Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la libertad a ejercer derechos constitucionales”, señalando que, emergente de una acción de amparo constitucional que interpusieron contra la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., obtuvieron una decisión favorable a sus intereses mediante la SCP 0469/2022-S2, que ordenó el cumplimiento inmediato de sus beneficios socio-laborales; sin embargo de ello, el fallo firme no se ejecutó porque las autoridades judiciales y administrativas remitieron el caso de una instancia a otra, generando dilaciones, actuaciones que configuradas en flagrancia, conforme al art. 230 del CPP, se constituyen en el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, previsto en el art. 179 bis del CP, cuya persecución penal correspondía activar de inmediato a la Fiscalía Departamental; por lo que, presentó denuncia ante el Ministerio Público, sin obtener respuesta; incurriendo la autoridad fiscal demandada en inobservancia del art. 48 de la CPE; puesto que, la falta de ejecución de la sentencia afectó su libertad de ejercer sus derechos, colocándolos en una situación análoga a un “encarcelamiento” derivado de la inacción estatal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 52 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1287/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55498-2023-111-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 12 de 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 52 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Isidro Cáceres Baldiviezo e Ismael Andonaigue Segovia contra Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 28 a 31 vta., los accionantes manifestaron lo siguiente:
Fueron despedidos y desde hace más de dos años junto a otros trabajadores que fueron retirados de la Empresa Agroindustrial Totai Citrus Sociedad Anónima (S.A.) estuvieron “peregrinando justicia” en distintas instancias -Ministerio de Trabajo, jueces laborales, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal de garantías-sin obtener la ejecución efectiva de sus derechos laborales; ante cuya emergencia, muchos de sus compañeros desistieron ante la retardación de justicia, pero ellos mantuvieron la búsqueda de tutela, logrando finalmente una decisión favorable mediante la “SCP 1034/2021-S4” -lo correcto es 0469/2022-S2- de 8 de junio, que declaró la vulneración de sus derechos y dispuso el cumplimiento inmediato de sus beneficios. Sin embargo, pese a que el fallo constitucional es firme, su ejecución tornó un nuevo obstáculo, pues diversas autoridades judiciales y administrativas remitieron los casos a distintas áreas, dilatando la actuación y evitando el cumplimiento efectivo, habilitándoles la vía penal, convirtiéndose la acción incurrida en un concurso de delitos. Ante este escenario, afirmó que existiría “flagrancia” en los términos del art. 230 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pues el incumplimiento de una sentencia constitucional sería un hecho evidente e inmediato, que no requería investigación alguna. La falta de ejecución dentro del plazo de tres días dispuesto por el “Juez constitucional” transformaría la inobservancia en un ilícito penal, configurando el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa o de inconstitucionalidad previsto en el art. 179 bis del Código Penal (CP), sancionado con la pena de reclusión de dos a seis años a los servidores públicos o particulares que incumplan resoluciones emitidas en acciones de defensa. Desde el vencimiento del plazo, la conducta de las autoridades constituye un concurso real de delitos; por lo que, correspondía la actuación inmediata del Ministerio Público. Acudieron a la Fiscalía Departamental -al igual que una anterior ocasión-denunciando la desobediencia y solicitando actuación inmediata por flagrancia; empero, no obtuvieron respuesta oportuna, a pesar que las sentencias constitucionales -por su carácter vinculante y obligatorio- exigen su cumplimiento inmediato; por lo que, al no actuar de manera inmediata la autoridad fiscal demandada, vulneró su derecho al salario y, con ello, sus derechos a la subsistencia, salud, vida y los de su familia, ya que dependían de sus haberes para cubrir alimentación y servicios básicos. Además del Ministerio Público, acudieron al Comando Departamental de la Policía, donde también fueron víctimas de hostigamiento, amenazas y falta de garantías para la ejecución de la Sentencia Constitucional, acusando a autoridades que presuntamente favorecen a empresarios e inobservar el art. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio, reiterando que la falta de ejecución de la SCP 0469/2022-S2, conculcó su libertad de ejercer derechos constitucionales, generándoles una situación semejante a estar “encarcelados” por la inacción estatal.
Denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad, a ejercer derechos constitucionales, sin citar norma constitucional alguna.
Solicitaron se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se otorgue una orden de aprehensión por flagrancia contra Mario Antonio Sucedo Blanco y otros; y, b) Si fuere necesario, la acción de libertad sea reconducida.
