Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 021/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte, la tutela solicitada, únicamente en relación al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada; toda vez que, el legajo extrañado ya fue remitido a tiempo de resolverse la presente acción de defensa;
2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por falta de legitimación pasiva; y,
3° Exhortar al Juez demandado a no incurrir nuevamente en incumplimiento de sus deberes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1765/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66936-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 021/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Héctor Abad Ibáñez Aruquipa contra Alejandro Gamboa Mendoza, Juez; y, Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, ambos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 22 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 8 a 9 vta., el accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la impugnación y a la libertad, señalando que dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación; en audiencia de medidas cautelares de 9 de ese mes y año, se dispuso la revocatoria de las medidas sustitutivas y la imposición de su detención preventiva. Asimismo, refiere que dicha determinación fue apelada oralmente en la misma audiencia; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa -transcurridos trece días-, el recurso no habría sido remitido ante el Tribunal de alzada. Consecuentemente, señala que, el 12 de igual mes y año, presentó memorial solicitando se conmine a la Secretaria del Juzgado al cumplimiento de sus funciones y se eleven antecedentes para la tramitación de la apelación; empero, no obtuvo respuesta efectiva. En ese sentido, solicitó se conceda la tutela impetrada y se disponga el cumplimiento del art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ordenando la inmediata remisión del recurso de apelación ante la autoridad superior en grado. Alejandro Gamboa Mendoza, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías de 23 de agosto de 2024, informó que el recurso de apelación incidental contra la resolución de medidas cautelares, objeto de cuestionamiento en la presente acción tutelar, fue inicialmente observado y retirado para su subsanación; posteriormente, una vez corregidas las observaciones, se remitió el legajo de apelación a la Sala Penal correspondiente (fs. 13), donde ya se encontraba radicado. Asimismo, señaló que, al momento de su interposición, la Secretaria titular del Juzgado ya no ejercía funciones, por lo que el trámite fue atendido por otro Secretario en suplencia legal. Fabiola Turpo Mamani, Secretaria, del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, manifestó que fue desvinculada de sus funciones a partir del 2 de agosto de 2024 (fs. 14), tras haberse aceptado su renuncia el 31 de julio del mismo año por el Tribunal Departamental de Justicia. En ese sentido, señaló que dicha situación era de conocimiento del accionante; motivo por el cual, sostuvo que no tenía responsabilidad alguna respecto a la remisión de los antecedentes correspondientes a la causa penal. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 021/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 19 a 20 vta., denegó la tutela impetrada, con el fundamento que el Juez ahora demandado carece de legitimación pasiva, considerando que no se encuentra dentro de sus funciones la remisión del legajo de apelación. Y, respecto a la Secretaria codemandada, al ser desvinculada de su cargo antes de la celebración de la audiencia cautelar en la cual se interpuso el recurso de apelación incidental, no corresponde ingresar al análisis de fondo. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada.
Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas:
«…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»
La problemática planteada por el accionante se centra en la presunta vulneración de sus derechos a la impugnación y a la libertad; debido a que, habiendo interpuesto recurso de apelación incidental, dicho recurso no habría sido remitido ante el Tribunal de alzada dentro del plazo previsto por el art. 251 del CPP.
Inicialmente, corresponde establecer que, en el presente caso, la Secretaria codemandada carece de legitimación pasiva; toda vez que, al momento de desarrollarse la audiencia cautelar de 9 de agosto de 2024, en la que el impetrante de tutela formuló el recurso de apelación cuya falta de remisión es extrañada en la presente acción de defensa, ya no ejercía funciones como servidora pública del Juzgado a cargo de la causa penal; por consiguiente, no se encontraba en posibilidad material ni jurídica de asumir actuación alguna vinculada con la remisión de antecedentes o la tramitación del citado recurso.
En ese orden, el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que la acción de libertad traslativa tiene por finalidad acelerar la tramitación de actuaciones judiciales frente a dilaciones indebidas que afecten a una persona privada de libertad. En el caso analizado, se advierte que, desde la audiencia de medidas cautelares de 9 de agosto de 2024, hasta la interposición de la presente acción tutelar en fecha 22 de igual mes y año, el legajo de apelación no habría sido remitido al superior jerárquico; situación que evidencia una demora de trece días; la cual, resulta irrazonable, considerando que se trataba únicamente de un acto de mera remisión de antecedentes.
En ese contexto, la justificación expuesta por la autoridad demandada, relativa a la renuncia de la Secretaria del Juzgado -tal como se señaló en audiencia de 23 de agosto de 2024-, no constituye un argumento válido para restringir o afectar derechos fundamentales; toda vez que, la jurisdicción ordinaria tiene el deber de garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia, sin que las contingencias administrativas o la carga procesal puedan trasladarse como una afectación al justiciable privado de libertad.
No obstante ello, el Juez ahora demandado informó que el legajo de apelación fue finalmente remitido el 23 de agosto de 2024, coincidiendo con la fecha de celebración de la audiencia de la presente acción tutelar; en ese marco, corresponde aplicar la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme a la línea jurisprudencial contenida en la SC 0327/2004-R de 10 de marzo; ello debido a que, aun cuando el acto ilegal hubiera cesado con la remisión tardía del legajo, la jurisdicción constitucional debe emitir pronunciamiento a efectos de reprochar la conducta dilatoria asumida por la autoridad hoy demandada; en razón a que, incumplió el deber de celeridad procesal. Asimismo, corresponde advertir que este tipo de omisiones resultan contrarias al orden constitucional, siendo necesario prevenir la reiteración de prácticas que obstaculicen el acceso efectivo a la justicia y la resolución oportuna de la situación jurídica de las personas sometidas a proceso penal.
De lo precedentemente señalado se evidencia que el Juez hoy demandado incurrió en una dilación indebida al no remitir oportunamente el legajo de apelación al Tribunal de alzada. Por lo tanto, al haberse verificado una demora injustificada que afecta su derecho a la impugnación y a la libertad, corresponde conceder la tutela impetrada, a fin de establecer el precedente que la gestión de los despachos judiciales no puede ser un óbice para la vigencia de los derechos fundamentales. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art.
12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 021/2024 de 23 de agosto, cursante de fs. 19 a 20 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte, la tutela solicitada, únicamente en relación al Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, de acuerdo a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada; toda vez que, el legajo extrañado ya fue remitido a tiempo de resolverse la presente acción de defensa;
2° DENEGAR la tutela impetrada, en relación a la Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Décimo Quinto de la Capital del departamento de La Paz, por falta de legitimación pasiva; y,
3° Exhortar al Juez demandado a no incurrir nuevamente en incumplimiento de sus deberes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1765_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 6584f0f6a8c96db38045c42bb3d76c9f2ccb1278c2fd543b8e0c0c91f51dc9c1
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