Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2024 de 25 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1826/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67792-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 08/2024 de 25 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Román Ricardo Durán Cruz contra Pedro Fernando Gutiérrez Pinto, Fiscal de Materia.
Por memorial presentado el 25 de septiembre de 2024, cursante a fs. 1 y 31 a 33 vta., el accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia y tutela judicial efectiva, a una justicia pronta y oportuna; y, del principio de celeridad; aduciendo que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación, se encuentra cumpliendo detención preventiva desde el 6 de octubre de 2023, es así que el 19 de abril de 2024, se emitió acusación formal en su contra; sin embargo, a la fecha de presentación de esta acción tutelar, no es posible ingresar y concluir los actos preparatorios de juicio oral, conforme previene el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP), por cuanto la autoridad demandada no remitió las pruebas pese a las conminatorias del Juez de la causa; por lo señalado, solicita que se ordene al Fiscal de Materia demandado a presentar las pruebas ofrecidas. En audiencia de garantías, complementó que el Juez de la causa, conminó al Fiscal de Materia demandado, en dos oportunidades, el 12 de agosto y el 13 de septiembre de 2024, afirmando que al no remitir sus pruebas de cargo el Ministerio Público, impide que el juicio oral pueda continuar, por cuanto la víctima tampoco podría aportar carga probatoria. El Fiscal de Materia demandado, por informe escrito presentado el 25 de septiembre de 2024, cursante a fs. 38 y vta. y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela argumentando que: a) Desde el 22 de agosto de 2024, asumió la dirección funcional del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, causa que se encontraba en el municipio de Luribay, de donde tuvo que recoger y llevarlo a Sica Sica, lugar en el que desempeña sus funciones para luego subirlas al Sistema Justicia Libre; b) El accionante no observó los presupuestos propios de la acción de libertad; c) Si bien, tuvo conocimiento de la conminatoria de 13 de septiembre de 2024, su persona organiza su trabajo al ser Fiscal de Materia en provincia, constituyéndose una semana en el municipio de Luribay y otra semana en Sica Sica, es así que cuando se encontraba en este último lugar se hubiera emitido esa instrucción para remitir las pruebas, tampoco cuenta con personal de apoyo; por lo cual, no pudo proceder al envío en físico de tales documentos; y, d) La causa penal tiene más de un acusado; es así que, le resulta dificultoso cumplir con la labor de remitir las pruebas; sin embargo, estaba preparando las mismas para realizarlo. El Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 08/2024 de 25 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, concedió la tutela solicitada, instruyendo al Fiscal de Materia demandado que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, proceda a presentar en físico las pruebas ofrecidas en el pliego acusatorio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. En el marco de dicho precedente constitucional la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio ha precisado el alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho señalando lo siguiente: De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.
Entendimiento reiterado en la SCP 1021/2025-S3 de 28 de agosto.
La problemática propuesta por el accionante versa en que, pese a las conminatorias de la autoridad judicial a cargo de su proceso penal al Ministerio Público, para que se remitan las pruebas de cargo ofrecidas con la acusación formal, tal instrucción no fue completada y siendo que se encuentra detenido, su causa se encuentra paralizada. Al respecto, este Tribunal a través de la jurisprudencia consignada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que no procede esta acción cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados. En ese marco, si bien los antecedentes de la causa dan cuenta de que el impetrante de tutela se encuentra cumpliendo detención preventiva desde el 6 de octubre de 2023; la pretensión procesal que entraña su petitorio, es que la celeridad que busca al solicitar que se ordene al Fiscal de Materia demandado a presentar las pruebas ofrecidas en su requerimiento acusatorio, tiene como antecedente la imposibilidad de concluir los actos preparatorios de juicio oral, conforme a las previsiones del art. 340 del CPP, ante la negativa del demandado de cumplir con esta obligación, pese a las conminatorias del Juez de la causa, circunstancia que no se encuentra vinculada directa ni indirectamente con la libertad personal o de locomoción del accionante, correspondiendo en ese caso que acuda con su reclamo a los mecanismos intraprocesales previstos en el ordenamiento jurídico, para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados, motivo por el cual corresponde denegar la tutela sin ingresar al fondo de la problemática. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 08/2024 de 25 de septiembre, cursante de fs. 43 a 46, pronunciada por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Sica Sica del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos que el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1826_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): a36e260d1ff9a8ea071e3a1ba16c77d9577147245842ae064b873f6441458c73
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