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SCP 1829/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67842-2024-136-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/24 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, remita en el plazo de veinticuatro horas el legajo de apelación al Tribunal de alzada, salvo que por el transcurso del tiempo, el acto extrañado ya haya sido cumplido o la situación jurídica del accionante haya sido modificada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1829/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67842-2024-136-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/24 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Pablo Gutiérrez Condori en representación sin mandato de Luis García Pedraza contra Anay Añez Mendoza, Jueza; y, Rodrigo Aldair Zurita Domínguez, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante señaló como lesionados el debido proceso, su derecho a la libertad, seguridad jurídica, eficacia, eficiencia, a la impugnación y al principio de celeridad; puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, el 24 de mayo de 2024, tuvo lugar la audiencia de medidas cautelares, en la que se dispuso su detención preventiva; empero y no obstante que, dicha determinación fue impugnada en recurso de apelación incidental, los antecedentes del recurso no han sido remitidos al Tribunal de alzada. Solicitó, la remisión en el plazo de veinticuatro horas del legajo de apelación y que la audiencia sea virtual. Anay Añez Mendoza, Jueza; y, Rodrigo Aldair Zurita Domínguez, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentaron informe escrito alguno y tampoco estuvieron presentes en la audiencia de garantías, pese a su notificación, cursante de fs. 26 a 27. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 16/24 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 94 a 96, denegó la tutela solicitada sin ingresar al fondo, bajo el argumento de la existencia de una acción de libertad planteada previamente con la misma problemática y que se encuentra pendiente de resolución, evitando así la duplicidad de resoluciones. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas: «…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»

III.2. Análisis del caso concreto

Lo denunciado por la accionante se centra en la demora en la remisión del recurso de apelación incidental de medidas cautelares al Tribunal de alzada. De acuerdo a los antecedentes adjuntos a la presente demanda tutelar, se tiene que, cursa la acción de libertad con cargo de recepción de 1 de agosto de 2024, con Número de Registro Judicial (NUREJ) 70520748, interpuesta también por Juan Pablo Gutiérrez Condori en representación sin mandato de Luis García Pedraza contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, también demandada en la presente acción tutelar, causa que fue asignada en el reparto al “Juzgado de Sentencia 2” (fs. 31 a 37); sin embargo, se advierte que en esta causa se reclama la falta de señalamiento de audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva formulada por la defensa del hoy impetrante de tutela el 25 de julio de 2024, en el marco del art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, la falta de señalamiento para considerar su situación jurídica ante el vencimiento del plazo de su detención preventiva. Consiguientemente, no existe una similitud de problemáticas que pueda generar una duplicidad de fallos con la temática a resolverse en la presente causa, como equivocadamente concluyó el Juez de garantías, correspondiendo entonces verificar la existencia o no de las lesiones denunciadas por la parte accionante. En este contexto, el impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración del debido proceso en sus elementos seguridad jurídica, eficacia, eficiencia, impugnación y celeridad, vinculados a su derecho a la libertad; argumentando que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estafa agravada, la Jueza y Secretario ahora demandados no remitieron al Tribunal de alzada en el plazo previsto por la ley, el legajo del recurso de apelación incidental planteado por su defensa contra el Auto de Interlocutorio que dispuso su detención preventiva. En efecto, cursa el memorial presentado el 18 de junio de 2024, según el cual la defensa del ahora accionante solicitó la remisión del expediente en alzada, a raíz del recurso de apelación incidental formulado contra el Auto Interlocutorio de 24 de mayo del mismo año; motivo por el cual, la Jueza demandada mediante providencia de la misma fecha señaló que la remisión solicitada ya había sido ordenada, correspondiendo al imputado proveer las fotocopias correspondientes, ante la imposibilidad de remitir el expediente en original, tomando en cuenta que los otros imputados se encuentran privados de libertad (fs. 48 a 49). Bajo tales premisas, la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es clara al referir que, interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, salvo que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados; en cuyo caso, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal. En el caso concreto, inclusive el término de flexibilización de tres días para remitir el legajo de apelación para dar cumplimiento al plazo previsto en el art. 251 del CPP, ha sido sobrepasado abundantemente, habiendo transcurrido desde el planteamiento del recurso hasta la interposición de la presente acción tutelar más de dos meses, incurriendo los demandados quienes por cierto no comparecieron en audiencia de acción de libertad y tampoco presentaron informe escrito, pese a su legal citación, en una dilación indebida que afecta el derecho a la libertad, no siendo suficiente el argumento de la falta de provisión de fotocopias de la parte apelante para cumplir con el mandato de la ley, correspondiendo entonces conceder la tutela solicitada y ordenar la inmediata remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 16/24 de 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 94 a 96, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, remita en el plazo de veinticuatro horas el legajo de apelación al Tribunal de alzada, salvo que por el transcurso del tiempo, el acto extrañado ya haya sido cumplido o la situación jurídica del accionante haya sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1829_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): a6f2f0c3f25ca13d3eb3425ca24236318d01116f3689a25e240799fadffe4359

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