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SCP 1801/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67554-2024-136-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 49/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1801/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67554-2024-136-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 49/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Víctor Hugo Altamirano Torres en representación sin mandato de Víctor Ariel Vargas Baptista contra Jhoni Ronald Poma Intimayta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, vinculado con el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, radicado en el Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; el 12 de septiembre de 2024, presentó memorial solicitando señalamiento de audiencia para la tramitación de la Excepción de Extinción de la acción penal por Conciliación; al cual, el Secretario del Juzgado emitió providencia el 16 de septiembre del mismo año, señalando que, estableciéndose una solicitud de Homologación de Acuerdo Conciliatorio, con carácter previo, sea puesto en conocimiento del Fiscal de Materia para que emita requerimiento conclusivo, acto que consideró dilatorio y que desconoce lo establecido en el art. 325.III del Código Procesal Penal (CPP), que dispone, que en caso de que el imputado guarde detención preventiva, se realizará la audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Por lo indicado, solicita se señale audiencia de Consideración de Homologación de Acuerdo Conciliatorio y de Consideración de Excepción de Extinción por Conciliación, en el plazo que prevé el art. 325 del CPP; toda vez que, se encuentra guardando detención preventiva.

Jhoni Ronald Poma Intimayta, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 20 de septiembre de 2024, cursante a fs. 14 y vta., señaló que cesó sus funciones el 17 de septiembre del precitado año; y, respecto a la providencia del 16 de septiembre del mismo año, fue emitida conforme a sus atribuciones establecidas, y, si la parte demandante tenía observación o no estaba de acuerdo, podía usar el recurso de reposición para impugnarlo y obtener un respuesta pronta y oportuna de la Autoridad Jurisdiccional, en ese entendido, advierte que no se está cumpliendo con el principio de subsidiariedad en la presente acción de libertad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 49/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18, concedió la tutela impetrada, disponiendo que el actual Secretario del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, o el que este ejerciendo en suplencia legal, en el plazo de cuarenta y ocho horas, señale audiencia para considerar la procedencia o improcedencia de la salida alternativa consistente en la conciliación; bajo el fundamento de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas).

III.2. Análisis del caso concreto

En el presente caso, el solicitante de tutela, denunció que el Secretario ahora demandado incurrió en un acto dilatorio; toda vez que, dispuso que, previamente al señalamiento de audiencia de consideración de la salida alternativa de conciliación que impetró, se ponga en conocimiento del Fiscal de Materia, la Homologación de Acuerdo Conciliatorio, para que emita requerimiento conclusivo (fs. 8 vta.); cuando debía señalarse esta audiencia en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas; ya que, está guardando detención preventiva.

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que, el accionante presentó un memorial el 29 de agosto de 2024, solicitando audiencia para la consideración de la salida alternativa de conciliación(fs. 2 a 4 vta.); el que, fue reiterado a través del memorial de 12 de septiembre del mismo año (fs. 8 y vta.); al cual, el Secretario demandado, mediante providencia de 16 de septiembre de 2024 (fs. 8 vta.), señaló que: estableciéndose una solicitud de Homologación de Acuerdo Conciliatorio, con carácter previo se ponga a conocimiento del Fiscal de Materia para que emita requerimiento conclusivo; esta providencia, según el impetrante de tutela, es un acto dilatorio, que además contraviene al art. 325.III. CPP que dispone, se señale audiencia en el plazo máximo de veinticuatro horas en caso de que el imputado guarde detención preventiva. El Secretario demandado, en su informe a esta acción tutelar señaló que la providencia cuestionada, dispone que la solicitud presentada debe ser tramitada ante el Ministerio Publico y si la parte tenía alguna observación o no estuvo de acuerdo con lo providenciado, debió impugnar mediante un recurso de revocatoria, al no hacerlo y recurrir directamente a la acción constitucional, está incumpliendo el principio de subsidiariedad.

Ahora bien, en relación a no haber señalado audiencia para resolver la salida alternativa de conciliación solicitada por el accionante, incurrió en una dilación indebida e injustificada en el marco de la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; puesto que, al tratarse de una persona privada de libertad, sus solicitudes debieron ser atendidas con diligencia y celeridad; por consiguiente, el ahora demandado, al disponer que, previo al señalamiento de audiencia se ponga en conocimiento del Fiscal de Materia para que emita requerimiento conclusivo, está generando una dilación innecesaria, que además va en contraposición de lo determinado por el art. 325.III del CPP. Sobre el particular, la SC 0078/2010 de 3 de mayo, estableció como un acto dilatorio, cuando en lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; entendimiento que resulta aplicable en el presente caso, considerando que el impetrante de tutela se encuentra privado de libertad corresponde de que se señale y celebre la audiencia mencionada para que se resuelva su situación jurídica, con la celeridad necesaria; por lo precedentemente señalado, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 49/2024 de 20 de septiembre, cursante de fs. 17 a 18, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Sexto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en los mismos términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1801_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

Huella digital del PDF (SHA-256): cf1e902bae66239f5bdeee6248b2ebb151746ba4d542333e85da13963a8220f1

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