B.IA.LEGAL

SCP 1751/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66516-2024-134-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

REVOCAR la Resolución 17/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia las solicitudes de los imputados detenidos preventivamente, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1751/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66516-2024-134-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 17/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Juan Pablo Gutiérrez Condori, en representación sin mandato de Luis García Pedraza contra Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 1 de agosto de 2024, cursante de fs. 18 a 24, denuncia la vulneración del debido proceso en sus componentes de celeridad procesal y plazo razonable; sus derechos, a la libertad y a la dignidad; así como, los principios de seguridad jurídica, eficacia y eficiencia; toda vez que, dentro el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Publico por la presunta comisión del delito de estafa agravada, mediante Resolución de 24 de mayo de 2024, se dispuso su detención preventiva por el plazo de sesenta días, medida que feneció el 24 de julio del mismo año; no obstante, transcurridos nueve días desde el vencimiento de dicho plazo, la autoridad jurisdiccional -ahora demandada- no instaló la audiencia destinada a definir su situación jurídica; asimismo, indicó que el 25 de igual mes y año, presentó memorial solicitando la cesación de su detención preventiva; sin embargo, recién el 1 de agosto del referido año, tomó conocimiento de que la audiencia había sido señalada para el 31 de julio del citado año; determinación que nunca le fue notificada; añadió además, que dicho verificativo no se instaló debido precisamente a que no se informó oportunamente a las partes y tampoco se reprogramó fecha para su realización. Por todo lo explicado, solicita que la Jueza demandada señale audiencia dentro del plazo de veinticuatro horas, efectuando las diligencias correspondientes a las partes procesales.

Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, a través de informe escrito de 2 de agosto de 2024 cursante a fs. 64, señaló que, de conformidad a lo informado por el Secretario de su despacho judicial, la presente acción tutelar es la segunda que se plantea respecto al mismo derecho supuestamente lesionado; razón por la cual, al haberse remitido el cuaderno procesal ante otra Sala Constitucional, se imposibilita presentarlo en esta ocasión; asimismo, manifestó que todos los memoriales presentados por el accionante fueron providenciados en término de ley y que la audiencia para considerar la situación jurídica del prenombrado se encontraba señalada; por ello, sostuvo que no vulneró derecho alguno y solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías por Resolución 17/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 67 a 70, denegó la tutela solicitada, con el fundamento que, en relación a la solicitud de audiencia de control de situación jurídica, la parte accionante no interpuso recurso de reposición. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud. En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad- haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (negrillas añadidas).

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que la autoridad demandada no instaló la audiencia destinada a definir su situación jurídica, al cumplimiento del plazo de la detención preventiva que viene cumpliendo. De los argumentos expuestos por los sujetos procesales; así como, de los antecedentes que cursan en obrados; se tiene que, dentro del proceso penal instaurado contra el impetrante de tutela por la presunta comisión del delito de estafa agravada, por Resolución de 24 de mayo de 2024, se le impuso medida extrema de detención preventiva por el lapso de sesenta días; es decir, hasta el 24 de julio del mismo año; es así que, al cumplimiento del término señalado, por memorial de 25 de idéntico mes y año, el imputado solicitó a la ahora demandada, señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; pretensión que fue deferida a través de providencia de 26 de ese mes y año, fijándose verificativo para las 11:00 horas del 31 de julio de 2024 (fs. 48 a 51); acto que fue suspendido debido a que las partes del proceso no hubieran sido notificados; posteriormente, el 1 de agosto del indicado año, si bien fue instalada audiencia de consideración de la situación jurídica del solicitante de tutela y otros coimputados; empero, la misma que fue suspendida en virtud a la inasistencia del Ministerio Público y de las víctimas, fijándose nuevo verificativo para el 7 del mencionado mes y gestión (fs. 57 a 60); finalmente, se advierte que la presente acción de libertad, fue interpuesta a las 12:38 horas del 1 de agosto de 2024 (fs. 1).

Conforme al Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por finalidad tutelar el derecho a la libertad cuando exista una dilación indebida o injustificada atribuible a la autoridad competente que impida resolver oportunamente la situación jurídica de una persona privada de libertad. En el caso concreto, de la relación fáctica antes descrita, se advierte que la actuación jurisdiccional desarrollada no observó la celeridad que el Código de Procedimiento Penal exige cuando se encuentra comprometido el derecho a la libertad; tal es así que, una vez vencido el plazo de sesenta días de detención preventiva el 24 de julio de 2024, el accionante solicitó al día siguiente la consideración de su situación jurídica; sin embargo, pese a tratarse de una incidencia que debía ser atendida con carácter inmediato, la audiencia fue señalada para el 31 de julio, superando el plazo legal de cuarenta y ocho horas previsto para su realización; a ello, se añade que dicho acto procesal no pudo llevarse a cabo debido a la falta de notificación de los sujetos procesales, circunstancia que no puede trasladarse en perjuicio del imputado; pues, corresponde al órgano jurisdiccional adoptar las medidas necesarias para que las audiencias se desarrollen válidamente dentro de los plazos establecidos por la ley; y, si bien el 1 de agosto de 2024, se instaló nuevamente la audiencia, ésta volvió a suspenderse por la inasistencia del Ministerio Público y de las víctimas, difiriéndose su consideración hasta el 7 del mismo mes y año. En ese contexto, más allá de que las suspensiones hayan obedecido a distintas causas, lo cierto es que la solicitud destinada a revisar la necesidad de mantener o no la privación de libertad del hoy accionante, no recibió una respuesta jurisdiccional oportuna, prolongándose su situación jurídica más allá de los márgenes temporales previstos por la legislación procesal penal; extremos que, evidencian que la tramitación del control y resolución de la situación jurídica del impetrante de tutela y su petición de cesación a la detención preventiva no se ajustaron al estándar de celeridad impuesto por la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, para actuaciones directamente relacionadas con la libertad personal, configurándose una dilación indebida que resulta atribuible a la conducción del procedimiento y que no puede ser convalidada por deficiencias en la organización de los actos procesales ni por circunstancias que debieron ser oportunamente prevenidas por la autoridad jurisdiccional; por lo que, corresponde conceder la tutela impetrada. Pese a lo anterior, siendo que, aún con retraso, el petitorio del solicitante de tutela ya fue satisfecho, se constató que la indebida e ilegal dilación demandada constitucionalmente, sí existió y fue provocada por la autoridad judicial ahora demandada, siendo aplicable lo explicitado por el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional; en ese marco, corresponde conceder la tutela impetrada bajo el ámbito de protección de la acción de libertad innovativa. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:

REVOCAR la Resolución 17/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 67 a 70, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia; 1° CONCEDER la tutela solicitada, de acuerdo a los fundamentos jurídicos expuestos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Exhortar a Anay Añez Mendoza, Jueza de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Octava de la Capital del departamento de Santa Cruz, a que en lo sucesivo tramite con celeridad y diligencia las solicitudes de los imputados detenidos preventivamente, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad; recordándole que, en el marco de la tutela de la acción de libertad innovativa, es menester que, a futuro, no se repitan los actos lesivos denunciados en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre.

Más sobre Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1751_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 574e13344e5aecc697f8eeadd7871a9ff507d9ec3770dcee906a2f7815f8042a

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →