Audiencia de cumplimiento de Auto de Vista de 5 de noviembre de 2021 celebrada por la Jueza de Partido Mixto de Sentencia Penal y del Trabajo y Seguridad Social Primero de Sacaba del departamento de Cochabamba, la defensa técnica de Primitivo Atila Muñoz -ahora accionante- conforme el art. 251 del CPP planteó recurso de apelación incidental contra el Auto de la misma fecha y solicitó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, disponiendo la Jueza de la causa mediante Auto de complementación de la citada fecha, la remisión del “cuadernillo procesal” ante la Sala Penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento (Conclusión II.1.), extremo que se realizó por Oficio de 8 de noviembre de 2021 (Conclusión II.2.).
A través del decreto de 9 de noviembre de 2021 se señaló audiencia para “Vista y Resolución” del recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, para el 12 de noviembre de 2021 (fs. 35 y vta.). Notificándose con dicho señalamiento de audiencia al accionante el 11 de noviembre de 2021 a las 14:07 horas, mediante WhatsApp a su abogado Fabricio Elioth Flores Márquez (Conclusión II.3.); cursando Acta de audiencia pública de vista y resolución de apelación de medida cautelar de 12 de noviembre de 2021 celebrada por la Vocal -ahora accionada-(Conclusión II.4.). Conforme a la jurisprudencia citada en los Fundamentos Jurídicos III.1. y III.2. de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible o dentro de un plazo razonable, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, siendo una de esas solicitudes el planteamiento del recurso de apelación incidental contra resoluciones que disponen, modifican o rechazan una medida cautelar, trámite sumario que determina que una vez que es de conocimiento del Tribunal de alzada, este debe ser resuelto dentro de los tres días siguientes. En ese entendido, se tiene que el Auto de 5 de noviembre de 2021, que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante fue apelada en audiencia de la referida fecha por la Jueza de la causa, siendo remitida a la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a las 15:16 horas del 8 del mismo mes y año, y al haberse establecido en esa época -de acuerdo a lo señalado por la Sala Constitucional que conoció esta acción de libertad- la jornada laboral en horario continuo, dicha remisión fue decretada el 9 de noviembre de 2021, fijándose audiencia para el 12 de igual mes y año, decreto que fue notificado al abogado del accionante vía WhatsApp el 11 de noviembre de 2021 a las 14:07, de forma posterior a la interposición de esta acción de libertad, que cuenta con cargo de recepción de esa misma fecha a las 12:38 horas (fs. 4 vta.), siendo notificada la Vocal hoy accionada el 12 de noviembre de 2021 a las 8:37 horas. De lo que se extrae que, sí existió el señalamiento de audiencia extrañado, el cual si bien no fue notificado inmediatamente de ser emitido, el mismo fue realizado en un tiempo que permitió que el accionante tuviera conocimiento de dicho acto y pudiera participar en el mismo, extremo aceptado por el accionante en audiencia de esta acción de libertad y que también se constata de la documentación adjuntada a esta acción tutelar, como ser el Acta de audiencia pública y resolución de apelación de medidas cautelares de 12 de noviembre de 2021, además aunque dicho actuado procesal no fue programado dentro de los tres días siguientes de recibidos los antecedentes, tal cual establece el art. 251 del CPP, que es aplicable al presente caso, al tratarse de una apelación contra una resolución que dispone, modifica o rechaza una medida cautelar; sin embargo, fue programado en un plazo razonable, un día después, considerando que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba de acuerdo al Oficio de 8 de octubre de 2021 cuenta con una acefalia desde casi dos años atrás (fs. 42) y que la Secretaria -Ana Maria Daza Nava- de dicha Sala se encontraba con baja médica del 2 al 25 de octubre de 2021 (fs. 43 a 44); situaciones que se encuentran debidamente acreditadas a través de las documentales adjuntas. En ese sentido, la dilación denunciada no se torna en transcendental porque no impidió que la situación jurídica del accionante, privado de libertad sea definida en un término prudencial, debido a que se llevó adelante la audiencia del recurso de apelación cuyo señalamiento fue extrañado; consecuentemente, no corresponde conceder la tutela solicitada. Finalmente, en cuanto a la solicitud reparación de daños y perjuicios, esta no puede ser considerada en razón a la denegatoria de la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAL-SCIII 17/2021 de 12 de noviembre, cursante de fs. 53 a 56 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo expuesto en los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dr. Petronilo Flores Condori
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0064_2023-S3.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): ec09153c1fac2015b900bb857da7acb20ab11b33c11365c34dc221edfb2f2acb
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