Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1802/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67564-2024-136-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 26/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Harold Roca Melgar contra Carlos René Roca Rivero, Lily Salazar Valverde y Raúl Lizarazu Alurralde, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
El accionante, por memorial presentado el 19 de septiembre de 2024, cursante de fs. 2 a 4, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al acceso a una justicia pronta y oportuna; dado que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación agravada a infante, niña, niño y adolescente, se dispuso su detención preventiva; durante el desarrollo del proceso, impetró la cesación de esta medida cautelar en reiteradas oportunidades, siendo la última el 12 de agosto de 2024, sin que hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, las autoridades demandadas se hubieran pronunciado; por lo descrito, solicita a los prenombrados que en el plazo de cuarenta y ocho horas se señale día y hora de audiencia, a efectos de considerar su solicitud de cesación a la detención preventiva. Las autoridades demandadas, no presentaron informe escrito y tampoco asistieron a la audiencia de garantías, pese a su legal citación conforme consta de fs. 14 a 16. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 26/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 52 a 54 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando al Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del citado departamento que, en el plazo de veinticuatro horas, señale audiencia para la consideración de la detención preventiva, bajo el fundamento de que todas las suspensiones de audiencia determinadas por los demandados se constituyen en dilaciones indebidas; lo cual, ocasionó que el accionante no cuente con una resolución que defina su situación jurídica. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Suspensión de audiencias cautelares y plazo de su señalamiento
Sobre el particular, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).
Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. En ese contexto, en el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, se ha pronunciado el siguiente entendimiento:
[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
El accionante, denuncia que los jueces demandados incurrieron en una dilación indebida en la tramitación de su solicitud de cesación de la detención preventiva.
En el caso concreto, se advierte que el prenombrado, por memoriales de 25 de junio, 9 y 17 de julio y 14 de agosto, todos de 2024, solicitó señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; pretensión que, a su vez, merecieron los decretos de 28 de junio, 26 de julio y 10 de septiembre de igual año; por los que, se señaló audiencia para el 2 de julio, 31 de julio y 12 de septiembre, respectivamente, del citado año; mismas que si bien fueron instaladas, fueron suspendidas -según informe del Secretario del Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz- por no haberse notificado a las partes (fs. 17 a 19; 30 y vta.; y, 45 a 49), sin que conste nueva indicación de fecha y hora para consideración de lo impetrado por el peticionante de tutela. Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad; asimismo, quedó sentado en el mismo apartado que, ante la suspensión de una audiencia, el plazo de reprogramación debe ser cumplido estrictamente por los administradores de justicia, en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 113.II y 239 del Código de Procedimiento Penal (CPP); es decir, fijando nuevo verificativo en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles a dicho efecto; esto en razón a que, toda solicitud vinculada a medidas cautelares, deben tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del derecho a la libertad de locomoción. En el caso analizado y de la subsunción de los elementos fácticos descritos a los entendimientos jurisprudenciales antes citados, se evidencia la existencia de una demora injustificada en la tramitación de la solicitud de consideración de cesación a la detención preventiva planteada por el accionante ante las autoridades demandadas; toda vez que, no solamente se inobservó el plazo de cuarenta y ocho horas para la realización de dicho acto; sino que, desde la primera petición formalizada el 9 de julio de 2024 hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa -19 de septiembre de 2024-, transcurrieron más de dos meses sin que la pretensión fuera efectivamente atendida, a pesar de que en cada oportunidad fue fijada fecha y hora para su sustanciación, el acto procesal tuvo que ser suspendido debido a la falta de notificación a las partes; omisión que no solo es atribuible al personal de apoyo jurisdiccional, sino, implica también responsabilidad de los demandados que, como directores del señalado despacho judicial, se hallan constreñidos a garantizar que los servidores judiciales a su cargo, cumplan con eficiencia y celeridad todas las actuaciones procesales, sobre todo en las que se encuentra comprometido el derecho a la libertad, extremo que no se advierte en la presente causa. Añadido a lo anterior, se tiene que, respecto al aludido “último” escrito presentado al efecto perseguido -cesación a la detención preventiva-, presentado el 14 de agosto de 2024, se señaló audiencia para el 12 de septiembre del mismo año que, igualmente fue suspendida, elementos que evidencian una grosera dilación no solo en la emisión de la respectiva providencia de aproximadamente a un mes; y, si bien fue señalado el acto procesal impetrado para dos días después; es decir, “dentro del plazo legalmente previsto”; empero, éste nuevamente fue suspendido por omisiones en las diligencias de notificación, sin que, además, se hubiera señalado nueva fecha de audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva del accionante; por consiguiente, al no haberse impreso la diligencia debida en los actos procesales necesarios para materializar la solicitud planteada por el prenombrado, así como haber omitido fijar nueva fecha para dicho verificativo, con posterioridad a la suspensión de la última audiencia de 12 de septiembre de 2024, este Tribunal encuentra ciertas las denuncias formuladas por el accionante, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 52 a 54 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispositivos establecidos por la Jueza de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1802_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 4b8c3b7722f9a5b9557f46b1ed2b71ba678f3232dfa4f462c9203ce028bad598
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