Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera Especializada · 10 de agosto de 2026
Concede la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad de traslativa o pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Disponer que Genara Yolanda Pérez Mamani, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, en el día, resuelva la situación jurídica del accionante en el marco del Auto de Vista 310/2024 de 18 de mayo, salvo que, por el tiempo, su situación jurídica hubiera sido modificada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1739/2026-S1 Sucre, 10 de agosto de 2026 SALA PRIMERA ESPECIALIZADA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 66279-2024-133-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 21/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Milton Jesús Andrade Montesinos, en representación sin mandato de Edith Teresa Martínez Almeida, contra Genara Yolanda Pérez Mamani, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial de 30 de julio de 2024, cursante a fs. 1 y 20 a 23, la accionante, a través de su representante, denuncia la lesión del debido proceso en su elemento celeridad y su derecho a la libertad; toda vez que, dentro del proceso penal que le sigue el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de estafa, falsedad ideológica y asociación delictuosa, la entonces Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, que conocía su caso, le impuso medidas cautelares sustitutivas a la detención preventiva de imposible cumplimiento, tales como la fianza de Bs300 000,00.- (trescientos mil bolivianos), determinación que fue revocada en apelación por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Auto de Vista 310/2024 de 18 de mayo, que dispuso, entre otras medidas, su detención domiciliaria, así como la presentación de dos garantes solventes; empero, la Jueza ahora demandada, no cumplió con lo dispuesto por el Tribunal ad quem, inicialmente observando a sus garantes y posteriormente el domicilio, a pesar que por memorial hizo conocer a la prenombrada este último, donde previó cumplir la medida, adjuntando para tal efecto, el contrato de arrendamiento, más el reconocimiento de firmas y rúbricas; sin embargo, la autoridad judicial, de oficio, señaló audiencia para considerar la modificación de domicilio, hecho dilatorio que no permitió efectivizar su detención domiciliaria, prolongando de manera indebida su detención preventiva; por lo que, solicita que la demandada emita el mandamiento de detención domiciliaria y deje sin efecto la audiencia de modificación de domicilio. Genara Yolanda Pérez Mamani, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de la presente acción tutelar, cursante de fs. 45 a 47, refirió que el proceso penal le fue remitido por excusa, si bien la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, determinó la detención domiciliaria de la accionante, no señaló el domicilio donde debió cumplir aquella medida; sin embargo, hizo conocer un nuevo domicilio que no fue acreditado anteriormente, y con la finalidad de no dilatar su cumplimiento, señaló de oficio una audiencia para considerar y analizar el cambio del mismo; por lo que, solicitó se deniegue la tutela impetrada. El Juez de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de La Capital del Departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, a través de la Resolución 21/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 50, denegó la tutela solicitada, debido a que la accionante no agotó el principio de subsidiaridad, tampoco demostró con prueba documental que la Jueza demandada hubiera rechazado emitir el mandamiento de detención domiciliaria, menos habría reclamado el señalamiento de audiencia mediante la interposición de reposición contra dicha determinación. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se estableció la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Asimismo, a través del Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 013/2026 de 30 de julio, se dispuso la reconformación de Salas del Tribunal Constitucional Plurinacional; en cumplimiento a dicha determinación, la Comisión de Admisión de este Tribunal, procedió al sorteo de la presente causa.
En lo concerniente a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (las negrillas nos pertenecen).
La accionante denuncia que la Jueza demandada no cumplió con el Auto de Vista 310/2024 de 18 de mayo, emitido por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que determinó su detención domiciliaria. En el presente caso, se evidencia la existencia de la Resolución de Imputación Formal 041/2022 de 28 de mayo (fs. 28 a 33), por la cual el Ministerio Público, solicitó la detención preventiva de la accionante; emitiéndose decreto de 28 de mayo de 2022 (fs. 34), por el que, la autoridad jurisdiccional, señaló para la misma fecha, audiencia de consideración de medidas cautelares, dictándose la Resolución 191/2022 de 29 de igual mes y año (fs. 35 a 39 y vta.), por la que se dispuso detención domiciliaria de la solicitante de tutela (fs. 40) de idéntica data; asimismo, consta en el cuaderno constitucional, el Auto de Vista 310/2024 de 18 de mayo (fs. 41 a 42), por la que, la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, revocó en parte la Resolución 112/2024 de 22 de marzo, disponiendo, entre otras cosas, la detención domiciliaria de la accionante; legajo que, según la Jueza demandada, habría sido devuelto al juzgado de origen, “a mediados del mes de junio” (sic); de otro lado, se observa memorial con timbre electrónico de 25 de junio de 2024 (fs. 7 y vta.), por el cual, la accionante hizo conocer a la demandada, el contrato de arrendamiento, más el reconocimiento de firmas y rúbricas; emitiéndose posteriormente el Informe de 26 de julio del mismo año, (fs. 43 y vta.), por medio del que, la Secretaria del Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, informó a la titular de ese despacho judicial, que en el verificativo domiciliario para la correspondiente detención domiciliaria se le condujo a un lugar que no fue señalado; empero, que el mismo, contaba con todas las condiciones de habitabilidad; producto del citado informe, la autoridad jurisdiccional demandada, por decreto de 29 del mismo mes y año (fs. 44), señaló audiencia para considerar la modificación de domicilio.
