Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/24 de 10 de julio de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por la evidente lesión al debido proceso vinculado al derecho a la libertad y al principio de celeridad conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar a Edil Robles Lijeron, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia la devolución de los recursos de apelación al Juzgado de origen, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1795/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67475-2024-135-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 21/24 de 10 de julio de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Demilsa Quino Chiri contra Edil Robles Lijeron, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 9 de julio de 2024, cursante a fs. 1 y vta., la accionante denuncia la lesión al debido proceso, su derecho a la libertad y el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se encuentra detenida preventivamente en el Centro Penitenciario Palamasola de Santa Cruz; proceso dentro del cual, el 26 de junio de 2024, se realizó su audiencia de apelación de medidas cautelares, en la que se confirmó la Resolución impugnada y se ordenó la devolución inmediata del expediente al Juzgado de origen; sin embargo, hasta la fecha de presentación de esta acción tutelar (9 de julio de 2024), el cuaderno de apelación no fue devuelto, habiendo transcurrido catorce días; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada y se ordene la devolución inmediata del expediente al Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Santa Cruz, a fin de que se pueda señalar audiencia de cesación de la detención preventiva. Edil Robles Lijeron, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por informe escrito de 10 de julio de 2024, cursante a fs. 12, informó que no existe vulneración de derechos en su actuación; asimismo, informó que el legajo de apelación ya fue devuelto al Juzgado de origen el 9 de julio de 2024, y en consecuencia solicitó se deniegue la tutela solicitada. La Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 21/24 de 10 de julio de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., denegó la tutela solicitada, con el fundamento que el objeto procesal de la acción de libertad hubiera desaparecido, al ya haberse devuelto el legajo de apelación al Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncia que el Tribunal de alzada no devolvió el legajo de apelación al Juzgado de origen desde la resolución del recurso de apelación incidental hasta la interposición de la presente acción tutelar. De la compulsa de antecedentes que cursan en obrados, a través de su demanda de acción tutelar la impetrante de tutela señala que, el 26 de junio de 2024, se llevó a cabo la audiencia de apelación de medidas cautelares en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; en la cual, se confirmó la resolución impugnada, disponiéndose la devolución del expediente al Juzgado de origen; empero, no fue devuelto hasta la interposición de la presente acción tutelar (9 de julio de 2024), habiendo transcurrido aproximadamente catorce días (fs. 1 y vta.). Por su parte, el Vocal demandado, en su informe, manifestó que no se vulneró derecho fundamental o garantía constitucional alguna, señalando que el expediente fue devuelto al Juzgado de origen el 9 de julio de 2024, (fs. 12); asimismo, cursa oficio de 28 de junio de 2024, emitido por la Sala Penal Segunda ante Juzgado de Sentencia Penal Quinto de la Capital del precitado departamento con referencia remisión de expediente y cargo de recepción de 9 de julio de 2024, (fs. 11 y vta.). En ese contexto, se advierte que, si bien el legajo de apelación fue finalmente remitido al Juzgado de origen, dicha actuación no se realizó dentro del plazo legalmente establecido; esto, en razón a que, transcurrieron aproximadamente catorce días desde la audiencia de apelación de medidas cautelares celebrada el 26 de junio de 2024, hasta la interposición de la presente acción tutelar el 9 de julio del mismo año, excediendo de manera manifiesta el plazo de veinticuatro horas previsto para la devolución del expediente, conforme a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional. Tal demora constituye una dilación indebida que vulnera el debido proceso y el derecho a la libertad de la accionante, en relación directa con el principio de celeridad; pues, se impidió que su situación jurídica fuese oportunamente analizada por el Juez de origen; razón por la cual, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, considerando que la pretensión de la impetrante de tutela se satisfizo respecto a la remisión del legajo de apelación al Juzgado de origen, de manera que ya no existía el hecho lesivo denunciado por la solicitante de tutela; no obstante, conforme a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad innovativa permite a la justicia constitucional tutelar la vida, la libertad física y de locomoción frente a las acciones que restrinjan, supriman o amenacen de restricción o supresión dichos derechos, aun cuando hubieran cesado o desaparecido con la finalidad de evitar que en lo sucesivo, se reiteren esas conductas reñidas con el orden constitucional. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/24 de 10 de julio de 2024, cursante de fs. 13 vta. a 14 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Novena de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por la evidente lesión al debido proceso vinculado al derecho a la libertad y al principio de celeridad conforme los fundamentos jurídicos del presente fallo constitucional; y, 2° Exhortar a Edil Robles Lijeron, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia la devolución de los recursos de apelación al Juzgado de origen, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1795_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2d5683d715ef8e7b9469d62fa3bdf2fc5ef644ee67c2952cf1ed3867e505d293
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