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SCP 1777/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Acción de libertad
Expediente
67219-2024-135-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2024 de 10 de agosto, cursante de fs. 88 a 89, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que Marco Antonio Amaru Flores Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, resuelva la solicitud de levantamiento de arraigo de Doris Yolanda Huertas Quino, en el plazo de veinticuatro horas, computables a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo, dicha medida ya se hubiera efectivizado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1777/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Acción de libertad Expediente: 67219-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2024 de 10 de agosto, cursante de fs. 88 a 89, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Doris Yolanda Huertas Quino contra Marco Antonio Amaru Flores Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante denuncia la lesión al debido proceso y de su derecho a la libertad de locomoción y del principio de celeridad, aduciendo que pertenece a un grupo vulnerable al ser adulta mayor, y que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; la imputación formal fue anulada, decisión confirmada por Auto de Vista 138/2023 de 24 de abril; por otro lado, cursa Rechazo de Denuncia 184/2024 de 3 de junio, pese a ello, se le impuso medida cautelar de arraigo vigente por más de un año y tres meses. Ante dicha situación, solicitó el levantamiento de la referida medida; pretensión que la autoridad demandada negó en varias oportunidades, a partir del decreto de 18 del indicado mes y año, de manera injustificada y sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de su solicitud, siendo el último acto emitido, el decreto de 24 de julio del referido año. Por lo señalado, solicitó se conceda la tutela disponiendo el levantamiento inmediato de todas las medidas cautelares impuestas en su contra, así como la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, a efectos de que se inicie proceso disciplinario contra la autoridad demandada. Por su parte, el Juez demandado, por informe escrito de 9 de agosto de 2024 cursante a fs. 53 a 54, solicitó que se deniegue la tutela, argumentando que: a) Si bien en el proceso penal seguido contra la impetrante de tutela, cursaban una solicitud de arraigo y una resolución de rechazo de denuncia, no se tiene certeza si la víctima formuló objeción a esa decisión, por ello, previamente a dar curso a esa pretensión de levantar la medida cautelar, otorgó al Fiscal de Materia el plazo de setenta y dos horas, con el objetivo de que informe sobre el estado de la resolución de rechazo; sin embargo, no obtuvo respuesta alguna; b) La accionante vive en El Alto del departamento de La Paz, no siendo el Juez de garantías competente para conocer la presente acción tutelar; c) La solicitante de tutela manifestó tener conocimiento de la notificación con el requerimiento de rechazo a la parte víctima y no lo puso a conocimiento para que sea posible emitir una resolución fundamentada; y, d) No se observó el principio de subsidiariedad al no solicitar la corrección conforme el art. 168 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Mediante Resolución 19/2024 de 10 de agosto, cursante de fs. 88 a 89, el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela, disponiendo que el Juez demandado se pronuncie respecto a la solicitud de dejar sin efecto el arraigo que pesa contra la accionante en el plazo de tres días a partir de su notificación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

Jurisprudencia reiterada

Sobre el particular, la SCP 0002/2019-S1 de 7 de enero, reiterando el entendimiento de la SCP 1777/2014 de 15 de septiembre, refirió que: [Al respecto, la SCP 2373/2012 de 22 de noviembre, haciendo referencia a la SCP 0643/2012 de 23 de julio, señaló: «…refiriéndose a la acción de libertad traslativa, en cuanto a los trámites y solicitudes cuando una persona se encuentra privada de libertad éstas deben ser atendidas con la mayor celeridad, por encontrarse de por medio la libertad de las personas en ese entendido la referida sentencia constitucional plurinacional estableció que: “El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, concluyó que el recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-: ‘…puede ser reparador, si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida’”. (…) De donde se colige que, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional sentada por el Tribunal Constitucional, el habeas corpus traslativo o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad (…)» La jurisprudencia citada, ha señalado que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad respecto a trámites judiciales o administrativos que se encuentren directamente vinculados con el derecho a la libertad; es decir, cuando existen dilaciones indebidas que retardan o evitan resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad] (el resaltado nos pertenece).

