Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del Departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispositivos que los establecidos por el Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1796/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67486-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 14/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Mario Cesar Flores Mamani contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante alega la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad y al trabajo; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de bienes y servicios del estado, y conducción peligrosa, el Juez ahora demandado mediante Auto Interlocutorio 408/2023 de 2 de agosto, dispuso la cesación de su detención preventiva sustituyéndola por la medida cautelar de carácter personal de detención domiciliaria sin salida laboral. Ante ello, el 26 de abril, 26 de junio, 22 y 29 de julio todas del 2024, solicitó la modificación de sus medidas cautelares buscando la autorización para salir a trabajar; sin embargo, el Juez hoy demandado se limitó a emitir providencias genéricas sin señalar ninguna audiencia. Asimismo, debe considerarse que, pese a existir acusación formal presentada por el Ministerio Público, el cuaderno de control jurisdiccional no fue remitido al correspondiente Juzgado o Tribunal de Sentencia Penal; por consiguiente, el Juez ahora demandado continuaba siendo competente para resolver su solicitud, constituyéndose la falta de señalamiento de audiencia dentro del plazo legal de cuarenta y ocho horas en una dilación indebida considerando que transcurrieron más de cuatro meses desde la primera solicitud; por lo que, solicitó se conceda la tutela impetrada disponiendo el señalamiento inmediato de la audiencia para la consideración de su solicitud de salida laboral.
Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 27 de agosto de 2024, cursante a fs. 29 y vta., señaló que habiéndose presentado la correspondiente acusación formal contra el impetrante de tutela, el cuaderno de control jurisdiccional fue remitido al Juzgado de Sentencia Penal competente; empero, dicha autoridad formuló observaciones de carácter administrativo, las cuales dificultaron su remisión oportuna, aclaró que esos aspectos no son atribuibles a su persona; empero, a la fecha el proceso ya se encuentra radicado en el correspondiente Juzgado de Sentencia Penal y ya no tendría competencia para resolver la solicitud del solicitante de tutela. Por consiguiente, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 14/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 32 a 33 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez hoy demandado señale día y hora de audiencia de modificación de medidas cautelares en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, debiendo el Juzgado de Sentencia Penal remitir el expediente original a efectos de que la misma pueda ser desarrollada. Determinación asumida con el fundamento que el Juez ahora demandado no atendió las solicitudes de modificación de medidas cautelares de carácter personal presentadas por el accionante, conforme a lo previsto por el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP); situación que vulnera los derechos alegados en esta acción de defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, luego de realizar una sistematización de la línea jurisprudencial, recogió el estándar más alto de protección en esta temática y entendió que:
Toda vez que, el juez de instrucción penal tiene el control jurisdiccional de la causa en la etapa preparatoria, es ésta, la autoridad que debe conocer y resolver las solicitudes de medidas cautelares, pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre.
El impetrante de tutela denuncia que durante más de cuatro meses el Juez hoy demandado omitió fijar audiencia para la consideración de su solicitud de modificación de medidas cautelares, pese a que tenía competencia para ello. De la revisión de antecedentes, se advierte que mediante Auto Interlocutorio 408/2023 de 2 de agosto, se impuso la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral contra el solicitante de tutela (fs. 5 a 8). Posteriormente, cursan memoriales de 26 de abril, 26 de junio, 22 y 29 de julio todos de 2024; a través de los cuales, éste solicitó y reiteró la modificación de dicha medida; sin embargo, sus solicitudes merecieron providencias de 30 de abril, 28 de junio y 23 de julio del mismo año; en las cuales, de forma común el Juez ahora demandado determinó que esté a los datos del proceso (fs. 11 a 18). Asimismo, se evidencia que durante la tramitación del proceso se produjeron actuaciones vinculadas a la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al correspondiente Juzgado de Sentencia Penal; así como, observaciones y subsanaciones efectuadas por instancias jurisdiccionales (fs. 26 a 27 vta.); constando finalmente el Oficio 709/2024 de 31 de julio, emitido por el Juez hoy demandado, con cargo de recepción de 26 de agosto de 2024; por el cual se evidencia que el expediente en cuestión fue remitido ante el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz (fs.28 y vta.). Ahora bien, el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional establece que es obligación de toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tramitarla con la mayor celeridad posible; o, cuando menos, dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. A partir de lo descrito, se evidencia que desde la presentación de la primera solicitud de modificación de medidas cautelares efectuada el 26 de abril de 2024, hasta la interposición de la presente acción de libertad el 26 de agosto del mismo año, transcurrieron más de ciento veinte días sin que se hubiera señalado la audiencia extrañada, pese a que según el art. 239 del CPP, este tipo de solicitudes deben ser consideradas en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. Tal incumplimiento configura una dilación manifiesta que afecta directamente el derecho a la libertad y al debido proceso en su vertiente de celeridad. Asimismo, si bien el Juez ahora demandado alegó que carecía de competencia para conocer la solicitud del accionante en razón de la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal, dicho extremo no resulta evidente; toda vez que, no cursa en antecedentes constancia de la emisión del decreto de radicatoria por parte del Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Séptimo de la Capital del departamento de La Paz. En consecuencia, se advierte que el Juez hoy demandado mantenía plena competencia para resolver la situación jurídica del accionante debiendo pronunciarse oportunamente sobre la solicitud planteada, conforme a lo razonado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. La omisión en el ejercicio de esta obligación constituye una dilación indebida en la tramitación de una solicitud directamente vinculada a la libertad personal, lo que vulnera el principio de celeridad procesal y el derecho fundamental a la libertad; razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela solicitada obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 32 a 33 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Segundo de la Capital del Departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los Fundamentos Jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos dispositivos que los establecidos por el Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1796_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): bb9eaf5b468f0d83a2a81f1e1eec9430f12e0819fc292640519effc3f6365532
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