Celebrada la audiencia pública el 4 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 48, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su abogado, en audiencia ratificaron los argumentos de su acción tutelar y ampliándola, señaló lo siguiente: 1) Conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SCP 0098/2018-S3 de 9 de abril, la acción de libertad innovativa no solo protege derechos subjetivos vinculados a la vida y libertad física, sino también derechos en su dimensión objetiva, al evitar la reiteración de conductas contrarias al orden constitucional, esta garantía tiene la función de tutelar bienes de protección reforzada y conductas que afecten derechos fundamentales de manera estructural; 2) Invocó el art. 48 de la CPE, enfatizando que los derechos laborales deben interpretarse bajo el principio de protección al trabajador, lo que implica resguardar no solo la libertad física, sino también todas las áreas vinculadas a la subsistencia, como el acceso a alimentos, salud y estabilidad familiar, que dependen del pago de salarios devengados; 3) Se demostró documentalmente que existía incumplimiento por parte de la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., de las conminatorias de reincorporación y pago de salarios devengados, recordando que la SCP 0496/2022-S2, concedió tutela y ordenó el cumplimiento de la “Conminatoria 115/2020”, emitida por la Jefatura Departamental de Trabajo Santa Cruz; decisión que tiene fuerza vinculante inmediata y que el Tribunal de garantías conminó nuevamente a la citada sociedad industrial mediante proveído notificado el 25 de agosto a horas 10:45, otorgando un plazo de tres días para su cumplimiento, conforme al carácter obligatorio de las sentencias constitucionales; 4) Una vez vencido dicho plazo sin que la empresa haya dado cumplimiento, la omisión incurrida se convirtió en ilícito penal, configurando el delito de desobediencia previsto en el art. 179 bis del CP, encontrándose además dentro de los supuestos de flagrancia regulados por el art. 230 del CPP, pues la desobediencia persiste de manera continua durante las veinticuatro horas siguientes al vencimiento de la orden constitucional, no requiriendo de una nueva “acción de amparo” para ejecutar una sentencia constitucional, y que por ello los trabajadores acudieron directamente al Ministerio Público para que se ejecute la orden y se disponga la aprehensión del Representante legal de la citada Empresa; 5) La vulneración de su derecho al salario adquirió dimensión constitucional reforzada, pues al no percibir sueldos desde hace más de dos años, ellos y sus familias vieron comprometidos sus derechos a la vida, salud y subsistencia, tratándose de un grupo vulnerable al que debe aplicarse el principio de interpretación más favorable y el derecho preferente en materia laboral; ya que, en su condición de trabajadores incluso realizaron huelgas durante meses sin que sus derechos fueran restituidos, y que solo un pequeño porcentaje logró reincorporarse, pese a la existencia de decisiones judiciales firmes; y, 6) El incumplimiento reiterado de sentencias constitucionales y conminatorias generó una antinomia jurídica que debe resolverse en favor de los derechos fundamentales, pudiendo incluso abrirse un precedente constitucional en revisión, invocó normas y tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el principio pro persona y el deber de los jueces constitucionales de reconducir una acción tutelar cuando se trate de grupos vulnerables, solicitando finalmente que se interprete favorablemente la acción tutelar planteada y se ordene la aprehensión por flagrancia del Representante legal de la nombrada Empresa, ratificándose en todos los términos de la demanda constitucional.
Roger Rider Mariaca Montenegro, Fiscal Departamental de Santa Cruz, por informe escrito de 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 36 a 40 vta., señaló que: i) La aprehensión por delito flagrante sólo procede en los supuestos del art. 230 del CPP; es decir, cuando el autor es sorprendido cometiendo el hecho o inmediatamente después; en el presente caso, no concurre ninguna condición de flagrancia; además, si hubiera un incumplimiento constitucional, la vía correcta era acudir ante el Tribunal de garantías solicitando la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la eventual persecución penal por el art. 179 bis del CP -desobediencia a resoluciones en acciones de defensa-, siendo el fiscal quien, conforme al art. 226 del Código Adjetivo Penal, deba determinar la pertinencia de la aprehensión dentro de un proceso penal, previa verificación de los requisitos de los arts. 284, 285 y siguientes del CPP; ii) La SC 1261/2001-R de 28 de noviembre, sobre la legitimación activa, señala que debe existir relación directa entre el accionante y el derecho vulnerado; asimismo, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0102/2020-S3, 2182/2012; y, 0192/2010-R, respecto a la legitimación pasiva, enfatizaron que la acción debe dirigirse contra quien efectivamente produjo la lesión a la libertad; sin embargo, su autoridad no realizó ningún acto u omisión que afecte a la libertad de los accionantes; por lo que, carece de legitimación pasiva, impidiendo el análisis de fondo; iii) Los impetrantes de tutela no agotaron las vías específicas previstas para ejecutar una sentencia constitucional; toda vez que, de conformidad a lo previsto por los arts. 16, 17 y 40 del Código Procesal Constitucional (CPCo), la ejecución de una sentencia le corresponde al juez o tribunal que la dictó, y en caso de resistencia deben solicitarse medidas coercitivas, fuerza pública o multas progresivas. Sólo ante la resistencia se puede remitir antecedentes al Ministerio Público, así establecen las SSCC 1526/2002-R, 1016/2002-R, 1198/2003-R, 1326/2003-R y 0026/2004-R; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0243/2012 y 0213/2017-S2, entre otras; y, iv) Las decisiones del Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen fuerza obligatoria conforme al art. 203 de la CPE y al art. 15 del CPCo; por ello, los accionantes debieron acudir a la instancia competente para el cumplimiento y ejecución de la Sentencia Constitucional Plurinacional, no mediante una acción de libertad.
