Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 37 a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1814/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67692-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 16/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 37 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Choque Mendoza contra René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, Ana Galia Gonzales Aliaga, Fiscal de Materia.
El accionante a través de memorial presentado el 22 de marzo de 2024, cursante a fs. 26 y vta., denunció la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar y doméstica, fue dispuesta su detención preventiva por resolución emitida el 20 de diciembre de 2023, por un periodo de tres meses, resolución que, impugnada en apelación mereció Auto de Vista de 8 de febrero de 2024, revocando la determinación de primera instancia y reduciendo el plazo de la indicada medida a dos meses, el cual ya se habría cumplido el 20 de febrero del mismo año, sin que el Juez ahora demandado, resuelva su situación jurídica. Solicitando, dispongan su inmediata libertad. René Eduardo Foronda Escobar, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 22 de marzo de 2024, cursante de fs. 34 a 35, sostuvo que el caso, provino del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, al advertir que en el mismo había un imputado con detención preventiva, evidenció la existencia de la Resolución 84/2024 de 8 de febrero, emitida por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de ese departamento, revocando en parte la Resolución 1119/2023 de 20 de diciembre y reduciendo el periodo de dicha medida a dos meses, ordenando al Juez a quo para que convoque a audiencia y resuelva la situación jurídica del imputado, actuados faltantes en el expediente, que dieron lugar a su devolución al Juzgado de origen, a fin de que subsanen dicha observación el 12 de marzo de 2024, habiendo sido devuelto el 22 de ese mes y año al Juzgado a su cargo. Solicitando la denegatoria de tutela. Ana Galia Gonzales Aliaga, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que, hasta la fecha no fue notificada con el señalamiento de audiencia para resolver la situación jurídica del impetrante de tutela, tampoco pudo presentar el requerimiento conclusivo con el que ya cuenta ni en el Juzgado “Primero” ni en el “Tercero” desde hace una semana atrás, por lo que pidió el rechazo de la demanda tutelar en su contra; puesto que, no es atribuible a su persona el retraso en la resolución de la situación jurídica del accionante. La Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 16/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 37 a 38, denegó la tutela impetrada, con el fundamento de que la demora en resolver la situación jurídica del accionante no fue atribuible a las autoridades ahora demandadas, sino a la remisión incompleta y traslado del expediente entre Juzgados. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
El reclamo del impetrante de tutela, se centra en la demora en la consideración de su situación jurídica, por cumplimiento del plazo de su detención preventiva, establecido en alzada. De antecedentes se tiene que, en apelación de medidas cautelares fue pronunciada la Resolución 84/2024 de 8 de febrero, por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocando la Resolución impugnada 1119/2023, e imponiendo un periodo de dos meses de detención preventiva al imputado, indicando igualmente que, cumplido este el Juez a quo, en observancia del art. 275 ter de la Ley 1173, convocara a audiencia de consideración de la situación jurídica de forma improrrogable (fs. 23 y vta.); legajo de apelación devuelto de la indicada Sala Penal al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del mismo departamento, el 6 de marzo de 2024 (fs. 25 y vta.). Posteriormente el caso en cuestión, fue remitido al Juzgado de Instrucción Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del mismo departamento, el 12 del mismo mes y año, dictándose providencia de 19 de idéntico mes y año, por el que el Secretario de ese despacho judicial, observó la falta de actuados procesales, entre ellos la Resolución 84/2024, disponiendo la devolución de antecedentes al Juzgado de origen, a través de oficio de igual fecha (fs. 29 y 31); finalmente por oficio Cite Stria. 58/2024 de 22 de marzo, el caso fue remitido nuevamente al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero del El Alto del departamento de La Paz, con cargo de recepción de igual fecha a horas 10:03 (fs. 32 a 33). En atención a lo precedentemente descrito y a lo informado por los demandados, se advierte que, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, fue dispuesta su detención preventiva, inicialmente por un lapso de tres meses, determinación impugnada en apelación por la defensa del imputado que fue resuelta en alzada por Auto de Vista 84/2024, reduciendo el periodo de dicha medida a dos meses, legajo de que fue devuelto al Juzgado de origen el 6 de marzo de 2024 (Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz), de donde fue enviado a su similar “Tercero” debido a la excusa de su titular, según lo indicado en audiencia por la parte accionante; seguidamente, el Secretario de ese despacho judicial, por decreto de 19 del mes año señalados, devuelve el caso al Juzgado “Primero”, en razón a la falta del Auto de Vista 84/2024, para subsanada dicha observación remitirlo al Juzgado “Tercero” el 22 de igual mes y año; infiriéndose en consecuencia, que si bien hubo dilación en la consideración de la situación jurídica del solicitante de tutela, quien ya habría cumplido los dos meses de su detención preventiva el 20 de febrero de 2024; conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, dicha demora, no es atribuible a los ahora demandados; toda vez que, en lo que al Juez demandado concierne, éste no podía resolver la situación jurídica del accionante, si entre los antecedentes del caso, no contaba con la el Auto de Vista 84/2024, actuado que recién le fue enviado, horas antes de la realización de la audiencia de garantías; y respecto de la Fiscal de Materia codemandada, tampoco la dilación generada era su responsabilidad, por lo que atinge la denegatoria de tutela. Infiriéndose en consecuencia que los demandados, no incurrieron en la lesión de derecho alegado como lesionado, sino que la demora se produjo desde la devolución de antecedentes de la Sala Penal al Juzgado de origen y el envío incompleto de este a su similar “Tercero”. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 16/2024 de 22 de marzo, cursante de fs. 37 a 38, pronunciada por la Jueza de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Primera de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1814_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7ed69feaab1c603d640b76b3bda7fc7c0e3ac8509c279b78c055ebe24deaa621
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