Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2024 de 5 de julio, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar al Juez ahora demandado para que, en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación al Tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1761/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66878-2024-134-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 08/2024 de 5 de julio, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Steven Jackson Eguez Velasco en representación sin mandato de Guillermo Parada Justiniano contra Cimar Martínez Barrera, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Samaipata del departamento de Santa Cruz.
El accionante, a través de su representante sin mandato denuncia la vulneración del debido proceso y sus derechos a la libertad, al acceso a la justicia, a recibir una protección eficaz y oportuna; así como, el principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de estupro agravado, en audiencia de medidas cautelares celebrada el 16 de febrero de 2024, se dispuso su detención preventiva por el plazo de ciento veinte días, mismo que fenecía el 15 de junio del indicado año; sin embargo, el 18 de idénticos mes y año, el Ministerio Público, vencido el plazo de cumplimiento de la medida extrema y de forma extemporánea, presentó una solicitud de ampliación del plazo de la detención preventiva, a cuyo efecto, mediante providencia de 19 del mismo mes y año, la autoridad jurisdiccional ahora demandada, señaló audiencia virtual para el 26 de igual mes y año; oportunidad en la que, mediante Resolución de la fecha, declaró probada la solicitud del Fiscal y dispuso la ampliación de su detención preventiva por treinta días adicionales en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; decisión contra la que interpuso recurso de apelación, solicitando la remisión del expediente al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz dentro el plazo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, dicha actuación no se habría efectuado; omisión que estaría prolongando indebidamente su privación de libertad; puesto que, mientras que la solicitud del Fiscal de ampliación de la detención preventiva habría sido deferida, la falta de remisión del expediente al Tribunal de alzada restringe el ejercicio de su derecho a la impugnación. Por lo que, solicita se ordene el envío del legajo de apelación. Cimar Martínez Barrera, Juez Público de Familia e Instrucción Penal Primero de Samaipata del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito de 5 de julio de 2024, cursante de fs. 19 a 20, manifestó que el recurso de apelación fue concedido y se ordenó a Secretaría la remisión del cuaderno procesal en original, a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; sin embargo, dicho actuado no se efectuó dentro del plazo establecido en el art. 251 del CPP, debido a la elevada carga procesal de ese despacho judicial, al tratarse de un Juzgado Mixto, que además no cuenta con pasantes ni Auxiliar de apoyo jurisdiccional; añadió que, en ningún momento se generó indefensión ni vulneración de derechos; puesto que, actuó aplicando perspectiva de género y un criterio reforzado de protección en favor de la víctima menor de edad, quien continuaría siendo objeto de amenazas por parte de terceras personas. Finalmente, señaló que el recurso de apelación fue remitido el 5 de julio de 2024, conforme consta en el sello de recepción de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 08/2024 de 5 de julio, cursante de fs. 23 a 24 vta., concedió la tutela solicitada, exhortando al demandado a no incurrir en actuaciones similares que contravengan lo que establece la ley, con el fundamento que si bien el 2 de julio de 2024, se remitió el legajo de apelación, se incumplió el plazo de veinticuatro horas previsto por el Código de Procedimiento Penal; por lo que, corresponde otorgar la tutela bajo la modalidad de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas:
«…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»
El accionante denuncia la falta de remisión del recurso de apelación incidental que interpuso, en el plazo previsto por el art. 251 del CPP. De los argumentos expuestos por el impetrante de tutela; así como, de lo informado por el Juez ahora demandado y los antecedentes que cursan en obrados, se establece que, dentro del proceso penal seguido contra el solicitante de tutela por la presunta comisión del delito de estupro agravado, en audiencia de 26 junio de 2024 (fs. 2 a 6), oportunidad en la que, por Resolución de la fecha, se amplió el plazo de su detención preventiva; determinación que fue impugnada por el ahora accionante mediante recurso de apelación incidental, solicitando su remisión al Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del plazo previsto por el art. 251 del adjetivo penal; por su parte, el Juez demandado, informó que procedió al envío del cuaderno de apelación en original el 5 de julio de igual año, conforme consta en sello de recepción de Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz (fs. 21).
En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, y en aplicación del art. 251 del CPP, una vez interpuesto el recurso de apelación contra una medida cautelar, corresponde su remisión al Tribunal superior dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas. El incumplimiento de dicho mandato habilita al afectado a acudir a la vía constitucional mediante la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, concebida como el mecanismo idóneo para restablecer el principio de celeridad procesal vinculado al derecho fundamental a la libertad. En el caso concreto, se tiene establecido que el recurso de apelación fue planteado por el impetrante de tutela el 26 de junio de 2024, siendo que, conforme se tiene acreditado por el Juez hoy demandado, el envió del cuaderno procesal en original, en grado de apelación, recién se efectivizó el 5 de julio del indicado año; es decir; aproximadamente nueve días después de interpuesto el recurso de apelación; evidenciándose en consecuencia, la existencia de una dilación indebida que afectó los derechos reclamados; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. Finalmente, si bien el recurso de apelación extrañado fue remitido al Tribunal de alzada, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, si existió y fue provocada por la autoridad judicial demandada, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en ese marco, corresponde conceder la tutela solicitada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 08/2024 de 5 de julio, cursante de fs. 23 a 24 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar al Juez ahora demandado para que, en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación al Tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1761_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): f95db9c4a966294b566760e733a3638172bf58fda7d9364977d26d83e18df722
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