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SCP 1753/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66544-2024-134-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Análisis del caso concreto.

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1753/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66544-2024-134-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 137/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Félix Colque Tiñini, en representación sin mandato de Adett Carmelo Guzmán Herety contra Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez; Edith Torres Camacho, Secretaria; Auxiliar y personal de apoyo, todos del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión a su derecho a la libertad, a la vida, a la legalidad y al debido proceso; toda vez que, por Resolución 083/2024 de 24 de mayo, se dispuso la cancelación de los antecedentes penales que pesan en su contra, para ser tramitado ante el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP); que habiéndose presentado su abogado al Juzgado de la causa, a recoger el oficio de cancelación mencionado y dar continuidad a la tramitación de los mismos, obtuvo la respuesta de que aún no se tenía listo el mismo ni las copias legalizadas; debido a que, no se contaba con Auxiliar y que la Secretaria no tenía tiempo para la transcripción ni la legalización del documento requerido, extremo que le causaba problemas laborales ya que el mismo ejerce funciones públicas. Por lo que solicita que se proceda a la emisión del oficio de cancelación de antecedentes penales y a la emisión de las copias legalizadas ordenadas. Marco Antonio Laurenty Titirico, Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 2 de agosto de 2024, cursante a fs. 15, señaló que, el impetrante de tutela faltó a la verdad al señalar que no se le habría extendido la documentación solicitada; toda vez que, mediante Auto de fecha 2 de agosto de 2024, se dispuso su remisión al REJAP, por lo que se atendió de manera pronta su solicitud, considerando que no se vulneró ningún derecho del accionante, solicitó que se deniegue la tutela impetrada. Noemi Paola Quispe Callisaya, Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, en su informe escrito de 2 de agosto del precitado año, cursante a fs. 16, señaló que, los hechos denunciados por el solicitante de tutela no son ciertos; toda vez que, de la revisión del libro diario se tiene que el accionante en fecha 1 de agosto de 2014, solicitó la ejecutoría de la Resolución 083/2024, dándose lugar a la solicitud ejecutoriándose la misma el 2 de agosto y que por la disposición de la cancelación de los antecedentes penales, se tiene preparada la documentación para su remisión ante el REJAP. De la misma manera se tiene un informe presentado por Edith Torres Camacho, ex Secretaria del Juzgado de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, refiriendo la misma que era de conocimiento pleno del accionante que su persona ya no fungía como Secretaria, solicitando que se dirija la acción tutelar en contra de la actual Secretaria de dicha dependencia. La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Resolución 137/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 20 a 21 vta., denegó la tutela impetrada, bajo el fundamento que la acción de defensa presentada no se encuentra dentro de las causales de procedencia de la acción de libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada.

Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio refiriéndose al alcance de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho cuando el solicitante de tutela no se encuentra privado de libertad, señaló siguiente:

De la línea jurisprudencial citada es posible concluir que el alcance de protección de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho opera frente a toda demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud que se encuentre vinculada con la libertad de quien la solicita, prueba de ello es que se ha establecido que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; a contrario sensu, no procede cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad; en estos casos corresponderá que el peticionante de tutela acuda previamente a los mecanismos intraprocesales que el ordenamiento jurídico prevé para el restablecimiento de los derechos considerados lesionados.

III.2. Análisis del caso concreto.

De los antecedentes traídos en revisión, se advierte que en lo sustancial el accionante denuncia una dilación procesal de cuarenta y ocho días hábiles en la entrega del oficio de cancelación de antecedentes penal y las copias legalizadas; lo cual, le perjudica porque le impide continuar con su trámite ante el REJAP. En ese contexto, dentro del proceso penal fenecido por la presunta comisión del delito de falsedad material, seguido en contra del accionante, a través de la Resolución 083/2024 de 24 de mayo (fs. 3 a 4), emitida por el Juez de Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; mediante el cual, se dispuso la cancelación de los antecedentes penales inherentes al proceso. Ahora bien, conforme al contenido del Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene que la acción de libertad traslativa de pronto despacho no procede respecto de denuncias relacionadas con dilación procesal cuando la libertad de la persona no se encuentre comprometida, ya sea porque no esté privada de libertad o el acto u omisión dilatorio no incida directa o indirectamente con su libertad. En ese marco, no obstante que el impetrante de tutela cuestiona dilación procesal de cuarenta y ocho días hábiles en la entrega del oficio de cancelación de antecedentes penales y las copias legalizadas; empero, tal situación no incide de manera directa en su libertad; puesto que, no se encontraba privado de la misma a momento de activar su acción de defensa; por consecuencia, al no existir una afectación directa a ese derecho, corresponde denegar la tutela impetrada; con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo del problema jurídico planteado. Finalmente, en cuanto a la presunta vulneración de los derechos a la vida, a la legalidad y al debido proceso, no se advierte de qué forma los mismos hubiesen sido lesionados por los demandados; motivo por el cual, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a los mismos. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 137/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 20 a 21 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1753_2026-S1.pdf · páginas 1 a 4.

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