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SCP 1803/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67566-2024-136-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 48/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos precedentes, y en los mismos términos que el Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Cumplimiento inmediato de los mandamientos de libertad librados por autoridad competente
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1803/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67566-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 48/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roberto Flores Conde contra Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; y, José Luis Mamani, Funcionario Policial.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, mediante memorial presentado el 19 de septiembre de 2024, cursante de fs. 9 a 12, denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso vinculado a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se emitió un mandamiento de libertad en su favor; empero, notificado de forma virtual el 13 del mencionado mes y año, el mismo no fue efectivizado hasta la presentación de la acción de defensa, debido a un error en el número del Código Único de Denuncia (CUD) que no coincidía con el del mandamiento de detención preventiva, error que no es atribuible al Juzgado de Sentencia Penal sino a la Jueza de Instrucción Penal, que fue quien lo expidió cuatro años atrás. En tal sentido, los demandados le siguen reteniendo sin considerar que cuenta con setenta y dos años de edad, que padece de enfermedades de base y que se emitió una Sentencia absolutoria en su favor. Por ello, solicita se disponga su libertad inmediata. Sergio Natalio Sillerico Blatnik, Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, por informe escrito de 20 de septiembre de 2024, cursante a fs. 18, y en audiencia de garantías, informó que el impetrante de tutela guardaba detención preventiva desde el 13 de septiembre de 2020, en cumplimiento al mandamiento de detención preventiva dentro del caso con CUD 201102012004948; asimismo, cursa mandamiento de libertad a nombre del prenombrado dentro de la causa con CUD201102012003188, presentado a su Dirección el 16 de igual mes de 2024; diferencia en los CUD que fue reportada por el funcionario policial verificador -codemandado-, extremos ante los cuales se remitió el informe respectivo al Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Vigésimo de la Capital del departamento de La Paz, mediante Oficio 4270/2024 de 18 de septiembre, para que en la vía de la enmienda y complementación realice la corrección, sin que hasta la fecha se haya pronunciado; por lo que, pidió se deniegue la tutela impetrada. José Luis Mamani, Funcionario Policial, en audiencia de garantías, refirió que hizo la verificación del mandamiento de libertad el 16 de septiembre de 2024, a horas 16:20, encontrando que no es coincidente con el Número de Registro Judicial (NUREJ) de mandamiento de detención preventiva. Asimismo, acudió a Secretaría del Juzgado de Sentencia Penal que emitió el mandamiento de libertad, quien le indicó que el Juez no cambiaría ningún dato, al no haber sido él quien emitió el mandamiento de detención preventiva. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, a través de la Resolución 48/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., concedió la tutela impetrada únicamente respecto al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, disponiendo que en el día dé cumplimiento al mandamiento de libertad y se haga conocer al Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo de la Capital del citado departamento, para que regularice, se entiende aclarando el número de CUD para el citado mandamiento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

III.2. Cumplimiento inmediato de los mandamientos de libertad librados por autoridad competente

La jurisdicción constitucional, en relación a la ejecución inmediata de los mandamientos de libertad dispuestos por autoridad competente, por medio de la SCP 1306/2014 de 30 de junio, indicó que:

[Sobre] el cumplimiento inmediato de los mandamientos de libertad, en el art. 39 de la LEPS, se señala que: ‘Cumplida la condena, concedida la Libertad Condicional o cuando cese la detención preventiva, el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno. El funcionario que incumpla esta disposición, será pasible de responsabilidad penal, sin perjuicio de aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan’, disposición que tiene por finalidad garantizar los derechos de las personas privadas de libertad pero sobre todo el principio de celeridad, vale decir, que se restituya el derecho a la libertad de la manera más pronta posible; sin embargo, ya el anterior Tribunal Constitucional estableció dos aspectos que deben ser observados a momento de cumplir esta disposición legal y que de ninguna manera puede ser interpretada como restrictiva de la libertad, es así que como primer punto se señaló que los encargados de recintos penitenciarios de manera previa a la ejecución del mandamiento de libertad deben verificar si en el file de la persona privada de libertad no existe otro mandamiento que restrinja el derecho a la libertad y segundo, deben verificar si el mandamiento presentado es auténtico, razonamiento este que se encuentra en la SC 0323/2003-R de 17 de marzo, que señala: ‘…el art. 39 LEPS, cuando señala que el interno será liberado en el día, sin necesidad de trámite alguno, se refiere a que el detenido con la sola presentación del mandamiento será dejado en libertad, empero, resulta implícito el deber jurídico que recae sobre la Gobernación de la Cárcel, de tomar las debidas previsiones para evitar que alguien pueda ser puesto en libertad teniendo otros mandamientos pendientes o que el mandamiento de libertad pueda contener alguna falsedad material o ideológica, lo cual le impele a tener que verificar y solicitar la información pertinente y revisar previamente los registros antes de dar curso al mandamiento…’.

Reglas que no son limitativas, pues al margen de velar porque se respeten los derechos y garantías del detenido, tienen también la alta responsabilidad que les asigna la ley, de evitar que el interno que estuviese detenido por orden de otras autoridades evada la ley, burlando a la justicia, lo que le generaría igualmente responsabilidad.

