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SCP 1741/2026-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera Especializada
Fecha
10 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — traslativa / pronto despacho

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la Fiscal de Materia, disponiendo que, de forma inmediata, en el día de su notificación y si aún no lo hubiera hecho, emita los requerimientos fiscales dirigidos al equipo multidisciplinario y, una vez obtenidos los informes correspondientes, solicite sin dilación alguna la audiencia prevista en el art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal, ante el Juez de control jurisdiccional. 2º DENEGAR la tutela respecto a los ciudadanos Valeria Choque Ticona y Jorge Luis Forra Choque, de la misma forma que respecto a las solicitudes directas de mandamiento de aprehensión penal, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el señalamiento de audiencia de medidas de protección
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1741/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediento: 66301-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ignacio Calsina Guerrero en representación sin mandato de María Patricia Quevedo Luna contra Abigail Rosario Cruz Arzala, Fiscal de Materia; “Valeria Choque Ticona” y “Jorge Luis Forra Choque”.

I. OBJETO PROCESAL

La accionante, a través de su representante, por memorial presentado el 3 de julio de 2024, cursante a fs. 1 y 10 a 13, denuncia la vulneración de su derecho a vivir libre de violencia y del principio de celeridad; puesto que, el 14 de junio de 2024, impetró un requerimiento dirigido al equipo multidisciplinario de trabajo social y psicólogo, para que se elabore informe de incumplimiento de medidas de protección, respaldada en la Resolución 176/2024 de 18 de abril; no obstante, hasta la fecha de presentación de la acción de defensa, la Fiscal demandada no le otorgó los requerimientos solicitados, considerando que el imputado en el proceso ejerce actos de violencia en su contra desde el 4 de abril del citado año, sin importarle que las medidas de protección son de cumplimiento obligatorio; ante la actitud de la demandada, que no la protege para que ya no sea víctima de violencia, solicita que dicha autoridad de forma inmediata, en el día, disponga la realización de la verificación de las medidas de protección en su favor; asimismo, que, en el plazo de veinticuatro horas, pida audiencia de incumplimiento de esas medidas; y de igual forma, disponga la emisión de toda medida de protección y cautelar contra el imputado como la aprehensión del mismo. La Fiscal de Materia demandada, en audiencia de garantías, manifestó que el incumplimiento a las medidas de protección debe ser reclamado ante la autoridad a cargo del control jurisdiccional, para establecer una detención preventiva conforme al art. 389 quinquies. del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo esa la autoridad quien podrá disponer o imponer la aprehensión que solicita; por lo que, pidió se deniegue la tutela. “Valeria Choque Ticona” y “Jorge Luis Forra Choque”, a través de su abogado en audiencia de garantías, solicitaron ser apartados del caso en virtud a que no tendrían nada que ver con el asunto y se deniegue la tutela. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 15/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 32 a 33, denegó la tutela solicitada, bajo el argumento de que ya existen pronunciamientos por parte de la autoridad demandada, respecto a las peticiones que realizó la accionante. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. Trámite Procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el señalamiento de audiencia de medidas de protección

La audiencia prevista en el art. 389 quinquies del CPP, incorporado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, ante el incumplimiento de las medidas de protección especial, tiene una naturaleza sumaria y urgente que, conforme al entendimiento de la SCP 1016/2021-S4 de 6 de diciembre, no admite dilación ni postergación alguna por encontrarse en riesgo inmediato la vida, la integridad física y la estabilidad psicológica de las víctimas que requieren protección reforzada del Estado, al señalar que:

“…ante el incumplimiento de las medidas de protección especial dispuesta por la autoridad judicial se constituye en una sanción consistente en la imposición de tres a seis días de privación de libertad según la gravedad, esto en función a la protección necesaria a la integridad de la víctima, y el interés superior al ser niño, niña y adolescente, la cual puede ser vulnerada por el agresor, llegando incluso a atentar contra su vida; por lo mismo, se establece que el incumplimiento de estas medidas debe ser sancionado de oficio, a solicitud del fiscal o de la víctima, entre otras, en audiencia a realizarse con ese propósito, verificativo que de modo alguno puede ser dilatado en su tratamiento…” (el resaltado es añadido). En ese contexto, si bien la SCP 0581/2025-S3 de 17 de junio establece como regla general que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho exige que la dilación procesal afecte de forma directa o indirecta la libertad física del peticionante, la SCP 0403/2026-S3 de 10 de abril concluyó de forma expresa la inaplicabilidad de ese precedente constitucional en los casos de delitos de violencia cuando es la víctima quien acude a la jurisdicción constitucional denunciando dilaciones procesales, supuestos en los cuales dicha problemática debe ser analizada a partir de la observancia de los estándares nacionales e internacionales de debida diligencia. Esta excepción se sustenta en la necesidad apremiante de resguardar derechos primarios e inviolables de la víctima; por lo tanto, la acción de libertad en su modalidad de pronto despacho es la vía idónea, directa e inmediata para impugnar la demora en el señalamiento o resolución de estos actos de protección, obligando a los Jueces, o Tribunales de garantías o Salas Constitucionales a resolver el fondo de la problemática de manera inmediata sin aplicar formalismos restrictivos ordinarios.

