B.IA.LEGAL

SCP 0095/2024-S4

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Cuarta Especializada · 9 de abril de 2024

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Cuarta Especializada
Fecha
9 de abril de 2024
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano
Expediente
47691-2022-96-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — innovativa

Qué se discutió

El accionante denunció la lesión del debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, vinculado a su libertad, y los derechos a la vida, salud e integridad física; toda vez que, solicitó audiencia de modificación a las medidas cautelares; misma que fue señalada para el 12 de abril de 2022; empero, sin justificativo alguno y en atención a una nota marginal de igual fecha, la autoridad demandada suspendió dicho verificativo para trece días después; es decir, para el 25 del citado mes y año; inobservando el plazo de las cuarenta y ochos horas establecidas por ley; lo que motivó la interposición del recurso de reposición; por cuyo efecto, el juzgador modificó la fecha y hora de audiencia, señalando la misma para el 21 de igual mes y año, incumpliendo de igual forma el plazo establecido en el art. 239 del CPP, provocando incertidumbre en la definición de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 10 a 14 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo, que el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en el plazo máximo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar siempre y cuando, no se hubiese realizado el acto procesal en cuestión.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares
  3. III.3. De la presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y falta de informe sobre los hechos denunciados
  4. III.4. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional
  5. III.5. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0095/2024-S4 Sucre, 9 de abril de 2024 SALA CUARTA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano Acción de libertad Expediente: 47691-2022-96-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 06/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 10 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta Jorge Daniel Condori Machaca y Daniela Sanabria Rojas en representación sin mandato de Marcelo Vallejos Sacaca contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez, y Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 20 de abril de 2022, cursante de fs. 3 a 5; el accionante a través de sus representantes sin mandato manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal que se le sigue en su contra, la autoridad ahora demandada, mediante decreto señaló audiencia de modificación de medidas cautelares, consistente en su detención domiciliaria, para el 12 de abril de “2021” –siendo lo correcto 2022– a las 11:15; sin embargo, la misma fue suspendida debido a que la autoridad jurisdiccional tenía otra audiencia presencial en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, reprogramándose el verificativo para el 25 del citado mes y año; es decir, trece días después de que se fijó la primera audiencia, decisión asumida sin considerar que se encuentra detenido un año, siete meses y doce días, tiempo que supera abundantemente el tiempo de investigación correspondiente a la etapa preparatoria.

Añadió que, si bien el 12 de abril de 2022, fecha en la cual debió llevarse a cabo su audiencia de modificación de medidas cautelares, la autoridad demandada junto con el Ministerio Público, se encontraban desarrollando otra audiencia en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, no es menos cierto que su persona al estar privado de su libertad en el mismo Centro reclusorio, se hallaba presente físicamente en esa fecha; razón por la que, no existía óbice alguno para que su audiencia sea también llevada a cabo; lo que no ocurrió, difiriéndose por el contrario el verificativo de su causa para el 25 de igual mes y año, incumpliéndose los plazos establecidos en la normativa procesal penal, pues conforme prevé el art. 239.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres –Ley 1173 de 3 de mayo de 2019–, ante su solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares, concernía a la autoridad jurisdiccional señalar audiencia para su consideración dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas y no con un intermedio de trece días, como ocurrió.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El solicitante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, denunció la lesión del debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, vinculado a su libertad, y los derechos a la vida, salud e integridad física, citando al efecto los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada y, en consecuencia; a) Se conmine a la autoridad demandada y al Secretario de Juzgado, cambiar el día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares; b) Se remita antecedentes ante la autoridad competente, por adecuar los demandados su conducta, a las faltas disciplinarias previstas en la Ley del Órgano Judicial y a los delitos establecidos en el art. 177 bis del Código penal (CP); y, c) Se determinen costas y costos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 21 de abril de 2022, conforme consta en el acta cursante de fs. 8 a 9 vta., presente la parte accionante y ausente la autoridad y funcionario jurisdiccional demandados; se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la demanda

