Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 16/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en todo, la tutela solicitada, respecto al Juez y la Fiscal de Materia demandados, 2° Ordenar a la Fiscal de Materia codemandada, a emitir los requerimientos solicitados por el accionante en el plazo de veinticuatro horas, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y, 3° Exhortar a ambas autoridades demandadas, a que, en futuras solicitudes vinculadas al derecho a la libertad que sean de su conocimiento, actúen de forma célere evitando dilaciones innecesarias.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1759/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66799-2024-134-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 16/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Angélica Pilar Apodaca Piuca y Araceli Araca Montaño en representación sin mandato de Máximo Araca Carbajal contra Yiye David Rios Sarabia, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Vigésimo Cuarto - Plan 3000 de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Marithza Pedrazas Vega, Fiscal de Materia.
El accionante, a través de sus representantes, por memorial presentado el 22 de agosto de 2024, cursante a fs. 1 y 26 a 30, denuncia la lesión del debido proceso, así como de sus derechos a la libertad, a una justicia plural pronta oportuna, gratuita y transparente y sin dilaciones; y, del principio de celeridad; aduciendo que, dentro del proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de estafa, encontrándose detenido en el Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, solicitó la confección de oficios para distintas instituciones, a fin de recabar documentales a esgrimir en la audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, los mismos fueron negados por la Fiscal de Materia codemandada en varias oportunidades, confundiendo esas pretensiones con actos investigativos; en ese escenario, se vio forzado a acudir directamente al juez de la causa, quien, por Decreto de 12 de agosto de 2024, dispuso que debía acudir ante el Ministerio Público; en virtud a lo señalado, solicita que se conceda la tutela, ordenando la entrega de los requerimientos u oficios solicitados. Los demandados, no presentaron informe alguno ni concurrieron a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante de fs. 34 a 35.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, Mediante Resolución 16/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 37 a 39, concedió en parte la tutela en cuanto a la Fiscal de Materia codemandada, ordenándole que en el plazo de veinticuatro horas expida los requerimientos y oficios solicitados; y, denegó la tutela impetrada respecto al Juez demandado; con el fundamento de que la Fiscal codemandada incurrió en una dilación indebida en el tratamiento de la solicitud de oficios por más de un mes. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:
[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son añadidas).
La problemática propuesta por el accionante versa en que solicitó a las autoridades demandadas que realicen requerimientos a distintas instituciones, a fin de obtener documentos que sirvan de base para promover la cesación de la detención preventiva; sin embargo, no pudo obtener los mismos. Al respecto, este Tribunal, a través de la jurisprudencia consignada en el Fundamento Jurídico III.1. de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, estableció que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se constituye en un mecanismo procesal idóneo para acelerar los trámites judiciales y/o administrativos, con base en solicitudes realizadas por personas que están privadas de libertad; por lo que, toda instancia, autoridad o servidor público que tenga conocimiento de estos trámites se encuentra obligado a actuar dentro de los plazos establecidos, con la mayor diligencia posible, sin dilaciones indebidas, ya que está involucrado el derecho a la libertad; de lo contrario, esto provocaría una restricción indebida del mencionado derecho; en el caso particular del Ministerio Público, cabe resaltar que la SCP 0415/2015-S3 de 23 de abril establece que, en la persecución penal, debe ejercerla conforme a los principios que rigen su labor, particularmente el de legalidad, objetividad y celeridad; para ello, ante la solicitud de documentación relacionada con el proceso y/o, en su caso, para el ejercicio del derecho a la defensa en resguardo de la libertad, se encuentra obligado a actuar bajo el ámbito del principio de celeridad y acceso efectivo a la justicia. En ese orden, se tiene que, por memoriales del 25 de junio, 6, 12 y 31 de julio de 2024, el accionante fue solicitando a las autoridades demandadas información en diversas instancias, mereciendo, por decretos de 26 de junio, 6 y 13 de julio; y, 12 de agosto de igual año, respuestas esquivas, cuestionando incluso la falta de ciudadanía digital de la defensa, así como que los actos investigativos que solicitó, deben ser fundamentados, especificando utilidad y pertinencia (fs. 2 a 8 vta.) Tomando como referencia, el escrito de 12 de julio de 2024, se desprende que el accionante solicitó a la autoridad fiscal demandada, los siguientes extremos: a) A la FERROVIARIA ORIENTAL Sociedad Anónima (S.A.), Tránsito de la Terminal BIMODAL, Migración y varias empresas de flotas para que extiendan flujo migratorio; b) Al Tribunal Departamental de Justicia para que extienda certificados de Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia (CENVI); c) Por intermedio del investigador asignado al caso o notario de fe pública se elabore verificación domiciliaria y laboral; d) A servicios técnicos y auxiliares para que emitan certificado de antecedentes policiales de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y, e) A “SER” para que certifique si cuenta con alguna actividad económica. En suma, todos estos documentos estaban destinados a desvirtuar los riesgos procesales relacionados con la imposición de su medida cautelar, los cuales están intrínsecamente vinculados con el derecho a la libertad del impetrante de tutela, al no haber obtenido respuesta por parte del Juez demandado encargado del control jurisdiccional, se provocó una demora innecesaria desde el momento en que formalizó su solicitud de requerimientos fiscales el 25 de junio de 2024, considerando la fecha de presentación de esta acción de defensa, ocurrida el 22 de agosto del mismo año, son aproximadamente tres meses de inacción por parte de las autoridades demandadas en emitir las órdenes y los requerimientos solicitados, cuando debieron actuar bajo el principio de celeridad, más aún, cuando estos estaban destinados al ejercicio del derecho a la defensa y a la cesación de la detención preventiva; por lo tanto, corresponde conceder la protección solicitada. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte, la Resolución 16/2024 de 22 de agosto, cursante de fs. 37 a 39, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER en todo, la tutela solicitada, respecto al Juez y la Fiscal de Materia demandados, 2° Ordenar a la Fiscal de Materia codemandada, a emitir los requerimientos solicitados por el accionante en el plazo de veinticuatro horas, salvo que por el transcurso del tiempo ya se hubiera efectivizado; y, 3° Exhortar a ambas autoridades demandadas, a que, en futuras solicitudes vinculadas al derecho a la libertad que sean de su conocimiento, actúen de forma célere evitando dilaciones innecesarias. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1759_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): 264232fdb060273448d6a459d437472c98c87963c88cc1f805a58ad8df403545
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