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SCP 1748/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66436-2024-133-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de la acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, sin disponer ninguna actuación procesal, al haberse señalado la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada; y, 2° Exhortar a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a evitar en lo futuro, incurrir en acciones u omisiones que atenten contra derechos fundamentales, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  2. III.2. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1748/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66436-2024-133-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 011/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hilarión Vargas Mita en representación sin mandato de Reinaldo Ticona Flores contra Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de su representante sin mandato, por memorial presentado el 18 de julio de 2024, cursante de fs. 7 a 10, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso y al principio de celeridad; toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de robo agravado, se encuentra con detención preventiva desde hace más de dos años; por lo que, el 24 de mayo, el 13 y el 27 de junio de 2024, solicitó señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva; sin embargo, nunca recibió respuesta alguna, manteniendo vigente su privación de libertad de manera ilegal. Por lo descrito, solicita que se conceda la tutela impetrada y que se señale audiencia de cesación de la detención preventiva. Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 24 a 25 vta., refirió que los argumentos del accionante son falsos; pues, los memoriales fueron providenciados pese a no contar con Secretaria y aún, cuando dicha atribución corresponde a dicha funcionaria conforme al art. 56.3 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además, la Secretaria suplente se negó a asumir funciones y la Oficial de Diligencias habilitada para cumplirlas incumplía sus obligaciones, llegando incluso a ocultar memoriales, lo que la obligó a resolver cuestiones de mero trámite. El impetrante de tutela no fue notificado con los señalamientos de audiencia, y el memorial del 27 de junio de 2024, recién ingresó a despacho el 19 de julio de ese año por reclamo del Juez; señalando audiencia para el 23 del mismo mes y año, por lo que no existe vulneración de derechos ni garantías del imputado. La Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 011/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 28 a 31 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que la Jueza demandada adecue el procedimiento al marco del art. 239 del CPP, con fundamento en que la demandada aplicó un procedimiento diferente a lo establecido en el art. 239 “parágrafo tercero” (sic) del CPP, incurriendo en una dilación injustificada que afecta directamente el derecho a la libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. El alcance de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que:

[…] toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.

En ese orden, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplió los tipos de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, ante limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad, instructivo, cuando se trata del derecho a la vida, y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de éste último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

III.2. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 23 de septiembre de 2019, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto, se ha pronunciado el siguiente entendimiento:

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes. Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia que sus solicitudes de señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva no fueron atendidas por la autoridad jurisdiccional demandada. De los antecedentes del presente fallo constitucional, consta un memorial de 24 de mayo de 2024; por el cual, el impetrante de tutela solicitó audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 2); en respuesta, se tiene un decreto manuscrito de 28 de mayo de ese año; en el que, se fija audiencia para el 29 de ese mes y año, sin constancia de notificación (fs. 23); además, se advierte un memorial de 13 de junio del mismo año; por el que, el solicitante de tutela requirió por segunda vez audiencia de cesación de la detención preventiva (fs. 3); no existiendo respuesta a dicha solicitud; y se tiene un memorial de 27 de ese mismo mes y año; por el cual, reiteró por tercera vez su solicitud de cesación de la detención preventiva (fs. 4), teniéndose un decreto de 19 de julio de 2024, que señala audiencia de cesación de la detención preventiva para el 23 de julio de ese mismo año (fs. 19). A partir de lo descrito, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que establece que es obligación de toda autoridad judicial que conozca una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tramitarla con la mayor celeridad posible o, cuando menos, dentro de los plazos razonables; pues, de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho. En el caso concreto, se advierte que respecto a la solicitud presentada el 24 de mayo de 2024, si bien la autoridad hoy demandada emitió proveído señalando audiencia para el día 29 del mismo mes, no consta su notificación ni la efectiva instalación de la audiencia, lo que revela un proceder dilatorio, pues la audiencia, desde su solicitud, debió desarrollarse en el plazo de cuarenta y ocho horas conforme al art. 239 del CPP. A su vez, en relación con la solicitud del 13 de junio de 2024, no se evidencia respuesta alguna y, finalmente, en cuanto al memorial del 27 de junio de 2024, se observa que recién el 19 de julio del mismo año se dictó decreto de señalamiento, fijando audiencia para el 23 de ese mes y año, lo que implica una dilación de veinte días desde la última solicitud y un incumplimiento manifiesto del mandato legal referido establecido en el art. 239 del CPP. De esta manera, queda demostrado que desde la primera solicitud hasta el señalamiento de audiencia para el 23 de julio de 2024, transcurrieron casi dos meses sin que se atendiera la situación jurídica del accionante, vulnerando el principio de celeridad vinculado a la libertad y el debido proceso. Cabe precisar que el argumento de la autoridad demandada, relativo a que los señalamientos de audiencia corresponderían a la Secretaría, carece de sustento; pues, el art. 239 del CPP, establece de manera expresa que es la Jueza, el Juez o Tribunal quien debe señalar la audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas, por lo que erróneamente busca deslindar responsabilidad con dicho argumento; y, sobre el actuar de su Oficial de Diligencias, corresponde aclarar que la gestión del despacho es responsabilidad directa de la autoridad judicial, quien no puede excusarse en deficiencias administrativas para incumplir mandatos legales, máxime cuando tales omisiones repercuten en derechos fundamentales; lo cual, constituye una actuación procesal dilatoria y negligente, que incide en su derecho a la libertad física y de locomoción, y es contraria al deber de tramitar con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos procesales toda solicitud vinculada con la libertad personal, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Por lo descrito, tomando en cuenta que, si bien, el petitorio del impetrante de tutela ya fue satisfecho, ello no excusa la dilación ocasionada; por ello, a través de la acción de libertad en su modalidad innovativa, conforme al entendimiento desarrollado por la SC 0327/2004-R, de 10 de marzo, a fin de reparar la vulneración constatada y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse, corresponde conceder la tutela solicitada, sin disponer medida material alguna. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 011/2024 de 19 de julio, cursante de fs. 28 a 31 vta., pronunciada por la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia y Sentencia Penal Primera de Montero del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en el marco de la acción de libertad traslativa de pronto despacho e innovativa, sin disponer ninguna actuación procesal, al haberse señalado la audiencia de cesación de la detención preventiva solicitada; y, 2° Exhortar a Mary Ruth Guerra Martínez, Jueza de Instrucción Penal Primera de Warnes del departamento de Santa Cruz, a evitar en lo futuro, incurrir en acciones u omisiones que atenten contra derechos fundamentales, con mayor razón en casos vinculados con el derecho a la libertad.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1748_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 64c92653df24eb3eb8573352726f63e516db6b2a975ff5fd01df3ce1d399baef

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