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SCP 1764/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66896-2024-134-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 29 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; exhortándole a que, en lo futuro, evite incurrir en acciones u omisiones ilegales o indebidas que generen lesión a derechos y garantías constitucionales, con mayor razón aún, en aquellos casos vinculados al derecho a la libertad. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del mismo departamento, por carecer el mismo, de legitimación pasiva.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de la apelación al juzgado de origen
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1764/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66896-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 29 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Enrique Altamirano Hurtado, en representación sin mandato de Rubén Riveros Yanari contra Marcelo Fabián Flores, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y Yoni Quispe Humana, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, mediante memorial de 26 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 11 a 12 vta., a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad, con afectación del principio de celeridad por dilación indebida; toda vez que, desde el 12 de junio del mismo año, se encuentra detenido en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; es así que, el 8 de agosto de igual año, solicitó por segunda vez la cesación de su detención preventiva ante el Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del citado departamento, fijándose audiencia para el 12 del referido mes y año; no obstante, dicho acto fue suspendido bajo el argumento de que el legajo de apelación correspondiente a la impugnación de la decisión emitida en resolución de su primera solicitud de cesación a la detención preventiva no había sido devuelto de la Sala Penal Tercera, sin que, hasta la fecha de interposición de esta acción de defensa, se hubiera señalado nuevo verificativo para considerar su pretensión; por ello, solicita la instalación de la audiencia de cesación a la detención preventiva en el día y que los demandados remitan el legajo de apelación al juzgado de origen.

Marcelo Fabián Flores, Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito presentado el 27 de agosto de 2024, cursante a fs. 25 y vta., señaló que la apelación fue resuelta mediante la Resolución 784/2024 de 2 de agosto y que, como es de conocimiento de los juzgados de provincia, es obligación de estos que uno de sus funcionarios se apersone los lunes a recoger los cuadernos de apelación; empero, ninguno de los servidores se hizo presente hasta la fecha a objeto de recoger sus cuadernillos; por lo que, dicho extremo no es de su responsabilidad; pese a ello, por Auxiliatura de la señalada Sala Penal Tercera, el 27 de igual mes y año, vía Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia del indicado departamento ya se remitió el legajo, adjuntándose a efectos probatorios el respectivo oficio, correspondiéndole al accionante hacer el seguimiento; por todo lo manifestado, solicitó se deniegue la tutela. Yoni Quispe Humana, Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, mediante informe escrito presentado el 27 de agosto de 2024 cursante a fs. 20 y vta., señaló que, suspendida la audiencia de 12 de agosto de 2024, se apersonó a la precitada Sala Penal Tercera el 16 del mismo mes y año a fin de recoger el legajo de apelación; no obstante, el personal que lo atendió le indicó que regresara más tarde, mientras se realizaba la búsqueda del expediente; empero, pese a haber aguardado el tiempo indicado, no obtuvo una respuesta favorable; razón por la cual, el legajo no se encontraba en poder de ese despacho judicial. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 26/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 29 a 32 vta., concedió en parte la tutela solicitada, bajo la modalidad de acción de libertad innovativa, al haber cesado la dilación incurrida; y, conminó a ambos funcionarios de apoyo jurisdiccional demandados a que, en las causas sometidas a su conocimiento relacionadas con apelaciones contra resoluciones que definan la situación jurídica de personas detenidas, actúen con la debida diligencia y observen estrictamente el principio de celeridad, tramitando la remisión y devolución de legajos de apelación de detenidos preventivos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de la apelación al juzgado de origen

En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante, denuncia: a) Demora en el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva; y, b) Falta de devolución del legajo de apelación al juzgado de origen. De conformidad a los argumentos expuestos por los sujetos procesales, así como de los antecedentes que cursan en obrados, se advierte que el accionante, privado de libertad, presentó una segunda solicitud de cesación a la detención preventiva, cuya audiencia fue señalada para el 12 de agosto de 2024; sin embargo, esta fue suspendida debido a que el legajo de apelación correspondiente a la primera solicitud de cesación no había sido devuelto al juzgado de origen (fs. 2 a 3); por su parte, el Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, codemandado, señaló que el 16 de igual mes y año se apersonó a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento a efectos de recoger el cuadernillo de apelación; empero, hasta la interposición de la presente acción tutelar no les fue entregado; finalmente, conforme informó el Secretario de la referida Sala, demandado, informó que dicho legajo fue remitido al juzgado de origen el 27 de similar mes y año, conforme consta en oficio CITE 2137/2024 de 26 de agosto (fs. 27).

Ahora bien, teniendo establecido que el impetrante de tutela formuló dos problemas jurídicos diferentes, corresponde su análisis individualizado; así, en relación a la demora en el señalamiento de audiencia de cesación a la detención preventiva, impetrada por escrito de 8 de agosto de 2024, bajo el argumento de que el cuadernillo de apelación correspondiente a una impugnación formulada respecto a una resolución de medidas cautelares previa, de la revisión de obrados, se advierte que, instalada la audiencia de 12 del indicado mes y año, efectivamente y con base en dichos fundamentos, el verificativo fue suspendido; empero, esa determinación fue asumida por el Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del departamento de La Paz, a cargo del control jurisdiccional de la causa; autoridad que, en el presente caso no fue demandada, impidiéndose a este Tribunal emitir sobre el punto, criterio alguno a efectos de incurrir en lesión de los derechos del referido juzgador. Con relación a la segunda problemática venida en revisión referida a la no devolución del legajo de apelación al juzgado de origen, de acuerdo a la jurisprudencia contenida en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, toda autoridad que conozca actuaciones relacionadas con la libertad, debe tramitarlas con la mayor celeridad posible; además, una vez resuelta la apelación incidental de medidas cautelares, corresponde devolver el expediente, el acta y la resolución al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas; circunstancias que, no fueron observadas en el presente caso, pues conforme se tiene señalado por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; el recurso fue resuelto el 2 de agosto de 2024, a través de la Resolución 784/2024; empero, no fue devuelto al juzgado de origen sino hasta el 27 del mismo mes y año; es decir, veinticinco días después de haberse emitido resolución y con una demora de veintiséis días por encima de las veinticuatro horas previstas procedimentalmente a dicho efecto, configurándose de esta forma, la innegable existencia de una dilación indebida, susceptible de tutela constitucional, sin que el justificativo ofrecido por el Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, respecto a que fuera obligación del personal de apoyo jurisdiccional de los juzgados de provincia proceder con el recojo de los cuadernos de apelación los días lunes; pues, la normativa penal, es lo suficientemente clara, al determinar que la labor de devolución del legajo de apelación corresponde al Tribunal que la conoció. Pese a lo anterior y al evidenciarse que la pretensión del impetrante de tutela, respecto a la devolución del legajo de apelación, ya fue satisfecha, corresponde aclarar que, la concesión de tutela es bajo el ámbito de la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme al entendimiento desarrollado por la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, a fin de reparar la vulneración constatada y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Finalmente, en relación al Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del mismo departamento, este carece de legitimación pasiva en la presente acción de libertad de acuerdo al entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo; toda vez que, el accionante no identificó el acto lesivo en el que hubiera incurrido, advirtiéndose además, que ninguno de los hechos que le hubieran causado agravio, pueden serle directamente atribuible; en tal mérito, respecto a dicho servidor, se deniega la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 26/2024 de 27 de agosto, cursante de fs. 29 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoprimero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:

1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto al Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; exhortándole a que, en lo futuro, evite incurrir en acciones u omisiones ilegales o indebidas que generen lesión a derechos y garantías constitucionales, con mayor razón aún, en aquellos casos vinculados al derecho a la libertad. 2º DENEGAR la tutela solicitada con relación al Secretario del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Palos Blancos del mismo departamento, por carecer el mismo, de legitimación pasiva. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1764_2026-S1.pdf · páginas 1 a 7.

Huella digital del PDF (SHA-256): 20edc955bfeac361c6b1e7ba739fdbaba58eac52cbddd6ec3f76cfbbfc504e58

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