III.2. Análisis del caso concreto

La problemática propuesta por la accionante versa en que estando vigente la resolución de rechazo dictado a su favor, y habiéndose confirmado la nulidad de la imputación formal, no tenía sentido que subsistan las medidas cautelares en su contra; en virtud a ello, solicitó en varias oportunidades al Juez demandado el levantamiento de la medida de arraigo sin que la misma fuese resuelta. Cuestión previa sobre las reglas de competencia Resulta imperativo, absolver el cuestionamiento sobre la competencia del Juez de garantías efectuado por la parte demandada la cual señalaba que al tener la impetrante de tutela su domicilio en El Alto del departamento de La Paz, la precitada autoridad no era competente para conocer esta acción de defensa. Al respecto la SCP 1778/2013 de 21 de octubre, estableció que: “…por el ámbito territorial, son competentes para conocer las acciones de defensa, el Juez o Tribunal: 1) Del lugar donde se haya producido la violación del derecho; 2) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder, en los lugares donde no hubiere Juez o tribunales; y, 3) Del domicilio del afectado o afectada, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia”. Dicho entendimiento fue complementado por la SCP 0100/2019-S2 de 5 de abril, que dispuso: “… si bien la regla indica, que es competente el juez o tribunal, donde se hubiere producido la violación del derecho; sin embargo, la misma norma admite las excepciones antes anotadas vinculadas a: a) La cercanía territorial o mejores condiciones de transporte para acceder a la justicia constitucional; y, b) El domicilio de la o el afectado, cuando la violación hubiere sido cometida fuera del lugar de su residencia”. Siendo competentes para el conocimiento de acciones de libertad las autoridades: a) Del lugar donde se efectuó la vulneración del derecho; b) Del lugar de mejor acceso por razones de cercanía territorial o condiciones de transporte para ingresar a los lugares donde no hubiesen jueces, tribunales de garantías o salas constitucionales; y, c) Del domicilio del accionante, cuando la vulneración de sus derechos fue cometida fuera del lugar de su residencia actual. Por lo cual, a priori con los escasos datos del expediente, se tiene un señalamiento de domicilio dentro la causa penal seguida contra el impetrante de tutela, al momento de solicitar el levantamiento de arraigo, fijándolo en la Avenida Brasil 1705 de la Zona León Distrito 7 de la ciudad de El Alto del departamento de La Paz (fs. 11); asimismo, se tiene que la autoridad demanda funge como Juez Instrucción Penal Primero de la misma ciudad. En tal sentido, en el marco del art. 3.I de la Ley 1104 de 28 de septiembre de 2018, modificada por la Ley 1139 de 20 de diciembre de 2018, que establece que la competencia territorial de las Salas Constitucionales y los jueces y tribunales de garantías en materia pena, en casos de acciones de libertad, alcanza a las ciudades capitales de departamento y los municipios que se encuentren a veinte (20) kilómetros de las mismas, se advierte que la acción de libertad de autos podía ser conocida por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; aspecto que, no fue aclarado por el Juez de garantías quien no emitió ningún pronunciamiento, pese a haberse cuestionado su competencia en razón a territorio.

Sobre la solicitud de levantamiento de arraigo Identificada la problemática, este Tribunal a través de la jurisprudencia constitucional consignada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene como premisa imponer la obligación a toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que la lesión del derecho a la libertad física, se constituye por la demora o dilatación indebida de una solicitud de tal naturaleza. Ahora bien, la impetrante de tutela asegura pertenecer a un grupo vulnerable, y de la revisión de las documentales aparejadas se advierte que solicitó el levantamiento de medidas cautelares por memorial de 17 de junio de 2024 (fs. 11 y vta.), concretamente el arraigo, solicitud que al importar un petitorio concreto de cesación de las medidas previstas en el catálogo del art. 321 bis del CPP, debió resolverse en el marco del art. 239 del mismo adjetivo penal; no obstante, la autoridad jurisdiccional demandada emitió el decreto de 18 de junio de 2024, disponiendo: “La parte impetrante debe adecuar su solicitud” (sic); posterior a ello, la víctima presentó incidente de nulidad de la notificación que se practicó por edictos con la resolución de rechazo. Más adelante la accionante reiteró su solicitud de levantamiento de arraigo por escrito de 23 de julio del señalado año, mereciendo como respuesta, el decreto de 24 de mismo mes y año, por el cual, la autoridad demandada dispuso que de forma previa sea el Ministerio Público que informe sobre la “…impugnación al rechazo de la denuncia…” (sic). En ese contexto, es posible determinar que la solicitud de levantamiento de arraigo no fue considerada desde el 17 de junio de 2024, cuando aquella labor debió ser efectuada por la autoridad demandada, más aun si se considera el estado de esa causa penal, la condición de adulto mayor de la accionante y que es súbdita peruana; si bien, la compulsa de dicha solicitud no necesariamente implicaría un resultado positivo, empero correspondía al Juez demandado emitir el pronunciamiento respectivo, lo que no aconteció, suscitándose una dilación innecesaria de casi dos meses considerando la fecha de presentación de esta acción tutelar 9 de agosto del referido año, sin que esa medida cautelar fuera reconsiderada, lesionándose de ese modo el derecho a la libertad de locomoción vinculado a la celeridad de la prenombrada, por lo que corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2024 de 10 de agosto, cursante de fs. 88 a 89, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada disponiendo que Marco Antonio Amaru Flores Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia Hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, resuelva la solicitud de levantamiento de arraigo de Doris Yolanda Huertas Quino, en el plazo de veinticuatro horas, computables a partir de su notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, salvo que por el transcurso del tiempo, dicha medida ya se hubiera efectivizado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1777_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 48482bb8e50f5f088a7f27995c6bb3c0568b5f973a2cad3a00061aba9b2c2098

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