Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/24 de 3 de julio de 2024, cursante de fs. 74 a 76, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Edson Alvaro Villarroel Herrera, Juez; y, Mirella Lisbeth Lenis Fuentes, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí, a que en lo sucesivo, tramiten con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación al Tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1752/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66517-2024-134-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 09/24 de 3 de julio de 2024, cursante de fs. 74 a 76 pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Winter Rómulo Hinojosa Tellez en representación sin mandato de Miguel Elizardo Muraña Mamani contra Edson Alvaro Villarroel Herrera, Juez; y, Mirella Lisbeth Lenis Fuentes, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí.
El accionante, a través de su representante, por memorial presentado el 2 de julio de 2024 cursante a fs. 1 y 38 a 42 vta., denuncia la lesión del debido proceso y sus derechos al acceso a la justicia, a la libertad y a los principios de dirección, seguridad jurídica, legalidad y celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 24 de mayo de 2024, se llevó a cabo la audiencia de consideración de su situación jurídica, en la cual, se resolvió mantener su detención preventiva; contra dicha decisión, en audiencia interpuso recurso de apelación conforme al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar, el recurso no fue remitido al Tribunal de alzada y, al consultar en el juzgado, se le informó que el acta aún no se encontraba redactada, dilatando así la revisión de su situación jurídica; por lo descrito, solicita que se ordene la elaboración del acta y la remisión del expediente a la Sala Penal de turno. Edson Alvaro Villarroel Herrera, Juez Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí, en audiencia de garantías, refirió que la petición del accionante de remitir antecedentes al Tribunal de alzada ya fue cumplida, aunque con retraso atribuible al personal de apoyo jurisdiccional y no a su autoridad, pues la ex Secretaria del Juzgado y, ahora codemandada, incurrió en omisiones administrativas, pero posteriormente se subsanaron mediante la suplencia legal, remitiéndose los antecedentes al Tribunal superior el 27 de junio de 2024; en consecuencia, no existe responsabilidad directa de su parte y los aspectos reclamados por el impetrante de tutela fueron superados. Mirella Lisbeth Lenis Fuentes, Secretaria del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí, en audiencia, refirió que ya no es funcionaria de este despacho judicial por motivos personales y reconoció haber incurrido en omisiones en la presentación y envío de memoriales, particularmente respecto a la remisión de la apelación incidental; en cuanto al acta de la audiencia del 24 de mayo de 2024, sí fue elaborada y adjuntada al expediente, pero no pudo remitirse la apelación por falta de medios y recaudos necesarios, situación que comunicó verbalmente a las partes. El expediente permaneció en el Juzgado y fue prestado temporalmente a otras instituciones antes de su retiro del cargo, reconoció sus incumplimientos y omisiones, solicitando que la acción de libertad sea desestimada por haberse superado los aspectos reclamados. El Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 09/24 de 3 de julio de 2024, cursante de fs. 74 a 76, concedió en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la Secretaria demandada; y, denegó con relación al Juez demandado, exhortándole al adecuado manejo del despacho, con el fundamento de que si bien ha cesado la vulneración de los derechos reclamados, es cierta y evidente la consumación de los mismos. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:
[…] el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales (énfasis añadido).
La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, en el Fundamento Jurídico III.3 se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial con relación a la acción de libertad traslativa de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares, sistematizando las siguientes subreglas:
«…i) [I]nterpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales. ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal...»
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sentencia sistematizadora de línea jurisprudencial, ha recogido los precedentes constitucionales sobre la legitimación pasiva en las acciones de libertad, así como la legitimación pasiva del personal judicial subalterno, concluyendo lo siguiente:
«…Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado… (las negrillas son añadidas)»
El accionante, denuncia que los antecedentes del recurso de apelación planteado por su parte, no fueron remitidos por el Juez y la Secretaria demandados a la Sala Penal de turno dentro del plazo de veinticuatro horas, establecido en el art. 251 del CPP. En ese marco, conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, y en aplicación del art. 251 del CPP, una vez interpuesto el recurso de apelación contra una medida cautelar, corresponde su remisión al Tribunal superior dentro del plazo perentorio de veinticuatro horas, el incumplimiento de dicho mandato, habilita al afectado a acudir a la vía constitucional mediante la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, concebida como el mecanismo idóneo para restablecer el principio de celeridad procesal vinculado al derecho fundamental a la libertad. En el caso bajo análisis, conforme lo hicieron conocer las partes, se observa que la audiencia de consideración de la situación jurídica del accionante se efectuó el 24 de mayo de 2024, en la que interpuso recurso de apelación; sin embargo, la remisión de antecedentes no se efectivizó hasta el 27 de junio de ese año, conforme evidenció el Tribunal de garantías en audiencia por la documental remitida de manera digital (fs. 75 vta.), circunstancia que demuestra que los demandados dilataron injustificadamente por más de un mes el trámite de apelación, omitiendo cumplir con el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP. Corresponde aclarar que la responsabilidad no puede ser atribuida únicamente a la Secretaria demandada, como determinó el referido Tribunal, sino que esta también alcanza al Juez demandado; toda vez que, como director de su despacho, es responsable de garantizar que los actos se ejecuten dentro de los plazos legales, especialmente cuando se trata de personas privadas de libertad. En ese contexto, conforme al Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, los servidores públicos de apoyo jurisdiccional tienen legitimación pasiva cuando incurran en excesos que impliquen contradicción o alteración a las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales o sus actos u omisiones relacionados con sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas; el cual, se aplica al presente caso en relación a la secretaria codemandada conforme se advirtió en el párrafo anterior. En consecuencia, los demandados, al no haber actuado conforme a las normas procesales penales, lesionaron el derecho al debido proceso en su dimensión de celeridad, lo que hace viable conceder la tutela solicitada. Finalmente, si bien el recurso de apelación extrañado fue remitido al Tribunal de alzada, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, sí existió y fue provocada por la autoridad judicial demandada, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela solicitada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Tribunal de Garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 09/24 de 3 de julio de 2024, cursante de fs. 74 a 76, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en todo la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Edson Alvaro Villarroel Herrera, Juez; y, Mirella Lisbeth Lenis Fuentes, Secretaria, ambos del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Colcha “K” del departamento de Potosí, a que en lo sucesivo, tramiten con celeridad y diligencia la remisión de los recursos de apelación al Tribunal de alzada, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándoles que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1752_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): 142ddc76bd744f152f1db48d23cf9a40ea4bb6cab9aa862bb0825adca0f11555
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