En audiencia la autoridad demandada expuso lo siguiente: a) Comprende la preocupación de los accionantes respecto a sus beneficios sociales -los cuales son imprescriptibles, conforme a la Constitución Política del Estado-; sin embargo, precisó que es necesario delimitar el rol institucional del Ministerio Público dentro del marco legal vigente. Si bien existe una Sentencia Constitucional Plurinacional favorable para los impetrantes de tutela, el incumplimiento de la misma debe canalizarse por los procedimientos establecidos, particularmente a través del recurso de queja, mecanismo que corresponde activar ante la Sala que emitió la decisión originaria dentro del departamento; b) Realizada la denuncia ante la sala constitucional competente, sobre el incumplimiento, ésta debe correr traslado a la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., para que exponga las razones de dicho incumplimiento, y solo en caso de que la respuesta carezca de fundamento o se constate la vulneración efectiva de la Sentencia Constitucional Plurinacional, dicha instancia dará curso formal al recurso de queja y remitirá los antecedentes legalizados u originales al Ministerio Público, generándose la competencia para iniciar investigación penal por el delito previsto en el art. 179 bis del CP; y, c) Dicho procedimiento previo es indispensable para habilitar la acción penal y que el Ministerio Público únicamente puede actuar dentro del marco procesal que regula su intervención. Aseguró a los accionantes que, una vez cumplidas las etapas procedimentales y agotadas las instancias ante la autoridad constitucional correspondiente, la Fiscalía hará prevalecer los derechos reconocidos en la norma suprema, actuando sobre la base de los elementos e indicios emergentes del caso.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante Resolución 12 de 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 52 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) La SCP 0469/2022-S2, que reconoció la estabilidad laboral de los accionantes Isidro Cáceres Baldiviezo e Ismael Andonaigue Segovia, constituye cosa juzgada constitucional, y ordenó el pago de sus salarios devengados y su reincorporación a la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., disponiendo su cumplimiento en el plazo de tres días. Sin embargo, dicha Sentencia no fue ejecutada, generando perjuicios que -a su juicio inciden en los derechos a la vida y salud de los impetrantes de tutela, quienes han peregrinado durante un largo tiempo para obtener el cumplimiento de lo ordenado; 2) Examinó la legitimación pasiva del Fiscal Departamental, observando que, conforme a los arts. 224, 226 y 230 del CPP, las órdenes de aprehensión o actuaciones coercitivas sólo pueden ser emitidas dentro de un proceso penal constituido, situación que no se presenta en el caso. Asimismo, de acuerdo con el art. 34 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), la nombrada autoridad fiscal no posee atribuciones para librar mandamientos de aprehensión ni para ordenar operativos policiales, siendo el órgano competente para ejecutar una sentencia constitucional o requerir el auxilio de la fuerza pública, el juez o tribunal de garantías que dictó la resolución en primera instancia, según lo previsto en el art. 16 del CPCo; 3) En cuanto a la subsidiariedad excepcional, coincidió con lo manifestado por la parte demandada respecto a que los peticionantes de tutela debieron agotar previamente el procedimiento constitucional del recurso de queja, regulado en los arts. 16 y 17 del citado Código, a fin de activar la conminatoria, obtener el informe de la parte incumplidora, hasta lograr el pronunciamiento expreso mediante auto constitucional sobre la existencia de incumplimiento del fallo constitucional, y recién entonces, viabilizar la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la eventual investigación por el delito previsto en el art. 179 bis del CP. Asimismo, el cumplimiento de las sentencias constitucionales es inmediato y obligatorio, conforme lo dispuesto en el art. 203 de la CPE, pero su ejecución debe observar los canales procesales establecidos; y, 4) Al no haberse agotado el procedimiento del recurso de queja -según el propio reconocimiento de los accionantes-, determinó que existía un impedimento procesal, tanto por falta de legitimación pasiva del Fiscal Departamental como por incumplimiento del requisito de subsidiariedad excepcional; lo cual, imposibilita ingresar al análisis de fondo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta la SCP 0469/2022-S2 de 8 de junio, dictada dentro de la acción de amparo constitucional seguida por Isidro Cáceres Baldiviezo e Ismael Andonaigue Segovia contra Marco Antonio Saucedo Blanco, Representante de la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., oportunidad en la que se revocó la Resolución 73/21 de 2 de junio de 2021, y en consecuencia se concedió la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento total de la Conminatoria de Reincorporación Laboral - por Estabilidad Laboral JDTSC/FRC/CONM 115/2020 de 18 de septiembre (fs. 6 a 15). II.2. Mediante memorial presentado el 5 de abril de 2023, ante los Vocales de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Isidro Cáceres Baldiviezo e Ismael Andonaigue Segovia, solicitaron que en cumplimiento a la SCP 0469/2022-S2, se tenga por adjuntada la proforma de sueldos devengados realizada por la Jefatura Departamental de Trabajo del citado departamento (fs. 19). II.3. Por decreto de 7 de abril de 2023, los Vocales de la citada Sala Constitucional, dispusieron que el memorial supra señalado, fuese puesto en conocimiento de la parte demandada para su correspondiente cumplimiento en el plazo de tres días; dicha providencia fue notificada a la parte obligada el 25 del citado mes y año (fs. 20 y 22).
