Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/24 de 24 de agosto de 2024, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el referido Tribunal de garantías; 2° Exhortar a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación incidental al tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1784/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67310-2024-135-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 22/24 de 24 de agosto de 2024, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Albina Montaño Janko contra Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La accionante, denuncio la lesión de sus derechos al debido proceso en su componente de celeridad y a la libertad, puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y confabulación, interpuso recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 09/24 de 27 de junio de 2024, que rechazó la solicitud de cesación a su detención preventiva, sin embargo, el legajo de apelación fue remitido después de treinta y cinco días; empero, el 12 de agosto del mismo año, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz devolvió obrados por falta de actuados correspondientes, sin embargo, hasta el momento de interponer la acción tutelar no subsanó la referida observación por la Jueza demandada, transcurriendo cuarenta y seis días desde la formulación de la citada impugnación. Por lo que solicitó, se remita el legajo de apelación incidental a la indicada Sala Penal en el plazo de veinte cuatro horas. La Jueza demandada no presentó informe escrito alguno ni asistió a la audiencia de garantías, pese de su notificación cursante a fs. 21 y 25. El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; mediante Resolución 22/24 de 24 de agosto de 2024, cursante de fs. 29 a 32, concedió la tutela solicitada, disponiendo que pese de que ya se haya realizado la remisión, la Jueza demandada no incurra nuevamente en la vulneración de derechos y garantías constitucionales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […]
Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (las negrillas nos pertenece).
De los antecedentes traídos en revisión, el problema jurídico versa en razón de que, interpuesta la apelación incidental el 27 de junio de 2024, contra la decisión que rechazó la solicitud de cesación a su detención preventiva, sin embargo, el legajo de apelación fue remitido después de treinta y cinco días; empero, el 12 de agosto del mismo año, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz devolvió obrados por falta de actuados correspondientes, sin embargo, hasta el momento de interponer la acción tutelar no subsanó la referida observación por la autoridad judicial demandada, transcurriendo cuarenta y seis días desde la formulación de la citada impugnación. Con tales antecedentes, es necesario precisar que este Tribunal ha sido claro al señalar que, toda autoridad que conozca y resuelva peticiones concernientes al derecho a la libertad física del impetrante, debe tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables a objeto de no incurrir en una restricción indebida del señalado derecho. Consiguientemente, en el caso de análisis se debe considerar que, desarrollada la audiencia de cesación a la detención preventiva el 27 de junio de 2024, el plazo legal para la remisión de las actuaciones pertinentes a la Sala Penal de turno es de veinticuatro horas conforme lo establece el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), incurriendo en una primera dilación al remitirla después de treinta y cinco días, y posteriormente al recibir las observaciones realizadas por el Tribunal de segunda instancia el 12 de agosto de ese mismo año, sin que las mismas hayan sido subsanadas incluso hasta la interposición de la acción tutelar -23 del referido mes y año, fs. 13-, existiendo un retraso considerable en el cumplimiento del plazo procesal y también respecto de la subsanación, además no se advierte informe alguno por la Jueza demandada que explique el motivo de tal dilación, siendo que la falta de remisión de obrados de la apelación incidental incide directamente en la libertad de la impetrante de tutela, debido a que el superior en grado determinara la confirmación o revocatoria de su detención preventiva, evidenciándose en consecuencia una dilación indebida, la cual fue subsanada conforme evidenció el Tribunal de garantías, un día antes de la celebración de la audiencia de esta acción tutelar; en cuyo caso, si bien, pueden haber cesado las vulneraciones a los derechos de la accionante por efecto de la realización del acto extrañado, la ilegalidad fue consumada, motivo por el cual en el marco de la acción de libertad innovativa, se ingresó al fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de la autoridad demandada, cuya conducta fue contraria al orden constitucional y así evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales, de acuerdo lo establece el señalado Fundamento jurídico III.1 de este fallo constitucional, razón por la cual, corresponde conceder la tutela solicitada y exhortar a la Jueza demandada a no incurrir en futuras lesiones de derechos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 22/24 de 24 de agosto de 2024, cursante de fs. 29 a 32, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en los mismos términos que el referido Tribunal de garantías; 2° Exhortar a Cinthia Fabiola Pardo Chavarría, Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Séptima de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación incidental al tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que a futuro no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1784_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6949fd435017ab83b2ea36e924394e445ecfd406bcdb2987e83a2ec999fc76d8
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