La parte solicitante de tutela reiteró el contenido de su demanda de acción de libertad y ampliándola, a través de sus abogados, señaló que: 1) A la fecha sigue privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, pese a que, su proceso se encontraría con sobreseimiento y notificado a todas las partes sin objeción ni impugnación alguna, situación que fue de conocimiento de la autoridad demandada; 2) Por cuestiones económicas no pudo cumplir con la presentación de garantes ni con la fianza; sin embargo, al existir nuevos elementos probatorios que demuestran que no fue el autor ni partícipe de los ilícitos que se le acusan y por los cuales se encuentra privado de libertad, solicitó audiencia de modificación a las medidas cautelares; misma que fue señalada para el 12 de abril de 2022; empero, sin justificativo alguno y en atención a una nota marginal de igual fecha, la autoridad demandada suspendió dicho verificativo para trece días después; es decir, para el 25 del citado mes y año; siendo que la norma establece que el Juez debe fijar audiencia dentro de las cuarenta y ochos horas de realizada la solicitud, 3) Tanto el Juez de la causa como el Secretario –hoy demandados– no dieron explicación alguna del porqué se suspendió la audiencia de modificación de medidas cautelar con una nota marginal; 4) El Ministerio Público nunca solicitó la ampliación de la detención preventiva en su contra; pudiendo la autoridad demandada de oficio considerar su situación jurídica; empero, hasta la fecha no lo hizo, lesionando con ello su derecho a la libertad, a la vida, a la salud y a la integridad física; 5) Ante la inobservancia de plazos por parte de la autoridad jurisdiccional demandada, interpuso recurso de reposición; de cuyo efecto, el juzgador modificó la fecha y hora de audiencia; 6) Si bien la autoridad demandada reconsideró la fecha de audiencia, empero, esa situación no lo exime de responsabilidad ni desaparece el motivo de la presente acción de defensa; ya que, conforme se tiene contemplado en el art. 48.6 del Código de Procedimiento Constitucional (CPCo), aun habiendo cesado las causas que originaron la acción de libertad, la audiencia de esta acción tutelar debe de llevarse a cabo a objeto de establecer responsabilidades; y, 7) Habiendo subsanado el juzgador el motivo de la presente acción de defensa, solicitó se conceda la tutela bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, a fin de que el Juez demandado no vuelva a incurrir en ese tipo de omisiones que se dio en su caso y pueda llevar adelante una correcta administración de justicia.

I.2.2. Informe de la autoridad y funcionario demandados

Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de consideración de la acción de defensa, pese a su legal citación cursante a fs. 6. Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, a través del informe escrito de 20 de abril de 2022, cursante de fs. 7, manifestó lo siguiente: i) De la revisión del cuaderno jurisdiccional se evidenció que mediante Auto de 19 de igual mes y año, se dejó sin efecto la nota marginal de 12 de abril de 2022; y, ii) La abogada del ahora accionante, de forma maliciosa no hizo la revisión correspondiente del cuaderno de control jurisdiccional, en el cual cursan las respectivas notificaciones, por ello, impetró se deniegue la tutela solicitada.

