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SCP 1760/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66840-2024-134-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2024 de 19 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. La presunción de veracidad de los hechos y los actos denunciados en la acción de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1760/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66840-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 17/2024 de 19 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fortunato Molina Pérez contra Ramiro Nemesio Coaquira Coaquira, Juez; y, Rosario Guarachi Orosco, Secretaria y Oficial de Diligencias, ambos del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, por memorial presentado el 19 de agosto de 2024, cursante a fs. 2 y 7 a 8 vta., denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, a la defensa, a una justicia plural, pronta, oportuna y sin dilaciones; manifestando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación a infante, niña, niño o adolescente; en audiencia de 2 de similar mes y año, fue rechazada la cesación de la detención preventiva; por ello, invocando el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), apeló la Resolución 183/2024, actuados que debieron remitirse en el plazo de veinticuatro horas al Tribunal superior, que debió ser efectuada por la Secretaria del despacho judicial, no siendo óbice la falta de provisión de fotocopias para no remitir los antecedentes al ser la justicia gratuita; el Juez demandado, como director funcional, no realizó el control de su personal de apoyo, existiendo una dilación e incumplimiento de deberes; por ello, solicita se reponga el acto procesal debiendo realizar la remisión al referido Tribunal superior por medio de la Gestora para que sea sorteado a alguna de las Salas Penales y se pase antecedentes al Consejo de la Magistratura. Los demandados, no presentaron informe alguno pese a su legal citación cursante a fs. 12, 13 y 14.

El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 17/2024 de 19 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., concedió la tutela disponiendo que en el plazo de veinticuatro horas, los demandados remitan el cuaderno de apelaciones; y, determinaron la remisión de antecedentes al Consejo de la Magistratura, con el fundamento de que incurrieron en mora indebida en la remisión de la apelación incidental de 2 de agosto de 2024. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas: «…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»

III.3. La presunción de veracidad de los hechos y los actos denunciados en la acción de libertad

Sobre el particular, la SCP 0550/2021-S2 de 20 de septiembre, sostuvo que:

…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley.

III.4. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante, denuncia que el Juez, la Secretaria y Oficial de Diligencias del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Caranavi del departamento de La Paz -ahora demandados-, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, no remitieron ante el Tribunal de alzada el legajo de apelación incidental, planteado en audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva de 2 de agosto de 2024. Sobre el particular, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la presunción de veracidad resulta aplicable cuando la autoridad o funcionario demandado, pese a haber sido legalmente notificado con la acción de libertad, no comparece a la audiencia de garantías ni presenta el informe correspondiente para desvirtuar los hechos denunciados; en el caso concreto, se evidencia que los demandados fueron notificados legalmente conforme acreditan las diligencias cursantes de fs. 12 a 14; no obstante, no se apersonaron ni informaron para controvertir lo denunciado por el impetrante de tutela; en consecuencia, corresponde tener por ciertos los hechos expuestos en la demanda tutelar. En el caso concreto, se establece que, en audiencia de 2 de agosto de 2024, el Juez de la causa rechazó la cesación de la detención preventiva solicitada; por lo que, en el mismo acto, el accionante, conforme establece el art. 251 del CPP, interpuso el recurso de apelación incidental contra la Resolución 183/2024. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, y en aplicación del art. 251 del CPP, una vez interpuesto el recurso de apelación contra una medida cautelar, corresponde su remisión al Tribunal superior dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas, el incumplimiento de dicho mandato habilita al afectado a acudir a la vía constitucional mediante la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, concebida como el mecanismo idóneo para restablecer el principio de celeridad procesal vinculado al derecho fundamental a la libertad. En el caso analizado, se corrobora que, los demandados incurrieron en dilación injustificada al no remitir el legajo de apelación en el plazo de veinticuatro horas, tal cual establece el procedimiento penal, ante el Tribunal superior, para que esta instancia resuelva la situación jurídica del solicitante de tutela; al contrario, se advierte que hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, habiendo transcurrido diecisiete días no se procedió con la remisión, omisión atribuible al Juez demandado; toda vez que, como director del proceso le correspondía controlar al personal subalterno para efectivizar sus órdenes dispuestas; y, también al personal subalterno demandado, debido a que, al margen de incumplir sus deberes propios previstos en la Ley del Órgano Judicial (LOJ) y el CPP, tampoco dieron cumplimiento a la orden de remisión del recurso de apelación al Tribunal de alzada, causando una dilación indebida que lesiona los derechos invocados por el accionante, mucho más cuando este se encuentra privado de su libertad y merece que se actúe con la mayor celeridad. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso en relación a la Secretaria codemandada conforme se advirtió en el párrafo anterior. En consecuencia, por la dilación en la que incurrieron los demandados, lesionaron el derecho al debido proceso en su dimensión de celeridad, lo que hace viable conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 17/2024 de 19 de agosto, cursante de fs. 19 a 21 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1760_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

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