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SCP 1774/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
67204-2024-135-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 228/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, la funcionaria de apoyo jurisdiccional, en actual ejercicio de funciones, en el día, remita el oficio reclamado.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1774/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 67204-2024-135-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 228/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iver Hugo Zapana Aruquipa, Abogado del Servicio Plurinacional de Defensa Pública (SEPDEP) en representación sin mandato de Michael Vladimir Injante Quisbert contra Noemí Paola Quispe Callisaya, Secretaria, e Ingrid Ruth Peña Barrios, ex Secretaria ambas del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la libertad, a la petición y al principio de celeridad; señala que se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 8 de mayo de 2018, cumpliendo una condena de trece años por el delito de tráfico de sustancias controladas; refiere que, el 29 de mayo de 2024, se llevó a cabo una audiencia de redención, en la que se emitió la Resolución 87/2024, por la cual, el Juez de Ejecución Penal Primero del referido departamento rechazó su solicitud, al advertir contradicciones en el informe de la Junta de Trabajo emitido por el área de Trabajo Social del referido centro penitenciario, disponiendo que por secretaría se oficie al mismo recinto a fin de remitir dicho informe; sin embargo, habiendo transcurrido más de tres meses desde la celebración de dicha audiencia, no cursa en obrados la resolución de redención emitida en esa oportunidad y tampoco se cumplió con el diligenciamiento del oficio ordenado para la remisión del informe de la Junta de Trabajo, pese a haber presentado solicitudes en dos oportunidades, el 21 y 29 de agosto de igual año, requiriendo que se oficie al centro penitenciario con la referida resolución de redención; empero, hasta la fecha no obtuvo respuesta alguna.

Noemí Paola Quispe Callisaya, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito cursante a fs. 12 y vta., señaló que desempeña funciones de Secretaria desde el 11 de julio de 2024 y que la anterior Secretaria, Ingrid Ruth Peña Barrios, dejó pendientes algunos actuados; respecto de los cuales, el Juez ya la conminó a su regularización; sin embargo, dicha exfuncionaria, habría hecho caso omiso, motivo por el cual solicita que la acción tutelar sea rechazada en relación a su persona. Por su parte, Ingrid Ruth Peña Barrios, ex Secretaria del referido Juzgado, no presentó informe escrito ni tampoco se conectó a la audiencia tutelar, pese a encontrarse legalmente notificada, conforme consta a fs. 10. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Tercero de El Alto, constituido en Tribunal de Garantías, a través de la Resolución 228/2024 de 06 de septiembre, cursante de fs. 22 a 23 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo se remita el oficio ordenado el 29 de mayo de 2024 al Director del Centro Penitenciario de San Pedro, a objeto de que la Junta de Trabajo expida la información requerida en el plazo de veinticuatro horas. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan Piloto de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución, para todas las causas comprendidas en el citado Plan Piloto; determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP 008/2026 de 11 de marzo, por lo que, el formato del presente fallo, se ajusta a lo precedentemente determinado. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena, TCP-SP013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional, en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0280/2025-S1 de 10 de abril, citando a la SC 0044/2010-R de 20 de igual mes, señaló que a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto de despacho: “…se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona privada de libertad y la concreción del valor libertad, de los principios de celeridad y respeto a los derechos (…).

Sobre la base de ese razonamiento, toda autoridad que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo, podría provocar una restricción indebida del citado derecho; (…) por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante denunció que no cursa en obrados la resolución emitida en audiencia de redención y que tampoco fue remitido el oficio ordenado por la autoridad jurisdiccional de Ejecución Penal a la Junta de Trabajo. Al respecto, de la revisión de antecedentes se advierte que, el 29 de mayo de 2024, se llevó a cabo audiencia de redención de pena, en la cual, rechazándose lo impetrado, se dispuso que por secretaría se oficie al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz para la remisión del informe de la Junta de Trabajo (fs. 13 a 17); posteriormente, el accionante, presentó memoriales de 21 y 29 de agosto del mismo año (fs. 19 a 20), solicitando se conmine a la Secretaria y ex Secretaria de ese despacho judicial, al cumplimiento de dicha determinación (fs. 1 a 2), sin que su pretensión hubiera sido atendida hasta la interposición de la presente acción tutelar- 6 de septiembre de 2024-. Por otra parte, del informe escrito presentado por la Secretaria actualmente en funciones, ésta reconoció la existencia de actuados pendientes atribuidos a la anterior servidora jurisdiccional (fs. 12) que, pese a encontrarse legalmente notificada, no presentó informe escrito ni compareció a la audiencia de consideración de la acción de libertad, circunstancia que, en aplicación del principio de veracidad, permite tener por ciertas las denuncias formuladas por el impetrante de tutela. En ese contexto, corresponde señalar que el diligenciamiento de los actuados dispuestos por la autoridad jurisdiccional y la remisión del informe requerido, constituyen actuaciones vinculadas directamente con la situación jurídica del privado de libertad, por cuanto su cumplimiento oportuno resulta indispensable para la prosecución del trámite de redención de la pena. En consecuencia, la omisión y demora injustificada en la realización de tales actuaciones resulta contraria al principio de celeridad y al derecho a obtener una respuesta pronta y oportuna, configurándose en una dilación indebida susceptible de tutela a través de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, conforme al entendimiento jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Por consiguiente, al evidenciarse que las funcionarias de apoyo jurisdiccional demandadas omitieron realizar oportunamente actuaciones necesarias para la prosecución del trámite de redención del accionante, generando una demora injustificada con incidencia en su derecho a la libertad, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 228/2024 de 6 de septiembre, cursante de fs. 22 a 23 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, de no haberlo hecho, la funcionaria de apoyo jurisdiccional, en actual ejercicio de funciones, en el día, remita el oficio reclamado. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1774_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.

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