Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada ; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 78/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispositivos que los descritos por la referida Sala Constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1798/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67493-2024-135-AL Departamento: Beni En revisión la Resolución 78/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elena Arce Méndez contra Celina Morochi Mamani, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del Departamento de Beni.
Por memorial presentado el 17 de septiembre de 2024, cursante de fs. 7 a 9, la accionante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, mediante Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2024, se dispuso su detención preventiva por el plazo de treinta días, señalándose audiencia de consideración de situación jurídica para el 17 de septiembre de ese año, llegada la fecha fijada, no fue trasladada al Juzgado para la realización de dicha audiencia, disponiéndose su suspensión y reprogramación para el 19 del mismo mes y año, impidiendo la resolución oportuna de su situación jurídica y prolongando de manera injustificada su detención preventiva; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada disponiendo se señale de manera inmediata día y hora de audiencia y la imposición de costas a la autoridad demandada. Celina Morochi Mamani, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segunda de la Capital del Departamento de Beni, por informe escrito de 18 de septiembre, cursante a fs. 22 y vta., señaló que la audiencia de cesación a la detención preventiva, fijada para el 17 de septiembre de 2024, fue instalada pero suspendida debido a la falta de traslado de la impetrante de tutela, atribuida a la omisión de notificación al Centro Penitenciario; asimismo, reprogramó la audiencia dentro del plazo de cuarenta y ocho horas para el 19 de igual mes y año, considerando su carga laboral por suplencia legal. La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni, por Resolución 78/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 26 a 28, concedió la tutela solicitada, disponiendo que la autoridad demandada en el día lleve a cabo la audiencia de cesación a la detención preventiva por vencimiento del plazo de duración; condenó en costas a la demandada y ordenó la remisión al Juez disciplinario; bajo el fundamento que no existe justificativo en la demandada por la negligencia en torno a la suspensión de la audiencia; debido a que, es la encargada de velar por el cumplimiento de los plazos y garantizar la celebración de audiencias; así como, el control al personal subalterno que se encuentra bajo su tuición. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Suspensión de audiencias cautelares y plazo de su señalamiento
Sobre el particular, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido). Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud. En ese contexto, en el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, se ha pronunciado el siguiente entendimiento:
[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.
La accionante denuncia que la Jueza demandada suspendió la audiencia de consideración de su situación jurídica al vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva, sin causa atribuible a su persona, prolongando arbitrariamente su privación de libertad.
De la compulsa de antecedentes, se tiene que la audiencia mencionada fue señalada para el 17 de septiembre de 2024; empero, fue suspendida debido a la incomparecencia de la impetrante de tutela, originada por la omisión de notificación al Centro Penitenciario para viabilizar su traslado al acto, aspecto confirmado por la ahora demandada en su informe de esta acción tutelar (fs. 22 y vta.). Conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas que afectan la resolución de la situación jurídica de una persona privada de libertad; asimismo, quedó sentado que, ante la suspensión de una audiencia, el plazo de reprogramación debe ser cumplido estrictamente por los administradores de justicia en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 113.II y 239 del Código de Procedimiento Penal(CPP); es decir, fijando nuevo verificativo en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, debiendo incluso habilitarse horas inhábiles a dicho efecto; esto en razón a que, toda solicitud vinculada a medidas cautelares, deben tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del derecho a la libertad de locomoción. En el caso concreto, se advierte que la audiencia de consideración de la jurídica por vencimiento del plazo de duración de la detención preventiva de la accionante debió desarrollarse el 17 de septiembre de 2024; empero, la Jueza demandada suspendió su realización por falta de notificación al Centro Penitenciario (fs. 13 y vta.); pese a que, la mencionada notificación era de su exclusiva competencia; es así que, la omisión en el cumplimiento de este deber derivó en la dilación de la situación jurídica de la solicitante de tutela, manteniéndola privada de libertad fuera del plazo legal establecido por la resolución inicial.
Corresponde aclarar que la responsabilidad de la falta de traslado de la accionante, atribuida a la omisión de notificación al Centro Penitenciario, no puede ser atribuida únicamente al personal subalterno, como determina la Jueza demandada, sino que ésta también le alcanza; toda vez que, como directora de su despacho, le asiste el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los actos ordenados se ejecuten dentro de los plazos legales, especialmente cuando se trata de personas privadas de libertad; toda vez que, se encuentra en amenaza el derecho a la libertad de una persona. En ese contexto, si bien la audiencia fue reprogramada para el 19 de septiembre del mismo año, ello no exime de responsabilidad a la Jueza ahora demandada respecto de la dilación generada, fruto de la falta de notificación al Centro Penitenciario para el traslado de la impetrante de tutela; pues, la reprogramación posterior no subsana la vulneración ocasionada, ya que el incumplimiento inicial produjo un retraso indebido contrario al principio de celeridad y al derecho a la libertad; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada ; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 78/2024 de 18 de septiembre, cursante de fs. 26 a 28, pronunciada por La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Beni; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispositivos que los descritos por la referida Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1798_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c39eb35125e4dd499e245d1b59e45839ddf6aa1eeb403a2262f6f66c73ffee4
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