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la libertad a ejercer derechos constitucionales”, señalando que, emergente de una acción de amparo constitucional que interpusieron contra la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., obtuvieron una decisión favorable a sus intereses mediante la SCP 0469/2022-S2, que ordenó el cumplimiento inmediato de sus beneficios socio-laborales; sin embargo de ello, el fallo firme no se ejecutó porque las autoridades judiciales y administrativas remitieron el caso de una instancia a otra, generando dilaciones, actuaciones que configuradas en flagrancia, conforme al art. 230 del CPP, se constituyen en el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, previsto en el art. 179 bis del CP, cuya persecución penal correspondía activar de inmediato a la Fiscalía Departamental; por lo que, presentó denuncia ante el Ministerio Público, sin obtener respuesta; incurriendo la autoridad fiscal demandada en inobservancia del art. 48 de la CPE; puesto que, la falta de ejecución de la sentencia afectó su libertad de ejercer sus derechos, colocándolos en una situación análoga a un “encarcelamiento” derivado de la inacción estatal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La improcedencia de activar otra acción de libertad cuando existe sentencia constitucional de una primera acción, del cual emerge el que se interpone, es otra causal de improcedencia de esta acción tutelar que se suma a las previstas en el art. 53 del CPCo, cuyo origen tiene construcción jurisprudencial, con dos subreglas relevantes sistematizadas en la SCP 0157/2015-S3 de 20 de febrero, como son: a) Es improcedente peticionar a través de otra acción de amparo constitucional u otra acción de defensa, el cumplimiento de una resolución constitucional de amparo o de otra acción de defensa -incluye la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional- o en su caso denunciar su incumplimiento; y, b) Es improcedente, a través de otra acción de amparo u otra acción de defensa, impugnar o cuestionar total o parcialmente decisiones o resoluciones de autoridades o personas particulares emergentes del cumplimiento -parcial, distorsionado o tardío- de las resoluciones constitucionales -incluye a la decisión de los jueces o tribunales de garantías y la del Tribunal Constitucional Plurinacional-. En ambos supuestos, las partes accionante o demandada, aún ya exista sentencia constitucional pronunciada por el Tribunal Constitucional Plurinacional deben acudir ante el mismo juez o tribunal de garantías que emitió la resolución constitucional inicial, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 40.II del CPCo, que señala: “La Jueza, Juez o Tribunal en Acciones de Defensa, para el cumplimiento de sus resoluciones, sin perjuicio de la responsabilidad penal, adoptará las medidas que sean necesarias, pudiendo requerir la intervención de la fuerza pública y la cumplimiento a lo dispuesto por el juez de garantías, dentro de acciones de libertad o amparo constitucional, el accionante debe acudir ante el mismo juez de garantías que emitió la resolución, o en su caso a la vía ordinaria para hacer cumplir la misma; puesto que no corresponde presentar una nueva acción tutelar contra las mismas autoridades ya demandadas en una acción tutelar anterior”. La SCP 0344/2012 de 22 de junio, también resaltó la ineficacia de la acción de amparo constitucional para el cumplimiento de otro amparo, refiriendo que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe mencionar la jurisprudencia constitucional que fue emitida con anterioridad en supuestos similares. Así se tiene que la SC 0591/2010-R de 12 de julio, refiriéndose a la falta de idoneidad en la presentación de una acción tutelar para lograr el cumplimiento de resoluciones de hábeas corpus -hoy acción de libertad- y amparo constitucional, señaló: 'Las resoluciones de la jurisdicción constitucional, deben ser cumplidas a través de los mecanismos que franquea la ley, no pudiendo activarse la acción de amparo constitucional, con el único fin de buscar el cumplimiento de las resoluciones pronunciadas en un anterior amparo constitucional'”. Siguiendo el entendimiento establecido por la jurisprudencia constitucional, la SCP 0243/2012 de 29 de mayo, también manifiesta que sobre el supuesto incumplimiento a resoluciones pronunciadas en acciones tutelares: “`Este Tribunal en su amplia jurisprudencia estableció que ante la eventualidad de un acto de resistencia, desobediencia o incumplimiento de una Sentencia Constitucional, el accionante debe acudir ante el Juez o Tribunal que conoció la acción tutelar, por ser ésa autoridad la llamada a hacer cumplir sus propias determinaciones´. Así en la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, señaló: 'Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala que por ello, ha adecuado su conducta al ilícito de desobedecimiento a la resoluciones en procesos de recursos de hábeas corpus y amparo constitucional, por lo que debe ser puesto a disposición del Ministerio Público y del juez en lo penal; cabe señalar que por regla general: «…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de hábeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…», entendimiento que se puede encontrar en la SC 1198/2006-R de 28 de noviembre…'”. 2En esa línea de razonamiento, la SC 1387/2001-R de 19 de diciembre, expresa: "…este Tribunal reitera la jurisprudencia establecida en la Sentencia Constitucional Nº 1190/01-R en el sentido de que los jueces y tribunales, en este caso, de Hábeas Corpus deben rechazar in límine y no admitir los Recursos de Hábeas Corpus o Amparo Constitucional en aquellos casos en los que sean planteados impugnando y persiguiendo la modificación o anulación de una Resolución Constitucional (Sentencia, Auto o Declaración), en virtud del principio de la cosa juzgada constitucional previsto por los arts. 121-I de la Constitución y 42 de la Ley Nº 1836" (el resaltado es nuestro). Así, la SC 0473/2003-R de 9 de abril, establece que toda decisión asumida -por una autoridad o persona particular- en estricto cumplimiento de un una resolución constitucional -emitida por el Tribunal de garantías o Tribunal Constitucional- es inimpugnable a través de otra acción de defensa: “Por lo anotado y sin entrar a mayores consideraciones de orden legal se evidencia que la autoridad recurrida, no ha vulnerado los derechos que se invocan en el recurso, por cuanto ha actuado en cumplimiento al mencionado fallo constitucional que no puede ser objeto de cuestionamiento por mandato del art. 121.I) CPE que declara la irrevisabilidad de las Sentencias del Tribunal cuando dispone que: `contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso ulterior alguno´, norma dentro de cuyos alcances se tiene el art. 42 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) que dice: `Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno´. Las citadas normas legales -en consecuencia- dan a las sentencias constitucionales la calidad de cosa juzgada. En este sentido el recurrente al interponer el presente amparo estaría buscando contrariar los alcances de la SC 0077/2003-R, pretensión que resulta inadmisible por las razones legales expuestas” (las negrillas son nuestras). Con el mismo criterio, la SC 0163/2004-R de 4 de febrero, determina que: “…en cuanto concierne al procedimiento de los recursos de amparo, el Constituyente como el legislador, han previsto la revisión de las sentencias por este Tribunal, de modo que cuando éste se pronuncia, concluye el proceso constitucional; empero antes de ello, el proceso en recurso de amparo se encuentra pendiente, lo que significa que cualquier decisión que se hubiere tomado en ese ínterin y que las partes consideraran indebidas no pueden ser denunciadas a través de otro amparo, dado que se tendrá que esperar el fallo definitivo que goza de calidad de cosa juzgada material” (el resaltado es nuestro). Entendimiento jurisprudencial, que también se puede encontrar en las SSCC 0541/2003-R, 0542/2003-R, 0929/2003-R, entre otras.
