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SCP 1745/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
66373-2024-133-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1745/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66373-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 19/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhoel Ever Pérez Callizaya contra Juan Carlos Taco Espinal, Juez; Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria; Gustavo Naylzon Tovar Gutiérrez; Secretario (en suplencia legal); y, Jharet Félix Vela Chambi, Auxiliar, todos del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz.

I. OBJETO PROCESAL

El accionante, a través de memorial presentado el 2 de agosto de 2024, cursante de fs. 6 a 11, denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su vertiente derecho a la defensa y a la presunción de inocencia; puesto que, dentro del proceso penal seguido en su contra por el supuesto delito de homicidio; por una parte, el 4 de julio de 2024, se desarrolló la audiencia de consideración de su solicitud de cesación a la detención preventiva, que le fue denegada, dando lugar que dedujera recurso de apelación, sin que hasta la fecha de presentación de la presente acción de defensa se hubieran remitido antecedentes al Tribunal de alzada; además de ello, el 12 del mes y año señalados, se llevó a cabo audiencia de consideración de situación jurídica, y al no encontrarse de acuerdo con lo determinado, impugnaron dicha disposición y pese a que se dejaron los recaudos de ley para su remisión en alzada, dicho legajo tampoco fue enviado; por lo que, solicita la remisión de las Resoluciones emitidas, la primera -sobre la cesación a la detención preventiva-; y, la segunda -relativa a su situación jurídica- al Tribunal de alzada. Juan Carlos Taco Espinal, Juez de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe presentado el 2 de agosto de 2024, cursante a fs. 20, solicitó se deniegue la tutela, manifestando lo siguiente: a) El 4 de julio de 2024, llevó a cabo la audiencia de la situación jurídica del accionante y otros imputados en el caso signado con Código Único de Denuncia (CUD) 201502022311760, pronunciando la Resolución 342/2024, rechazando lo solicitado por la defensa y ampliando el periodo de la detención preventiva, decisión que fue apelada por la defensa, ordenando la remisión del recurso al Tribunal de alzada; y, b) El 12 de igual mes y año, en el mismo proceso, dictó la Resolución 366/2024, también impugnada en apelación, por la cual, decidió mantener la medida de detención preventiva impuesta contra el impetrante de tutela, ordenando igualmente su remisión al Tribunal superior, labor que atinge a la Secretaría del juzgado; razón por la cual, no incurrió en vulneración alguna. Sandra Vargas Gutiérrez, Secretaria del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz; y, Gustavo Tovar Calle, Secretario de su similar Décimo, no presentaron informe ni estuvieron presentes en la audiencia de garantías, pese a su legal citación de fs. 14 y 16, respectivamente. Jharet Félix Vela Chambi, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Sexto de El Alto del departamento de La Paz, a través de informe presentado el 2 de agosto de 2024, cursante a fs. 19 y vta., sostuvo que el juzgado cuenta con boletas limitadas de fotocopiado, la parte apelante se apersonó al juzgado el 30 de julio del citado año, para sacar más de ciento cincuenta y ocho fojas, y al ser abundantes no pudo realizarse dicho fotocopiado. El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, concedió la tutela solicitada, disponiendo que, en plazo de veinticuatro horas, pongan a vista la Resolución 366/2024 y la remitan al Tribunal de alzada, así como también la Resolución 342/2024; y, de no contar con fotocopias de las mismas, remitan los originales con nota de atención haciendo constar ello, bajo el argumento de que no existió prueba presentada por los demandados, teniendo por ciertas las denuncias alegadas por el accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. De la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).

De otro lado, en cuanto al trámite procesal de la apelación incidental de una medida cautelar, la SC 0384/2011-R de 7 de abril, complementó las sub reglas establecidas en la SC 0078/2010-R de 3 de marzo, en sentido que se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, también cuando: “(…) d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

III.2. Análisis del caso concreto

La denuncia se centra en la falta de remisión del legajo de apelación al Tribunal de alzada, de los recursos de apelación interpuestos contra las Resoluciones 342/2024 de 4 de julio y 366/2024 de 12 de julio, dentro del plazo establecido en la norma.

De antecedentes se tiene que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante y otros por la presunta omisión del delito de homicidio y otros, con CUD 201502022311760, fue pronunciada la Resolución 342/2024 de 4 de julio, de rechazo a la solicitud de cesación a la detención preventiva pretendida por Jhoel Ever Pérez Callizaya (fs. 2 a 4 vta.); determinación impugnada en apelación por la defensa en la misma audiencia (fs. 5 y vta.); de igual forma, en dicho proceso, también fue dictada la Resolución 366/2024 de 12 de julio; resoluciones descritas que, si bien fueron impugnadas en apelación, conforme a lo informado por los demandados, no fueron remitidas en apelación al Tribunal de alzada, según lo señalado en la Resolución 19/2024, emitida por el Tribunal de garantías. De lo precedentemente descrito, es posible inferir que evidentemente en el referido proceso penal seguido contra el impetrante de tutela fueron emitidas ambas Resoluciones; vale decir, la 342/2024 de 4 de julio que resolvió la solicitud de cesación a la detención preventiva y la 366/2024 de 12 de julio, relativa a la situación jurídica del prenombrado, ambas determinaciones impugnadas en recurso de apelación por la defensa del mismo, sin que hasta la fecha de la audiencia de garantías de 2 de agosto de 2024, se hubiera producido la remisión a la Sala Penal de turno pertinente, dejando vencer los plazos establecidos en la norma procesal penal, elementos que permiten concluir, que los demandados incurrieron en una dilación indebida en la remisión del legajo de apelación, máxime si se trata de una persona privada libertad, y de resoluciones de medidas cautelares, ajustándose en consecuencia dicho accionar a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, lesionando así los derechos invocados por el accionante. Haciendo notar que, si bien el envío del legajo de apelación, concierne al personal de apoyo jurisdiccional, no es menos cierto que, el control del trabajo y supervisión del mismo, atinge al Juez a cargo de un despacho judicial, en lo que hace a la ejecución y observancia de sus fallos. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al conceder la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 19/2024 de 2 de agosto, cursante de fs. 22 a 24, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Segundo de El Alto del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por el referido Tribunal de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1745_2026-S1.pdf · páginas 1 a 5.

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