I.2.3. Resolución

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 06/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 10 a 14 vta., denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) En cuanto a la solicitud de audiencia de modificación de medidas cautelares, la misma fue programada para el 13 de abril de 2022 a las 11:00, al haber reiterado su solicitud la parte impetrante de tutela, se modificó la fecha para el 12 de igual mes y año, a las 11:15, bajo la modalidad virtual, suspendiéndose dicha audiencia para el 25 de abril de 2022, a las 11:30, reiterando nuevamente el ahora solicitante de tutela fecha de audiencia de modificación de medidas cautelares, razón por la cual, la autoridad demandada emitió un auto de oficio, el cual corrigió procedimiento de acuerdo al art. 168 del CPP, dejando sin efecto la nota marginal de 12 del citado mes y año, señalando nuevo día y hora de audiencia para el 21 de abril de 2022, a las 08:50; b) La autoridad demandada incurrió en demora para el señalamiento y desarrollo de la audiencia de modificación de medidas cautelares del impetrante de tutela, obviando el tiempo transcurrido de la detención preventiva del accionante de más de un año, siete meses y doce días, sin considerar que existía una resolución de sobreseimiento en la causa por la que fue investigado el solicitante de tutela; c) Se pudo establecer que evidentemente el accionante solicitó en varias oportunidades audiencia para modificación de medidas cautelares; de las cuales, la autoridad demandada, de oficio y por Auto de 19 de abril de 2022, corrigió procedimiento y dejó sin efecto el señalamiento de audiencia de nota marginal de 12 de igual mes y año, modificando la fecha para el 21 de abril de 2022, a las 8:50, habiendo sido notificados todos los sujetos procesales, según consta en el cuaderno de control jurisdiccional; d) La parte accionante no hizo conocer que la audiencia de modificación de medidas cautelares debió llevarse a cabo la misma fecha de la presente audiencia de consideración de esta acción tutelar, no teniéndose la certeza si se llevó o no a cabo el mencionado verificativo, siendo obligación de la parte solicitante de tutela haber hecho conocer dicho extremo, no pudiendo analizar lo impetrado por el accionante; puesto que, no realizó ninguna fundamentación en relación a que si se llevó a cabo la audiencia o si hubo algún resultado al respecto; y, e) En vía de aclaración, complementación y enmienda, la parte impetrante de tutela señaló que no se llevó a cabo ninguna audiencia, en ese sentido la Sala Constitucional ratificó que habiéndose notificado a las partes procesales de la causa nueva fecha de audiencia de modificación de medidas cautelares para el 21 de abril de 2022, a las 08:50 y la audiencia de acción de libertad en la misma fecha para las 09:00; corresponde establecer que el objeto para presentación de la acción de defensa ya fue cumplida, desconociendo cuál fue el resultado de la misma, declarando no ha lugar la aclaración, complementación y enmienda solicitada por la parte accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Nota marginal de 12 de abril de 2022, firmada por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz y Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del citado Juzgado –ahora demandados–, por la que, se señaló que no se instaló la audiencia dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcelo Vallejos Sacaca –hoy accionante–; toda vez que, la autoridad jurisdiccional demandad se encontraba en audiencia presencial en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en cumplimiento al Instructivo “8/2022”, en mérito a lo cual, el Juzgador fijó nueva fecha de audiencia para el 25 de igual mes y año, a las 11:30 (fs. 1). II.2. Por memorial presentado el 12 de abril de 2022; el ahora impetrante de tutela solicitó por cuarta vez al Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, señalamiento de nueva audiencia de modificación de medidas cautelares, al encontrarse privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y en consideración a la resolución de sobreseimiento en su favor, la cual no fue objeto de impugnación alguna por las partes del proceso, mereciendo dicho escrito el decreto de 13 de igual mes y año; por el que, la autoridad demandada indicó al hoy accionante esté a la Nota marginal de 12 de abril de 2022 (fs. 2).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció la lesión del debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, vinculado a su libertad, y los derechos a la vida, salud e integridad física; toda vez que, solicitó audiencia de modificación a las medidas cautelares; misma que fue señalada para el 12 de abril de 2022; empero, sin justificativo alguno y en atención a una nota marginal de igual fecha, la autoridad demandada suspendió dicho verificativo para trece días después; es decir, para el 25 del citado mes y año; inobservando el plazo de las cuarenta y ochos horas establecidas por ley; lo que motivó la interposición del recurso de reposición; por cuyo efecto, el juzgador modificó la fecha y hora de audiencia, señalando la misma para el 21 de igual mes y año, incumpliendo de igual forma el plazo establecido en el art. 239 del CPP, provocando incertidumbre en la definición de su situación jurídica. En consecuencia, corresponde analizar en revisión, si lo alegado es evidente, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0988/2015-S3 de 12 de octubre, citando a la SCP 1874/2014 de 25 de septiembre, sostuvo que: “…La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se encuentra desarrollada por la jurisprudencia de este Tribunal, entendida como el medio procesal idóneo para que las partes de un proceso puedan obtener la celeridad necesaria en los trámites judiciales o administrativos cuando en los mismos exista dilaciones innecesaria o indebidas y como efecto se prolonga una restricción al derecho a la libertad, criterio este que va en conjunción con el principio de celeridad reconocido en los arts. 178 y 180.I de la CPE, al indicar: 'La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez…' (art. 180.I); por ende todo administrador de justicia en ejercicio de sus funciones, se encuentra constreñido a observar los indicados principio, evitando dilaciones indebidas o innecesarias que sólo generen perjuicio al derecho a la vida o la libertad de los procesados, criterio que es concordante con instrumentos internacionales, así los arts. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), que señalan el derecho que tiene toda persona a ser juzgada en un proceso sin dilaciones indebidas. En ese sentido, este tipo de acción se activa para reparar las lesiones al derecho a la libertad ante demoras injustificadas que perjudican a la persona privada de la misma, es así que la importancia de la acción de libertad de pronto despacho se encuentra, entre otras, en la SCP 0011/2014 de 3 de enero, que sobre el tema indicó que esta acción: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos”’ (las negrillas son nuestras).

III.2. Celeridad en el señalamiento de audiencias de cesación o modificación de medidas cautelares

Sobre la celeridad con la deben actuar los administradores de justicia en el señalamiento de audiencias de cesación o modificación a la detención preventiva la SCP 0849/2022-S4 de 22 de julio, refirió que: “El art. 239 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, en relación a la cesación de la detención preventiva, establece que planteada la solicitud, el juez deberá señalar audiencia para su resolución en el plazo máximo de cinco días, cuyo incumplimiento, configuraría una dilación indebida, generando así una lesión al derecho a la libertad de las personas que se encuentran bajo esta medida, cuyas solicitudes debieran ser atendidas con la mayor celeridad posible dentro los plazos previstos por ley (SCP 0759/2012 de 13 de agosto, entre otras). Ahora bien, a efectos de determinar cuáles deben considerarse actos dilatorios, que lesionando el debido proceso inciden negativamente sobre el derecho a la libertad, la SC 0078/2010-R, de 3 de mayo, con base en los postulados establecido en los arts. 8 y 180.I de la Constitución Política del Estado estableció las sub-reglas para su identificación, estableciendo que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: ‘…c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad’. Por lo mencionado, es deber ineludible de las autoridades jurisdiccionales señalar la respectiva audiencia cumpliendo los términos estipulados por la normativa legal vigente, caso contrario se estaría lesionando el derecho a la libertad y el principio de celeridad. En consonancia con la jurisprudencia precedentemente señalada, corresponde establecer que tratándose de audiencias en las que se solicite la modificación de la medida cautelar, también debe regir el principio de celeridad y el cumplimiento de los plazos establecidos por ley, presupuestos que no solo son aplicables para el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva, sino también para aquellas audiencias en las que se pide la consideración de la modificación de las medidas cautelares; puesto que, dada la situación de la persona, tras encontrarse detenida preventivamente; y habiendo sido en el caso concreto, beneficiado el accionante con la detención domiciliaria previo el cumplimiento de requisitos, que no son posibles en su cumplimiento, por su condición económica, la misma que podrá ser considerada en la audiencia de modificación de medidas cautelares por su importancia al encontrarse detenido preventivamente, se tiene que, igualmente este extremo amerita una atención preferente por parte de los administradores de justicia; toda vez que, también se trata de solicitudes y trámites vinculados al derecho a la libertad de las personas, en ese entendido, la petición de modificación de la medida cautelar debe ser atendida en los plazos señalados por la jurisprudencia constitucional antes referida y con la debida celeridad que ello implica” (las negrillas fueron agregadas). De igual forma la SCP 0529/2023-S4 de 22 de junio, efectuando un análisis sobre la celeridad que debe regir la tramitación concerniente a la audiencia referida al exordio, y en alusión a la jurisprudencia previa desarrollada sobre la misma, sostuvo que: “La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, indica que: ‘La solicitud de cesación de detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, está regida por el principio de celeridad procesal. (…).