III.2. Análisis del caso concreto

El problema jurídico central de la presente acción de defensa, radica en la denuncia de la accionante sobre la omisión y dilación injustificada en la que habría incurrido la Fiscal de Materia demandada, quien desde el 14 de junio de 2024 hasta la fecha de interposición de la acción, no emitió los requerimientos dirigidos al equipo multidisciplinario para elaborar el informe de incumplimiento de las medidas de protección dispuestas a su favor por la Resolución 176/2024 de 18 de abril, inactividad fiscal que vulneraría su derecho a vivir libre de violencia y el principio de celeridad, colocándola en una situación de riesgo constante frente al imputado. En ese contexto, y en estricta observancia del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, cuando una mujer víctima de violencia acude a la justicia constitucional denunciando negligencia o demoras en la tramitación de mecanismos de protección, no aplica la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; por cuanto, es deber de los fiscales actuar con una debida diligencia reforzada; por lo que, la exigencia de acudir de forma previa ante el juez de instrucción para controlar la actividad de la autoridad fiscal demandada resulta formalista e inaplicable, al estar en riesgo la integridad física y psicológica de la impetrante de tutela. Bajo esa línea de análisis, se evidencia que la autoridad fiscal demandada incurrió en una dilación flagrante e injustificada; toda vez que, desde la presentación de la solicitud de requerimientos de 14 de junio de 2024 y la interposición de la acción de libertad -3 de julio de idéntico año- transcurrieron casi veinte días sin que la referida autoridad emitiera los mismos para que la psicóloga y la trabajadora social verificaran el quebrantamiento de las medidas de protección dispuestos a favor de la peticionante de tutela, la justificación de la señalada Fiscal en audiencia, pretendiendo eludir su responsabilidad bajo el argumento de que el reclamo debió hacerse ante el Juez de control, carece de sustento legal; puesto que, si bien la sanción de privación de libertad por incumplimiento -art. 389 quinquies del CPP-debe ser impuesta por la autoridad judicial, la recolección de los elementos de convicción e informes técnicos que sustentan dicha solicitud es una atribución e inicio obligatorio del Ministerio Público, al haber paralizado el trámite indispensable para activar la audiencia de control de medidas de protección, la Fiscal demandada perpetuó el estado de indefensión de la víctima. No obstante, respecto a la pretensión de la accionante para que este Tribunal ordene directamente la aprehensión del imputado o la imposición de medidas cautelares, dicha solicitud debe ser denegada, como bien establece la normativa adjetiva penal, la restricción de la libertad del denunciado y la valoración del incumplimiento para aplicar una detención preventiva son competencias exclusivas del juez ordinario de la causa en la audiencia correspondiente, la justicia constitucional no puede suplantar la labor del juzgador penal dictando mandamientos de aprehensión directos. Finalmente, en cuanto a los ciudadanos Valeria Choque Ticona y Jorge Luis Forra Choque, al comprobarse que carecen por completo de legitimación pasiva por ser ajenos a la función fiscal cuestionada, corresponde denegar la tutela respecto a ellos. Por consiguiente, al haberse constatado una omisión lesiva y dilatoria por parte de la Fiscal de Materia demandada que obstaculizó la protección oportuna de la víctima, corresponde conceder la tutela únicamente respecto a dicha autoridad, bajo la modalidad de pronto despacho. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2024 de 4 de julio, cursante de fs. 32 a 33, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER en parte la tutela solicitada, únicamente respecto a la Fiscal de Materia, disponiendo que, de forma inmediata, en el día de su notificación y si aún no lo hubiera hecho, emita los requerimientos fiscales dirigidos al equipo multidisciplinario y, una vez obtenidos los informes correspondientes, solicite sin dilación alguna la audiencia prevista en el art. 389 quinquies del Código de Procedimiento Penal, ante el Juez de control jurisdiccional. 2º DENEGAR la tutela respecto a los ciudadanos Valeria Choque Ticona y Jorge Luis Forra Choque, de la misma forma que respecto a las solicitudes directas de mandamiento de aprehensión penal, conforme a los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1741_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.

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