Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 16. a 18, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de el Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez; Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los mismos términos que el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Vaneza Fabiola Oblitas Condori; Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos por el Juez de garantías y en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1779/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67230-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 20/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 16. a 18, pronunciada dentro de la Acción de libertad interpuesta por Ramiro Huari Marani, contra Yuri Jesús Gómez Pérez, Secretario y Vaneza Fabiola Oblitas Condori, Oficial de Diligencias ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
El accionante, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad y a la defensa, debido a que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, producto del recurso de apelación incidental planteado contra la decisión que le impuso la medida cautelar de detención preventiva, el cuaderno de control jurisdiccional en original fue remitido ante el Tribunal de alzada, confirmándose en esta instancia la resolución apelada, empero transcurridos veinte días después de celebrada la audiencia de apelación, los antecedente no fueron devueltos ante el juzgado de origen, causándole dilación y perjuicio, toda vez que se encontraba impedido de realizar solicitudes, como la cesación a su detención preventiva, por lo que solicita se ordene a la autoridad demandada devuelva el cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de origen en el día. Yuri Jesús Gómez Pérez; Secretario y Vaneza Fabiola Oblitas Condori; Oficial de Diligencias, ambos de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado de 5 de septiembre de 2024, cursante a fs. 13, señalaron que, de los antecedentes correspondientes al caso, se pudo evidenciar que hasta esa fecha el Auxiliar dactilógrafo encargado de la transcripción no realizó las transcripciones correspondientes a la resolución de la audiencia de apelación incidental, siendo ese el motivo por el cual se estaban tomando las medidas disciplinarias correspondientes respecto a dicho funcionario. El Juez del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de el Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela impetrada con relación al Secretario, disponiendo la devolución de obrados en el plazo de veinticuatro horas al Juzgado de origen, por cuanto se evidencio que el acta no se encontraba transcrita, siendo dicha responsabilidad del Secretario demandado ello conforme dispone la Ley del Órgano Judicial, y denegó la tutela impetrada respecto a la Oficial de Diligencias, por cuanto al haberse reconocido por parte del Secretario demandado, que el acta no se encontraba transcrita, no existió incumplimiento de dicho funcionario que repercuta en la dilación existente en la devolución del expediente al Juzgado de origen. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Sobre la temática en particular el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha pronunciado de manera reiterada; al respecto, la SCP 0800/2025-S3 de 24 de julio, determinó lo siguiente:
«Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero3, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad».
Respecto al plazo en el que el Tribunal de apelación debe devolver los antecedentes al juzgado de origen, luego de revolver la apelación, en la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, en su Fundamento Jurídico III.3 establece que:
…el art. 251, modificado e incorporado por la Disposición final segunda de la LSNSC, señala que una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste “resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas (las negrillas y el subrayado pertenecen al texto original). Dicho entendimiento fue reiterado por la SCP 0589/2019-S2 de 22 de julio, entre otras.
Una vez establecida la problemática planteada por el accionante, de la revisión de los antecedentes, se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, el cuaderno de control jurisdiccional correspondiente a su causa fue remitido ante el Tribunal de alzada, debido a la interposición de apelación incidental interpuesta contra del Auto Interlocutorio que determina la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en su contra, empero realizada como fue la audiencia de apelación, los antecedentes no fueron devueltos al juzgado de origen dentro del plazo que establece la norma, demorando veinte días hasta la interposición de la acción de libertad, debido a que ni el acta de audiencia, como tampoco el Auto de Vista que confirmó la Resolución que fue objeto de apelación no fueron transcritas, ni firmadas, negligencia que fue atribuida al Auxiliar judicial, quien supuestamente era el encargado de estas diligencias, lo que provocó falta de control jurisdiccional en desmedro del derecho a la defensa del accionante, puesto que los antecedentes de los que se extraña su devolución fueron remitidos en original ante el Tribunal de apelación. Bajo esos antecedentes, conforme lo establecido en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III. 2, del presente fallo constitucional, se verifica que la conculcación al principio de celeridad procesal es evidente, pues la no devolución del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de origen no solo provocó la falta de control jurisdiccional en la causa, sino también significó un impedimento de acceso a los mecanismos que la ley franquea a los justiciables para la prevalencia y defensa de sus derechos, afectando la situación jurídica del accionante privado de libertad, a causa del incumplimiento de los plazos y obligaciones por parte del Secretario demandado, mismas establecidas en la normativa penal y de organización judicial, aspecto que activa la acción de libertad bajo la modalidad de pronto despacho, siendo que la finalidad de esta es acelerar los trámites judiciales o administrativos, en caso de la existencia de dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Por otro lado, de acuerdo al informe presentado tanto por el Secretario y la Oficial de Diligencias demandados, se responsabiliza de la falta de devolución del cuaderno de control jurisdiccional al juzgado de origen, al “dactilógrafo” -personal que no se encuentra reconocido dentro del organigrama de la Ley del órgano Judicial (LOJ), por no haber transcrito en su momento los actuados correspondientes a la audiencia de apelación incidental, pero es menester tener en cuenta que las obligaciones del Secretario establecidas en el art. 94 de la LOJ, dan habida cuenta de que la obligación del labrado de las actas y el Auto de Vista recae sobre sus funciones específicas y que de ninguna manera puede responsabilizarse al Auxiliar por esta dilación y falta de responsabilidad, toda vez que tomando en cuenta que el art. 101 del mismo cuerpo legal, señala que los Auxiliares tienen la función de coadyuvar con el Secretario en labores encomendadas por el mismo, pero esto no significa que al encomendarse determinadas tareas al Auxiliar, estas dejan de ser de responsabilidad de los Secretarios, además que el art. 94.4 de la LOJ, establece que también es una de sus obligaciones la de supervisar y controlar las labores de las y los servidores de apoyo judicial; por lo que, la dilación denunciada recae enteramente sobre el Secretario demandado.
De la misma manera, fue demandada también la Oficial de Diligencias, quien de acuerdo a las funciones establecidas en el art. 105 de la LOJ, tiene las atribuciones relativas a notificaciones; por lo que, el incumplimiento en la transcripción o labrado de los actuados correspondientes a la audiencia de apelación incidental, no recae sobre las responsabilidades inherentes a su cargo, por lo que no se advierte la vulneración de los derechos denunciados, por parte de la misma. En consecuencia, el Juez de garantías, al haber concedido en parte y denegado en parte la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 20/2024 de 5 de septiembre, cursante de fs. 16. a 18, pronunciada por el Juez del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de el Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto a Yuri Jesús Gómez Pérez; Secretario de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en los mismos términos que el Juez de garantías; y, 2° DENEGAR la tutela impetrada respecto a Vaneza Fabiola Oblitas Condori; Oficial de Diligencias de la Sala Penal Segunda de la Capital del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos por el Juez de garantías y en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1779_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 2c01bc781c779a2dee5b11420d057d903481fc6ee86b73ca9f1d932c52404c7e
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →