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SCP 1756/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66658-2024-134-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 202/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria, ambas de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la dilación indebida en la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y del Auto de Vista 613/2023 de 23 de agosto al Juzgado de origen; 2° Disponer que, si la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y del Auto de Vista 613/2023 aún no fue efectivizada, las autoridades demandadas adopten las medidas necesarias para su inmediata remisión al Juzgado de origen; y, si ya fue cumplida, la concesión de tutela tendrá efectos declarativos o innovativos; y, 3° Exhortar a las autoridades demandadas a observar estrictamente el plazo máximo de veinticuatro horas para la devolución de antecedentes de apelaciones incidentales de medidas cautelares, evitando dilaciones que incidan en la situación jurídica de personas sometidas a medidas restrictivas de libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de la apelación al juzgado de origen
  2. III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1756/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66658-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 202/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Iván Gonzalo Mujica Tola contra Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria, ambas de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y a la presunción de inocencia; alegando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de violación, mediante Resolución 180/2023 de 16 de febrero, fue beneficiado con la cesación de la detención preventiva, imponiéndosele detención domiciliaria sin salida laboral. Ante la solicitud de revocatoria de medidas cautelares formulada por la víctima, se emitió la “Resolución 760/2023”, que agravó su situación jurídica al imponerle la obligación de presentarse al registro biométrico cada quince días. Dicha resolución fue apelada por la víctima, remitiéndose el cuaderno de control jurisdiccional en original a la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En la audiencia de apelación incidental celebrada el 23 de agosto de 2023, mediante Auto de Vista 613/2023, se confirmó la Resolución 760/2023; sin embargo, desde esa fecha hasta la interposición de la presente acción de libertad no se devolvió al Juzgado de origen el cuaderno de control jurisdiccional ni el Auto de Vista, pese a haber transcurrido aproximadamente once meses y veintitrés días. Al encontrarse cumpliendo detención domiciliaria, solicitó en dos oportunidades la modificación de sus medidas cautelares ante el Juzgado de origen; empero, dichas solicitudes fueron rechazadas debido a la falta de devolución del cuaderno de control jurisdiccional. Además, señaló que realizó reclamos a través de su abogado y que el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Octavo de El Alto del departamento de La Paz dispuso la notificación a Secretaría de la Sala Penal Primera para la devolución correspondiente, sin obtener resultado oportuno. Por lo expuesto, solicitó se ordene a las autoridades demandadas la remisión del cuaderno de control jurisdiccional en original y del Auto de Vista 613/2023, dentro del plazo de veinticuatro horas. Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito de 16 de agosto de 2024, cursante a fs. 18 vta., señaló que emitió el Auto de Vista 613/2023, dentro de los plazos establecidos por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); por lo que, carecería de legitimación pasiva para ser demandada en la presente acción tutelar. Asimismo, sostuvo que, según el informe de Secretaría de Sala, el cuaderno de control jurisdiccional ya fue devuelto al Juzgado de origen. Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, a través de informe escrito de 16 de agosto de 2024, cursante a fs. 18, manifestó que el cuaderno de control jurisdiccional fue devuelto al Juzgado de origen, adjuntando copia de la remisión. Agregó que comenzó a cumplir funciones a partir de la gestión 2024 y que el reclamo corresponde a una audiencia de 2023, por lo que atribuyó la demora a funcionarios anteriores. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 202/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, concedió la tutela impetrada, respecto a la Secretaria codemandada y denegó con relación a la Vocal demandada, con el fundamento que la Secretaria codemandada tenia la responsabilidad de cumplir lo establecido en el art. 94 de la Ley de Organización Judicial (LOJ), quien pese a tener conocimiento de la falta de devolución del expediente no lo realizó sino hasta la interposición de la presente acción tutelar. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los hechos denunciados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada.

Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la devolución de la apelación al juzgado de origen

En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen). De otro lado, en cuanto a la devolución del cuaderno de apelación al juzgado de origen, la SCP 2077/2012 de 8 de noviembre, señala que: “…una vez remitido el expediente ante el Tribunal de apelación, éste ‘resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior’, debiendo incluirse dicho entendimiento bajo los argumentos expuestos del principio de celeridad, debido proceso y prohibición de dilación en el proceso, indicando que una vez el Tribunal de apelación dentro del plazo de tres días de recibidas las actuaciones, resuelva la apelación; deberá remitir el expediente, el acta y la Resolución correspondiente al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de 24 horas” (las negrillas nos pertenecen).

III.2. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:

«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable (las negrillas son añadidas)…»

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que el accionante cuestiona la demora por parte de las demandadas en la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y del Auto de Vista 613/2023, al Juzgado de origen, pese a haber transcurrido aproximadamente once meses y veintitrés días. Previo a ingresar al análisis de lo demandado, es necesario recordar que, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca actuaciones relacionadas con la libertad, debe tramitarlas con la mayor celeridad posible; además, una vez resuelta la apelación incidental de medidas cautelares, corresponde devolver el expediente, el acta y la resolución al Juzgado o Tribunal de origen dentro del plazo máximo de veinticuatro horas. En el presente caso, desde la emisión del Auto de Vista 613/2023 de 23 de agosto de 2023, hasta la presentación de la acción de libertad el 15 de agosto de 2024, transcurrió un lapso manifiestamente superior al plazo constitucionalmente exigible. Incluso, de acuerdo con la copia de remisión cursante a fs. 19, el cuaderno de control jurisdiccional recién fue devuelto el 16 de agosto de 2024, esto es, después de activada la presente acción de defensa. La demora advertida no constituye una simple irregularidad administrativa, pues produjo efectos concretos en la situación jurídica del impetrante de tutela, quien se encontraba sometido a detención domiciliaria y afirmó que sus solicitudes de modificación de medidas cautelares fueron rechazadas por la ausencia del cuaderno original y de la resolución de alzada. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso porque; toda vez que, se evidencia que la Secretaria codemandada, si bien manifestó que asumió funciones recién en la gestión 2024 y que la audiencia de apelación se celebró en la gestión 2023, ese argumento no desvirtúa su legitimación pasiva ni la omisión que se le atribuye. De antecedentes se advierte que fue notificada el 25 de julio de 2024, con los decretos de 5 de junio y 24 de julio del mismo año, mediante los cuales se requería la devolución del cuaderno de control jurisdiccional, por lo que tenía conocimiento de la obligación pendiente y debía gestionarla con celeridad. En ese sentido, la responsabilidad de la Secretaria codemandada no deriva del periodo anterior a su posesión, sino de la falta de atención oportuna del reclamo una vez que tuvo conocimiento formal de la devolución pendiente. La remisión efectuada el 16 de agosto de 2024, no elimina la lesión producida; pues, fue posterior a la presentación de la acción de libertad. En cuanto a la Vocal demandada, no resulta suficiente afirmar que emitió la Resolución 613/2023, dentro del plazo previsto por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP). La denuncia no se dirige contra la emisión de la resolución de alzada, sino contra la falta de devolución del cuaderno y del Auto de Vista al Juzgado de origen, actuación que debía ser supervisada por la autoridad jurisdiccional de la Sala. Por ello, la obligación de remitir los antecedentes no podía trasladarse exclusivamente al personal de apoyo jurisdiccional. La autoridad demandada tenía el deber de impartir instrucciones, controlar el cumplimiento de lo ordenado y evitar que la falta de devolución del cuaderno prolongue indebidamente la incertidumbre sobre la situación cautelar del accionante. Así, se constata que la dilación en la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y de la Resolución 613/2023, vulneró el principio de celeridad vinculado con la libertad de locomoción, correspondiendo conceder la tutela impetrada en la modalidad traslativa o de pronto despacho respecto a ambas autoridades demandadas. No obstante, tomando en cuenta que la remisión fue informada mediante copia de 16 de agosto de 2024, corresponde aclarar que, la concesión de tutela es bajo el ámbito de la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme al entendimiento desarrollado por la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, a fin de reparar la vulneración constatada y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse; y, si aún no fue cumplida, debe disponerse su remisión inmediata al Juzgado de origen. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela impetrada respecto a la Secretaria codemandada, obró de forma correcta; sin embargo, al denegar la tutela solicitada respecto a la Vocal demandada no obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 202/2024 de 16 de agosto, cursante de fs. 23 a 25, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercero de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada respecto a Silvia Maritza Portugal Espinoza, Vocal; y, Abigail Eloísa Gutiérrez Atahuachi, Secretaria, ambas de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por la dilación indebida en la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y del Auto de Vista 613/2023 de 23 de agosto al Juzgado de origen; 2° Disponer que, si la devolución del cuaderno de control jurisdiccional y del Auto de Vista 613/2023 aún no fue efectivizada, las autoridades demandadas adopten las medidas necesarias para su inmediata remisión al Juzgado de origen; y, si ya fue cumplida, la concesión de tutela tendrá efectos declarativos o innovativos; y, 3° Exhortar a las autoridades demandadas a observar estrictamente el plazo máximo de veinticuatro horas para la devolución de antecedentes de apelaciones incidentales de medidas cautelares, evitando dilaciones que incidan en la situación jurídica de personas sometidas a medidas restrictivas de libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1756_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): df3d425032c812b3807a678fe0c39b9b086d49296e9b18d0b09bc337d7240474

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