imposición de multas progresivas a la autoridad o particular renuente”; y, lo indicado en el art. 16 del mismo cuerpo normativo, que cita: “I. La ejecución de una Resolución Constitucional con calidad de cosa juzgada, corresponde al juzgado o tribunal que inicialmente conoció la acción; II. Corresponderá al Tribunal Constitucional Plurinacional conocer y resolver las quejas por demora o incumplimiento en la ejecución antes referida…”. En efecto, de lo previsto en el art. 40.II del CPCo, se concluye que el juez o tribunal de garantías tiene competencia a denuncia de parte -accionante, demandada y también de manera excepcional, los terceros interesados, cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad, [SCP 0139/2016-S3 de 27 de enero]- de remitir al renuente de las sentencias constitucionales al Ministerio Público, para su procesamiento penal por desobediencia a resoluciones en acciones de defensa, conforme lo establecido en el art. 179 bis del Código Penal (CP) modificado por la Disposición Final Cuarta del CPCo, desobediencia que puede ser total, parcial o de presentarse un cumplimiento distorsionado de la sentencia constitucional, caso en el cual se daría el supuesto de obediencia distorsionada del fallo constitucional. Asimismo, la previsión contenida en el art. 16 del CPCo, posibilita a las partes -accionante, demandada y terceros interesados, en el supuesto señalado anteriormente- a exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional en la fase de ejecución de la misma, a través de una solicitud de cumplimiento ante el juez o tribunal de garantías que conoció y resolvió la acción primariamente; o en su caso, una denuncia de incumplimiento, total, parcial, distorsionada o tardía de la sentencia constitucional plurinacional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, bajo la denominación de queja por incumplimiento, caso en el cual puede hacer materializar sus sentencias directamente, cuando los jueces y tribunales de garantías no pudieron hacerlas cumplir, o sus medidas a ese efecto fueron insuficientes o ineficaces, supuesto en el cual puede tomar una decisión complementaria de oficio o a pedido de parte, que haga cesar la violación del derecho protegido. En razón a los remedios procesales idóneos que existen, esta línea jurisprudencial impide abrir una cadena interminable de acciones de defensa, porque desde el punto de vista práctico, una concesión de tutela perdería su efectividad en su cumplimiento, pues quedaría indefinidamente postergada hasta que la parte demandada convertida eventualmente en accionante presente otra acción de defensa contra la sentencia constitucional que le fue adversa, buscando que la justicia constitucional le otorgue razón, eventualidad, en la que el accionante original continuaría con la misma cadena de tutela hasta volver a obtenerla. De ahí, que la línea jurisprudencial citada precedentemente tiene la finalidad esencial de resguardar y proteger la eficacia del cumplimiento o ejecución de las resoluciones constitucionales, siendo un derecho fundamental que emerge a su vez del derecho fundamental a la jurisdicción o acceso a la justicia constitucional; así como de resguardar la inmutabilidad e irrevisabilidad de la cosa juzgada constitucional, que se presenta cuando existe identidad de objeto, sujeto y causa; es decir, identidad entre el problema jurídico resuelto en un primer amparo con el problema jurídico del segundo amparo; cosa juzgada que se encuentra prescrita en los art. 203 de la CPE, que señala que contra las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional “…no cabe recurso ordinario ulterior alguno” y 16 del CPCo; pues se desnaturalizaría ese mandato, si se pretendería reabrir el debate en la justicia constitucional sobre el mismo problema jurídico constitucional ya resuelto, quedando afectado el principio de seguridad jurídica. En ese orden de ideas, se aclara que el cumplimiento de una sentencia constitucional tiene carácter principal, pues es la esencia misma de una acción de defensa, en cambio el proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales es una figura distinta, que puede seguirse de manera separada a la ejecución de la sentencia constitucional, pues tiene la finalidad de imponer una sanción penal al reticente que debe cumplir la orden adoptada. De ahí, que es posible dentro de la propia jurisdicción constitucional exigir a la autoridad o el particular que hubiere sido declarado responsable de la violación o amenaza a derechos fundamentales o garantías constitucionales a cumplir la orden en los términos pronunciados por la sentencia constitucional, independientemente a iniciar un proceso penal por desobediencia a resoluciones constitucionales. Entendimiento desarrollado en la SCP 0529/2018-S2 de 14 de septiembre.
