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SCP 1805/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67569-2024-136-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 29/2024 de 24 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y ordenar que en el plazo de setenta y dos horas a partir de su legal notificación, el Fiscal de Materia demandado subsane todas las observaciones pendientes, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1805/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67569-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2024 de 24 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rosalba Raquel Maldonado Bustamante en representación sin mandato de Jorge Pepe Condori Apaza contra Eddy Duran Limachi, Fiscal de Materia.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante a través de su representante sin mandato, refiere que se lesionó su derecho a la libertad vinculado al principio de celeridad, por cuanto dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, y otros, en el que se encuentra cumpliendo detención preventiva; en jornadas de descongestionamiento, pretendió someterse a procedimiento abreviado; sin embargo, dicho trámite no puede concluirse hasta la fecha, debido a que la Resolución de rechazo por el ilícito de tentativa de violación de 5 de diciembre de 2023, fue observado por el Fiscal Departamental y devuelto para su subsanación; no obstante, el Fiscal ahora demandado, no cumplió con dicha determinación hasta la interposición de esta acción tutelar. En ese marco, alega que el 25 de marzo de 2024, se logró notificar a la víctima con el citado rechazo, quien objetó al mismo el 2 de abril del mismo año, y recién se remitió ante el Fiscal Departamental el 25 de julio del precitado año, autoridad que lo devolvió el 20 de agosto de ese mismo año para que se subsanen omisiones cometidas en el envío de actuados inconclusos y deficientes, en el plazo de seis días, y debido a que dicho plazo ya venció sin el cumplimiento de lo dispuesto, previa presentación de memorial por su parte ante el Fiscal Departamental, por decreto de 4 de septiembre del mismo año, dicha autoridad conminó al demandado, para que proceda a subsanar la observación, en el día. El 17 de septiembre de 2024, recién se remitió el rechazo de denuncia sobre el ilícito de robo agravado, lo que provocará nueva observación por el error en el delito, y hasta ahora, no se cumplen con las notificaciones a la parte víctima. En mérito a ello, solicita que la autoridad demandada subsane las observaciones y remita en el día la objeción al rechazo ante el Fiscal Departamental para que a su vez esa autoridad se pronuncie sobre la resolución emitida.

Eddy Duran Limachi, Fiscal de Materia, informó lo siguiente: a) Dentro del caso, se emitió resolución de rechazo por el delito de violación en grado de tentativa, misma que fue objetada por la parte denunciante el 2 de abril de 2024; b) Cumplidas las notificaciones y formalidades, el trámite fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz el 25 de junio del referido año; sin embargo, fue observado, y una vez subsanado, se remitieron los antecedentes nuevamente el 23 de julio del indicado año; c) Mediante una nueva observación de 24 de julio de 2024, con la que fue notificado el 20 de agosto del mismo año, la Fiscalía Departamental dispuso que se emitiera pronunciamiento respecto al delito de robo; d) En cumplimiento de dicha observación, el 17 de septiembre de 2024, emitió resolución de rechazo 46/2024, por el delito de robo, cuya notificación a las partes fue solicitada a la oficina de Servicios Comunes; e) Una vez notificadas las partes con dicha resolución y, en su caso, presentadas las objeciones correspondientes, los antecedentes serían remitidos a la Fiscalía Departamental para su resolución; f) El proceso se inició por el delito de lesiones graves y leves contra los autores, pero posteriormente fue corregido mediante memorial de 24 de enero de 2023, subsumiéndose el hecho al delito de robo; g) Señaló que, posteriormente, la investigación fue ampliada contra Jorge Pepe Condori Apaza por el delito de robo agravado, causa en la que ya existía acusación fiscal; h) Añadió que, por memorial de 5 de julio de 2023, también se amplió la investigación por el delito de violación en grado de tentativa, mereciendo resolución de rechazo de 16 de noviembre de similar año, decisión que fue objetada por la víctima y observada por la Fiscalía Departamental de La Paz; i) La observación de 24 de julio de 2024, no se refería al delito de lesiones graves y leves, sino al delito de robo, respecto al cual ya se había emitido el pronunciamiento correspondiente; y, j) Mediante memorial de 16 de septiembre de 2024, se puso en conocimiento del Juez de la causa, la existencia de la resolución de rechazo por el delito de violación en grado de tentativa, solicitándose que se deniegue la salida alternativa por el delito de robo agravado, a fin de evitar la emisión de dos sentencias por un mismo hecho. Por lo señalado, solicitó la denegatoria de la acción, por no corresponder en derecho. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 29/2024 de 24 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., denegó la tutela impetrada, con el fundamento que la dilación reclamada en la tramitación de la salida de procedimiento no está vinculada al derecho a la libertad; puesto que, el accionante se encuentre detenido por decisión jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[...] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