III.3. Análisis del caso concreto

En el presente caso, el accionante, un adulto mayor de setenta y dos años de edad que padecería enfermedades de base, denuncia la vulneración de sus derechos fundamentales; toda vez que, tras haber sido absuelto en un proceso penal por la presunta comisión del delito de abuso sexual luego de tres años de reclusión, se emitió un mandamiento de libertad a su favor. Sin embargo, refiere que dicha orden no fue ejecutada por las autoridades demandadas bajo el argumento de existir un error de transcripción en el CUD, consignado en el documento; defecto formal que data de actuaciones de hace cuatro años y que no le sería imputable. Al respecto, el Director del Centro Penitenciario ahora demandado y el Funcionario Policial codemandado, justifican la falta de ejecución señalando que el CUD y el NUREJ, no coincidirían plenamente con los datos del mandamiento de detención preventiva emitido en el año 2020. Ante esta discordancia, la Dirección del referido Centro Penitenciario, el 19 de septiembre de 2024, remitió el Oficio 4270/2024 de 18 de igual mes (fs. 20), solicitando la enmienda correspondiente al Juzgado de Sentencia, manteniendo entretanto al accionante privado de su libertad. Sobre la base de los presupuestos fácticos descritos, y en estricta observancia del Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, se debe enfatizar que la verificación de la autenticidad de un mandamiento de libertad; así como, la constatación de la existencia de otros mandamientos de condena o detención preventiva pendientes contra el interno, constituyen un deber de seguridad obligatorio e ineludible para los directores de los recintos penitenciarios. Esta labor de control es de orden público y tiene por finalidad evitar evasiones o liberaciones indebidas; por lo tanto, la autoridad penitenciaria no puede prescindir de este procedimiento de seguridad, el cual resulta plenamente legítimo y constitucional; sin embargo, no puede transformarse en una barrera que postergue indefinidamente la libertad física, debiendo ejecutarse bajo estándares de extrema celeridad y coordinación interinstitucional.

En el caso concreto, el problema jurídico no radica en que la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, haya activado los mecanismos de verificación ante la discordancia numérica del CUD y NUREJ, sino en la falta de celeridad, eficiencia y diligencia razonable con la que gestionó dicha subsanación; puesto que, al detectarse el error material en el mandamiento de libertad presentado el 16 de septiembre de 2024, el Director ahora demandado adoptó una postura pasiva y excesivamente ritualista, limitándose a remitir un oficio de consulta por la vía administrativa escrita (Oficio 4270/2024), recién el 19 de ese mes y año; es decir, manteniendo en suspenso la libertad del impetrante de tutela por el transcurso de tres días, motivando la interposición de la presente acción de defensa, en la indicada fecha, cuando debió comunicarse inmediata y directamente con el Juez de Sentencia para hacerle notar que, si bien él no emitió el mandamiento de detención inicial de 2020, al ser el Juez actual de la causa que emitió la Sentencia Absolutoria y el Mandamiento de Libertad, tiene el control total del expediente y la competencia exclusiva para subsanar cualquier incoherencia registral en las piezas que emita su propio Juzgado. Tratándose de una persona de setenta y dos años de edad, perteneciente a un grupo de vulnerabilidad constitucional con derecho a protección reforzada, y existiendo de por medio una sentencia absolutoria, el Director demandado debió desplegar una coordinación activa e inmediata con el Juzgado de Sentencia Penal de origen para subsanar el error de transcripción en el mismo día, en lugar de dilatar la reclusión bajo el pretexto de esperar una respuesta formal escrita. Al haber supeditado la efectividad de la libertad a un trámite de enmienda administrativo, la autoridad demandada desnaturalizó su deber de verificación, convirtiendo una medida de seguridad legítima en una dilación procesal indebida que lesionó el derecho a la libertad física del accionante. Finalmente, respecto al Funcionario Policial codemandado, corresponde señalar que si bien podría tener falta de legitimación pasiva; toda vez que, en su condición de personal subalterno, carece de competencia y facultades de decisión administrativa para ordenar la excarcelación del interno, del análisis de los antecedentes se constata que dicho funcionario actuó con la debida diligencia al acudir de forma verbal a la Secretaría del Juzgado de origen para intentar corregir la discordancia del CUD de manera inmediata, cumpliendo con su deber; no obstante, su informe con relación a la verificación efectuada, advirtiendo el error detectado, recién fue presentado ante el Director demandado, el 18 de septiembre de 2024, (fs. 19 vta.); es decir, dos días después de tener conocimiento del mandamiento de libertad, siendo a raíz de ello que se emitió el Oficio 4270/2024; por lo que, en este caso, la responsabilidad por la omisión de la libertad recae también sobre este funcionario. Por lo expuesto, corresponde conceder de la tutela impetrada bajo la modalidad de pronto despacho, a fin de que se proceda a la inmediata verificación coordinada y efectivización de la libertad del accionante. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 48/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 24 a 25 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia CONCEDER en todo la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos precedentes, y en los mismos términos que el Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1803_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

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