La Constitución Política del Estado estipula en su art. 125 que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (las negrillas son añadidas). Constituye un medio de defensa extraordinario, inmediato, eficaz y sumarísimo, que tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales a la libertad física y de locomoción; y, a la vida. Para que el accionante logre la tutela, cese la persecución indebida, se establezcan las formalidades o se restituya su derecho a la libertad, se dispone los siguientes supuestos para su activación, cuando: i) La vida se encuentre en peligro; ii) Exista persecución ilegal o indebida; iii) Haya procesamiento ilegal o indebido; y, iv) Exista privación de libertad indebida. En ese sentido, la SCP 0862/2014 de 8 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.1, resalta las siguientes características de la acción de libertad:
…el informalismo, que se manifiesta en la ausencia de requisitos formales en su presentación y la posibilidad, inclusive, de su formulación oral; la inmediatez, por la urgencia en la protección de los derechos que resguarda; la sumariedad, por el trámite caracterizado por su celeridad; la generalidad porque no reconoce ningún tipo de privilegio, inmunidad o prerrogativa, y la inmediación, porque se requiere que la autoridad judicial tenga contacto con la persona privada de libertad; autoridad que, inclusive, puede acudir inmediatamente a los lugares de detención e instalar allí la audiencia (las negrillas son añadidas). El precedente constitucional citado ha sido extraído de la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo.
Los accionantes denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, a ejercer derechos constitucionales”; aduciendo, que a pesar de haber obtenido una decisión favorable mediante la SCP 0469/2022-S2, que ordenó el pago inmediato de sus beneficios socio-laborales, el fallo no se ejecutó debido a dilaciones generadas por autoridades que remitieron su caso entre distintas instancias, constituyendo en flagrancia conforme al art. 230 del CPP; y, en el delito de desobediencia, previsto por el art. 179 bis del CP, cuya persecución la Fiscalía debería activar de inmediato; señaló que denunció estos hechos ante el Ministerio Público sin recibir respuesta; por lo cual, la autoridad fiscal demandada, al no haber actuado de manera inmediata, en la ejecución de la sentencia, en observancia del art. 48 de la CPE, colocándolo en una situación semejante a un “encarcelamiento” por inacción estatal; por lo que, solicitaron que esta justicia constitucional libre mandamiento de aprehensión contra el obligado. De la revisión de los antecedentes procesales cursantes en el expediente constitucional y que se encuentran establecidas en las Conclusiones del presente fallo, se establece que, mediante la SCP 0469/2022-S2, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Isidro Cáceres Baldiviezo e Ismael Andonaigue Segovia -ahora accionantes- contra Marco Antonio Saucedo Blanco, Representante de la Empresa Agroindustrial Totai Citrus S.A., la jurisdicción constitucional examinó la denuncia de vulneración de los derechos al trabajo, a una remuneración justa, a la alimentación y a la vida, atribuida al despido injustificado ocurrido el 31 de diciembre de 2020. En dicha oportunidad, se evidenció que los impetrantes de tutela acudieron a la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, instancia que emitió la Conminatoria de Reincorporación Laboral por Estabilidad Laboral JDTSC/FRC/CONM 115/2020 de 18 de septiembre, ordenando su reincorporación al mismo puesto que desempeñaban, con el pago de sueldos devengados, mantenimiento de su antigüedad y demás derechos laborales; disposición que, según los Informes JDTSC/I/VER.REINC./LAB. 093/2020 de 30 de octubre y JDTSJ/I/VER.REINC./LAB. 036/2021 de 3 de marzo, no fue cumplida por la citada empresa. En el trámite de la citada acción de amparo constitucional, la Empresa demandada alegó la inejecutabilidad de la Conminatoria por razones de fuerza mayor, ausencia de fundamentación y cierre de sus actividades; no obstante, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esa Sentencia Constitucional Plurinacional y a lo establecido en la Resolución de Doctrina Constitucional 0001/2021 de 16 de junio, se reiteró que: i) Ante el incumplimiento de una conminatoria de reincorporación laboral emitida por la autoridad administrativa, es viable la interposición directa de la acción de amparo constitucional; ii) Dichas conminatorias tienen carácter provisional, y el análisis definitivo de la relación laboral corresponde a la jurisdicción ordinaria; iii) El empleador debe dar cumplimiento inmediato a la orden de reincorporación aun cuando existan recursos pendientes; y, iv) La justicia constitucional no puede revisar la fundamentación de la conminatoria, por tratarse de cuestiones reservadas a otras jurisdicciones. En aplicación de dicha doctrina y al constatarse el incumplimiento persistente de la Conminatoria, pese a estar vigente y ser de ineludible acatamiento mientras no exista resolución ejecutoriada que disponga lo contrario, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Santa Cruz, al haber denegado inicialmente la tutela, obró de manera incorrecta; razón por la cual la SCP 0469/2022-S2, revocó la Resolución 73/21 de 2 de junio de 2021, y en consecuencia concedió la tutela solicitada, disponiendo el cumplimiento total de la Conminatoria de Reincorporación Laboral - por Estabilidad Laboral JDTSC/FRC/CONM 115/2020. Como emergencia de esta determinación, y en el afán de hacer efectiva la ejecución del fallo constitucional, los