Ahora bien, conforme al Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos, dentro de los plazos razonables; por ende, de la compulsa de los antecedentes del expediente constitucional; en el presente caso, se tiene evidenciado que, desde la emisión del Auto de Vista 310/2024, pronunciada por la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dispuso entre otras medidas, la detención domiciliaria de la solicitante de tutela, que habría sido devuelta al juzgado de origen del que es titular la demandada “a mediados del mes de junio” (sic), hasta la presentación de esta acción de defensa -30 de julio de 2024-, ha transcurrido más de un mes, en el cual no se logró efectivizar dicha medida menos gravosa en favor de la accionante. Añadido a lo anterior, de la secuencia cronológica de hechos detallada en el segundo párrafo de este acápite, se advierte la existencia del memorial con timbre electrónico de 25 de junio de 2024, por el cual, la impetrante de tutela, hizo conocer nuevo domicilio para su detención domiciliaria, adjuntando para tal efecto, el contrato de arrendamiento más su reconocimiento de firmas y rúbricas; puesto que, el contrato de su anterior domicilio fue resuelto por el arrendador por razones ajenas a su voluntad; escrito que, conforme a lo establecido en la relación fáctica, no mereció respuesta de la autoridad demandada que tampoco se pronunció al respecto durante la audiencia de acción de libertad; advirtiéndose inicialmente y respecto a este extremo que, desde la presentación del citado escrito, hasta la emisión del informe de verificación domiciliaria de 26 de julio del mismo año, emitido por la Secretaria del Juzgado del que es titular la demandada, haya transcurrido más de un mes, tiempo en que no se providenció; además, por otra parte, en mérito al indicado informe, por decreto de 29 de julio del igual año, pese a que en el mismo se determinó que el nuevo domicilio cumplía con las condiciones de habitabilidad, señaló nueva audiencia para considerar la modificación de domicilio, actuado que constituye un nuevo acto dilatorio; toda vez que, no se pretendía modificar las medidas impuestas a la accionante con anterioridad, sino sólo la acreditación de un nuevo domicilio donde se tenía previsto cumplir la detención domiciliaria; extremos que acreditan a los ojos de este Tribunal que, en ambas ocasiones, existió demora injustificada en la resolución de la situación jurídica de la impetrante de tutela, enteramente atribuible a la autoridad judicial ahora demandada, actuaciones dilatorias que contribuyeron a que la misma, se encuentre por más tiempo en detención preventiva, vulnerando su derecho a la libertad y dignidad; en efecto, corresponde exhortar a la autoridad jurisdiccional demandada, que en futuras actuaciones evite incurrir en actos dilatorios, que vulneren derechos y garantías constitucionales, con mayor razón en aquellos casos vinculados a la libertad, conforme al entendimiento jurisprudencial citado en este fallo constitucional; por lo que en ese contexto, corresponde conceder la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, no obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 21/2024 de 31 de julio, cursante de fs. 48 a 50, pronunciada por el Juzgado de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia:
1° CONCEDER la tutela solicitada en la modalidad de acción de libertad de traslativa o pronto despacho, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y,
2° Disponer que Genara Yolanda Pérez Mamani, Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimosegunda de la Capital del departamento de La Paz, en el día, resuelva la situación jurídica del accionante en el marco del Auto de Vista 310/2024 de 18 de mayo, salvo que, por el tiempo, su situación jurídica hubiera sido modificada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1739_2026-S1.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): d0200153a38d5c46cc740853d1725b52f949c7ab8bc388b13579223fad863467
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