Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 255/2024 de 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, proceda a la verificación de la fuente laboral del accionante ordenada por la autoridad jurisdiccional, dentro del día hábil siguiente a su legal notificación, debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de dicha diligencia; salvo que a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se hubiera efectuado. 2° Llamar la atención a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por no haber remitido el acta de audiencia de garantías transcrita de manera íntegra y fidedigna, impidiendo a esta jurisdicción constitucional valorar la totalidad de los argumentos expuestos con la celeridad y oportunidad que el caso amerita, exhortando a que, en futuros casos en los que asuma conocimiento de acciones tutelares, actúe conforme a las previsiones del Código Procesal Constitucional respecto a la adecuada documentación y remisión de antecedentes, particularmente de las actas de audiencia, a fin de coadyuvar al adecuado ejercicio de la labor revisora de este Tribunal Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1766/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66944-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 255/2024 de 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por René Choque Altuzarra contra Ángel René Mendoza Montecinos y Norah Mamani Mamani, Juez y Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz.
El accionante, por memorial presentado el 9 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 10 a 11, denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Antonio Calle Catari en su contra, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado, mediante Auto Interlocutorio 274/2024 de 19 de julio, emitido con motivo de la audiencia de medidas cautelares, el Juez demandado, dispuso su detención domiciliaria sin autorización para asistir a su fuente laboral, mientras no se acreditara el horario de trabajo de la Cooperativa Minera a la que pertenece, previa constatación por parte de la Secretaria del despacho judicial; asimismo, se le impusieron las medidas de arraigo, registro biométrico ante el Ministerio Público y presentación periódica con firma ante el juzgado de la causa. Tras cumplir con las medidas impuestas, posteriormente, solicitó la modificación de las mismas; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio 303/2024 de 1 de agosto, dicha petición fue rechazada por falta de la verificación domiciliaria de parte de la Secretaria del juzgado; ante ello, el 5 de igual mes y año, presentó memorial solicitando se conmine a la funcionaria judicial al cumplimiento de sus funciones; empero, mediante proveído de 7 del citado mes y año, el Juez demandado dispuso estarse al informe de la Secretaria, quien manifestó la imposibilidad de trasladarse a su lugar de trabajo debido al tiempo que demandaría el recorrido hasta dicho sector; asimismo, refiere ser el único sostén económico de su núcleo familiar, conformado por su esposa, quien se dedica a las labores del hogar y no cuenta con una fuente laboral, y sus tres hijos menores de edad, a quienes debe proveer manutención; en ese contexto, solicita que la referida funcionaria codemandada cumpla con la verificación correspondiente en su fuente de trabajo. Ángel René Mendoza Montecinos, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -ahora demandado-, en audiencia de garantías de 12 de agosto de 2024, informó que, el Auto Interlocutorio 274/2024, fue emitido por el Juez en suplencia, Freddy Gastón Choque Cortes, disponiendo la detención domiciliaria del imputado sin derecho a salidas laborales, condicionada a la acreditación de un horario de trabajo y a la verificación correspondiente por Secretaría, sin que dicha decisión fuera objeto de aclaración, enmienda o apelación; asimismo, señaló que, al reasumir la causa, resolvió una solicitud de modificación de medidas cautelares mediante el Auto Interlocutorio 303/2024, rechazándola; debido a que, la certificación presentada carecía de fecha de emisión y porque la verificación ordenada en el Auto Interlocutorio 274/2024, no se había realizado, determinación que tampoco fue impugnada; posteriormente, la Secretaria del juzgado informó la imposibilidad material de efectuar la verificación por la distancia del lugar de trabajo; dicho informe, fue puesto en conocimiento de las partes sin que formularan observaciones o recursos; en consecuencia, sostuvo que el accionante acudió directamente a la jurisdicción constitucional pese a contar con mecanismos intraprocesales para reclamar el cumplimiento de la verificación dispuesta; por lo que, consideró inexistente la vulneración denunciada. Norah Mamani Mamani, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz -codemandada-, manifestó en la misma audiencia que, además de ejercer funciones en el mencionado despacho judicial, fue designada desde el 5 de julio de 2024, como Secretaria en suplencia legal del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del mismo departamento; en ese contexto, explicó que emitió el informe referido a la imposibilidad de realizar la verificación del domicilio laboral del impetrante de tutela, debido al extenso trayecto previamente descrito por el Juez demandado; toda vez que, la mina se encontraría ubicada en orillas del nevado Illimani; y, señaló que dicha circunstancia, sumada a la considerable sobrecarga laboral que atraviesa, dificultaron materialmente el cumplimiento de dicha diligencia. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 255/2024 de 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21, denegó la tutela, con el fundamento que el accionante no agotó los mecanismos intraprocesales antes de activar la presente acción de libertad.