accionantes Isidro Cáceres Baldiviezo e Ismael Andonaigue Segovia presentaron memorial de 5 de abril de 2023, solicitando a los Vocales de la citada Sala Constitucional que, en cumplimiento de la SCP 0469/2022-S2, se efectuaba la presentación de la proforma de sueldos devengados elaborada por la Jefatura Departamental de Trabajo de Santa Cruz, documento indispensable para materializar el restablecimiento económico ordenado en la Conminatoria de la Jefatura Departamental de Trabajo. Con ello, los accionantes buscaban cerrar el círculo iniciado con su despido, asegurando no solo el reconocimiento formal de sus derechos, sino también la reparación económica correspondiente. Atendiendo dicha solicitud, mediante decreto de 7 de abril de 2023, los Vocales de la Sala Constitucional Segunda, dispusieron que el memorial fuese puesto en conocimiento de la parte demandada, otorgándole un plazo de tres días para su cumplimiento; providencia que fue notificada a la parte obligada el 25 del citado mes y año, marcando así el inicio de la fase de ejecución concreta de la Sentencia Constitucional previamente dictada. Ahora bien, del análisis integral de los antecedentes descritos, se advierte que resulta aplicable al objeto procesal de la presente acción de defensa, la línea jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que ha establecido que no es procedente presentar una nueva acción de defensa para exigir el cumplimiento de una resolución constitucional; ya que, el Código Procesal Constitucional prevé un procedimiento específico para ello, que debe ser tramitado ante el mismo juez o tribunal que otorgó la tutela inicial. Situación en la cual, el juez o tribunal de garantías tiene la facultad de adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las resoluciones constitucionales que haya dictado al resolver acciones de defensa. En ese marco, ingresando al análisis del caso concreto, se advierte que los accionantes pretenden que, vía de acción de libertad, se ordene la ejecución de la SCP 0469/2022-S2, alegando que la remisión de su caso entre diversas autoridades judiciales y administrativas constituye una dilación indebida que configuraría “flagrancia” en los términos del art. 230 del CPP, a la vez que, según afirman, el incumplimiento de dicho fallo configuraría el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa previsto en el art. 179 bis del CP. No obstante, tales alegaciones no modifican la naturaleza del objeto de la pretensión: el accionante busca, en esencia, que a través de esta nueva acción de libertad se materialice la ejecución de una Sentencia Constitucional Plurinacional preexistente. Ello encaja plenamente en la causal jurisprudencial de improcedencia desarrollada por la línea doctrinal consolidada en el citado Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional, que prohíbe utilizar una nueva acción de defensa para reclamar, denunciar o exigir el cumplimiento de otra anterior, máxime cuando existen remedios institucionales idóneos para ese fin. Por lo expuesto, corresponde concluir que los impetrantes de tutela debieron acudir ante la Sala Constitucional que emitió la Resolución constitucional inicial -Sala Constitucional Segunda-, solicitando la adopción de las medidas coercitivas necesarias para hacer cumplir la sentencia -incluida la remisión al Ministerio Público si correspondía- o, alternativamente, activar la queja por incumplimiento prevista en el art. 16 del CPCo, que es el cauce procesal adecuado para denunciar la falta de ejecución de la SCP 0469/2022-S2. En consecuencia, la presente acción de libertad resulta ser improcedente, al pretender sustituir los mecanismos de ejecución propios de la jurisdicción constitucional mediante una vía tutelar distinta, contrariando la doctrina constitucional, el diseño procesal del Código Procesal Constitucional y los principios de seguridad jurídica, cosa juzgada constitucional y eficacia de las sentencias emitidas en acciones de defensa. Sobre el petitorio de expedir mandamiento de aprehensión En cuanto al petitorio mediante el cual el accionante solicita que este Tribunal Constitucional Plurinacional libre mandamiento de aprehensión contra un tercero que no es parte demandada dentro de la presente acción tutelar, corresponde señalar que dicha pretensión resulta jurídicamente improcedente, por cuanto desconoce la naturaleza, alcance y límites materiales de la acción de libertad, desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional; el cual, establece que el art. 125 de la CPE, la acción de libertad constituye un mecanismo extraordinario, inmediato y sumarísimo destinado exclusivamente a la tutela de los derechos fundamentales a la vida, a la libertad física y de locomoción, así como a evitar la persecución indebida o el procesamiento ilegal; siendo, por tanto, un medio de protección cuya finalidad se agota en el restablecimiento de estos derechos cuando se encuentran amenazados o vulnerados. En ese marco, el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0090/2018-S2 de 29 de marzo precisó que la acción de libertad sólo puede activarse ante la concurrencia de los supuestos taxativos previstos por la Norma Suprema: peligro a la vida, persecución ilegal, procesamiento indebido o privación de libertad indebida, destacando además las características esenciales de este mecanismo constitucional -informalismo, inmediatez, sumariedad, generalidad e inmediación- tal como fueron desarrolladas en la SCP 0862/2014 de 8 de mayo. Estas características revelan que su estructura procesal está orientada a la tutela urgente de derechos personales, y no a la