De acuerdo al sistema procesal penal vigente, plasmado en la Ley 1970 o Código de Procedimiento Penal, el art. 239, establece los casos en que procede la cesación de la detención preventiva, empero, el presente análisis no se aboca a los casos particulares, a ninguno de los incisos del art. 239 del CPP, ni a los aspectos positivos o negativos, legales o doctrinales, o a su interpretación o efectos, sino sólo y exclusivamente a aspectos generales como es la celeridad en su trámite una vez efectuada la solicitud. En ese sentido, es preciso puntualizar que la detención preventiva, no tiene por finalidad la condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación, lo cual implica el trámite a seguir; y si bien no existe una norma procesal legal que expresamente disponga un plazo máximo en el cual debe realizarse la audiencia de consideración, corresponde aplicar los valores y principios constitucionales, previstos en el ya citado art. 8.II de la CPE, referido al valor libertad complementado por el art. 180.I de la misma norma constitucional, que establece que la jurisdicción ordinaria se fundamenta en el principio procesal de celeridad entre otros; motivo por el cual toda autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de un detenido o privado de libertad, debe tramitar la misma, con la mayor celeridad posible, y dentro de los plazos legales si están fijados, y en un plazo razonable, si no está establecido por ley. De no ser así, tal actuación procesal provocaría efectos dilatorios sobre los derechos del detenido y en consecuencia repercute o afecta a su libertad que de hecho ya está disminuida por la sola privación de libertad en que se encuentra, sin que este razonamiento implique que necesariamente se deba deferir a su petición, sino, se refiere a que sea escuchado oportunamente a fin de que obtenga una respuesta positiva o negativa’. Además, cabe resaltar que el art. 239 del CPP, (…) establece los plazos procesales para la consideración de la audiencia de cesación a la detención preventiva (…). …debe tenerse presente que la celeridad en la atención de este tipo de solicitudes vinculadas con el derecho a la libertad personal de los procesados, ha motivado la modificación de la indicada norma por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, que reduce el plazo de cinco días arriba citado a cuarenta y ocho (48) horas; modificación que si bien aún no se encuentra vigente dada la vacatio legis establecida en la Disposición Final Primera de la citada Ley, resulta pertinente a los fines de establecer que la voluntad del legislador se ha abocado a reducir aún más los plazos para la consideración de solicitudes de modificación de medidas cautelares para maximizar el principio de celeridad con relación a la situación jurídica de los procesados privados de libertadʹ. Complementando el análisis del espíritu de la Ley 1173, conviene hacer hincapié en el objeto de la misma, que es procurar la pronta y oportuna resolución de los conflictos penales, adoptando al efecto, medidas indispensables para profundizar la oralidad, fortalecer la lucha contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, evitar el retardo procesal y el abuso de la detención preventiva y posibilitar la efectiva tutela judicial de las víctimas. En el entendido de que, en la fecha que se suscitaron los hechos de esta acción de defensa, ya se encontraba en plena vigencia la precitada Ley, es menester resaltar que ésta, no solo acortó los plazos de señalamiento de audiencia del art. 239 del adjetivo penal, en el caso concreto, de cinco a dos días (48 horas), sino que también ha previsto cambios en la sustanciación de las audiencias –incluida la de cesación a la detención preventiva–, y en las notificaciones en general; por lo que, siempre en observancia del principio de celeridad, y la necesaria interpretación sistemática y exegética de la norma, para la tramitación de este tipo de actos procesales, necesariamente se debe acatar los siguientes artículos del adjetivo penal: Artículo 113. (AUDIENCIAS). I. Las audiencias se realizarán bajo los principios de oralidad, inmediación, continuidad y contradicción. Excepcionalmente, podrá darse lectura de elementos de convicción en la parte pertinente, vinculados al acto procesal. En ningún caso se alterará el procedimiento establecido en este Código, autorizando o permitiendo la sustanciación de procedimientos escritos, cuanto esté prevista la realización de audiencias orales. En el juicio y en las demás audiencias orales, se utilizará como idioma el castellano, alternativamente, mediante resolución fundamentada, la jueza, el juez o tribunal podrá ordenar la utilización del idioma originario del lugar donde se celebra el juicio. Si alguna de las partes, los jueces o los declarantes no comprenden con facilidad el idioma o la lengua utilizada, la jueza, el juez o tribunal nombrará un intérprete común.

Cuando alguna de las partes requiera de un intérprete en audiencia, comunicará esta circunstancia con la debida antelación a la autoridad jurisdiccional, debiendo ofrecerlo o solicitar la designación de uno de oficio. II. Las audiencias se realizarán con la presencia ininterrumpida de las partes, salvo las excepciones establecidas en este Código. Si el imputado, de manera injustificada, no comparece a una audiencia en la cual sea imprescindible su presencia, o se retira de ella, la jueza o el juez librará mandamiento de aprehensión, únicamente a efectos de su comparecencia. Si el defensor, de manera injustificada, no comparece a la audiencia o se retira de ella, se considerará abandono malicioso y se designará un defensor estatal o de oficio. La jueza, el juez o tribunal sancionará al defensor conforme prevé el Artículo 105 del presente Código. Sin perjuicio, se remitirán antecedentes al Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, para fines de registro. Si el querellante, de manera injustificada, no comparece a la audiencia solicitada por él o se retira de ella sin autorización, se tendrá por abandonado su planteamiento. La incomparecencia del fiscal será inmediatamente puesta en conocimiento del Fiscal Departamental para la asignación de otro, bajo responsabilidad del inasistente. En ningún caso la inasistencia del fiscal podrá ser suplida o convalidada con la presentación del cuaderno de investigación. La jueza, el juez o tribunal en ningún caso podrá suspender las audiencias por las circunstancias señaladas en el presente Parágrafo, bajo su responsabilidad, <b>debiendo hacer uso de su poder ordenador y disciplinario y disponer todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de las partes. Excepcionalmente, ante la imposibilidad de llevar a cabo la audiencia por causas de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados o ante la necesidad del abogado estatal o de oficio de preparar la defensa, la jueza, el juez o tribunal señalará audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho (48) horas, debiendo habilitarse incluso horas inhábiles. La o el abogado ni la o el fiscal podrán alegar como causal de inasistencia por fuerza mayor o caso fortuito, la notificación para asistir a un otro acto procesal recibida con posterioridad” (las negrillas son nuestras).