En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»
La problemática traída a revisión, versa sobre la falta de verificación de la fuente laboral del accionante por parte de la Secretaria del Juzgado, situación que impidió la consideración de su solicitud de modificación de medidas cautelares y la autorización de salidas laborales, pese a sus gestiones para que dicha diligencia sea cumplida, lo que considera lesivo a su derecho a la libertad. Al respecto, resulta aplicable la línea jurisprudencial desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1, respecto a la acción de libertad de pronto despacho, porque se advierte que la problemática planteada por el impetrante de tutela no está orientada a cuestionar la legalidad de las medidas cautelares impuestas en su contra, sino la demora en el cumplimiento de la verificación laboral ordenada judicialmente, diligencia que constituía un requisito indispensable para acreditar su actividad laboral y posibilitar la revisión de las restricciones impuestas; en efecto, mediante Auto Interlocutorio 274/2024 de 19 de julio, se condicionó la autorización de salidas laborales a la verificación de su fuente de trabajo por Secretaría (fs. 3 a 5 vta.); sin embargo, hasta la interposición de la presente acción de libertad, el 9 de agosto de 2024 (fs. 12 a 13 vta.), habrían transcurrido aproximadamente veinte días sin que dicha actuación se hubiera materializado; en ese contexto, en el presente caso resulta aplicable el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, que establece que los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas.
Asimismo, pese a que el accionante solicitó el 5 de agosto de 2024, que se conmine a la funcionaria judicial al cumplimiento de esa diligencia, la autoridad jurisdiccional se limitó a disponer que se esté al informe de imposibilidad emitido por la prenombrada (fs. 7 a 8 vta.), sin disponer mecanismos alternativos que permitan ejecutar una determinación previamente ordenada y de cumplimiento obligatorio, evidenciándose una demora que incide directamente en la situación jurídica del mismo. Por lo tanto, al haberse constatado el incumplimiento y una dilación indebida contraria a los principios de celeridad y pronto despacho, respecto a la verificación laboral dispuesta judicialmente que repercute directamente en el derecho a la libertad del accionante, corresponde conceder la tutela solicitada.
De acuerdo a la revisión del expediente de la presente acción, se tiene que el desarrollo de la audiencia tutelar no consta en acta conforme a lo establecido en el art. 36.1 del Código Procesal Constitucional (CPCo), si bien se remitió un soporte digital -disco compacto (CD)- acompañado de un breve resumen (fs. 17 a 18), hace difícil tomar comprensión de todo lo ocurrido en la audiencia pública; por lo expuesto, corresponde llamar la atención al Tribunal de garantías, al no haber enmarcado correctamente su actuación conforme a las reglas y formalidades que incumben a la tramitación de esta acción de libertad, exhortándole a que en futuras actuaciones cumpla el registro de la audiencia en acta, conforme establece el CPCo. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 255/2024 de 12 de agosto, cursante de fs. 19 a 21, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada, disponiendo que, la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, proceda a la verificación de la fuente laboral del accionante ordenada por la autoridad jurisdiccional, dentro del día hábil siguiente a su legal notificación, debiendo adoptarse las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento efectivo de dicha diligencia; salvo que a la fecha de emisión de la presente Resolución, ya se hubiera efectuado. 2° Llamar la atención a los miembros del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de El Alto del departamento de La Paz, por no haber remitido el acta de audiencia de garantías transcrita de manera íntegra y fidedigna, impidiendo a esta jurisdicción constitucional valorar la totalidad de los argumentos expuestos con la celeridad y oportunidad que el caso amerita, exhortando a que, en futuros casos en los que asuma conocimiento de acciones tutelares, actúe conforme a las previsiones del Código Procesal Constitucional respecto a la adecuada documentación y remisión de antecedentes, particularmente de las actas de audiencia, a fin de coadyuvar al adecuado ejercicio de la labor revisora de este Tribunal Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1766_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): b612fd9dbffe2bd5261ebf3542c679ba5164bd84467a47243fbca0850bec90ae
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