Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 169/2024 de 4 de septiembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, por la dilación indebida en la que incurrieron el Secretario y la Auxiliar demandados, sin disponer nada al ya haberse remitido el cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia Quinto de la Capital; de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario y Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo tramiten y cumplan con la máxima celeridad los trámites de los privados de libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1792/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67373-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 169/2024 de 4 de septiembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Karina Santivel Matta Choque en representación sin mandato de Dámaso Clares Arismendi contra Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario; y, Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz.
El accionante a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones; manifestando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de niña, niño o adolescente; desde el 4 de enero de 2016, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz, sin que se instale audiencia alguna; puesto que, su proceso fue devuelto el 3 de mayo de 2023, por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del citado departamento, al Juzgado de origen, por existir observaciones; sin que, hasta la interposición de esta acción de defensa se haya subsanado la observación ni devuelto el expediente al citado Tribunal, lo que le causa indefensión. Los ahora demandados no habrían “recepcionado” el Número de Registro Judicial (NUREJ) el cual continuaría con el del Tribunal de Sentencia; motivo por el que, no pudo presentar memoriales ni acceder al cuaderno procesal; puesto que, los funcionarios del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del precitado departamento, argumentaron que devolverían el expediente al Tribunal de Sentencia; sin embargo, no actuaron con la celeridad correspondiente ni consideraron su situación de privado de libertad, como debería ser, al haber cambiado la denominación y la materia de su Juzgado. Por ello, solicita se ordene en el día sea “recepcionado” el reparto del NUREJ, y se dé la contestación oportuna al mismo. Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 3 de septiembre de 2024, cursante a fs. 14, señaló que se cumplió con la remisión del caso ante el Tribunal de Sentencia correspondiente, conforme se tiene de la nota 3 de septiembre del mismo año, solicitando se deniegue la tutela solicitada. Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito de 3 de septiembre de 2024, cursante a fs. 12 y vta., refirió que la causa fue devuelta por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto; motivo por el que, se anuló el sorteo y se ordenó la remisión al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y Violencia Quinto, que se efectivizo el 3 de septiembre del mismo año; por lo que, ya no se contaba con el cuaderno de control jurisdiccional para poder informar sobre la causa; asimismo, el accionante al no haber revisado el libro de altas y bajas, no se percató que el proceso ya habría sido remitido, solicitando se deniegue la tutela solicitada. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 169/2024 de 4 de septiembre, cursante de fs. 18 a 20, denegó la tutela impetrada, con el fundamento que los actos lesivos denunciados no tienen relación con la naturaleza jurídica de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas). (las negrillas son añadidas)…»
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante denuncia que se encuentra en indefensión; ya que, no puede presentar memoriales ni acceder al cuaderno procesal, por no remitirse el expediente al Tribunal de Sentencia Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, por parte de los funcionarios de apoyo jurisdiccional del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del citado departamento; por otro lado, denuncia que los demandados no recepcionaron el reparto del NUREJ que sigue a cargo del Tribunal de Sentencia. Ahora bien, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, dentro las modalidades que cuenta la acción de libertad, existe la traslativa o de pronto despacho cuya premisa busca acelerar trámites judiciales o administrativos a efectos de evitar dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de una persona que tenga comprometida su libertad. En ese orden de cosas, se observa por el informe presentado por el Secretario y la Auxiliar ahora demandados; así como, la nota adjunta a fs. 13, que el 3 de septiembre de 2024, habrían remitido los antecedentes en originales al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia Quinto de la Capital del departamento de La Paz, observándose de ello que, si bien remitieron el expediente, lo realizaron después de más de un año; pues, como manifestó el impetrante de tutela y no fue desvirtuado por los demandados, el proceso habría sido devuelto el 3 de mayo de 2023, con observaciones; y, por otro lado, se rehusaron a la recepción del NUREJ; por lo que, a consecuencia de la interposición de la presente acción de defensa, recién remitieron el cuaderno procesal al Juzgado competente; evidenciándose, una dilación indebida y grosera que lesiona los derechos invocados por el accionante. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso en relación al personal subalterno demandado conforme se advirtió en el párrafo anterior. Si bien, los antecedentes fueron remitidos al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia Quinto de la Capital del departamento de La Paz, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, si existió y fue provocada por los ahora demandados, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, la Sala constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 169/2024 de 4 de septiembre, cursante de fs. 18 a 20, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, por la dilación indebida en la que incurrieron el Secretario y la Auxiliar demandados, sin disponer nada al ya haberse remitido el cuaderno procesal al Tribunal de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia Quinto de la Capital; de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario y Jhessica Patricia Chávez Orosco, Auxiliar, ambos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a que en lo sucesivo tramiten y cumplan con la máxima celeridad los trámites de los privados de libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1792_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 05abdd4bbeb9f29ac804145a2c693f0d5af2681ea6e43c556bc3195b2fe5acf2
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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