III.3. De la presunción de veracidad en acciones de libertad, por inconcurrencia del demandado a la audiencia y falta de informe sobre los hechos denunciados

Al respecto la SCP 0102/2014-S1 de 24 de noviembre, citando a la SC 0038/2011-R de 7 de febrero, señaló que: “…cuando un servidor público, no cumple con su deber de asistir a la audiencia de acción de libertad y no presenta el informe respectivo sobre los hechos demandados por el accionante, es posible aplicar el principio de presunción de verdad (…) Tradicionalmente, para garantizar el logro de los fines del Estado, la función pública ha implicado una posición de autoridad respecto a los administrados; sin embargo, conforme a la doctrina contemporánea del Derecho Administrativo, dicha autoridad no es un fin en sí misma, sino un medio para un efectivo servicio a la sociedad. Con esa orientación, el art. 232 de la CPE, establece que: ‘La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados’ y el art. 235.1 de la misma Ley Fundamental, consagra que la primera y más importante obligación de las servidoras y servidores públicos, es cumplir la Constitución y las leyes. Partiendo del marco doctrinal y constitucional referido, se debe señalar que en el caso de la acción de libertad, atendiendo especialmente a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esa garantía jurisdiccional, cuando el sujeto pasivo es un funcionario público, éste tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia a fin de desvirtuar los hechos o actos denunciados como lesivos a los derechos del accionante, pues de no hacerlo se presume la veracidad de los mismos. En ese sentido, la SC 1164/2003-R de 19 de agosto de 2003 señaló: ‘Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación (…) lo que determina la procedencia del recurso’ y la SC 0650/2004-R de 4 de mayo, determinó: ‘…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso»; entendimientos reiterados, entre otras, por las SSCC 0141/2006-R, 020/2010-R y 0181/2010-R. Así, siguiendo esa línea la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió: ‘…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparece a la audiencia ni presten su informe de ley’. De lo referido precedentemente, es posible aplicar el principio de presunción de veracidad, por inasistencia de la autoridad demandada a la audiencia de acción de libertad y falta de informe sobre los hechos denunciados, tomando en cuenta las circunstancias del caso, siempre que su aplicación no afecte a terceros interesados o el interés público. Si bien este principio es propio del procedimiento administrativo, a través del cual la administración pública a-priori, presume iuris tantum, que el actuar de los administrados en la presentación de documentos y declaraciones formuladas responde a la verdad de los hechos que aseveran. En sentido más amplio, resulta aplicable cuando el servidor público, por su inasistencia a la audiencia de acción de libertad o falta de informe priva al juez o tribunal de garantías, de pruebas que ayuden a esclarecer los hechos y decidir la situación demandada, viéndose en la necesidad de dar crédito a las aseveraciones del accionante, sustentándose en el principio de buena fe, en tanto que tal presunción como se tiene referido, no afecte derechos de terceros o el interés público” (el resaltado es nuestro).

III.4. Legitimación pasiva y responsabilidad de las/los servidores de apoyo jurisdiccional

La SCP 0504/2020-S4 de 29 de septiembre, respecto a la responsabilidad de los servidores de apoyo jurisdiccional y la consiguiente legitimidad pasiva, citando a su vez la SCP 0961/2019-S4 de 21 de noviembre, estableció que: “‘Acerca de la responsabilidad del personal jurisdiccional subalterno, la SC 1093/2010-R de 27 de agosto, reiteró lo siguiente: «…la jurisprudencia de este Tribunal en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, señaló: ‘Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció «…que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 116.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización Judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial (…)».

Ampliando este entendimiento, es necesario establecer que la responsabilidad o no del personal subalterno por contravenir lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional será evaluada de conformidad a la actuación de esta, una vez prevenido de la omisión o comisión de la vulneración alegada, con el objetivo de reconducir el procedimiento y restituir los derechos o garantías vulnerados, puesto que si la autoridad jurisdiccional convalida la actuación, vulneradora o no del personal subalterno, automáticamente se deslinda de responsabilidad, con la consecuencia de asumirla por completo’.

Es decir que la responsabilidad del personal subalterno de los juzgados y salas de las Cortes Superiores de Distrito, no reúnen esa calidad o coincidencia para ser demandados, dado que son funcionarios que se encuentran sometidos a órdenes o instrucciones impartidas por la autoridad judicial; empero, establece la jurisprudencia que pueden ser demandados en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así también dicho entendimiento fue ampliado en sentido que si la autoridad judicial, conocedora el acto vulneratorio de derechos o garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno»’.

