Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 215/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1823/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67767-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 215/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Angélica María Tarifa Cabrera en representación sin mandato de Rudy Pérez García y Betty Gonzales Choque contra Abigail Eloisa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 15 de agosto de 2024, cursante de fs. 2 a 4, los accionantes, a través de su representante, denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción, a la justicia pronta y oportuna, y a recurrir; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de trata de personas y feminicidio, formularon recurso de apelación incidental en audiencia el 9 de agosto de 2024 contra el Auto Interlocutorio 433/2024 que rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva; sin embargo, la Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, ahora demandada, no señaló audiencia hasta la fecha de interposición de esta acción tutelar; en ese sentido, solicitan se ordene a la demandada, cumplir el procedimiento y señale audiencia del recurso apelación. Abigail Eloisa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe presentado el 16 de mayo de 2024, cursante a fs. 11, señaló que: a) La causa penal fue remitida ante la Sala Penal Primera -del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- el 13 de agosto de 2024; es decir, que a la fecha de interposición de la acción de defensa, -15 de igual mes y año- se encontraba en el plazo otorgado por la norma para el señalamiento de audiencia; y, b) Recibidos los antecedentes de la apelación y conforme lo determina el art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), previo a la radicatoria y sorteo a Vocal relator, realiza una revisión a objeto de evitar vicios de nulidad, lo que ocurrió en el caso, emitiendo la providencia de 14 de similar mes y año, disponiendo la devolución de obrados al juzgado de origen, al haberse observado que la Resolución apelada no se había notificado al Ministerio Público. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de la Resolución 215/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 vta., denegó la tutela, bajo el argumento de que, en los actos dentro del proceso penal, entre los cuales se advierte un decreto del Tribunal de alzada, se observan cuestiones formales, motivo por el que se devolvió obrados al juzgado de origen y se encuentran dentro de los plazos de razonabilidad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Sobre la procedencia de la acción de libertad de pronto despacho, la jurisprudencia constitucional, a través de distintos fallos, ha desarrollado los elementos y finalidad de esta tipología de la acción de libertad; así sistematizando dichos entendimientos la SCP 0494/2018-S1 de 11 de septiembre, citando a su vez la SCP 0791/2015-S3 de 10 de julio y su similar 0132/2017-S3 de 6 de marzo, precisó: “Respecto a esta última -la ahora acción de libertad traslativa o de pronto despacho-, el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0011/2014 de 3 de enero, se pronunció señalando que esta: ‘…busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, precisamente para la concreción del valor libertad, el principio de celeridad y el respeto a los derechos’.».
En ese sentido, la celeridad como elemento del debido proceso, obliga a toda autoridad y/o funcionario judicial a despachar, tramitar y /o resolver los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas en cumplimento de los plazos establecidos en la norma; así sobre el procedimiento de una apelación planteada contra una determinación que resuelve medidas cautelares, la SCP 0281/2012, de 4 de junio, precisa lo siguiente: “Cabe agregar que, cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación debe resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectúe el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación.” (el resaltado nos corresponde).
Identificada como se tiene la problemática que motivó la interposición de esta acción tutelar, alegando los impetrantes de tutela dilación en el señalamiento de su audiencia de apelación por parte de la funcionaria demandada, corresponde referir que conforme a los antecedentes cursantes en el expediente constitucional, y lo informado por la prenombrada, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra los accionantes por la presunta comisión del delito de trata de personas y feminicidio, los mismos se encontraban sometidos a la medida cautelar de detención preventiva; posteriormente, en audiencia del 9 de agosto de 2024 se rechazó la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, en su efecto, en el mismo acto, plantearon recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 433/2024 -incompleta en su contenido- (fs. 8 y vta); no obstante, por decreto de 14 del citado mes y año, la funcionaria demandada observó: “De manera previa a la radicatoria del proceso, se tiene que de la revisión de antecedentes conforme lo establece el Art. 17 Parg. I de la Ley de Órgano Judicial el Juzgado a quo deberá subsanar las siguientes observaciones: Adjunte diligencia de notificación al Representante del Ministerio Publico con la Resolución Nº 433/2024 de fecha 09/08/2024.” [(sic) fs. 9], disponiendo a su vez, la devolución de obrados al juzgado de origen (fs. 10).
En ese contexto fáctico procesal, es necesario precisar que conforme lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, las autoridades judiciales, así como el personal de apoyo jurisdiccional deben resolver con celeridad y dentro los plazos procesales, toda solicitud que implique la libertad de una persona; al efecto, los funcionarios de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando sus acciones y omisiones emerjan del incumplimiento o la inobservancia de las órdenes impartidas por el superior en grado, así como las funciones y obligaciones conferidas en la LOJ.
En ese orden, y como se tiene advertido precedentemente, el recurso de apelación, dentro del proceso penal de origen, fue remitido a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 13 de agosto de 2024, ante lo cual, la funcionaria demandada, en el cumplimiento de sus funciones, emitió el decreto de 14 del mismo mes y año, observando que el Auto Interlocutorio 433/2024 no fue notificado legalmente al representante del Ministerio Público -quien estuvo ausente en la audiencia de la medida cautelar-, devolviendo el proceso al juzgado de origen; en ese entendido, el referido decreto, muestra de una parte que el trámite de apelación se encontraba dentro del plazo en alzada, y de otra que, la emisión del mismo no constituye per se una dilación o demora indebida, pues al contrario buscaba evitar vicios de nulidad, más aún si se considera el rol del Ministerio Púbico en el caso de origen por los delitos que involucra, encontrándose en consecuencia el trámite del recurso de apelación, al momento de la interposición de esta acción de defensa, dentro de los plazos establecidos por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
En ese sentido, conforme se tiene explicado precedentemente, en función a los elementos fáctico procesales del presente caso, no se advierte una dilación indebida o demora injustificada en el señalamiento de audiencia de apelación incidental interpuesta por los accionantes, estando el procedimiento de la misma -se reitera a momento de la activación de esta acción- en curso para que la Sala Constitucional determine la situación jurídica de los recurrentes que se encuentran privados de libertad. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 215/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 13 a 14 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1823_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7805315dafab1d62c4242ececa969320a5ec5a79951e3388754e595b733f185f
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