III.2. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante enfrenta un proceso penal por la presunta comisión del delito de violación en grado de tentativa, y otros, quien pretende acogerse a una salida alternativa de procedimiento abreviado, para lo cual considera imperativo que el Fiscal de Materia demandado subsane las observaciones a la remisión del cuaderno de investigación efectuadas por el Fiscal Departamental para la resolución de la objeción a la resolución de rechazo. Al respecto, este Tribunal a través de la jurisprudencia consignada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional estableció que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en un mecanismo procesal idóneo, para acelerar los trámites judiciales y/o administrativos con base en solicitudes realizadas por personas que están privadas de libertad; por lo que, toda instancia, autoridad o servidor público en conocimiento de estos trámites se encuentra obligado de actuar dentro de los plazos establecidos con la mayor diligencia posible, sin dilaciones indebidas por estar involucrado el derecho a la libertad, caso contrario, provocaría una restricción indebida del mencionado derecho; lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable. Concierne aclarar que el hecho investigado resulta complejo por cuanto se fue solicitando distintas ampliaciones de investigación que merecieron varias resoluciones de rechazo y objeciones de la parte víctima; así como, observaciones del Fiscal Departamental de La Paz; siendo que no se cuenta con suficientes antecedentes para establecer con precisión la relación de hechos; sin embargo, de lo expuesto por las partes en esta acción tutelar se tiene la siguiente secuencia procesal: 1) El 5 de julio de 2023, se amplió la investigación por el delito de violación en grado de tentativa que derivó en la emisión de la resolución de rechazo de 16 de noviembre de 2023, la cual fue observada por decreto de 24 de julio de 2024, por el Fiscal Departamental de La Paz; 2) El 2 de abril de 2024, la victima objetó la resolución fundamentada de rechazo por el delito de tentativa de violación que fue observada por el Fiscal Departamental el 25 de junio del citado año, y la subsanación se efectuó el 23 de julio de idéntico año; 3) El 20 de agosto de 2024, el Fiscal Departamental ordenó a la autoridad demandada que se pronuncie por el delito de robo por lo que emite otra resolución de rechazo el 17 de septiembre de 2024, que se encontraría aun en etapa de notificación; y, 4) El 16 de septiembre el Fiscal de Materia demandado puso a conocimiento del Juez de la causa la existencia de la resolución de rechazo por el delito de violación en grado de tentativa, solicitándose que se deniegue la salida alternativa por el delito de robo agravado, a fin de evitar la emisión de dos sentencias por un mismo hecho. Ahora bien, se tiene que la primera observación realizada por el Fiscal Departamental de La Paz, el 25 de junio de 2024, fue subsanada por el Fiscal de Materia demandado el 23 de julio del indicado año, es decir casi un mes después; posterior a ello, la segunda observación notificada el 20 de agosto de 2024, ordenando que se emita un pronunciamiento respecto al delito de Robo, fue cumplida el 17 de septiembre del indicado año, de igual forma con varios días de demora. En ese marco, efectivamente estos actos propios del Ministerio Público no guardan un vínculo directo con la libertad del accionante, que fue restringida por decisión de autoridad jurisdiccional competente imponiéndole la detención preventiva luego de considerarlas en la audiencia correspondiente; empero, el efecto que produjeron las constantes observaciones en el normal cause y desarrollo de su proceso penal, derivaron en que, al margen que no le fue posible afianzar el procedimiento abreviado por el delito de robo agravado incoada, por cuanto, inciden en la tramitación de la causa al estar disgregado inclusive las etapas procesales al existir una acusación por un delito y rechazos por otros; también tiene implicancia en los derechos de la víctima, toda vez que la dilación advertida, en los casos de delitos de violencia sexual, no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, deber que tampoco fue observado, no obstante de tratarse de un caso de violación, que exige que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, en ese sentido, incumbía al demandado actuar con la debida diligencia en la celeridad de sus actuaciones, toda vez que la demora en la subsanación de las observaciones efectuadas por el Fiscal Departamental, no solo evidencia una falta de diligencia en la investigación, sino que además representa una dilación indebida. En virtud a lo expuesto y al estar detenido preventivamente el accionante, así con el fin de evitar mayores dilaciones en el desarrollo del proceso, corresponde conceder la tutela impetrada bajo la modalidad de pronto despacho al advertirse una lesión al principio de celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 29/2024 de 24 de septiembre, cursante de fs. 28 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y ordenar que en el plazo de setenta y dos horas a partir de su legal notificación, el Fiscal de Materia demandado subsane todas las observaciones pendientes, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1805_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

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