imposición de medidas coercitivas penales ni a la sustitución de facultades propias de la jurisdicción ordinaria. En efecto, el mandamiento de aprehensión constituye un acto jurisdiccional de naturaleza penal, cuyo dictado implica una restricción directa al derecho a la libertad física; por ello, conforme al ordenamiento jurídico, únicamente puede ser emitido por una autoridad competente dentro de un proceso penal ordinario, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el Código de Procedimiento Penal, entre otros. Pretender que esta jurisdicción constitucional, a través de una acción de libertad, disponga la aprehensión de un tercero ajeno al proceso tutelar no solo excede los límites de esta acción de defensa, sino que además vulneraría el principio de legalidad, la competencia material y las garantías del debido proceso aplicables a cualquier restricción de libertad. Asimismo, debe advertirse que la acción de libertad no es un instrumento para perseguir penalmente a particulares o servidores públicos, ni para activar de manera directa mecanismos de coerción penal. Su finalidad no consiste en sustituir las atribuciones del Ministerio Público o de los jueces penales, sino en proteger al accionante frente a actos u omisiones que afecten su libertad personal. Por ello, cualquier solicitud de aprehensión en el marco de esta acción resulta manifiestamente incompatible con su objeto constitucional, siendo además ajena a los supuestos habilitantes de su procedencia establecidos por el art. 125 de la CPE. En consecuencia, el petitorio orientado a que esta instancia constitucional libre un mandamiento de aprehensión debe ser rechazado, por cuanto invade competencias de la jurisdicción penal ordinaria y desnaturaliza este mecanismo constitucional, cuyo objeto no es la imposición de medidas restrictivas de derechos, sino la protección inmediata de la libertad personal de los accionantes. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 12 de 4 de mayo de 2023, cursante de fs. 48 a 52 vta., pronunciada por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 En este sentido, el AC 0085/1999-R de 24 de agosto, señala: "…en lo sustancial se tiene que en los casos de 'desobediencia' a las resoluciones dictadas en recursos de Hábeas Corpus y Amparo Constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso, sino la aplicación de las previsiones contenidas en el Art. 179 bis del Código Penal que sanciona con 2 a 6 años de reclusión y multa de cien a trescientos días al 'funcionario o particular que no diere cumplimiento exacto a dichas resoluciones...'; disposición legal que es desarrollo de la previsión constitucional del Art. 18-V de la Constitución Política del Estado, concordante con el Art. 104 de la Ley 1836, todo ello sin perjuicio de la ejecución cabal e inmediata de lo determinado en la Resolución Constitucional correspondiente; por lo que no es de aplicación al caso de Autos, el recurso previsto por el Art. 18 carta fundamental del País". Entendimiento, que fue reiterado en las SSCC 0992/2000-R, 0477/2001-R, 1005/2003-R, entre muchas otras. Del mismo modo, la SC 0129/2010-R de 10 de mayo, sostiene: “Toda vez que otro de los puntos denunciados por el accionante es que la autoridad demandada supuestamente se niega a dar cumplimiento a la SC 1077/2006-R de 28 de noviembre, y señala (…) `…en los casos de desobediencia a las resoluciones dictadas en recursos de habeas corpus, así como en los de amparo constitucional, no corresponde la deducción de otro recurso extraordinario, sino que se debe acudir al Tribunal que conoció el recurso y que dio origen a la Sentencia, que será ante el cual se solicitará se haga cumplir el fallo constitucional…´”. Así también, la SCP 0008/2012 de 16 de marzo, indica que: “…cuando las autoridades accionadas no dan
3 El FJ III.1 señala: “Ahora bien, en esta misma línea argumentativa se debe reconocer esta potestad a los terceros interesados. Empero, de manera excepcional, cuando el presunto acto lesivo converja sobre los mismos aspectos tutelados en una antelada acción de defensa, es preciso resaltar que si bien el art. 15.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), expresamente señala que: `Las sentencias declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional…´; circunscribiendo los alcances imperativos de los pronunciamientos constitucionales como la exigencia de su cumplimiento, a las partes -entendiéndose a las mismas en una concepción genérica, al accionante y a los demandados-; sin embargo, a fin de garantizar la eficacia y cumplimiento de los fallos constitucionales, excepcionalmente se reconoce la posibilidad que el tercero ajeno al proceso constitucional, pueda exigir el cumplimiento de una sentencia constitucional, en la cual primigeniamente no fue parte -en un sentido estricto-, posibilidad que únicamente resulta admisible cuando el objeto de reclamación sea semejante al que motivó la tutela solicitada con anterioridad; en pro de la objetivización del proceso constitucional, mismo que no puede en una miopía procesal proteger únicamente la situación individual del accionante, sino que debe evitar la activación recurrente, homogénea y sucesiva que emerja del ejercicio de la jurisdicción constitucional en acciones de defensa, que trasunten en circunstancias análogas de las cuales otra persona -tercero interesado- pueda resultar afectada”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1287_2025-S3.pdf · páginas 1 a 16.
Huella digital del PDF (SHA-256): a173b28e2e388ccef7b6fb5fcd64bd2d43780706b17f3e513727298aabfaaccc
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