En el contexto, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva; por lo que, es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como la falta o inoportuna recepción de dineros para cubrir las fianzas económicas, elaboración del cuadernillo de apelación, de actas o de notificación a las partes, o el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, tratándose en especial de temas en los que está comprometida la libertad personal, en general, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo jurisdiccional, hechos que repercuten negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado; por cuanto, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; puesto que, de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado; toda vez que, le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente; consiguientemente, el buen desempeño de las labores administrativas y jurisdiccionales involucra tanto a los servidores de apoyo, pero principalmente a las autoridades judiciales propiamente dichas, de ahí que las responsabilidades emergentes del incumplimiento de las funciones y obligaciones no pueden centralizarse en una sola persona u autoridad, ya que cada servidor público tiene el deber de desempeñar sus funciones en el estricto marco de las disposiciones normativas que regulan su labor, más aún si de ello surge la lesión de los derechos objeto de protección de la presente garantía jurisdiccional” (las negrillas son del texto original).

III.5. Análisis del caso concreto

El peticionario de tutela denunció la lesión del debido proceso en su vertiente del principio de celeridad, vinculado a su libertad, y los derechos a la vida, salud e integridad física; toda vez que, solicitó audiencia de modificación a las medidas cautelares; misma que fue señalada para el 12 de abril de 2022; empero, sin justificativo alguno y en atención a una nota marginal de igual fecha, la autoridad demandada suspendió dicho verificativo para trece días después; es decir, para el 25 del citado mes y año; inobservando el plazo de las cuarenta y ochos horas establecidas por ley; lo que motivó la interposición del recurso de reposición; por cuyo efecto, el juzgador modificó la fecha y hora de audiencia, señalando la misma para el 21 de igual mes y año, incumpliendo de igual forma el plazo establecido en el art. 239 del CPP, provocando incertidumbre en la definición de su situación jurídica. Identificada que fue la problemática venida en revisión y de acuerdo a los antecedentes que acompañan esta acción tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Marcelo Vallejos Sacaca –ahora impetrante de tutela–; se labró la Nota marginal de 12 de abril de 2022, firmada por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz y Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del citado Juzgado –ahora demandados– por la que, se señaló que no se instaló la audiencia programada en ese fecha; toda vez que, la autoridad jurisdiccional se encontraba en audiencia presencial en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, en cumplimiento al Instructivo 8/2022, en mérito a lo cual, el Juzgador fijó nueva fecha de audiencia para el 25 de igual mes y año, a las 11:30 (Conclusión II.1). Asimismo, el impetrante de tutela por memorial presentado el 12 de abril de 2022; solicitó por cuarta vez a la autoridad demandada el señalamiento de nueva audiencia de modificación de medidas cautelares, indicando que se encuentra privado de su libertad en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz y recalcando que existe una resolución de sobreseimiento en su favor que no había sido objeto de impugnación ni objeción alguna por las partes del proceso, mereciendo dicho escrito el decreto de 13 de igual mes y año; por el que, la autoridad demandada, indicó al accionante esté a la Nota marginal de 12 de abril de 2022 (Conclusión II.2); decisión contra la cual el accionante planteó recurso de reposición, el cual fue resuelto por el juzgador modificando la fecha y hora del verificativo para el 21 del mes y año mencionados. Ahora bien, corresponde precisar que conforme a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad judicial que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, activándose en ese caso la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, la cual busca acelerar los trámites judiciales cuando existen dilaciones indebidas. En ese contexto, considerando los antecedentes desglosados precedentemente, resulta ser evidente la dilación de la que fue objeto el accionante a tiempo de solicitar el señalamiento de audiencia de modificación de medida cautelar; toda vez que, la autoridad ahora demandada, no obstante haber fijado la audiencia hoy extrañada para el 12 de abril de 2022, decidió suspenderla en atención a la Nota marginal de igual fecha, por la que, se hace conocer que no se había instalado dicho verificativo, en virtud a que su autoridad se encontraba con audiencias presenciales en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz; motivo por el cual, y a efectos de resolver lo que corresponda, mediante decreto de 12 de abril de 2022, el juzgador fijó nuevo día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares para el 25 del indicado mes y año, es decir, trece días después del antedicho señalamiento, contraviniendo el plazo de cuarenta y ocho horas, estipulado por el art. 239 del CPP; hecho que da cuenta de una primera dilación por parte del Juez demandado. Asimismo, se tiene que el impetrante de tutela planteó recurso de reposición contra el decreto de 12 de abril de 2022, siendo resuelto por la autoridad demandada mediante Auto de 19 de igual mes y año, dejando sin efecto la Nota Marginal de referencia, programando la audiencia para el 21 de igual mes y año, a las 08:50, es decir, nueve días después de la suspensión referida, evidenciándose una segunda dilación por parte de dicha autoridad, quien intentando corregir procedimiento, determinó fijar el verificativo igualmente fuera del término contemplado por la normativa penal citada anteriormente; y, por último, la audiencia de consideración de modificación de medidas cautelares de la indicada fecha, tampoco fue instalada en la hora indicada; toda vez que, a las 9:00 del 21 de abril de 2022, se desarrolló la audiencia de esta acción tutelar, desconociéndose si de manera posterior se llevó o no a cabo el verificativo extrañado por el accionante, estableciéndose con ello, una tercera dilación por parte del Juez demandado, quien al no haber concurrido a la audiencia de esta acción tutelar, y no presentar informe alguno, dio por probados los extremos denunciados por el impetrante de tutela. Actuaciones asumidas por el Juez de la causa, que sin duda trajeron como consecuencia la afectación del derecho a la libertad del peticionario de tutela y el goce de otros derechos conexos a éste, como es el debido proceso y el acceso a una justicia pronta y oportuna; toda vez que, de manera injustificada dilató la resolución de la situación jurídica del accionante, incumpliendo lo dispuesto por el art. 239 del CPP y lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, señalando audiencia de modificación de medidas cautelares fuera del plazo de cuarenta y ocho horas establecido por ley, inobservando su deber de actuar con la debida celeridad que corresponde imprimir en los trámites referidos a la revisión de las medidas cautelares de carácter personal, obviando considerar que el adolescente imputado –ahora impetrante de tutela– se encuentra privado de su libertad, pese a que se emitió en su favor resolución de sobreseimiento que no fue impugnada por ningún sujeto procesal. En consecuencia, corresponde conceder la tutela solicitada, bajo la modalidad de pronto despacho, en virtud a la dilación advertida en la consideración y resolución efectiva de la solicitud de modificación de la medida cautelar extrema, impuesta en contra del impetrante de tutela, vinculada directamente con su derecho a la libertad.

Finalmente, en lo que respecta a la actuación del Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, hoy codemandado, en la presente acción de libertad, se advierte que el mismo también es corresponsable de la dilación denunciada, dado que dentro de las obligaciones comunes asignadas en el art. 94.I.14 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), a las secretarias y los secretarios, está la de controlar e informar de oficio al tribunal y juzgado, sobre el vencimiento de los plazos para dictar resoluciones, bajo responsabilidad; entendiendo que este informe no solo se supedita al pronunciamiento de resoluciones, sino también, a la obligación de informar al juzgador sobre el cumplimiento de los plazos establecidos por ley para el señalamiento de audiencias, sea de cesación de medidas cautelares o modificación de las mismas, como ocurre en el caso que hoy toca analizar, siendo éste un deber propio de la función que desempeña como funcionario de apoyo judicial, incumplió tal obligación e ignoró que la audiencia de modificación de medida cautelar debió indefectiblemente ser señalada dentro de las cuarenta y ocho horas de presentada la solicitud, pues es parte de sus obligaciones el verificar el cumplimiento de plazos de cada causa y realizar un control sobre los expedientes, debiendo ser informado al Juez respectivo, para que asuma las medidas necesarias y garantice la tramitación de las audiencias sin ninguna dilación, lo que en los hechos no aconteció, incumpliendo su deber como funcionario de apoyo jurisdiccional e incurriendo en la vulneración de los derechos a la libertad vinculado con el debido proceso del accionante, correspondiendo por ello, conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Cuarta Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 06/2022 de 21 de abril, cursante de fs. 10 a 14 vta., pronunciada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz; y en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, disponiendo, que el Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer Primero del departamento de La Paz, en el plazo máximo de veinticuatro horas computables a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, señale audiencia de consideración de modificación de medida cautelar siempre y cuando, no se hubiese realizado el acto procesal en cuestión. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

René Yván Espada Navía

MAGISTRADO

Más sobre Acción de libertad — innovativa

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_0095_2024-S4.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8cf2f91301150a7d94cc2483b992208790eee1c6869d211f7a36b76ccfbb0056

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →